Sentencia 10264 de julio 31 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE UN FUNCIONARIO

RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS ECONÓMICOS

EXTRACTOS: «Debe precisar la Sala que el artículo 110 del Decreto 1660 de 1978 prescribe lo siguiente:

“La suspensión en el ejercicio del empleo se produce como sanción disciplinaria, o por orden de autoridad judicial.

En ninguno de estos casos habrá lugar a remuneración”.

Esta disposición, según la entiende la Sala, contempla dos hipótesis, a saber: una, cuando es la consecuencia definitiva de un proceso disciplinario; y otra, cuando la decreta una autoridad judicial como requisito indispensable para poder proceder penalmente contra el incriminado.

A su vez, el artículo 46, inciso segundo, del Decreto 1888 de 1989, se refiere a la suspensión provisional del empleado o funcionario judicial, como medida disciplinaria; el literal c del artículo 3º del mismo estatuto disponía que no podían ser designados ni desempeñar un cargo de la rama judicial quienes se encontraran en detención preventiva por delito doloso, aunque gozaran del beneficio de la excarcelación; empero, este texto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia del 25 de noviembre de 1993.

Es decir, que como para la fecha en que se produjeron los hechos estaba vigente este último ordenamiento, la Corte Suprema de Justicia procedió a suspender provisionalmente al demandante, y por ello era razonable que se aplicara lo dispuesto en el artículo 110 del Decreto 1660 de 1978, esto es, que no se le reconociera y pagara ninguna remuneración por el lapso durante el cual estuvo vigente dicha suspensión.

Pero cuestión distinta es la de que posteriormente se haya dejado sin efectos o revocado esa medida, porque el alcance lógico de la norma es el de que no haya remuneración mientras el empleado o funcionario está suspendido, pero una vez levantada la suspensión, máxime si obedece a una “resolución de preclusión de la instrucción, por atipicidad de su conducta”, resulta contrario a la razón, a la lógica, a la equidad, y por supuesto a la justicia, que no se le cancelen al mismo todos los factores salariales y prestacionales de los que se vio privado durante dicha etapa.

De suyo, parece evidente que si las razones que llevaron a la suspensión del empleado o funcionario han desaparecido, deben cesar los efectos de la medida en su integridad. Lo contrario sería patrocinar una abierta injusticia.

Ciertamente, lo que el artículo 110 traído a colación prevé es que mientras exista suspensión no habrá remuneración. Pero cuando se demuestra, como en el caso de autos, que no había razones válidas ni suficientes para suspender al afectado, es elemental que el levantamiento de la medida apareja el resarcimiento de sus derechos laborales, como que los salarios tienen un carácter remuneratorio y son la fuente principal de sostenimiento para el trabajador y su familia; y es obvio que durante la etapa de suspensión éste tuvo que seguir atendiendo esas cargas y obligaciones familiares. Por consiguiente, devolverle lo que se le quitó sin razones suficientes es lo justo y equitativo.

Esto es, que la situación debe retrotraerse al momento en el cual el funcionario fue suspendido. El derecho es, ante todo, razonamiento lógico, y dentro de esa perspectiva resultaría inexplicable que cuando aquél demuestra su inocencia y por ende así lo declara otro organismo estatal, no se le restablecieran también sus derechos económicos.

De otro lado, estima la Sala que esa es la orientación consagrada en el inciso primero del artículo 90 de la Carta Política de 1991, que reza:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

En ese orden de ideas es pertinente el aserto traído a colación por la parte actora en la cita que reproduce al folio 154 del expediente, que dice:

“A propósito de esta norma constitucional, comenta Daniel Suárez Hernández que “se está refiriendo genéricamente al Estado, por lo que cualquiera de sus manifestaciones queda comprendida en él” (véase LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, et. al. El derecho procesal y la nueva Constitución, 1993, pág. 209)” (las negrillas son del recurrente).

Ciertamente, el Estado es uno solo, y no es válido, a juicio de la Sala, el criterio mayoritario del a quo, según el cual la responsabilidad por esta clase de actuaciones debería ser objeto de otra clase de acciones; por el contrario, así lo ratifica la redacción del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con la modificación que le introdujo el Decreto-Ley 2304 de 1989, artículo 15, que estipula lo siguiente:

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente” (se destaca y subraya).

O sea, que sí es dable, a través de esta clase de acciones contencioso administrativas de carácter laboral, invocar el restablecimiento del derecho, y aun la reparación del daño que se desprenda del acto de esa misma naturaleza cuya nulidad se impetra.

Por otra parte, ya la Sala ha sentado el criterio de que las sumas a las que se condena a la administración deben ser indexadas, esto es, que se les debe aplicar la corrección monetaria propia del deterioro de la moneda y de la capacidad de compra del titular del derecho, en todos los casos, por manera que la inflación es un hecho notorio y el pago de la suma que nominalmente correspondía en el momento de ocurrir los hechos litigiosos implicaría un enriquecimiento sin causa para el Estado y un castigo inexplicable para el perjudicado con la ilegalidad de su acto o conducta».

(Sentencia de julio 31 de 1996. Expediente 10264. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).

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