SENTENCIA 1034 DE AGOSTO 20 DE 1993

 

Sentencia 1034 de agosto 20 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

ELECCIÓN

DIFERENCIA CON EL NOMBRAMIENTO

EXTRACTOS: «Lo primero que debe precisar la Sala es lo atinente a la clase de acto producido por un concejo municipal cuando elige un contralor municipal.

Se considera elección el procedimiento mediante el cual de entre varios candidatos se escoge por votación a una persona para ocupar un cargo o empleo por proveer.

Tal procedimiento puede darse bien porque sean los ciudadanos quienes elijan al funcionario o porque lo haga una corporación en aquellos casos en los cuales la Constitución o la ley señalan este trámite para proveer un cargo.

Puede suceder, también, que a la elección realizada por los ciudadanos o a la realizada por las corporaciones no se presente sino un solo candidato. Esa circunstancia tampoco desvirtúa el carácter original de elección.

En tales condiciones no puede catalogarse como elección exclusivamente la denominada popular, porque conforme a lo visto las corporaciones pueden realizar esta clase de actos y de hecho lo hacen, cuando así lo establece la Constitución o la ley.

En el nombramiento, por el contrario, se señala una persona sin que previamente se sometan a vo-tación distintos nombres, independientemente del proceso de selección previo al nombramiento mismo.

En esta clase de actos nunca participa la opinión pública, vale decir, nunca son realizados por los ciudadanos sino por un nominador señalado por la Constitución o la ley.

En tales condiciones debe concluirse que el Contralor, en este caso de un municipio, se designa por elección del concejo de la localidad correspondiente.

Ahora bien, de acuerdo al art. 7º de la Ley 14 de 1988, modificatorio del art. 28 de la Ley 78 de 1986:

“La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento cuya nulidad trata”.

Si en el caso en estudio lo demandado es la declaratoria de elección de un contralor municipal, el término en cuestión debe contarse a partir del siguiente al de la notificación de la elección.

El aspecto que debe dilucidarse es cuándo se considera notificada en debida forma una elección. Al respecto, ya en anteriores oportunidades la Sala ha precisado que salvo las elecciones para las cuales la ley señala una forma específica de notificación, las demás se notifican en estrados.

En tales condiciones, esta es la forma en la cual queda notificada en debida forma la elección del contralor.

Tal aspecto es independiente de la comunicación que se haga de la elección y de los demás trámites que tienen efectos en el campo laboral y, por lo mismo, son independientes del proceso electoral para efectos de determinar la oportunidad en la presentación de la demanda.

En el presente caso se observa que la elección se verificó el 4 de agosto de 1992, por lo cual, esa es la fecha que debe tenerse en cuenta para contabilizar el término de caducidad de la acción que empezó a correr el 5 del mismo mes y año.

Los aspectos atinentes a la fecha en la cual le fue comunicada la elección a quien resultó elegido no es asunto que incida en determinar la fecha de caducidad de la acción.

Tampoco lo es la fecha en la cual el interesado aceptó la designación, porque como antes se dijo, ese es un aspecto que puede tener importancia en un juicio distinto al electoral pero que no señala un término especial para realizar el conteo de términos.

Menos aún tiene relación con el asunto en estudio, lo relativo a la fecha en la cual se le comunicó al señor alcalde la elección cuestionada por cuanto no es la fecha de dicha comunicación la que debe tenerse en cuenta para establecer la caducidad de la acción, que como es sabido es un contencioso objetivo de anulación.

En tales condiciones es claro que la fecha en la cual se produjo la elección fue el 4 de agosto de 1992, fecha en la cual quedó legalmente notificada por estrados y por lo mismo desde el día siguiente debe hacerse la cuenta para establecer el término de caducidad de la acción a que se refiere el art. 7º de la Ley 14 de 1986 ya citado.

En el presente caso se observa que desde dicha fecha a la de presentación de la demanda hubo un término superior a los veinte días de que trata la norma por lo cual la acción fue instaurada en forma extemporánea».

(Sentencia de agosto 20 de 1993. Expediente 1034. Consejera Ponente: Dra. Miren de la Lombana de Magyaroff).

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