SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

EXTRACTOS: «La sentencia de primera instancia será revocada, por cuanto a juicio de la Sala en la presente caso se encuentran reunidos los requisitos exigidos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal para comprometer la responsabilidad el Estado.

1. Con la copia de la providencia proferida por el Juzgado de Instrucción de Orden Público de Cali el 24 de junio de 1991 (fl. 4) se acredita que el demandante JOSÉ ÁNGEL ZABALA MÉNDEZ, fue privado de la libertad el 21 de mayo de 1991, dentro de la investigación adelantada con motivo de la comisión de un delito de secuestro.

2. Así mismo, con la copia de las providencias proferidas por el Juzgado Regional de Cali el 22 de octubre de 1992 (fl. 37) y por el Tribunal nacional el 12 de febrero de 1993, que confirmó la anterior (fl. 45), se acredita que en favor del citado demandante se dispuso la cesación del proceso penal, ordenándose su libertad, de la cual estuvo privado entonces por el término de 20 meses y 21 días.

3. Con las mismas providencias citadas en el numeral anterior se demuestra que la causa por la cual se dispuso la cesación del proceso en favor del demandante fue la demostración de su no participación en los hechos investigados.

(...).

4. Demostrado entonces que el demandante fue privado de la libertad durante más de veinte meses y luego puesto en libertad por una providencia judicial en la que se constató que él no había cometido el hecho que se le imputaba, resulta claro que la entidad demandada debe responder por los perjuicios causados con la detención, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, que textualmente reza.

“ART. 414.—Indeterminación por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicato no lo cometió, o la conducta no constituida hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

5. De acuerdo con dicha norma, en los casos en que una persona sea privada de su libertad por ser sindicada de la comisión de un delito y sea posteriormente exonerada por providencia definitiva en la cual se establezca que no cometió el hecho que se le imputó, nace la responsabilidad para el Estado, sin que pueda el juzgador exigir ningún requisito adicional para configurarla.

Acerca de esta norma la Sala señaló en sentencia del 17 de noviembre de 1995 (Exp. 10.056, actor FERNEY GUALTEROS ÑUNGO, ponente Carlos Betancur Jaramillo).

“Esta norma instaura legalmente la responsabilidad estatal por daños causados por la administración de justicia, para los casos en que los particulares sean privados injustamente de su libertad. En su segunda parte, ella consagra tres casos en los cuales se dispone que la detención preventiva decretada en un proceso penal, mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, debe tenerse como injusta y por ende da lugar a indemnización de quien la sufrió, salvo en los casos en que sea la propia víctima la que la haya causado por su dolo o su culpa grave”.

En dichos casos, dijo la Sala en sentencia del 15 de septiembre de 1994 (proc. 9391, actor Alberto Uribe Oñate, ponente Dr. julio Cesar Uribe Acosta) “resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, para tratar de definir si por parte de él hubo dolo o culpa...” y agregó que:

“En la legislación colombiana este es uno de los pocos casos en que el legislador ha resuelto, por ley, la situación fáctica, no dejando al juez ninguna alternativa distinta de valoración jurídica. En otras palabras, a él no le está permitido manejar la faceta RELATIVA que tiene la falla del servicio, ora para indagar lo que podía demandante de éste, ora para hablar de la responsabilidad patrimonial desde una CONCRETA REALIDAD, como lo enseña el profesor Tomás Ramón Fernández.

“Para la Sala la orden legal de indemnizar los perjuicios es una respuesta adecuada al FACILÍSIMO con el cual los jueces suelen disponer la libertad del hombre, con olvido de que ella es la cualidad fundamental del ser espiritual, esto es, la que le permite la realización de su propia vocación. No se puede seguir jugando con la honra de las personas con la orientación dañina que predica que una medida de aseguramiento, como la detención preventiva, no se le niega a nadie””.

6. La responsabilidad en estos casos, como lo señaló también la Sala es “fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, sólo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas” y “es objetiva, motivo por el cual resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, para tratar de definir si por parte del él hubo dolo o culpa”. (Ver sentencias del 30 de junio de 1994, Exp. 9734, actor Neiro José Martínez, ponente Dr. Daniel Hernández y del 15 de septiembre de 1994, Exp. 9391, actor Alberto Uribe Oñate, ponente Dr. Julio César Uribe Acosta(*).

(*) Las sentencias citadas se encuentran publicadas así: la de 30 de junio de 1994 en J y D. Nº 272 pág. 988; la de 15 de septiembre de 1994 en J y D. Nº 275, pág. 1404, y la de noviembre 17 de 1995 en J y D. Nº 291, pág. 247 (N del D).

7. Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no requiera la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduciría en la demostración de que la providencia estuvo ajustada a la ley.

Adicionalmente, el artículo 414 limita las causales de exoneración de la responsabilidad relativas al rompimiento del vínculo causal, al sólo evento de que la detención haya sido causada por la propia víctima, señalando que no habrá lugar a indemnización de perjuicios cuando ésta haya sido provocada por el dolo o culpa grave del mismo detenido; situación que podría presentarse cuando alguien, por ejemplo, confiesa un delito no cometido con el objeto de encubrir al verdadero responsable.

8. Por esta razón, no hay lugar a estudiar en el presente caso si la detención del demandante se produjo o no por la sindicación que en su contra realizó dolosamente uno de los responsables del ilícito y si puede considerarse dicha imputación como la causa exclusiva de la misma; o si a lado de tal sindicato obró, como causa concurrente, la deficiente apreciación crítica de la prueba que debió hacer el juez que ordenó la detención y profirió las providencias judiciales posteriores que determinaron su prolongación. Dichas reflexiones no caben ante el mandato del artículo 414 que sujeta la obligación de reparación a los elementos objetivos allí enunciados, sin que le sea permitido al juzgador agregar requisitos adicionales para que ella proceda.

9. Por las mismas consideraciones, en estos casos tampoco puede exigirse al demandante, como requisito de procedibilidad de su pretensión indemnizatoria, que haya interpuesto los recursos legales contra la providencia que ordenó la detención; y este es el motivo por el cual, a juicio de la Sala, la Ley 270 de 1996 al enunciar los presupuestos de la responsabilidad estatal por error judicial, dentro de los cuales se encuentra el de que el afectado haya interpuesto los recursos de ley, exceptúa los casos de privación de la libertad, disponiendo que en dichos eventos no es necesario el cumplimiento de tal requisito.

10. Por último, se agrega que la jurisprudencia de la Sala también ha señalado que esta responsabilidad se presenta cuando la exoneración por las causales previstas en el artículo 414 citado, sea adoptada o en una sentencia judicial o en cualquier otro tipo de providencia.

En la sentencia del 15 de septiembre de 1994 antes citada, se dijo al respecto:

“...la exoneración puede ser fruto de una sentencia judicial o de una providencia judicial. El artículo 414 del Código de Procedimiento Penal habla de sentencia absolutoria o “SU EQUIVALENTE”, expresión que debe tomarse en sentido amplio”.

11. Resulta claro, conforme con lo anterior, que la entidad demandada debe indemnizar al demandante los perjuicios morales y materiales causados con la detención injusta que fue objeto por el término de 20 meses y 21 días; los morales se estiman en 1.000 gramos oro y los materiales, en la modalidad de lucro cesante, se calculan con base en el salario mínimo vigente en la época de la retención ya que en el expediente no obra prueba del salario realmente devengado por el actor».

(Sentencia de diciembre 12 de 1996. Expediente 10.299 Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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