Sentencia 10327 de septiembre 19 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 10327

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Actor: Piedad Cecilia Agudelo y otra

Demandado: Departamento de Antioquia

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre diecinueve de mil novecientos noventa y seis.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Antioquia contra la sentencia del 19 de agosto de 1994 pronunciada por el tribunal administrativo de Antioquia, por la cual atendió favorablemente las pretensiones de la parte actora, así:

“1. Declárase al Departamento de Antioquia administrativamente responsable de los perjuicios ocasionados a Piedad Cecilia Agudelo Gallego y María Teresa Restrepo Agudelo con la muerte de su esposo y padre Hernán Darío Restrepo Betancur, ocurrida en el Municipio de Concordia.

2. Como consecuencia, de acuerdo con lo anotado en la parte motiva, se condena al Departamento de Antioquia a pagar por concepto de perjuicios morales la cantidad de 1.000 gramos de oro, para cada una de las demandantes.

Para efectos del reconocimiento se tendrá en cuenta el equivalente en pesos que certifique el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

3. Condénase al Departamento de Antioquia a pagar por perjuicios materiales las siguientes cantidades:

3.1. A Piedad Cecilia Agudelo Gallego la suma de diez millones cuatrocientos treinta y seis mil, ochocientos veinticinco ($ 10.436.825), como indemnización vencida y futura, tal como se indicó en la parte motiva.

3.2. A María Teresa Restrepo Agudelo la suma de siete millones, cincuenta y un mil, doscientos sesenta y nueve ($ 7.051.269), en su modalidad de indemnización futura y vencida.

4. El Departamento de Antioquia dará cumplimiento a este fallo dentro del término señalado en el artículo 176 del Decreto 1 de 1984” (fl. 400, cdno. ppal.).

Mediante escrito presentado el 23 de abril de 1991, la parte actora señaló los hechos que fundamentaron sus peticiones, hechos que el a quo sintetizó así:

“Hernán Darío Restrepo Betancur se desempeñaba como administrador del Café Respín; fue asesinado el 23 de abril de 1989 por Rohely Guerra Mazo, Agente de Seguridad Rural, adscrito a la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia, con quien departía y que había sido enviado al municipio de Concordia en cumplimiento de misión oficial (escolta del Senador Ernesto Garcés). Al momento de los hechos el agente se encontraba en estado de embriaguez y en posesión del arma de dotación oficial —revólver Smith Wesson calibre 38 largo, Nº 2D96253—, la que había sido entregada, junto con la munición, por la División de Orden Público” (fl. 388, cdno. ppal.).

La sentencia apelada declaró la responsabilidad del ente demandado con base en la doctrina judicial de la responsabilidad presunta derivada de las cosas o actividades peligrosas, que supone la tenencia y manejo de armas. Invocó para el efecto jurisprudencia de esta corporación y al verificar que el sub lite el arma homicida era de dotación oficial y de cargo del departamento demandado, impuso la condena que se dejó ya reseñada.

La parte demandada apeló el fallo y lo sustentó así:

“Según se desprende de la prueba que obra en el proceso, los hechos en los cuales se produjo la muerte del señor Hernán Darío Restrepo Betancur, ocurrieron de manera confusa, ya que tanto la víctima como el agente de seguridad rural vinculado al Departamento de Antioquia, se encontraban en estado de embriaguez y armados, sin que haya demostrado cuál fue el móvil para que el primero resultara muerto.

Reviste especial relevancia la motivación que haya tenido el agente de seguridad rural del Departamento para disparar el arma, la cual repito no se logró demostrar, a fin de determinar si actuó en cumplimiento de misión oficial, esto es, en ejercicio de las funciones que habían sido asignadas, o si por el contrario actuó por fuera del servicio y su conducta sólo comprometía su responsabilidad personal.

El hecho de que la responsabilidad del Estado se presuma en casos como el sub judice y exima de demostrar la antijuricidad de la acción u omisión, no exime de probar la relación de causalidad con el daño, y no encontrándose probada la razón que llevó a la ocurrencia del insuceso, es necesario concluir que no está demostrado el nexo causal con el servicio que el mencionado agente prestaba al Departamento de Antioquia en forma tal que permita afirmar su responsabilidad administrativa.

Es precisamente el hecho de que se presuma la falla del servicio, lo que permite a la administración desvirtuarla mediante la prueba que desmienta la premisa sobre la cual se cimienta la presunción, llámese fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.

En el presente caso si bien se encuentra demostrado que a la fecha de los hechos el agente público se encontraba en misión oficial como escolta, es evidente que para la hora de los mismos (3:00 a.m.) y el estado de embriaguez en que se hallaba, no hacían parte de aquella y por lo tanto actuó como un tercero, con lo cual se rompe la relación de causalidad con el daño que debe conducir a exonerar de cualquier responsabilidad al ente estatal, porque dicho agente no se encontraba en el momento en la prestación del servicio (sic).

De otro lado, y para el caso de que no se consideren de recibo las razones esbozadas para desvirtuar en este caso la responsabilidad del Departamento de Antioquia, considero procedente insistir en las apreciaciones expuestas en el alegato de conclusión presentado por la apoderada de primera instancia, respecto a la valoración de los perjuicios materiales, con base en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, dado que la base para su liquidación carece en el proceso de prueba idónea que permita su determinación” (fl. 412, cdno. ppal.).

Para resolver, se CONSIDERA:

I. La falla del servicio y la culpa de la víctima.

El fallo apelado se modificará porque el ad quem encuentra que la perspectiva desde la cual el a quo manejó el asunto no comprendió todas las circunstancias fácticas que concluyeron a la producción del daño. Como se verá, la conducta de la víctima también contribuyó en el resultado, lo que impone modificar la valoración jurídica del caso y las consecuencias indemnizatorias de rigor.

Para la Sala, están bien demostrados los siguientes supuestos de hecho:

a) El 23 de abril de 1989, el señor Rohely Guerra Mazo desempeñaba el cargo de agente de seguridad rural, adscrito a la División de Orden Público de la Secretaría de Gobierno de Antioquia. Había recibido el revólver Nº 2D96253 como arma de dotación oficial, la que devolvió el 27 de noviembre de 1990 (fls. 250, 342, 343).

b) Desde el 21 de abril de 1989 dicho agente fue comisionado para servir de escolta del senador Ernesto Garcés Soto, para sus traslados y movilización en el municipio de Concordia (fls. 342, 345).

c) Por su parte Hernán Darío Restrepo Betancur, natural y vecino de Concordia, era el administrador de la cantina “Respín” de propiedad de su madre. Se trataba de un hombre joven, casado, que cuando se embriagaba solía comportarse en forma agresiva, hasta el punto de blandir y accionar armas de fuego para atemorizar y demostrar hombría. Así lo cuentan varios testigos.

— Lo afirma Luis Eduardo González Lema:

“Conmigo no llegó a tener ningún problema, cuando salía conmigo se manejaba bien. Sólo lo conocí una vez que en la heladería Las Palmas estuvimos conversando y haciendo bromas y le sacó un revólver a un profesor del Liceo y se lo puso en la frente, pero no era más que por amedrantarlo... y yo le quité el arma y se la pasé a Omar para que la guardará ya de ahí se revotó (sic) todo que se lo tenían que entregar el revólver, entonces se lo entregamos... El vicio que le conocí era el trago... pues comentaron y oí decir que le gustaba la bazuca... pues yo lo vi como cuatro o cinco veces con armas... a él siempre le gustaba el trago” (fl. 102, cdno. ppal.).

Lo describe Jaime Ardila Loaiza:

“Muy en sano juicio una gran persona, en estado de embriaguez una porquería, más cuando fumaba bazuca era peor. El hombre se emborrachaba y se creía dueño de la situación. Le gustaba hablar durito y hablaba mal, no respetaba,... otra cosa era que le gustaba beber armado. Una vez...venía yo de Medellín y entré a tomarme un fresco al estadero... y ahí estaba Hernán Darío embriagado, en el momento de entrar comenzó a hablar en general para todos los que habían ahí que éramos una manada de hijueputas y con un revólver en la mano. El hombre tenía la costumbre de que cuando se emborrachaba asumir esa actitud... él compraba un revólver, lo vendía compraba otro y así...” (fl. 95).

Y de ese tenor son en general las apreciaciones que tenían otros testigos de la personalidad de la víctima.

d) El sábado 22 de abril de 1989 Hernán Darío Restrepo fue visto ebrio desde temprano. Cerca de media noche fue por su amigo John Jairo Zapata Muñoz, a quien le había apodado “mi escolta”, para invitarlo a seguir libando. Luego de deambular por algunas calles del pueblo los dos amigos ingresaron al bar “Respín”, que ya había cerrado puertas al público y se dedicaron a tomar aguardiente. Al sitio llegó Rohely Guerra Mazo. Este, cerca de las 9 de la noche, había dejado en su casa al personaje que escoltaba para luego dedicarse a tomar licores en una cantina del lugar. Salió de ésta con el propósito de ir hacia su residencia pero en el camino decidió entrar al bar “Respín”, lugar donde se unió a la pareja que ahí bebía aguardiente. La conversación giró en torno a la política. Hernán Darío exhibió su arma y pidió opinión sobre la calidad de la misma. Rohely Guerra Mazo presentó orgulloso la placa de policía rural y el salvoconducto para portar armas. Los instantes previos de la tragedia los cuenta así el agente oficial:

“Seguimos tomando cuando me ofreció un cigarrillo y le dije que no fumaba, entonces se me acercó y me dijo que sí me aguantaba. Me dijo: Te aguantás (sic) pa uno, pa tirarme uno arregladito?; le dije: ese es problema tuyo. Entonces le pregunté a él que si vendían mucho de eso entonces me dijo: de pronto no sabes, todo lo que ustedes han hecho en el barrio, aquí han matado la gente y han herido a un poco de gente tal vez que no supiera yo quien sos vos. Entonces yo le dije, si vamos a tener problemas yo me voy más bien y me dijo cómo te vas a ir hijueputa y sacó un revólver, yo vi el mandó la mano y yo saqué el revólver y disparé y salí... y yo corrí...” (fl. 56).

En cambio, John Jairo Zapata Muñoz, el amigo de la víctima da una versión un tanto diferente. Narra la acción de forma tal que pareciera que la víctima sufrió un ataque improvisto y abrupto del visitante.

“Hernán tenía el revólver de él en la pretina del pantalón y estaba sentado en un butaco, Hernán tenía la mano en la pretina del pantalón y yo en ese momento voltié para destapar coca cola para darle pasante cuando eso le manifestó al señor Hernán no lo saque, cuando el señor manifestó no lo saque el otro señor se oyó el tiro entonces el señor salió de cuando una yo salí de adentro del mostrador y miré a Hernán que estaba en el piso... Hernán estaba muy borracho y el otro también estaba pasado de tragos... Sí, Hernán Darío le mostró el arma... al señor Guerra... Durante el tiempo que permaneció hay (sic) todo fue agradable, no hubo discusión” (fl. 52).

c) El 23 de abril, Rohely Guerra Mazo se presentó a la policía, confesó los hechos y entregó el revólver Nº 2D96253. (fl. 47).

Como se recuerda, el a quo estimó que en los anteriores hechos estaba comprometida la responsabilidad total del ente demandado, porque el arma homicida había sido puesta en la escena del homicidio por la administración. Y en efecto, la relación entre el resultado y el servicio surge nítida si se tiene en cuenta que fue un dependiente de ella, en servicio activo, con un arma de dotación, quien dio muerte al señor Restrepo Betancur. Pero la Sala hizo la anterior representación de las más importantes circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la manera como sucedió la tragedia, para poner en evidencia que la víctima también estaba a cargo de una cosa peligrosa. en la escena final se ve a dos personas embriagadas, cada uno portando su arma de fuego y alardeando de sus “dotes” personales al calor del licor. Una de ellas representaba a la autoridad, a la administración pública y por ende con el ineludible deber de cuidar y manejar con celo tanto el arma puesta para la defensa de la sociedad como la dignidad misma del cargo. La otra era de un ciudadano con deberes constitucionales, cuyo cumplimiento también era indispensable para garantizar su propia seguridad y la de los demás. Ambas, plenamente, conscientes de esas responsabilidades, portaban armas en estado de embriaguez, sea que hubieran o no tenido salvoconductos. Esta circunstancia evidencia que una y otra desplazaron conductas peligrosas, per se, y por los mismo el caso no puede examinarse desde el punto de vista de la responsabilidad presunta por actividades o cosas peligrosas. La jurisprudencia ha dicho que cuando el daño se produce en presencia de actividades peligrosas ejecutadas tanto por víctima como por victimario, no opera la presunción de responsabilidad ante lo ilógico que resultaría cargar la presunción contra cualquiera de las partes. En ese evento, cobra importancia el tradicional sistema de falla probada para de modo cabal hallar y fijar la responsabilidad del daño.

A la luz de ese sistema, se precisa la demostración clara de parte del demandante de los supuestos ya típicos: falla del servicio, daño antijurídico y relación causal entre esos extremos.

En el sub lite no hay espacio para la duda frente al daño (la muerte violenta de una persona lo es) y tampoco frente a la falla del servicio. Resulta una auténtica falla que un agente oficial (que no dejó de serlo porque a las 9 de la noche cesó la jornada diaria de escoltar a un personaje que requería de seguridad), se dedique a ingerir bebidas embriagantes con el arma de dotación en su poder y que ya embriagado la accione para liquidar presuntos o ciertos adversarios. La administración bien podía aplicar las medidas para desarmar a sus agentes una vez éstos cesaran de su labor. Ellas brillan por su ausencia en este caso.

Frente al nexo causal entre la falla y el daño. La Sala encuentra la seria participación de la víctima, pues ésta incurrió también en el incumplimiento de sus deberes civiles al portar y exhibir su arma, sabiéndose inestable y propensa a la agresividad y a la grosería cuando se embriagaba.

En lo que a esta jurisdicción le interesa, el acervo demuestra la negligente participación de ambos protagonistas en el fatal hecho, habida cuenta que tanto el particular como el centro de imputación jurídica demandado (encarnado en su agente) desplegaron conductas cargadas de yerros y falencias al portar, exhibir y accionar armas de fuego en estado de embriaguez. Este es el factor determinante para distribuir la responsabilidad civil derivada de los hechos, sin que sea presupuesto sine qua non la total claridad sobre la dinámica ataque reacción que se generó; claridad que sólo era de interés para hallar la responsabilidad penal del sujeto sindicado del homicidio del señor Darío Restrepo Betancur, tema que no es objeto de este proceso. En otras palabras, la Sala estima que en esta jurisdicción son de interés las pruebas dirigidas a demostrar o no el cumplimiento de los deberes civiles y administrativos de los actores del hecho dañoso, y no las dirigidas a demostrar o no la responsabilidad penal de los mismos. Ello no es óbice para que en determinados casos, la jurisdicción de lo contencioso administrativo se sirva de la prueba y de las conclusiones tomadas y fijadas en la penal.

Para la Sala en claro que en el sub judice, la víctima contribuyó a la producción del daño y ello genera la aplicación del artículo 2357 del Código Civil. Según su arbitrio, tasa de esa participación en un 50 por ciento y así se reducirán las condenas.

Como se recuerda, el a quo estimó que en los anteriores hechos estaba comprometida la responsabilidad total del ente demandado, porque el arma homicida había sido puesta en la escena del homicidio por la administración. Y en efecto, la relación entre el resultado y el servicio surge nítida si se tiene en cuenta que fue un dependiente de ella, en servicio activo, con un arma de dotación, quien dio muerte al Sr. Restrepo Betancur. Pero la Sala hizo la anterior representación de las más importantes circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la manera como sucedió la tragedia, para poner en evidencia que la víctima también estaba a cargo de una cosa peligrosa. En la escena final se ve a dos personas embriagadas, cada una portando su arma de fuego y alardeando de sus “dotes” personales al calor del licor. Una de ellas representaba a la autoridad, a la administración pública y por ende con el ineludible deber de cuidar y manejar con celo tanto el arma puesta para la defensa de la sociedad como la dignidad misma del cargo. La otra era un ciudadano con deberes constitucionales, cuyo cumplimiento también era indispensable para garantizar su propia seguridad y la de los demás. Ambas, plenamente conscientes de esas responsabilidades, portaban armas en estado de embriaguez, sea que hubieran o no tenido salvoconductos. Esta circunstancia evidencia que una y otra desplegaron conductas peligrosas, per se, y por lo mismo el caso no puede examinarse desde el punto de vista de la responsabilidad presunta por actividades o cosas peligrosas. La jurisprudencia ha dicho que cuando el daño se produce en presencia de actividades peligrosas ejecutadas tanto por víctima como por victimario, no opera la presunción de responsabilidad ante lo ilógico que resultaría cargar la presunción contra cualquiera de las partes. En ese evento, cobra importancia el tradicional sistema de falla probada para de modo cabal hallar y fijar la responsabilidad del daño.

A la luz de este sistema, se precisa la demostración clara de parte del demandante de los supuestos ya típicos: falla del servicio, daño antijurídico y relación causal entre esos extremos.

En el sub lite no hay espacio para la duda frente al daño (la muerte violenta de una persona lo es) y tampoco frente a la falla del servicio. Resulta una auténtica falla que un agente oficial (que no dejó de serlo porque a las nueve de la noche cesó la jornada diaria de escoltar a un personaje que requería de seguridad), se dedique a ingerir bebidas embriagantes con el arma de dotación en su poder, y que ya embriagado la accione para liquidar presuntos o ciertos adversarios. La administración bien podía aplicar medidas para desarmar a sus agentes una vez éstos cesaran de su labor. Ellas brillan por su ausencia en este caso. 

Frente al nexo causal entre la falla y el daño, la Sala encuentra la seria participación de la víctima, pues ésta incurrió también en el incumplimiento de sus deberes civiles al portar y exhibir su arma, sabiéndose inestable y propensa a la agresividad y a la grosería cuando se embriagaba. 

En lo que a esta jurisdicción le interesa, el acervo demuestra la negligente participación de ambos protagonistas en el fatal hecho, habida cuenta que tanto el particular como el centro de imputación jurídica demandado (encarnado en su agente) desplegaron conductas cargadas de yerros y falencias al portar, exhibir y accionar armas de fuego en estado de embriaguez. Este es el factor determinante para distribuir la responsabilidad civil derivada de los hechos, sin que sea presupuesto sine qua non la total claridad sobre la dinámica ataque-reacción que se generó; claridad que sólo era de interés para hallar la responsabilidad penal del sujeto sindicado del homicidio del Sr. Darío Restrepo Betancur, tema que no es objeto de este proceso. En otras palabras, la Sala estima que en esta jurisdicción son de interés las pruebas dirigidas a demostrar o no el cumplimiento de los deberes civiles y administrativos de los actores del hecho dañoso, y no las dirigidas a demostrar o no la responsabilidad penal de los mismos. Ello no es óbice para que en determinados casos, la jurisdicción de lo contencioso administrativo se sirva de la prueba y de las conclusiones tomadas y fijadas en la penal. 

Para la Sala es claro que en el sub judice, la víctima contribuyó a la producción del daño y ello genera la aplicación del art. 2357 del código civil. Según su arbitrio, tasa esa participación en un 50 por ciento y así se reducirán las condenas.  

II. Los perjuicios

Las bases fijadas por el a quo para liquidar la indemnización de los perjuicios morales y materiales hallan respaldo en la jurisprudencia y en el acervo. La legitimación en la causa de Piedad Cecilia Agudelo Gallego como cónyuge supérstite y de María Teresa Restrepo Agudelo como hija, debidamente acreditada (fl. 4, 5 y 6). Las cuantías de los rubros que componen la liquidación no hallan reparo, además que no habían sido cuestionadas por la parte actora. La parte demandada sí formuló críticas sobre la base de considerar que no había prueba de los cincuenta mil pesos como ingreso mensual que ganaba el occiso. Empero el tribunal no tomó en cuenta esa cantidad, justamente por tal prueba, sino que invocó la presunción sobre salario mínimo, inferior por esa época a la suma pretendida por la actora. Todo lo cual está conforme con las pautas ya dadas por esta corporación. De este modo, las condenas por perjuicios materiales se actualizarán para deducirles luego la reducción anotada atrás. Igual sucederá con respecto a la indemnización por concepto de perjuicios morales. En consecuencia se tiene:

a) Actualización perjuicios materiales.

La sentencia reconoció a Piedad Cecilia Agudelo Gallego la suma de $ 10.436.825 a título de indemnización vencida y futura. Por el mismo concepto $ 7.051.269 en favor María Teresa Restrepo Agudelo.

Fórmula: Vp = Vh x

donde, Vp corresponde al valor presente; Vh al histórico; Ind. Final el de la fecha de elaboración de este fallo; e Ind. inicial el de la fecha de la sentencia a quo que fijó el valor histórico.

Desarrollo.

— Para Piedad Cecilia Agudelo Gallego:

Vh: $ 10.436.825.

Fecha sentencia: Agosto 19 de 1994

Indice Final: 550.78 = julio de 1996

Indice Inicial: 379.62 = agosto de 1994.

Vp = 10.436.825 x 550.78(Ind.Final)379.62 (Ind. Inicial)

Vp = $ 15.142.496.40

— Para María Teresa Restrepo Agudelo:

Vh: $ 7.051.269

Igual a los demás factores, entonces:

Vp = 7.051.269 x 550.78(Ind.Final)379.62 (Ind. Inicial)

Vp = $ 10.230.488,20

b) Deducción.

Por las razones expuestas en el anterior aparte, las condenas sufrirán una reducción del 50%. En consecuencia se tiene:

Perjuicios morales.

La condena será por lo que equivalgan en pesos 500 gramos de oro fino para cada una de las demandantes.

Perjuicios materiales.

Para Piedad Cecilia Agudelo Gallego;

$ 15.142.496 - 50% = $ 7.571.248.20

Para María Teresa Restrepo Agudelo

$ 10.230.488,20 - 50% = $ 5.115.244.10

Por lo antes expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMANSE los numerales uno y cuatro de la sentencia apelada.

2. REVOCANSE los numerales dos y tres de esa sentencia, los cuales quedarán así:

1. CONDÉNASE al Departamento de Antioquia a pagar por concepto de perjuicios morales, las sumas de pesos que equivalgan a 500 gramos de oro fino en favor de Piedad Cecilia Agudelo Gallego y María Teresa Restrepo Agudelo, para cada una.

2. CONDÉNASE al departamento de Antioquia a pagar por concepto de perjuicios materiales, a Piedad Cecilia Agudelo Gallego la suma de siete millones quinientos setenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 20/100 M/cte. ($ 7.571.248.20). Igualmente se le condena a pagar por concepto de perjuicios materiales a María Teresa Restrepo Agudelo la suma de cinco millones ciento quince mil doscientos cuarenta y cuatro pesos con 10/100 M/cte. ($ 5.115.244.10).

3. EXPÍDANSE copias del presente fallo a las partes por conducto de sus apoderados y también al ministerio público.

Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese en los Anales.

Esta proveído fue estudiado y aprobado por la Sala en su sesión de fecha, diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

Magistrados: Jesús María Carrillo Ballesteros, Presidente de la Sala—Carlos Betancur Jaramillo—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria.