Sentencia de homologación 10381 de octubre 9 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

COEXISTENCIA DE SINDICATOS

REPRESENTACIÓN PARA EFECTOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

EXTRACTOS: «Tales reparos conducen a examinar si el sindicato Sintraemsdes tiene legitimación para la representación de los trabajadores en el conflicto colectivo surgido con la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., lo cual es posible previo el estudio sistemático de las bases constitucionales y legales del derecho de negociación colectiva y de la representatividad sindical:

1. Dentro de la estructura política colombiana del Estado social de derecho preconizado por la actual Constitución es postulado esencial el respeto a los principios democráticos, no sólo porque así se enmarca en el mismo preámbulo de la Carta Fundamental, sino porque encuentra su consagración expresa desde el primer canon de la misma y se proyecta a través de todo el ordenamiento superior. Y específicamente en lo atinente a los sindicatos, ese pilar halla expresión explícita en el texto 39 ibídem.

A su turno, tanto la Constitución como la Ley y los tratados públicos ratificados por Colombia garantizan el derecho de asociación sindical, con excepción de los miembros de la fuerza pública. Ese derecho permite no sólo constituir, previo cumplimiento de los requisitos legales mínimos, toda clase de agremiaciones profesionales definidas por el legislador, sino también el derecho de afiliarse a cualquiera de las existentes en la empresa.

El derecho de negociación colectiva está igualmente garantizado por el constituyente (art. 55), “con las excepciones que señale la ley”. Por manera que encuadra dentro de ese desarrollo superior el que el legislador determine aspectos como la representatividad sindical para los efectos de la contratación colectiva, las convenciones que pueden existir en una empresa y su ámbito de aplicación.

Como consecuencia del dicho marco normativo supralegal y de los convenios internacionales del trabajo es natural que sin perjuicio de la libertad de asociación se procure la unidad sindical y la negociación colectiva uniforme en la empresa, para que tenga verdadera significación social. Se opone a lo anterior la atomización sindical en los acuerdos colectivos y la pluralidad de convenciones de trabajo.

2. Naturalmente, según la ley, en cada empresa pueden subsistir varios sindicatos siempre que dos de ellos no sean de empresa y cada una de esas asociaciones profesionales en principio puede asesorar a sus asociados en la defensa de sus derechos; representarlos en sus reclamaciones individuales ante empresarios, autoridades administrativas o terceros, y representar en juicio o ante cualquiera autoridades y organismos los intereses económicos comunes o generales de sus afiliados o de la profesión respectiva y representar esos mismos intereses ante los empleadores y terceros en caso de conflictos colectivos de trabajo que no hayan podido resolverse por arreglo directo.

Pero ocurre que si bien hipotéticamente en materia colectiva todo sindicato le asiste la potestad de representar los intereses de los agremiados, en el evento de coexistencia de dos o más sindicatos, en los casos en que no se prohíbe tal paralelismo (artículos 357 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 26 del decreto 2351 de 1965, y 11 del decreto reglamentario 1373 de 1966), para los efectos de la contratación colectiva no todos ellos están revestidos de tal poder, sino que en obedecimiento de los principios democráticos ya explicados y a la necesidad de que esa negociación en vez de estar diseminada en grupúsculos sin connotación social, adquiera la fuerza y en lo posible la unidad que permita más fácilmente el logro de los elevados objetivos legales y sociales, se entrega a las mayorías sindicales la representatividad colectiva. Quiere significar lo anterior que en la legislación colombiana en principio, con arreglo al artículo 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, sólo el sindicato que agrupe la mitad más uno del personal de la empresa respectiva, es el titular de la negociación, calidad que lo faculta para promover el conflicto mediante la presentación del pliego, intentar su solución mediante el diálogo con su interlocutor laboral y celebrar con él el acuerdo colectivo extensible en principio a todos los trabajadores.

Así surge en primer término del numeral 2º del mencionado artículo 26 del D.L. 2351 de 1965, que estatuye:

“Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa”.

Y lo corrobora el numeral 2º del artículo 11 del D.R. 1373 de 1966, que preceptúa:

“Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con sindicatos gremiales o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mitad más uno de los trabajadores de dicha empresa...”

3. Y esa concentración del poder representativo sólo admite como excepción el evento de coexistencia de un sindicato gremial que agrupe como asociados al 75% o más de una misma profesión oficio y especialidad, caso en el cual tiene autonomía para discutir los puntos de interés de la respectiva profesión y para celebrar acuerdos colectivos con el empresario que se incorporen a la convención colectiva de trabajo principal suscrita por el sindicato mayoritario. Así se encuentra claramente previsto por el numeral 5º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, que consagra:

“No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, cuando el setenta y cinco (75%) o más de los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad al servicio de una empresa estén afiliados a un solo sindicato gremial, el pliego de peticiones que éste le presente deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la respectiva convención colectiva de trabajo”.

4. Además de todo lo dicho que sería suficiente para concluir la titularidad privativa en el asunto bajo examen del sindicato mayoritario para “todos” los efectos de la contratación colectiva, debe agregarse que esa situación de razonable privilegio en estas materias a favor de determinado sindicato no apareció en el ordenamiento laboral colombiano desde el Decreto 2351 de 1965, pues desde antes el legislador —artículo 357 C.S.T.— había otorgado esa “preferencia” al sindicato de “base” —hoy conocido como de empresa— en el sentido de que era tal clase de asociación profesional la que detentaba el poder de dirigir la negociación colectiva en la empresa y suscribir una convención única independientemente del número de agremiados de los sindicatos de otra clase coexistentes con él.

Pero aún más. El principio de la convención empresarial única que se desprende de lo atrás visto proviene desde la misma génesis el estatuto del trabajo, pues en el año de 1951 cuando empezó a regir el código de la especialidad, el decreto 904 corrobora tal aserto al disponer que “No puede existir más de una convención colectiva de trabajo en cada empresa...”. Y aun cuando a renglón seguido admite la posibilidad de que “de hecho” hubiesen sido suscritas otras, otorga prevalencia a la que primero se hubiere celebrado, obligando a las ulteriores, salvo disposición en contrario, a incorporarse a la primera. Es lógico que este precepto debe acompasarse con las disposiciones legales que posteriormente regularon el tema de la representatividad sindical; y así surge que, independientemente de la fecha de su celebración, si existe una convención colectiva de trabajo celebrada entre el empresario y un sindicato que agrupe a más de la mitad del personal de la empresa ésta tiene el carácter de convención única, lo que impide que los sindicatos minoritarios —salvo la excepción del gremial con más del 75% de afiliados al oficio o especialidad— intenten que su conflicto colectivo sea dirimido por un tribunal de arbitramento.

5. Finalmente, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965, se extiende a todo el personal de la empresa la convención colectiva celebrada con un sindicato que agrupe a más de la tercera parte del total de trabajadores de la misma. Y si el objeto de los convenios colectivos es el de fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, es obvio que dichos contratos no pueden ser gobernados simultáneamente por dos o más acuerdos colectivos eventualmente contradictorios, porque por dicho mandato legal expreso —salvo la excepción anotada— el que tiene la virtualidad de incorporarse en tales contratos y regir las relaciones laborales durante su vigencia, es el celebrado con el sindicato mayoritario que esteriliza la posibilidad de la vigencia simultánea de un laudo arbitral promovido por el minoritario.

El recuento normativo que antecede permite concluir que el Tribunal de arbitramento al proferir el laudo arbitral y la Corte al cumplir específicamente la función de verificar su regularidad, puede constatar si hay sindicato mayoritario en la empresa, esto es si alguno lleva la representatividad para todos los efectos de la negociación colectiva, con mayor razón si este punto ha sido materia de conflictividad entre las partes, por lo que constituye deber de los arbitradores como presupuesto de validez y legalidad de su decisión, pronunciarse previamente al respecto, que fue precisamente lo que hizo en el sub lite el tribunal.

Ahora, observa la Sala que fue correcto el análisis consignado en el fallo arbitral respecto de la ilegitimidad de Sintraemsdes para representar a los trabajadores en el conflicto planteado, por cuanto en la inspección judicial llevada a término en sesión del 19 de agosto de 1997 —prueba legalmente decretada y con soporte en la facultad prevista en el artículo 457 del Código Sustantivo del Trabajo—, se constató: a) Que Sintraemsdes cuenta con 8 afiliados; b) Que el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. —Sintraacuacar— tiene 155 afiliados; c) Que el número de trabajadores de la empresa corresponde a 255; d) Que de los 100 trabajadores no afiliados a ningún sindicato 29 son de salario integral. Esta prueba evidencia que efectivamente Sintraemsdes de acuerdo a los preceptos Iegales ya transcritos, no tiene vocación legal de representar los intereses de la comunidad laboral para los efectos de la negociación colectiva, porque no agrupa más de la mitad más uno de los trabajadores de la empresa y tampoco está probado que los 8 afiliados al sindicato de rama actividad económica conformen uno gremial y correspondan al 75% de la misma profesión, oficio o especialidad al servicio de la misma.

(Sentencia de homologación, octubre 9 de 1997. Radicación 10.381. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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