Sentencia 10310 de marzo 11 de 1997

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL

Proceso: 10310

Magistrado ponente:

Dr. Ricardo Calvete Rangel

Aprobado Acta 24

Santafé de Bogotá, D.C., once de marzo de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

Primer cargo: violación indirecta de la ley sustancial

1. El error de derecho por falso juicio de convicción se presenta cuando a la prueba se le da un valor mayor o menor del que la ley le asigna, de modo que es muy claro que se equivocó el censor al escoger la vía de ataque, pues ninguna de las pruebas tenidas en cuenta en la sentencia está sometida a tarifa legal, luego mal podría incurrir el fallador en el yerro que el impugnante le atribuye.

Este desacierto, que más allá de ser una simple falla en la selección del sentido del reparo constituye la formulación de un cargo indemostrable, explica que en su desarrollo el defensor tenga que limitarse a oponer su criterio personal contra la valoración probatoria realizada por el sentenciador, con lo cual como es obvio no demuestra ningún error que afecte la legalidad del fallo, sino únicamente una inconformidad que no es de recibo en esta fase extraordinaria del proceso.

La mal llamada demostración se queda en la reiterada afirmación genérica de que el sentenciador le negó valor a unas pruebas y se lo reconoció a otras, tarea que es justamente la que le corresponde realizar al juez, y cuya conclusión es normal que aquel que resulta afectado no la comparta, pero ello no es motivo que amerite recurrir en casación.

La tarea de la Corte al ocuparse de resolver este recurso no consiste en escoger entre el criterio del demandante respecto al valor que se le ha debido dar a las pruebas y el plasmado en la sentencia, sino verificar si el error fue debidamente demandado y sustentado, y en caso afirmativo si incide en la decisión de manera que comprometa la efectividad del derecho material para proceder a reparar el agravio inferido (CPP, art. 219).

Ahora, si el interés era cuestionar la apreciación probatoria por presunta violación de las reglas de la sana crítica, el reproche se debía formular por error de hecho, y la demostración tenía que ser muy precisa y clara en ese sentido.

Establecidas las fallas de la demanda que se han destacado, el cargo no puede prosperar.

Segundo cargo: violación directa de la ley sustancial.

Según el censor, “la norma llamada a gobernar el hecho demostrado era el artículo 222 del Código Penal” que tipifica el punible de uso de documento público falso y no el 221 que fue la disposición aplicada.

La primera observación que amerita la censura es que el libelista entra a discutir la clase de documento como si la sentencia hubiera sido condenatoria, sin tener en cuenta que siendo absolutoria no puede dar por sentado lo contrario, y mucho menos utilizando la violación directa, pues como se sabe, en ese evento no se pueden discutir ni los hechos ni las pruebas.

Si la idea era sostener que el documento alterado es público, para de esa manera controvertir los argumentos que sirvieron de fundamento a la absolución, es evidente que el cargo no solo fue mal formulado, sino que se quedó en la introducción sin el desarrollo correspondiente.

De otra parte, para responder al tema planteado sobre la clase de documento, se debe precisar que la intervención del notario se limitó a la autenticación de las firmas del presidente y la secretaria de la asamblea, de manera que no es cierto que dicho funcionario certificara el contenido del escrito como erróneamente lo afirma el defensor.

El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil explica que el “Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”. Contrario sensu, “Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público”.

En el asunto que nos ocupa, es muy claro que el acta de la asamblea no fue otorgada por un funcionario público ni con su intervención, de modo que se trata de un documento privado. Ahora, para efectos de la autenticidad, es decir, para revestirlo de certeza sobre las personas que lo firmaron, sus autores reconocieron las firmas ante un notario, hipótesis prevista en el numeral 1º del artículo 252 del estatuto procesal civil, pero como se desprende de la misma norma, esa diligencia no lo convierte en documento público, esto es, no cambia su naturaleza de documento privado.

La certificación que el notario consigna en el documento privado respecto a que determinadas personas comparecieron y reconocieron sus firmas si tiene el carácter de documento público, por esta razón cuando la falsedad recae sobre dicha certificación las normas aplicables son las que se refieren a esa clase de documentos según sea el caso concreto. (En el mismo sentido Sent. sep. 25/92, actuando como ponente quien aquí cumple igual misión). Las escrituras públicas son documentos públicos, pues para su perfeccionamiento requieren de la autorización del notario, acto mediante el cual él da fe de que se llenaron los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados (D. 960/70, arts. 13, 14 y ss.).

El hecho que dio lugar a este proceso fue la inclusión en el acta de un párrafo con posterioridad a la autenticación de las firmas del presidente y la secretaria, sin tocar la certificación del notario, es decir, una alteración material del contenido del mismo, lo cual reconoce el juzgador, pero como se trata de un documento privado la trascendencia penal de ese acto no la determina la simple falsificación sino otros factores que en caso presente a juicio de los falladores de instancia no se dan.

En síntesis, el ataque formulado es incorrecto formal y sustancialmente, por lo tanto se desestimará.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo impugnado.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Augusto Gálvez Argote—Fernando Arboleda Ripoll—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Córdoba Poveda—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Carlos E. Mejía Escobar—Dídimo Páez Velandia—Nilson Pinilla Pinilla—Juan M. Torres Fresneda.

Patricia Solazar Cuéllar, secretaria.