Sentencia 10354 de marzo 9 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PAROS ILEGALES

TRABAJADORES QUE PUEDEN SER DESPEDIDOS

EXTRACTOS: «La impugnante, con apoyo en la sentencia de la extinguida Sección Primera de la Corte Suprema de Justicia de 31 de octubre de 1986, aduce que el tribunal interpretó erróneamente la ley cuando distinguió la situación de quienes, declarada la ilegalidad de la suspensión de labores, no regresan a sus actividades o no acatan la orden de reiniciación de los trabajos, vale decir, persisten en el cese de actividades, planteando la necesidad de indagar el motivo de la ausencia al trabajo. Cuando en dicha hipótesis, y como se afirma en el cargo, “la persistencia no admite distinción sobre el grado de activismo del trabajador implicado en ella”; ya que, de acuerdo con este fallo de la Corte en el que se funda la acusación, aun cuando la ley al calificar como justa causa la participación en un paro ilegal de trabajo distingue entre el “activista que promueve o dirige el cese de actividades” y el trabajador que “simplemente acepta la decisión mayoritaria que dispone la suspensión de actividades”, en lo que hace a los trabajadores que no regresan a su trabajo y que persisten en el paro una vez declarada la ilegalidad de la suspensión de labores, tal situación difiere de las demás por cuanto en dicha hipótesis “se presenta una inasistencia injustificada y ella por sí misma, sin importar su origen o duración, se encuadra dentro de la autorización del despido”, según el criterio jurisprudencial explicado en dicho fallo, por lo que el genuino sentido de la norma es el de que los despidos autorizados por el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo “corresponden a los de los trabajadores que han tenido una participación activa en el cese de actividades o que han persistido en el mismo aunque hayan tenido una participación simplemente pasiva”.

Dentro de la anterior organización de la Sala de Casación laboral el criterio que se rememora fue reiterado por la misma Sección Primera en sentencia de 4 de diciembre de 1986 (Rad. 0623).

Para una mejor comprensión del tema y con el fin de reiterar como jurisprudencia dicha interpretación, resulta conveniente transcribir los apartes del fallo de 31 de octubre de 1986, en el cual en lo pertinente se dijo:

“...el despido fundado en un cese de actividades declarado ilegal, permite distinguir tres situaciones:

a) La del trabajador que participa activamente,

promoviendo, dirigiendo u orientando el cese de actividades;

b) La del empleado que toma parte en la suspensión de labores en forma pasiva y simplemente como consecuencia de su obligación de acatar la decisión mayoritaria que ha optado por la huelga. Es el caso de quienes terminan involucrados en el movimiento sin desearlo e incluso a pesar de haber intervenido disidentemente;

c) La de quienes, declarada la ilegalidad de la suspensión de labores, persisten en ella, no regresan a sus actividades o no acatan la orden de reiniciación de los trabajos. La persistencia no admite distinción sobre el grado de activismo del trabajador implicado en ella.

Ello significa que la participación puede tener diversos orígenes y distintas expresiones, ubicándose en sus extremos la del activista que promueve o dirige el cese de actividades y la del empleado que simplemente acepta la decisión mayoritaria que dispone la suspensión de actividades.

Dentro de tales nociones, la del participante activo y la del aceptante pasivo o por inercia, hay profundas diferencias en todos los órdenes y naturalmente el tratamiento normativo no puede ser igual.

Por ello la distinción correspondiente es necesaria para evitar una aplicación indiscriminada de lo preceptuado en el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo que podría conducir a decisiones patronales inequitativas y contrarias al espíritu sancionatorio de la norma que obviamente puede orientarse en contra de la conducta que merece tal efecto punitivo. Por tanto, la “...libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado...”, en la suspensión de labores no puede tomarse literalmente sino referida a quienes hubieren tenido parte activa en ella.

Pero naturalmente la determinación del grado de participación no es sencilla y no puede dejarse exclusivamente al arbitrio del patrono.

Claro que el patrono puede proceder a despedir quienes considere implicados y éstos tendrán la acción judicial para demostrar lo contrario y obtener el resarcimiento consecuente con el despido injusto del cual han sido objeto, pero en tal momento ya se ha consolidado el perjuicio que preferiblemente debe de evitarse.

Por ello la intervención del Ministerio del Trabajo para calificar el grado de participación y según el mismo determinar quienes pueden ser despedidos por estar incursos dentro de lo previsto en el numeral 2º del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, es de gran importancia, pues ello supone la autorización específica para cada despido sin riesgo de generación de situaciones injustas y sin necesidad de poner en marcha los mecanismos judiciales para resolver la controversia que de allí pueda surgir.

De lo expresado se derivan estas consecuencias:

1. En presencia del factor de participación en el cese de actividades resulta necesario determinar la clase, origen o naturaleza de ella para resolver si el implicado merece o no la aplicación del despido autorizado en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si no ha tenido una participación activa no hay lugar a aplicarle la medida.

2. Si a pesar de ello habiendo permanecido pasivo, el empleador procede al despido del trabajador, éste se tendrá por injusto y a través de la vía judicial podrá obtener el resarcimiento pertinente.

3. Para la definición del grado de participación, se ha previsto normativamente la intervención del Ministerio del Trabajo[,] quien procederá a calificar los trabajadores susceptibles de ser despedidos, y es frente a ellos que debe entenderse referida la libertad de despido establecida en el artículo que se viene analizando.

Es decir, el despido de los empleados incluidos en la lista autorizada por el Ministerio se entiende amparado por la ley y en consecuencia no genera indemnización de ninguna especie.

4. La persistencia representa una situación diferente en la cual se presenta una inasistencia injustificada y ella por sí misma, sin importar su origen o duración, se encuadra dentro de la autorización de despido. Ello significa que no requiere de calificación previa por el Ministerio del Trabajo.

5. Por tanto los despidos autorizados por el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral segundo corresponden a los de los trabajadores que han tenido una participación activa en el cese de actividades o que han persistido en el mismo aunque hubieran tenido una participación simplemente pasiva...” (Gaceta Judicial, Tomo CLXXXVI, Vol. II. Págs. 1647 a 1649 —se subraya para destacar—).

Basta entonces confrontar la interpretación que la Corte hizo en la sentencia acabada de transcribir, y que como criterio jurisprudencial aquí se reitera, con el entendimiento, a todas luces equivocado, que hizo el Tribunal de Medellín, quien, como fallador de alzada, consideró que no hubo “persistencia” de los trabajadores respecto de los que confirmó la decisión de su inferior de reintegrarlos al empleo, por la circunstancia de que ellos aunque efectivamente se presentaron a la empresa el 6 de junio de 1993, habiéndose declarado la ilegalidad de la huelga por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la Resolución 414 del 18 de febrero de ese año, durante ese tiempo, y antes de la declaración de ilegalidad del paro, desplegaron una actividad orientada a “salvar la empresa” y “terminar con el paro presentando serias propuestas”, con lo cual interpretó que aunque en verdad los demandantes no regresaron a trabajar, no persistieron en el cese ilegal de actividades por no haber sido activa su participación en el paro.

Significa lo anterior que para el juez de apelación también debe estudiarse si el trabajador que no regresa a sus actividades o no acata la orden de reiniciación de los trabajos, ha tenido la intención de perseverar en el paro ilegal o, por el contrario, su propósito y su actuación ha estado orientada a lograr el levantamiento del cese de labores, cuando la jurisprudencia de la Corte interpretó el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, en un sentido diametralmente opuesto, al considerar que “la persistencia representa una situación diferente en la cual se presenta una inasistencia injustificada y ella por sí misma, sin importar su origen o duración, se encuadra dentro de la autorización de despido”, porque “la persistencia no admite distinción sobre el grado de activismo del trabajador implicado en ella”, y, por esta razón, los despidos autorizados en dicha norma legal “corresponden a los de los trabajadores que han tenido una participación activa en el cese de actividades o que han persistido en el mismo aunque hubieran tenido una participación simplemente pasiva”.

No puede pasarse por alto que cuando se hizo la interpretación tomando en consideración el texto en vigor del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, igualmente se tuvo en cuenta que el Decreto 2164 de 1959 reglamentó dicha disposición junto con el artículo 451 del mismo código, reglamentación cuya finalidad fue precisamente evitar que los patronos por su aplicación inadecuada abusaran de la libertad de despedir a quienes habían intervenido o participado en el paro de trabajo declarado ilegal; diferenciándose por ello en dicho decreto entre la situación de aquellos trabajadores que hasta el momento de producirse la declaración de ilegalidad se limitaron a la cesación pacífica del trabajo determinada por las circunstancias creadas por las condiciones mismas del paro, y que pudieron haber sido ajenas a su personal voluntad, de la de quienes, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, “persistieren en el paro por cualquier causa”, tal como textualmente lo dice el artículo 1º del Decreto 2164 de 1959.

Conviene tener presente que la jurisprudencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo tiene sentado como criterio que entre la ley y el decreto que lo reglamenta se conforma una unidad normativa, por lo que el intérprete debe tomar en consideración los desarrollos reglamentarios del precepto legal que se dictan precisamente para lograr la cumplida ejecución de la ley reglamentada, y dada la presunción de legalidad que ampara los decretos que al efecto dicta el ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria, salvo los casos de manifiesta contrariedad con la Constitución Política y las leyes, en los que resulta procedente acudir a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, la fuerza obligatoria que tiene el artículo 1º del Decreto 2164 de 1959 corrobora la interpretación que la Corte hizo en la sentencia de 31 de octubre de 1986 cuando concluyó que “la persistencia no admite distinción sobre el grado de activismo del trabajador implicado en ella”.

No huelga anotar que la interpretación efectuada por la Corte en la sentencia de 31 de octubre de 1986 respecto del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo —cuyo texto en lo atinente a la autorización para despedir a los trabajadores no modificó esencialmente la reforma legislativa de 1990—, armoniza con lo establecido en el artículo 61 ibídem, subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990, el cual expresamente dispone que el contrato de trabajo termina “por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato”; y como una de las específicas causas de suspensión del contrato lo constituye la huelga declarada en la forma prevenida por la ley, resultaría ilógica la interpretación que privilegiara la situación del trabajador que persiste en un paro de trabajo declarado ilegal al brindarle una protección superior a la que la ley concede a aquellos trabajadores que han participado en una huelga legal y que levantada ella no regresan a su empleo. Es por esto que la Corte fue categórica al asentar que la persistencia en un paro laboral declarado ilegal representa una situación diferente, en la cual se presenta una inasistencia injustificada que por sí misma se encuadra dentro de la autorización de despido consagrada en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, sin importar su origen y duración, y sin que sea dable distinguir, como equivocadamente lo hizo el Tribunal de Medellín, sobre el grado de activismo del trabajador que persiste en una suspensión o paro colectivo de trabajo que ya el Ministerio de Trabajo ha declarado administrativamente como ilegal.

Igualmente es pertinente recordar que por expresa disposición del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo la providencia que declara la ilegalidad de la suspensión o paro colectivo del trabajo “deberá cumplirse inmediatamente”, en la medida en que contra ella no caben recursos por la vía administrativa y únicamente proceden las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado.

Ninguna duda hay entonces de que el tribunal al proferir su fallo violó la ley, al interpretar erróneamente el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, al igual que las restantes normas indicadas en la proposición jurídica en cuanto ellas se refieren al tema de la autorización para despedir a los trabajadores que participan en un paro de trabajo o persisten en él, una vez declarada la ilegalidad del cese de actividades por la autoridad administrativa competente.

Habrá entonces de cesarse el fallo recurrido».

(Sentencia de casación, marzo 9 de 1998. Expediente 10.354. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Disentimos de la decisión adoptada por la Sala en este caso, con arreglo a las razones que siguen:

I. En términos diáfanos del artículo 450-2 del Código Sustantivo del Trabajo, “...declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el patrono queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él...”. No se remite a duda, entonces, que este precepto erige en justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, el hecho de que el trabajador haya intervenido o participado en un cese de actividades declarado ilegal.

La justa causa supone: a) la ocurrencia de un cese de actividades de los trabajadores de una empresa o establecimiento, b) la declaratoria administrativa de ilegalidad y c) la intervención o participación del trabajador en el cese.

En lo que hace al último supuesto puede advertirse fácilmente que la norma no distingue el grado mayor o menor de intervención o participación del trabajador, de forma que la conducta constitutiva de justa causa es sencillamente intervenir o participar en el cese.

En la acepción pertinente al caso, intervención y participación deben entenderse como términos sinónimos, con el significado de “tomar parte en un asunto” o “tener uno parte en una cosa” (Diccionario de la lengua Española). Es claro por lo tanto, que la justa causa bajo examen supone que el trabajador comparta el cese ilegal y consienta en él.

Ahora bien, la cesación de actividades implícita en la huelga normalmente hace que todos los trabajadores de una determinada empresa dejen de laborar, pero es innegable que no pocas veces algunos de ellos aunque discrepen del paro se ven impedidos de prestar sus servicios dadas las circunstancias del conflicto o por otros motivos ajenos al mismo.

Es obvio de consiguiente que el hecho de parar durante el cese si bien puede ser indicadora de la participación en el mismo, en modo alguno excluye que el empleado pueda acreditar por cualquier medio valido que en realidad se hallaba impedido de laborar por circunstancias ajenas a su voluntad.

II. El Decreto Reglamentario 2164 de 1959 impone al Ministerio del Trabajo que una vez declare la ilegalidad de un paro, intervenga de inmediato para evitar que el patrono despida “...a aquellos trabajadores que hasta ese momento hayan hecho cesación pacífica del trabajo pero determinada por circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro...”.

Sin embargo, la norma reglamentaria señala después “...que el patrono quedará en libertad de despedir a todos los trabajadores que, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, persistieren en el paro por cualquier causa...”.

La primera parte del precepto establece una protección especial para los trabajadores que no participan en el paro ni intervienen en él, sino que no pueden asistir a su trabajo porque se los impide las circunstancias mismas del conflicto. Es claro que ellos no están incursos en justa causa de ahí que si el empleador los despide ha de asumir las pertinentes consecuencias del despido injusto y adicionalmente el Ministerio del Trabajo tiene la misión de identificarlos y como autoridad de policía advertir al patrono que no incurrieron en justa causa de despido por inasistir, a fin de que no los desvincule con base en este hecho.

La segunda parte de la disposición reitera el texto de la norma reglamentada a propósito de los trabajadores que persistan en el paro por cualquier causa, en el sentido de que el patrono quedará en libertad de despedirlos. Retomando el significado de las palabras se tiene que persistir significa “...mantenerse firme y constante en una cosa...” (Diccionario de la lengua Española), de modo que no admite duda que la disposición se refiere a aquellos trabajadores que se mantienen firmes y constantes en su participación e intervención en la huelga y el elemento intencional se hace todavía más notorio.

La persistencia, entonces, en modo alguno debe identificarse con la simple inasistencia al trabajo pues es posible que aquellos empleados que no comparten y consienten la huelga continúen impedidos en la posibilidad de laborar, por las circunstancias mismas del cese o por otras razones diversas.

III. El criterio plasmado en el fallo del 31 de octubre de 1986, que ahora ratifica la mayoría de la Sala, se aparta en algunos aspectos de los preceptos que interpreta, tanto de la norma legal cuanto de la reglamentaria. En primer lugar introduce una serie de distinciones que los textos no hacen, como la de restringir, constriñendo además la riqueza de circunstancias que ofrece la vida real, a tres situaciones las que pueden colocarse los trabajadores involucrados o afectados por un cese de actividades.

Además convierte en ambiguo un concepto claro, cual es de la persistencia en el cese de actividades, hasta el punto de que condujo a la mayoría a presumir, al parecer en términos iuris et de iure dada la forma como se decidió el caso de los autos, que los empleados que por cualquier causa no trabajen efectivamente luego de la declaratoria de ilegalidad, son persistentes en la huelga. En otros términos se introduce una responsabilidad puramente objetiva del trabajador, una especie de presunción inexpugnable de culpabilidad, que afecta incluso su derecho humano a probar su inocencia y buena fe, en materia tan vital para él como la de perder el sustento sin derecho a percibir siquiera mínimo resarcimiento».

Francisco Escobar Henríquez—Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde.

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