•Sentencia 10300 abril 13 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD EN EL ENDOSO

NO ES UNA FALSEDAD PERSONAL

EXTRACTOS: «En armonía con las premisas conceptuales que guían la técnica casacional y que se han expuesto en precedencia, es claro que la Corte no puede entrar a corregir el libelo y por tanto, no le es dable estudiar de fondo esta censura como fuera lo oportuno ante el yerro que se observa en la calificación jurídica del espurio endoso de los cheques calificada en la instancia como falsedad personal, pues, ya que como lo precisó esta corporación en sentencia de 16 de abril de 1986, con ponencia del magistrado doctor Lisandro Martínez Zúñiga, reiterada por la de 5 de octubre de 1990, en la que fue ponente el magistrado doctor Juan Manuel Torres Fresneda, y en la del 28 de agosto de 1997 con ponencia de quien ahora funge en igual condición:

“Es cierto que algunas corrientes doctrinarias del derecho comercial sostienen que el endoso, es una cláusula accesoria e inseparable del título valor por el cual el tenedor o acreedor cambiario coloca a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados o ilimitados (Garrigues, Vivante, Cervantes Ahumada), aún algunos de quienes tal sostienen, no hacen incompatibles tales calidades con la independencia del endoso.

Pero tal observación ha sido analizada por la doctrina y la jurisprudencia penal de muchos países, inspirándose en la corriente autonomista del derecho penal, según la cual esta disciplina debe conocer los conceptos de derecho privado a la luz de los postulados de esta disciplina de derecho público, verificando detenidamente las consecuencias que se derivan de su aplicación, compaginándolas con las exigencias y caracteres del derecho punitivo.

Con tales prenotandos interpretativos se ha concluido, que a pesar de los citados principios de la accesoriedad e inseparabilidad del endoso, no podrán aceptarse; existen hechos evidentes de indiscutible repercusión naturalística: El cheque se crea y perfecciona al cumplirse las exigencias del Código de Comercio respectivo, en nuestro caso la Sección III, Subsección I “Creación y forma del cheque” y más exactamente los artículos 712 a 714. Además de los requisitos generales para todos los títulos valores del artículo 621 del Código de Comercio, son las de que el cheque se expida en formularios impresos a cargo de un banco, cuyo nombre debe indicarse, que contenga una orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, y la indicación de ser pagadero a la orden o al portador; igualmente se exige la provisión de fondos. A pesar de que se afirme por reputados comercialistas que el endoso es una operación comercial accesoria, no obstante tener su origen en el cheque, la verdad desde el punto de vista fáctico es que constituye un contrato nuevo, distinto del estimado como principal, que no crea un título, sino que lo transfiere (C.Co., art. 651).

Las personas que intervienen en la creación del cheque son distintas de los endosantes; el endoso es un acto posterior al de su creación y giro del cheque, tanto que la ley concede un amplio plazo para que él se verifique. Penalmente es un hecho autónomo”.

8. Así, y siendo que el hecho de que el procesado no haya imitado las firmas de beneficiarios de los cheques en ningún momento desvirtúa el ataque a la fe pública documental, entendida como la credibilidad que frente a la ley comercial merecía con el lleno de las formalidades el acto de transferencia, es incuestionable que se ha tipificado el delito de falsedad previsto en el artículo 221 del Código Penal, ya que como igualmente lo ha considerado la Sala, en el citado fallo de 5 de octubre de 1990:

“No se mortifica esta conclusión, porque en el caso de controversia se haya establecido pericialmente que la firma colocada en el endoso del cheque constituyó una “creación libre” por parte del falsario, en cuanto a pesar de ella, el documento tenía eficacia bastante de acuerdo con la ley que rige su circulación para derivar su importancia dentro de la vida jurídica y adquirir su particular capacidad de servir como “prueba” de hechos y relaciones jurídicas.

Ello porque el delito de falsedad documental no siempre reclamará la creación imitativa de lo que es o ha sido real en torno a la individualización del otorgante, para extender la protección de la fe pública en el aseguramiento de la circulación de estos documentos, criterio que al contrario del formal o restrictivo, radica en la necesidad de consultar como esencia el perjuicio real o potencial determinado por la falsificación (...).

Y si, consultando además el Código de Comercio se encuentra que “el endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante” (art. 654), y que “el obligado no podrá exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos (art. 662), quedándole apenas el deber de “identificar el último tenedor” y de verificar la continuidad de sus actos de transferencia, se comprende por esta regulación (que obedece a la naturaleza particular de los títulos valores, merecedores de la suma confianza que se deposita en la seriedad y realidad de las firmas cambiarias) que ni el futuro acreedor a quien con ella se brinda protección, ni los posteriores endosatarios, ni aún el obligado, están en el deber de conocer de antemano las firmas autógrafas de quienes han intervenido como endosantes en la circulación del instrumento, así que en este caso la imitación “copiativa” no constituye un requisito ineludible para que el documento pueda ser admitido libremente”.

9. En estas condiciones, y siendo igualmente claro, que no resulta cierto el afirmar, como a veces suele hacerse, que estas falsedades documentales pierden su autonomía por constituir el medio necesario para la obtención del provecho, pues a la luz de la ley comercial, artículo 664, bien puede consignarse esta clase de títulos valores sin el cumplimiento de esta exigencia, es ostensible que aquí lo que subyase en la calificación jurídica que se le dio a esta conducta en la sentencia, es un típico error in iudicando y no una nulidad, pues las dos modalidades de falsedad, esto es, la documental del artículo 221 y la personal del artículo 227 del Código Penal, corresponden al mismo capítulo, esta no procede, imponiéndose únicamente como solución la declaratoria de dicha clase de error, que sólo procedería si hubiese sido demandado por los sujetos procesales con facultad para ello, como son la parte civil, el Fiscal y el Ministerio Público, pues es claro, que el defensor carecería de interés jurídico para ello por cuanto la decisión le resultaría más gravosa a su procurado, pero como esto no ha sucedido, necesario es colegir que la calificación dada a esta falsedad por las instancias resulta inmodificable, quedando juzgada en los términos en que lo ha cedido el tribunal».

(Sentencia de casación, abril 13 de 1999. Radicación 10.300. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

__________________________________