Sentencia 10291 de febrero 4 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRUEBA DE LA SUBORDINACIÓN LABORAL

APLICACIÓN INMEDIATA DE LA REFORMA INCORPORADA POR LA LEY 50

EXTRACTOS: «Lo cierto es que el Tribunal acepta que durante la vigencia de la relación jurídica que existió entre las partes, se produjo la expedición de la Ley 50 de 1990 y con ella el cambio que al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo introdujo el artículo 2º de la citada ley, y dentro de tal supuesto concluye “que la normatividad aplicable es la del Código Sustantivo del Trabajo antes de la reforma de la Ley 50 de 1990 y que permite frente al caso dar aplicación a la presunción del contrato de trabajo”.

Es claro, como lo denuncia el censor, que el Tribunal no tuvo en cuenta el mandato del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo y ello lo condujo a aplicar indebidamente el original artículo 24 ibídem con la consecuente prescindencia del contenido de la modificación incluida en el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que para algunos específicos casos cambió la regla probatoria que en tal disposición se incluye.

Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse frente a situaciones análogas reiterando que la norma aplicable en tales casos es la que se encuentra vigente en el momento de la terminación de la relación jurídica correspondiente, lo cual para este litigio supone que lo era el mencionado artículo 2º de la Ley 50 de 1990.

En sentencia de diciembre 13 de 1996, radicación 9146, dijo la Sala:

“De otra parte importa observar que el ataque se funda en el texto original del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, vale decir, sin la reforma que le introdujo la Ley 50 de 1990, pero ocurre que para el asunto de los autos es aplicable el artículo 2º de esta ley, dado que la demanda inicial del proceso se presentó el 6 de junio de 1991 bajo el imperio de éste. Al respecto conviene precisar que el aludido artículo 24 y su reforma no consagran propiamente derechos sustanciales, sino reglas de juicio destinadas a los juzgadores laborales, que afectan la carga de la prueba de las partes en los procesos de trabajo. Así el precepto original relevaba absolutamente al trabajo de acreditar el elemento subordinación para efectos de demostrar procesalmente la existencia del contrato de trabajo, pues presumía iuris tantum que toda relación de trabajo personal se hallaba regida por contrato de trabajo, de manera que evidenciada la actividad personal al servicio de una personal natural o jurídica, en todos los casos debía entenderse en principio regida por un nexo laboral subordinado y era cargo del empleador desvirtuar la subordinación o dependencia. Con la Ley 50 de 1990, artículo 2º, se introdujeron excepciones a esta regla concebida originalmente en forma absoluta, cuales son las de prestaciones personales de servicios de profesionales liberales o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pues para estas hipótesis se impuso al trabajador la prueba de la subordinación en caso de que pretenda aducir en juicio el carácter contractual laboral de la relación.

Es claro, de consiguiente, que el artículo 24 es una norma probatoria cuya reforma no afectó la realidad de los hechos o los derechos emanados de las relaciones de trabajo, sino que varió la carga de la prueba con respecto de las situaciones excepcionales aludidas, de forma que su aplicación fue inmediata para los procesos iniciados después de la vigencia del nuevo texto, aunque el litigio se refiera a hechos anteriores a dicho vigor, como acontece en el asunto que se examina en que tratándose de una prestación de servicios destinada a la ejecución de actos propios de un mandato, correspondía a la demandante que adujo la existencia de un contrato de trabajo, la carga de probar el elemento de la subordinación”.

Como se puede ver, el pronunciamiento incluso va más allá de lo previsto en este caso, pues se extiende hasta el evento en que el proceso se inicia con posterioridad a la expedición de la Ley 50 de 1990, sin que fuera necesario que parte de la relación hubiera tenido desarrollo en vigencia de la misma. Aplica en sentido estricto los principios consagrados en la Ley 153 de 1887 (art. 40) pero ello no se opone al planteamiento del cargo que se centra en lo previsto por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo cuya regulación se llega, dentro de las situaciones fácticas propias de este proceso, a la misma conclusión sobre la aplicabilidad ahora del artículo 2º de la Ley 50 de 1990.

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Aunque el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo en sentido estricto no consagra derechos de rango rigurosamente laboral, como quiera que contiene en esencia una regla probatoria, es norma propia del derecho del trabajo puesto que forma parte de la legislación especial correspondiente, por lo que le resulta aplicable la regulación prevista en el artículo 16 de la misma codificación y por ello el cambio introducido por medio del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, comenzó a operar con la entrada en vigencia de tal ley, con efecto general inmediato, cobijando por tanto las relaciones jurídicas en curso a las que fuera aplicable.

Contrasta la decisión del Tribunal con las orientaciones de esta Sala sobre la materia que ahora se estudia y ello incide determinantemente en el resultado del proceso, pues el Tribunal construyó todas sus conclusiones fácticas sobre el supuesto de presumirse, en este caso concreto, el elemento de subordinación, con la consecuente imposición para la demandada de la carga de destruir tal presunción legal, cuando de lo expuesto anteriormente se colige lo contrario, que al demandante le correspondía probar la subordinación jurídica de carácter laboral, habida cuenta de partirse en los supuestos de hecho, de unos servicios propios de una profesión liberal.

El cargo prospera y por ello se produce el quebrantamiento de la sentencia acusada con el alcance que para el mismo le señala el censor.

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Debe entonces concluirse, como con acierto lo hizo el a quo, quien en su estudio partió de la regla prevista en el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que el demandante no demostró que los servicios que prestó a la demandada en ejercicio de la profesión liberal de arquitecto, hubieran estado sometidos a la subordinación propia del contrato de trabajo. Por ello procede confirmar la sentencia de primera instancia».

(Sentencia de casación, febrero 4 de 1998. Radicación 10.291. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

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