Sentencia 10310 de marzo 13 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD DOCUMENTAL

DOCUMENTOS PRIVADOS AUTENTICADOS POR NOTARIO

EXTRACTOS: «Para responder al tema planteado sobre la clase de documento, se debe precisar que la intervención del notario se limitó a la autenticación de las firmas del (presidente y la secretaria de la asamblea, de manera que no es cierto que dicho funcionario certificara el contenido del escrito como erróneamente lo afirma el defensor.

El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil explica que el “documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”. Contrario sensu, “documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público”.

En el asunto que nos ocupa, es muy claro que el acta de la asamblea no fue otorgada por un funcionario público ni con su intervención, de modo que se trata de un documento privado. Ahora, para efectos de la autenticidad, es decir, para revestirlo de certeza sobre las personas que lo firmaron, sus autores reconocieron las firmas ante un notario, hipótesis prevista en el numeral 1º del artículo 252 del estatuto procesal civil, pero como se desprende de la misma norma, esa diligencia no lo convierte en documento público, esto es, no cambia su naturaleza de documento privado.

La certificación que el notario consigna en el documento privado respecto a que determinadas personas comparecieron y reconocieron sus firmas sí tiene el carácter de documento público, por esta razón cuando la falsedad recae sobre dicha certificación las normas aplicables son las que se refieren a esa clase de documentos según sea el caso concreto. (En el mismo sentido sentencia de septiembre 25 de 1992, actuando como ponente quien aquí cumple igual misión). Las escrituras públicas son documentos públicos, pues para su perfeccionamiento requieren de la autorización del notario, acto mediante el cual él da fe de que se llenaron los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados. (D. 960/70, arts. 13, 14 y ss.).

El hecho que dio lugar a este proceso fue la inclusión en el acta de un párrafo con posterioridad a la autenticación de las firmas del presidente y la secretaria, sin tocar la certificación del notario, es decir, una alteración material del contenido del mismo, lo cual reconoce el juzgador, pero como se trata de un documento privado la trascendencia penal de ese acto no la determina la simple falsificación, sino otros factores que en caso presente a juicio de los falladores de instancia no se dan».

(Sentencia de casación, marzo 13 de 1997. Radicación 10.310. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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