SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL POR ERROR JURISDICCIONAL

EN ACTUACIONES DE LAS ALTAS CORTES

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Ref.: Exp. 10.285

Actor: Efraín Campo Trujillo. Demandada: Nación-Minjusticia

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre cuatro de mil novecientos noventa y siete.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 25 de agosto de 1994, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones

Efraín Campo Trujillo en nombre propio, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del Cauca el 21 de enero de 1993, para que se le indemnizara de todos los perjuicios ocasionados como consecuencia del error judicial o falla del servicio en que incurrieron el Juzgado 1º Civil del Circuito de Popayán y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

2. Fundamentos de hecho

Los hechos se pueden resumir así:

1. El 10 de febrero de 1981, la señora Graciela Salazar de Montaño otorgó poder al doctor Gerardo María Cabezas Muñoz, para que iniciara y adelantara un proceso civil ordinario de simulación, en cuyo ejercicio elaboró y presentó la demanda. Como el doctor Cabezas Muñoz fue designado empleado oficial, sustituyó el mandato en el doctor Efraín Campo Trujillo.

2. El 1º de octubre de 1986, el juzgado resolvió negativamente una solicitud de perención presentada por el apoderado de la demandada, decisión que fue recurrida por éste y revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, que en proveído del 16 de marzo de 1987 declaró la perención del proceso por cuanto el apoderado demandante no promovió actuación alguna desde el 12 de noviembre de 1985 hasta el 26 de julio de 1986, día de presentación de la solicitud de perención, y ordenó expedir copias para investigar faltas a la disciplina judicial del Juez Primero Civil del Circuito y de su secretario, así como la posible conducta violatoria del estatuto de la abogacía en cuanto a un supuesto abandono de la gestión profesional encomendada al doctor Efraín Campo Trujillo.

3. El doctor Campo Trujillo arguyó en su defensa ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que la señora Graciela Salazar de Montaño se opuso rotundamente a que la representara por cuanto no le consultaron la sustitución. Además, que el doctor Cabezas Muñoz presentó escrito el 30 de julio de 1984 en el que solicitó, en su calidad de apoderado, se ordenara la práctica de unas pruebas, petición que dio origen a la providencia del 14 de agosto de 1984 en la que ese mismo juzgado reconoce nuevamente al doctor Cabezas como apoderado de la señora Salazar de Montaño, de manera que para el período que comprende la perención ya no era apoderado de la demandante por haber sido desplazado por el mandatario principal.

4. El doctor Gerardo María Cabezas presentó el 24 de octubre de 1986, cuando ya cursaba la solicitud de perención, un memorial en el que manifestaba reasumir el mandato a él conferido y con el cual muy seguramente aspiraba a dejar sentado que no estaba ejerciendo el poder cuando ocurrió el fenómeno de la perención. Efectivamente, el juzgado erró certificando que el poder fue reasumido el 24 de octubre de 1986.

5. El doctor Campo Trujillo fue absuelto en el proceso disciplinario en primera instancia mediante sentencia de octubre 22 de 1991 proferida por el Tribunal Superior de Popayán.

6. El colaborador Fiscal del Tribunal Superior de Popayán y el Ministerio Público ante el Consejo Superior de la Judicatura en su momento, pidieron que se revocara la providencia consultada y en su lugar se ordenara la cesación de procedimiento por haber operado el denominado prescriptivo de la acción disciplinaria.

7. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoció por vía de consulta el asunto. En sentencia del 12 de abril de 1992 revocó la de primera instancia y en su lugar declaró culpable al abogado Campo Trujillo por falta disciplinaria contra la debida diligencia profesional, imponiéndole sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado.

8. En el trámite del proceso disciplinario se cometieron errores imputables a la administración de justicia que han causado graves perjuicios al actor y que deberán ser indemnizados. La sanción impuesta, cumplida por el actor, lo privó de su única fuente de trabajo y de remuneración económica, a la vez que menoscabó su moral y buen nombre profesional.

3. La sentencia recurrida

El tribunal negó las súplicas de la demanda porque, a su juicio, existe falta de legitimación en la causa por pasiva pues se citó como centro de imputación jurídica a la Nación-Ministerio de Justicia, cuando en realidad debió convocarse a la rama judicial representada por el director nacional de administración judicial, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 numeral 4º del Decreto 2652 de 1991.

4. Razones de la apelación

Sostiene el demandante que la Nación es la entidad que debe responder por los perjuicios que le fueron ocasionados, de manera que no existe falta de legitimación en la causa. Anota que si el apoderado del Ministerio de Justicia no propuso la excepción pertinente para que en su lugar se citara al Director Nacional de Administración Judicial, esta omisión no puede trasladársele o imputársele al demandante, como lo hizo el a quo.

Por último, resalta que el representante del Ministerio de Justicia hizo comparecer al proceso a la Directora Nacional de Administración Judicial, funcionaria que otorgó poder a un profesional del derecho quien se limitó a aceptarlo y presentarlo con otros documentos.

Del término concedido a las partes en esta instancia para presentar alegatos hicieron uso el apoderado del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.

El primero solicita la confirmación de la sentencia impugnada, pues en su criterio es indudable que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, pues a partir de la Constitución de 1991 la rama judicial adquirió absoluta autonomía e independencia de suerte que su representación no la tiene ya el Ministerio de Justicia sino el Director Nacional de Administración Judicial como bien lo entendió la Sección Segunda de esta Corporación en providencia de octubre 6 de 1994, expediente 10044, con ponencia de la Dra. Dolly Pedraza de Arenas.

Por su parte el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, después de examinar la sentencia C-388 de septiembre 1º de 1994, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, expresa que con apoyo en ese fallo es posible hablar de una doble representación que por lo menos antes de la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia tenía la rama judicial, de manera que como regla general dicha representación le corresponde al Ministerio de Justicia en los procesos contencioso administrativos (CCA, art. 149) y al Director de la Administración Judicial cuando se trate de asuntos relacionados con la gestión económica, contractual y presupuestal de esta rama del poder público (D. 2652/91, art. 15-4).

Agrega que, sin embargo, otra lectura del citado decreto, no realizada por la Corte Constitucional y por tanto no comprendida en la fuerza de cosa juzgada de que goza su decisión, permitiría entender que el Consejo Superior de la Judicatura está representado por el Director de la Administración Judicial cuando el error judicial que ocasione el daño sea imputable a esta corporación.

Desvirtuada así la falta de legitimación que reconoció el fallo de instancia, conceptúa que las súplicas de la demanda se deben acoger porque no hay duda de que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue inducida en error por una certificación inexacta expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán.

Sin embargo, estima que el error judicial en que hubiese podido incurrir el Consejo Superior de la Judicatura no puede ser objeto de pronunciamiento, por cuanto esta entidad no fue citada como parte al proceso. Pero como la errónea decisión de ese organismo no se hubiera producido “si el juzgado encargado de expedir la correspondiente certificación hubiese actuado con el cuidado debido”, esta circunstancia permite afirmar la existencia de un anormal funcionamiento de la administración de justicia que igualmente constituye un título jurídico de imputación de responsabilidad, aceptado hace varios años por la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuya Sección Tercera, con ponencia del doctor Alfonso Castilla Saiz, dijo en providencia de julio 31 de 1976, expediente 1808:

“La administración de justicia culmina en las decisiones jurisdiccionales, pero se ejercita a través de una sucesión de actos, varios de ellos de carácter administrativo (...) Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso de estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad”.

Finalmente, el Procurador Delegado se interroga sobre la procedencia de condenar al Ministerio de Justicia a reparar un daño ocasionado también por una entidad distinta de la que representa en este proceso, para cuya respuesta considera aplicable el artículo 2344 inciso 1º del Código Civil, según el cual “si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable del mismo delito o culpa”.

La condena, concluye el señor agente del Ministerio Público, debe comprender tanto el daño moral como el material, aunque para la indemnización de este último debe tramitarse incidente de liquidación de perjuicios por cuanto los ingresos del abogado demandante no están debidamente demostrados.

Consideraciones de la Sala

I. Sobre la legitimación en la causa por pasiva.

1. Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, es evidente que este presupuesto se cumple en el caso sub judice como que el actor formuló su petitum contra la Nación, que es la llamada a resistirlo.

Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica está representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque “los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas” que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CCA, art. 83) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 149 Código Contencioso Administrativo.

Podría afirmarse que el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (CCA, art. 86).

Se trata, pues, de un problema de representación, no de legitimación en la causa.

2. Sobre la representación de la Nación en este proceso, debe decirse:

El inciso 3º del artículo 149 del Decreto 01 de 1984 dispone que “... el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la rama jurisdiccional”.

Con posterioridad a la expedición de la nueva Constitución Política, en cuyo artículo 228 consagró el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia, se expidió el Decreto 2652 de 1991, que en su artículo 15 le asignó al Director Nacional de Administración Judicial la función de “4. Llevar la representación jurídica de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura...”.

En punto a la aparente contradicción normativa, la Corte Constitucional sostuvo al declarar la exequibilidad del artículo 149 Código Contencioso Administrativo:

“... es preciso señalar que para la Corte no es incompatible, ni inconstitucional, la coexistencia de la representación jurídica de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Director Nacional de Administración Judicial para los asuntos propios de la gestión administrativa y contractual de este tipo de intereses administrativos y de gestión, y aun de la judicial de los mismos fines bajo los términos que señale el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa y dentro de las competencias previstas en el Decreto 2652 de 1991, con la especial representación judicial de la Nación-Rama Judicial en cabeza del Ministro de Justicia para los efectos de las actuaciones judiciales contencioso administrativas en las que está comprometida la voluntad de aquella por actos, actuaciones o vías de hecho de los jueces y magistrados, en ejercicio de la funciones que les corresponden”(1).

(1) Sentencia C-388 de septiembre 1º de 1994. Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

De manera que, de acuerdo con Las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por actuaciones o vías de hecho de jueces y magistrados, incluidos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura que, como lo prevé el artículo 116 de la Constitución Política, hace parte de la rama judicial del poder público.

Resulta oportuno precisar que hoy, en virtud de la expedición de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la representación de la Nación-Rama Judicial en toda clase de procesos judiciales reside en el Director Ejecutivo de Administración Judicial, conforme lo señala su artículo 99 que subrogó en este aspecto el inciso 3º del artículo 149 Código Contencioso Administrativo.

En este orden de ideas, concluye la Sala que la Nación como entidad demandada debía estar representada, como en efecto lo estuvo, por el Ministerio de Justicia, y por ello es procedente abordar el estudio de las pretensiones formuladas.

Y aún, si en gracia de discusión se admitiera que la representación judicial de la Nación le correspondía asumirla a la Directora Nacional de Administración Judicial, al folio 124 obra poder conferido por ésta al abogado Wilson Herney Cerón Obando, circunstancia que permite a la Sala entender que se dio por notificada mediante esa conducta concluyente, al tenor del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, del auto admisorio de la demanda.

II. Responsabilidad por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial.

1. Como quiera que en este proceso se señala como una de las fuentes de la responsabilidad patrimonial del Estado el presunto error judicial cometido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al proferir la sentencia de mayo 27 de 1992 mediante la cual le impuso sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado al doctor Efraín Campo Trujillo, es menester hacer previamente algunas consideraciones sobre la procedencia de realizar una imputación de tal naturaleza, en tanto la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, sostuvo que:

“Sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de toda jurisdicción, así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (C.P., art. 241), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 234), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (C.P., art. 237) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente Sala del Consejo Superior de la Judicatura (C.P., art. 257). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no puedan ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público. 

En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de Derecho, cual es la seguridad jurídica (...)

Por otra parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una “vía de hecho”, en los términos que han sido definidos en la sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencias de esta corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la providencia bajo revisión, ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado —como es el caso del artículo que se examina—”(2).

(2) Sentencia C-037 de 1996. Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

2. Previamente la Corte había dicho en la mencionada sentencia que “el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una vía de hecho”, pues “no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia”.

Si así se entendiera el error judicial como la “actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso” que obedece a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, se estaría desconociendo la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Carta, según el cual éste debe indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa.

Precisamente como desarrollo legal de la disposición constitucional, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error judicial como el “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”, sin incluir como ingrediente de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza.

Que la responsabilidad patrimonial del Estado sea de origen constitucional, de una parte, y que el artículo 90 no excluya a ninguna autoridad pública como agente del daño, de otra, permite derivar importantes consecuencias frente al pronunciamiento de la Corte Constitucional en cuanto, desbordando el texto fundamental, le suprimiría el derecho a la indemnización a todas las víctimas de hechos imputables a los magistrados de las altas corporaciones de justicia.

En efecto: el inciso 1º del artículo 90 de la Carta dispone que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, calidad que, según la propia Corte Constitucional, ostentan los magistrados de las altas corporaciones de justicia “en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado”(3) y, por lo tanto, los daños antijurídicos que ocasionen no están excluidos de la fuente constitucional de responsabilidad estatal prevista en esta norma.

(3) Sentencia T-501 de agosto 21 de 1992.

Repárese, además, en la argumentación que la Corte ofrece en el último párrafo de la sentencia que se reprodujo en el numeral 1º de este capítulo, cuando a propósito de la defensa de la acción de tutela admite que se puedan revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial siempre que se advierta la existencia de una vía de hecho, lo cual puede hacerse según la Corte: 1. Porque se trata de una facultad de origen constitucional. 2. Porque no implica la resolución de fondo del conflicto jurídico y 3. Porque no se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado.

También la determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado, como se vio, es una facultad que deriva directamente de la Constitución Política; declarar la existencia del error judicial tampoco implica la interferencia del juez contencioso administrativo en las decisiones judiciales, como que la providencia que contiene el error conserva la intangibilidad de cosa juzgada; y no es cierto que la concesión de la tutela no pueda eventualmente tener consecuencias patrimoniales, por cuanto como lo sostuvo la misma Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, “ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuida por el derecho, en aplicación de criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución. Se trata de reparar, por orden judicial, el daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, supuestos que justifican y aún exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso, disponga lo concerniente. Desde luego, no se trata de sustituir a la jurisdicción especializada ya que el juez de tutela tan sólo tiene autorización para ordenar la condena en abstracto y su liquidación correspondiente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o al juez competente, lo cual en nada se opone a las previsiones constitucionales”(4).

(4) Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992. Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

La exequibilidad condicionada de la Corte Constitucional debe entenderse, entonces, desde la misma perspectiva que ha manejado esa corporación respecto de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando la autoridad pública investida de la potestad de administrar justicia ha incurrido en vía de hecho; es decir, que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado.

Dentro de los precisos términos señalados, establecida la posibilidad de deducir responsabilidad patrimonial del Estado por el error que en su actividad judicial puedan cometer las altas corporaciones que administran justicia, es procedente examinar si en el caso sub examine se incurrió en error judicial tanto más cuanto que no existe duda acerca de la naturaleza judicial de la sentencia que profiere la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el juzgamiento de las faltas en que incurran los abogados en el ejercicio de su profesión (C.P., art. 256-3).

Al respecto, sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-417 de octubre 4 de 1993, con ponencia del doctor José Gregorio Hernández Galindo: “La Constitución de 1991 creó, pues, una jurisdicción, cuya cabeza es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el mismo nivel jerárquico de las demás (título VIII, capítulo 7º de la Carta). Sus actos en materia disciplinaria son verdaderas sentencias que no están sujetas al posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, como sería el caso de la Contencioso Administrativa, si se admitiera la tesis sostenida por el Procurador en este proceso, pues la Constitución no lo prevé así. Mal podría, entonces, negárseles tal categoría y atribuir a sus providencias el carácter de actos administrativos, pese a la estructura institucional trazada por el Constituyente”, lo que se reiteró en la sentencia C-037 de febrero 5 de 1996 con ponencia del doctor Vladimiro Naranjo Mesa, al concluir que: “Se tiene, entonces, que las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinaria son en realidad sentencias y, por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que profiera cualquier otra autoridad”.

III. De la prueba y su resultado.

En el proceso aparecen plenamente demostrados los siguientes hechos:

1. Que el 10 de febrero de 1981 Graciela Salazar de Montaño confirmó poder al doctor Gerardo María Cabezas Muñoz para que formulara demanda contra Cecilia Pinzón de Torres (fl. 11).

2. Que el 30 de noviembre de 1983 el doctor Cabezas Muñoz sustituyó el poder en el doctor Efraín Campo Trujillo (fl. 12), a quien el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popayán le reconoció personería el siguiente 9 de diciembre (fl. 12 vto.).

3. Que el 30 de julio de 1984, mediante escrito dirigido al Juez Primero Civil del Circuito de Popayán, el doctor Cabezas Muñoz reasumió el poder (fl. 13) y en la misma fecha le solicitó al Juzgado Segundo la práctica de algunas pruebas (fl. 14), petición que atendió este juzgado el 14 de agosto siguiente (fl. 15).

4. Que el Juez Primero Civil del Circuito avocó el conocimiento del proceso el 8 de noviembre de 1985 (fl. 46), por cuanto el Juez Segundo se declaró impedido mediante auto de octubre 28 de 1995 (fls. 5 vto. y 46).

5. Que en el referido auto de noviembre 8 de 1985, el Juez Primero dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente debía entrar a despacho (fl. 46).

6. Que, sin embargo, tal orden sólo vino a cumplirse el 19 de agosto de 1986, para resolver sobre la solicitud de perención del proceso presentada en julio 26 de 1986 (fl. 47).

7. Que el 24 de octubre de 1986, cuando ya se había presentado la solicitud de perención, el doctor Gerardo Cabezas dirigió al juzgado el escrito visible al folio 13, en el que comunica que reasume el poder.

8. Que la perención del proceso, negada inicialmente por el juzgado, fue decretada por el Tribunal Superior de Popayán el 16 de marzo de 1987, disponiendo en la misma providencia que se investigara disciplinariamente al doctor Efraín Campo Trujillo (fl. 3).

9. Que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán certificó el 9 de mayo de 1991, con destino a la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de esa ciudad, que al doctor Campo Trujillo se le reconoció personería como abogado sustituto el 9 de diciembre de 1983; que mediante memorial del 24 de octubre, el doctor Gerardo Cabezas reasumió el poder y que durante ese lapso no se registra ninguna actuación realizada por el doctor Campo Trujillo (fl. 2).

10. Que la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Popayán, mediante providencia de octubre 22 de 1991, absolvió de todo cargo al doctor Campo Trujillo (fls. 5 a 7).

11. Que el 30 de abril de 1992, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la decisión y sancionó al doctor Campo Trujillo con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado (fls. 51 a 55).

12. Que el doctor Campo Trujillo cumplió la sanción a partir del 18 de agosto de 1992 (fl. 8 cdno. 2).

De la prueba reseñada puede concluirse que, en tanto el término para la perención se cuenta “a partir del día siguiente al de la notificación del último auto” (CPC, art. 346), la anormal terminación del proceso se produjo por la inactividad posterior, en todo caso, al auto de pruebas dictado el 14 de agosto de 1984, atendiendo la solicitud que como apoderado principal formuló el doctor Cabezas Muñoz el 30 de julio del mismo año. Tal petición implicaba la reasunción del poder y, por lo mismo, la revocatoria de la sustitución (CPC, art. 68, inc. 3º) a partir de esa fecha.

IV. Del error imputable al Consejo Superior de la Judicatura.

Si, como ha quedado demostrado, la perención se produjo por la inactividad observada con posterioridad al auto del 14 de agosto de 1984 y para esa fecha el doctor Campo Trujillo ya no ostentaba la calidad de apoderado sustituto, es evidente el error en que incurrió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la sentencia del 30 de abril de 1992 en cuanto le dedujo responsabilidad al demandante por su negligencia, que “produjo la inercia del proceso y dio lugar a la declaratoria del fenómeno de la perención” (fl. 55).

Si bien el error fue determinado por la equivocada certificación expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán (fl. 2), esta circunstancia no exime de responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura que, sin duda, había sido advertido de la irregular situación como se desprende de las siguientes consideraciones consignadas en su providencia:

“... como prueba de que el apoderado principal reasumió “de hecho” el mandato sólo existen dos referencias en el dictamen de un perito que actúo en el proceso disciplinario que se adelantó contra el Dr. Cabezas Muñoz (fls. 5 y 8) que no coinciden con el certificado expedido por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Popayán, en el cual se afirma que mediante memorial presentado el día 24 de octubre de 1986, el doctor Gerardo María Cabezas reasume el poder a él otorgado por la demandante (fl. 69). Aquellas referencias en el escrito mediante el cual el perito rinde su dictamen, son inoponibles al certificado expedido por el juez de conocimiento del proceso, razón que impide tener como probado que el doctor Cabezas Muñoz reasumió el poder el 30 de julio de 1984” (fl. 53).

De manera que no sólo la persistente afirmación del doctor Campo Trujillo en el sentido de haber sido desplazado el 30 de julio de 1984 por el apoderado principal sino también la anotación que en el mismo sentido hace el perito en su dictamen (fl. 48), constituían razones suficientes para que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hiciera los esfuerzos probatorios necesarios para solucionar la contradicción generada por la certificación expedida por el juez civil, omisión que dio lugar al error que, a su vez, incidió de manera determinante en la adopción de la sentencia sancionatoria cuestionada.

Como lo expresó el señor Procurador Delegado en su concepto, “el error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial precede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada” (fl. 190). 

V. Del anormal funcionamiento de la administración de justicia imputable al Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán.

Aún admitiendo en gracia de discusión que no es posible derivar responsabilidad estatal de la actuación de las altas corporaciones de justicia, de todas maneras es evidente que en este caso aquella subsiste en tanto el daño que se le ha ocasionado al demandante con la injusta sanción que se le impuso tuvo también por causa el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (falla del servicio), que normativamente hoy encuentra como títulos de imputación los artículos 65 y 69 de la Ley 270 de 1996, el último de los cuales dispone: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional, tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

En este sentido, la Sala hace suyos los atinados planteamientos consignados en su concepto por el agente del Ministerio Público, para quien: 

“La expedición de un certificado por parte de un juzgado es un acto administrativo pues no compromete con ello su actividad jurisdiccional. Al realizar dicho acto no está aplicando el derecho, no está adecuando unos hechos que han sido probados a la hipótesis prevista en una determinada norma jurídica. Está simplemente constatando un determinado hecho. 

El certificado expedido el 9 de mayo de 1991 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán, en el que se indica, como ya se ha anotado, que “revisado meticulosamente el proceso ordinario de simulación propuesto por la señora Graciela Salazar de Montaño contra la señora Cecilia Pinzón de Torres”, entre el 9 de diciembre de 1983 y el 24 de octubre de 1986 no se registra actuación alguna por parte del abogado Efraín Campo, es, por la razón anotada anteriormente, un acto administrativo. No estamos frente a un acto jurisdiccional y, en consecuencia, es del caso analizar si hubo anormal funcionamiento de la administración de justicia y no error judicial. 

Tal como lo alega el demandante, es claro que la revisión realizada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán del proceso anteriormente referido —cuya perención dio lugar al enjuiciamiento y sanción disciplinaria del abogado Campo Trujillo— no fue de ninguna manera meticulosa. Dicho juzgado desconoció el hecho de que el 30 de julio de 1984 el abogado Gerardo Cabezas reasumió su función de apoderado de la señora Graciela Salazar de Montaño.

En su libro Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano (Editorial ABC, Bogotá, 1993, p. 262) Hernán Fabio López, afirma que, en consideración a que el abogado sustituyente pueda a su vez sustituir el poder, se le permite “al apoderado principal reasumir en cualquier momento la representación, con lo cual quedan revocadas automáticamente las sustituciones anteriores”. Esto fue lo que hizo el abogado Cabezas al presentar un memorial pidiendo la práctica de unas pruebas.

Al no tomar en consideración este hecho, el juzgado validó la maniobra oscura y desleal con la cual el abogado Cabezas quiso ponerse a salvo de la responsabilidad derivada de su incumplimiento de los deberes profesionales: dio toda credibilidad a la afirmación de este último de haber reasumido el poder conferido el 24 de octubre de 1986.

Es claro que si la certificación hubiese dado cuenta de la realidad procesal de que el abogado Cabezas había reasumido el poder conferido el 30 de julio de 1984 y que, por lo tanto, era él y no el abogado Campo Trujillo el responsable de la inactividad que dio lugar a la perención del proceso de simulación, otra hubiera sido la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En efecto, dicha Sala hizo el juicio de reproche sancionatorio del abogado Campo Trujillo con base en la consideración de que éste había sido el apoderado que había dado lugar con su inactividad a la perención del proceso. Y esta consideración la hizo con base en la certificación del Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán. (fls. 191 y 192).

VI. Del daño y su indemnización.

Para la Sala, no cabe duda de que la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de tres meses impuesta al doctor Efraín Campo Trujillo le ocasionó un daño antijurídico, tanto moral como patrimonial, que le debe ser indemnizado.

Se hace consistir el primero en el sentimiento de insatisfacción o de aflicción que la injusta medida disciplinaria le ocasionó al demandante, cuya honra y prestigio profesional se vieron objetivamente menguados por la adopción de una sanción con trascendencia en el ámbito jurídico y social en el que se desempeña. Si bien la compensación en dinero jamás será suficiente para reparar el perjuicio sufrido por el actor, la Sala estima adecuado otorgarle por este concepto una indemnización equivalente a quinientos (500) gramos de oro.

En cuanto a los perjuicios materiales, no hay duda de que ellos se produjeron en la modalidad de lucro cesante, es decir, el ingreso que por concepto de honorarios dejó de percibir el abogado Campo Trujillo durante los tres meses en que no le fue permitido ejercer su profesión. Su monto, que no puede cuantificarse con base en infundadas suposiciones sobre lo que un abogado debería obtener mensualmente como lo hacen los peritos en el dictamen rendido en este proceso (fls. 112 y 113) y que, por lo mismo, no será tenido en cuenta, se liquidará en posterior trámite incidental, que deberá iniciarse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del a quo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, de acuerdo con los parámetros que seguidamente se establecen:

1. Teniendo en cuenta que la sanción se hizo efectiva a partir del 18 de agosto de 1992 (fl. 8 cdno. 2), el período a indemnizar comprende los tres meses corridos entre esta fecha y el 18 de noviembre de 1992.

2. Acudiendo a diversos medios de prueba, tales como extractos bancarios, declaración de renta, contratos de prestación de servicios profesionales, testimonios, etc., se determinará el monto de los ingresos obtenidos por el doctor Campo Trujillo entre el 18 de agosto de 1991 y el 18 de agosto de 1992 y se establecerá el promedio mensual devengado.

3. La suma resultante se multiplicará por los tres meses a indemnizar, valor que se actualizará a la fecha de la liquidación teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor de acuerdo con la fórmula

Ra = R Índice final

Índice inicial 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 25 de agosto de 1994, y en su lugar se dispone:

1. Declárase la responsabilidad de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura por los perjuicios ocasionados al doctor Efraín Campo Trujillo como consecuencia del error judicial cometido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la actuación cumplida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán, a raíz de los cuales se le suspendió tres (3) meses en el ejercicio de la profesión de abogado.

2. Se condena a la Nación-Consejo Superior de la Judicatura a pagar al doctor Campo Trujillo la cantidad equivalente a quinientos (500) gramos de oro por concepto de perjuicios morales.

3. Igualmente, se le condena en abstracto al pago de los perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante, los que se liquidarán mediante trámite incidental dentro del término y según las pautas señaladas en la parte motiva de esta providencia.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado.

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de la Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.

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