Sentencia 10397 de abril 16 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

REBAJA DE PENA POR CONFESIÓN

LA FLAGRANCIA NO SIEMPRE DESCARTA LA CONFESIÓN

EXTRACTOS: «Desde la sentencia del 1º de diciembre de 1987, la Corte ha dicho que involucrar la captura dentro del concepto de flagrancia es confundir la causa con el efecto, “ya que cuando el hecho se realiza en flagrancia es posible la captura de facto del partícipe por cualquier persona sin que sea preciso orden de autoridad competente con el lleno de los requisitos legales, de donde se desprende que no es lógico atar la captura que es una consecuencia de la flagrancia a la flagrancia misma”. Sobre todo, se agrega, porque la sistemática misma del Procedimiento Penal permite la distinción entre la flagrancia como evidencia procesal y la captura en flagrancia como su consecuencia, según lo disponían los artículos 301, 393, 394 y 474 del estatuto procesal expedido en el año de 1987, y lo reiteran ahora los artículos 299, 370 y 371 del ordenamiento vigente sobre la materia.

En el mismo fallo invocado, en relación con el concepto de sorprendimiento, se dijo lo siguiente:

“Otros pretenden que sólo existe flagrancia cuando la conducta del delincuente se ubica dentro de un comportamiento sinuoso, escondido, que al ser visto o descubierto genera para él un estado de sorpresa; apoyan su tesis quienes esto sostienen, en la misma expresión legal que habla de que la persona es sorprendida en el momento de cometer el hecho punible, o es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas del mismo.

De este criterio se disiente por cuanto subjetiviza la noción de flagrancia haciéndola depender más del ánimo y de la particular forma de actuar del autor del hecho, que de la realidad objetiva y además porque restringe innecesariamente la aplicación procesal del fenómeno. Así, si nos estuviésemos a tal criterio, el homicidio cometido en un establecimiento público y ante la mirada atónita de varias personas, no sería este un hecho punible cometido en flagrancia, porque el autor no pretendía ocultar el hecho y su actuación desembozada impide el surgimiento de la idea de ser sorprendido. Pero además, la prueba incontrastable de que éste es como sostenemos nosotros un ejemplo clásico de flagrancia, radica en la hipótesis de que si cualquiera de los allí presentes capturare al autor y lo condujere ante la autoridad competente, tal comportamiento según la tesis que niega la flagrancia del hecho sería ilegal, pues para lograrla se requeriría de orden judicial conforme a los requisitos legales, lo cual sería totalmente ilógico en el caso planteado”.

Por ello, a partir del fallo mencionado, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Rodolfo Mantilla Jácome, y en un curso doctrinario que pasa por la sentencia del 9 de septiembre de 1993 (Édgar Saavedra Rojas y Juan Manuel Torres Fresneda) y ha llegado hasta la del 19 de agosto de 1997 (Jorge Enrique Córdoba Poveda), la Sala por mayoría ha sostenido que la configuración jurídica de la flagrancia exige dos requisitos: “uno de carácter objetivo-temporal que es la actualidad, esto es, que una o varias personas, entre las que puede estar la víctima, se encuentren presentes en el momento de la comisión del reato o instantes después y se percaten de él; y otro de naturaleza personal que consiste en la identificación o, por lo menos, la individualización del autor o partícipe”.

Como no se requiere la captura para caracterizar la flagrancia y tampoco el fenómeno procesal está matizado por una actuación a hurtadillas del realizador del hecho delictivo, resulta infructuoso pretender desfigurar la negación de la redención de pena sólo por el resalto de dichas ausencias.

Ahora bien, en cuanto concierne a la trascendencia de la confesión, que no obstante la flagrancia quiere reivindicar el demandante, la Corte reitera que la relación entre flagrancia y confesión, elaborada no en el sentido negativo que la trae el texto del artículo 299, sino el sentido positivo que implica la finalidad del mismo texto, consiste en que la primera debe ser tan autosuficiente que diluya el valor de la segunda.

El artículo 299 parece situar en un plano de repulsa la flagrancia y la confesión, tal vez porque comprobada la primera entonces resultaría inútil la segunda. Como las dos expresiones procesales facilitarían enormemente la tarea probatoria, no sería justo premiar el oportunismo del procesado que, encerrado por la evidencia, se decide a confesar así sea en su primera versión, con el fin de que el pretexto le sirva para una rebaja de pena.

Sin embargo, más allá de la justificación formal de la norma, es necesario avanzar en el campo de aplicación de ambas figuras procesales (justificación material), en relación con cada caso concreto, para ver de comprobar si pervive o desaparece el rechazo mutuo. Por tanto, ante la realidad de la concurrencia de flagrancia y confesión, la negación de la diminuente de pena del artículo 299 sólo estaría justificada cuando son fundamentalmente coincidentes los ámbitos de demostración de ambos elementos de prueba; es decir, cuando la primera absorbe enteramente a la segunda, o por lo menos la contiene en los aspectos que fundamentan la responsabilidad. Pero si la confesión se yergue sobre la flagrancia, con el fin de aportar datos que la naturaleza y potencia probatoria de ésta no alcanza, y que en todo caso son determinantes para un juicio de responsabilidad, no habría ninguna oposición entre los dos elementos de convicción tanto desde el punto de vista de lo cognitivo como de lo valorativo.

Esta interpretación ya ha sido sugerida por la Sala en las siguientes decisiones:

En casación del 18 de mayo de 1990, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Velásquez, se expresó:

“Pero cabe agregar que, aun dentro de un sistema en el cual se considere como situaciones repelentes la flagrancia y la confesión, es dable atemperar el rigor de esta tesis, señalando que el gravamen de la flagrancia sólo debe alcanzar lo que ella misma cubre, esto es, lo que ella establece por sí, porque todo aquello que a la misma escapa y se demuestra mediante la confesión debe atraer los beneficios de atenuación previstos por la ley. En este orden de ideas si a Juan y a Pedro se les sorprende en la comisión de un delito y la norma aplicable a los fines de la comentada diminuente hace inconciliables confesión y flagrancia, obviamente que esta restricción opera en cuanto a los aspectos comunes para la confesión y la flagrancia, pero no a aquellas informaciones que esclarezcan lo que esta última no ha logrado revelar, o a lo que la primera aporte como valioso medio para la ejecución de capturas, o a la determinación de otros partícipes que no pudieron o no podían ser sorprendidos en la ejecución del delito. Estos eventos, así se rocen con la flagrancia, no están excluidos del analizado beneficio.

No está por demás anotar que, dándose un fenómeno de flagrancia, el juzgador, a los fines de conceder una diminuente de pena, debe ser más exigente que en aquellos casos en los cuales no media esta circunstancia. Esto resulta lógico porque en el primer evento se cuenta con elementos adecuados de conocimiento que deben ser superados en importancia, precisión y claridad por el confesante, al paso que en el segundo es dable atribuir más generosamente consecuencias efectivas a precarias o relativas manifestaciones del procesado que por la escasez de medios de prueba, orientan y permiten el éxito de la investigación o revelan la personalidad del delincuente...”.

En fallo del 29 de septiembre de 1993, cuya ponencia correspondió al magistrado Guillermo Duque Ruiz, se dijo:

“A lo anterior, suficiente de por sí para rechazar el cargo, agréguese que para la Sala sigue siendo indispensable que la confesión sea fundamento de la condena, así el nuevo texto legal (art. 299) no lo mencione expresamente, porque sólo de esta manera es entendible y justa la rebaja de pena que en él se consagra. Interpretarlo de otra forma, sería otorgar un beneficio gratuito, sólo porque se confesó cuando ello no era necesario, pues obraban otras pruebas, distintas de la confesión, que permitían afirmar, sin dudas, la responsabilidad del procesado.

“Por esta misma razón, inutilidad de la confesión, el legislador pone como exigencia para el otorgamiento de la rebaja de pena, que no se trate de “casos de flagrancia”, porque precisamente en estos eventos, ante el conocimiento que del hecho y de su autor tienen las personas que lo han presenciado, la confesión es de casi ninguna utilidad para la investigación, porque de antemano el instructor ya conoce lo que a través de éste se le ha comunicado...

Mas a lo anterior estima la Sala que debe hacérsele una consideración adicional: si el juez para proferir su condena, no podía de ninguna manera prescindir por completo de la confesión, no es posible negar que ésta sirvió de fundamento a la sentencia y que por tanto fue de decisiva utilidad para la justicia, que sin ella no habría podido condenarlo...” (se ha subrayado).

En otro tanto de decisiones se ha descartado la rebaja de pena por confesión en caso de flagrancia, aupado el criterio por la justificación de que en tales circunstancias aquélla sería “perfectamente intrascendente” o “resulta ineficaz” o “no constituye ningún aporte a la agilidad de la investigación”.

En este caso concreto se está ante dicha realidad. Para la mayoría de la Sala los elementos de juicio con que habría de contar el proceso, aun suprimiendo hipotéticamente la confesión del acusado, eran contundentes frente al hecho, sus circunstancias y la forma de culpabilidad —dolosa— que se dedujo en su contra. Ningún camino allanaba, entonces, la aceptación que de la autoría de los hechos hizo Molina Hernández, la misma que, dígase de paso, tampoco apareció tan clara, transparente o categórica, como para pensar que éste fue un evento de aquellos en que sus propias manifestaciones iban más allá de lo que la flagrancia cubría, como se destaca en el antecedente jurisprudencial de mayo de 1990.

En efecto, el hecho delictivo no solamente se perpetró de manera tal que la propia víctima estuvo en condiciones de identificar al autor y revelar las intenciones de acabar con su vida, sino que además, los más inmediatos momentos fueron advertidos por personas que habitan en el mismo lugar.

La aceptación de los hechos por parte de Molina Hernández resultaba inane frente a la contundente condición de flagrancia en que fue sorprendido y que, por tanto, su situación no es en manera alguna de corte parecido a aquellas a las cuales se ha referido la jurisprudencia de la Sala como habilitantes del reconocimiento del beneficio de la confesión en caso de flagrancia».

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

EXTRACTOS: «Como uno de los aspectos que resuelve la providencia es el relacionado con la rebaja de pena por confesión, me veo precisado a salvar parcialmente el voto, pues como lo he manifestado en otras oportunidades, no comparto el concepto de flagrancia que adopta la mayoría, y en esas condiciones estimo que ha debido concederse la rebaja pedida.

En cuanto a las razones para separarme del entendimiento que se le da a la flagrancia, me remito a lo ya expresado en salvamentos anteriores(*).

(*) Véase J. y D., Nº 310, pág. 1414 (N. del D.).

(...)

Es cierto que la investigación recaudó abundante material probatorio, pero también lo es que ello ocurrió después de la confesión del implicado, de manera que por eso tampoco comparto el criterio del fallo en el sentido de que la aceptación de la responsabilidad fue intrascendente e ineficaz.

Entender el artículo 299 de esa manera es introducir un mecanismo para cambiarle sobre la marcha las reglas de juego al procesado, pues si él confiesa desde su primera versión, y ella sirve de base al fallo, la rebaja de pena no se puede condicionar a que la investigación no haya logrado obtener más pruebas, pues independientemente de eso, se debe conceder la contraprestación ofrecida.

Dicho de otra manera, la promesa legal de rebaja de pena no se puede convertir en un “anzuelo” que se usa para invitar al acriminado a confesar, y cuando lo hace, si la investigación recauda otras pruebas (muchas veces gracias a los datos aportados por el procesado), se le niega diciéndole, como en el caso que nos ocupa, que un motivo más para no conceder la rebaja es que aun suprimiendo hipotéticamente la confesión, los elementos de juicio en su contra eran contundentes.

En esas condiciones, así se den todos los requisitos, para un abogado es un riesgo muy difícil de asumir aconsejarle a su cliente que confiese la responsabilidad a cambio de una importante rebaja de pena, pues no obstante que eso es lo que la ley le ofrece al delincuente a cambio, la jurisprudencia ha encontrado razones para volver la rebaja un hecho incierto, en donde si el sentenciador encuentra que hay otras pruebas que le permiten dejar de lado la confesión, así sean posteriores a ella, le niega el beneficio.

Es indudable que el propósito político criminal de invitar a los sindicados a confesar sus delitos a cambio de una disminución de pena, como mecanismo para hacer más ágil y eficaz la administración de justicia, se frustra completamente cuando deja de ser una figura jurídica clara y confiable».

Ricardo Calvete Rangel.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

EXTRACTOS: «No deja de ser paradójico que el ponente en este asunto resulte al tiempo salvando su voto; empero, como bien se sabe, mi disentimiento es sólo en el aspecto muy puntual de no haber accedido la mayoría de la Sala a la reducción de pena por la confesión del sentenciado Molina Hernández, como lo proponía el único fragmento no acogido de la ponencia, luego de aceptar el marco teórico donde se reiteraba en forma abstracta pero bien explícita que dicho diminuente de la sanción y el fenómeno de la flagrancia eran compatibles en algunos casos —como el que se resolvía en casación, según mi criterio, y de ahí la razón para haber desarrollado el tema en la ponencia— no empece la aparente antinomia que al respecto plantea el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal. Lastimosamente el esfuerzo por dar operancia a este importante planteamiento teórico de la Sala fue inane, quedando como un tema apenas propio de la retórica, expuesto a la logomaquia jurídica y en el mejor de los casos a la etérea cuando no estéril discusión académica.

(...)

No entiendo cómo para minimizar el valor de la confesión la mayoría de la Sala encuentra a fuer de válido muy ilustrativo suprimir “hipotéticamente” el medio de prueba, cuando de otro lado si lo que se busca es destacar su eficacia imaginando lo que probatoriamente habría ocurrido, no con la supresión como lo hace el texto del cual me aparto sino con el agregado de una cualificación como argumentaba la ponencia que en este acápite fue derrotada, el mismo ejercicio intelectual resulta inadmisible, pues no se pueden compartir “las apreciaciones que, ensayando hipótesis que nunca sucedieron, buscan enaltecer y consolidar el valor de la pretendida confesión de Molina Hernández” (el resalto es mío); como si la hipótesis de la inexistencia de la confesión sí hubiese sucedido.

Son éstas las razones por las cuales sigo convencido de que el cuarto cargo de la demanda debió prosperar y en consecuencia reconocer al convicto la reducción de pena por confesión».

Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(...)

SENTENCIA ANTICIPADA

OPORTUNIDAD PARA SOLICITARLA

EXTRACTOS:«2.1. Oportunidad para solicitar la sentencia anticipada. De acuerdo con el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, tanto en su redacción original como en la que posteriormente le dispensaron las leyes 81 de 1993 y 365 de 1997, la primera oportunidad comprende el tramo desde la ejecutoria de la resolución que defina la situación jurídica “y hasta antes de que se cierre la investigación”.

Esta última expresión lingüística ha producido incertidumbre en su interpretación y se han debatido dos tesis en torno a la preclusión de esa primera oportunidad de sentencia anticipada. Una explicación propugna por el entendido de que basta el proferimiento de la resolución de cierre de investigación, mientras que el otro planeamiento entiende que el tiempo para pedir va hasta la ejecutoria del correspondiente proveído.

En decisión de tutela del 23 de enero de 1997, adoptada concretamente para negar el amparo pedido por presunta violación al debido proceso, la sala optó en su motivación por la primera postura indicada, aunque la ratio decidendi de la negación se puso en la decantada regla de que dicho mecanismo constitucional no podía utilizarse para hacer prevalecer uno u otro criterio de interpretación de la ley en el desempeño de los funcionarios judiciales. Mas ahora, en sede de casación y acorde con el señalado fin legal de la unificación jurisprudencial, la corte recoge ese primer criterio en favor del segundo, y fundamenta el cambio en las siguiente premisas:

De verdad que la emisión lingüística no es afortunada, pues gramaticalmente el renunciado “antes de que se cierre la investigación” puede entenderse como un momento precedente la declaración de clausura, que jurídicamente se hace por medio de una resolución de sustanciación notificable, o un momento antecedente a la consumación del hecho jurídico del cierre de instrucción. Esta ambigüedad subsistirá textualmente, porque la enunciación legislativa no se refirió, por ejemplo, al “hasta antes de que se dicte la resolución de cierre de investigación” o al “hasta la ejecutoria de la resolución de cierre de investigación”.

De modo que, si no es seguro el argumento de la racionalidad lingüística, será necesario producir razones adicionales, y así:

De acuerdo con el artículo 30 del Código Civil, “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. Esta técnica de interpretación se conoce en la teoría de la argumentación jurídica como racionalidad jurídico-formal o sistemática, en el sentido de que el entendimiento de la norma interpretada debe respetar los criterios de forma y contenido del ordenamiento jurídico, pues sólo de esta manera se integra armónicamente en el mismo. Además dicho requerimiento de sistematicidad se vuelve más imperativo frente al texto del artículo 28 del Código Civil, según el cual, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, pero, si el legislador las ha definido expresamente para ciertas materias, ha de estarse a su significado legal.

De la norma y el método de interpretación antes expuestos, se infiere que una exigencia fundamental de la interpretación jurídica, como paso previo a su aplicación, es la de la preservación de la unidad o carácter sistemático del ordenamiento jurídico. Por ello, la expresión “antes de que se cierre la investigación”, no puede entenderse como escuetamente la dispone el artículo 37 del CPP, sino que es necesario precisarla conforme con las definiciones y matizaciones que de la figura se hacen bien sólo dentro de la ley de procedimiento penal otra dentro del resto de reglas y principios del ordenamiento jurídico, y en especial, de las normas constitucionales.

Así entonces, para precisar el “antes”, como momento que precede ese algo que se discute, previamente debe saberse cuándo se entiende jurídicamente “cerrada la investigación”, no desde una perspectiva imaginada solamente a la luz del artículo 37 del CPP, que no define el asunto y apenas lo tiene como punto de referencia para situar un plazo legal, sino desde la óptica más clara y directa de las siguientes normas:

según lo dice el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, el cierre de la investigación jurídicamente se produce por medio de una providencia de sustanciación notificable personalmente, en contra de la cual sólo cabe el recurso de reposición, y que simplemente hace tal declaración y ordena que el expediente pase a despacho para calificar, previo traslado por ocho (8) días a las partes para que presenten sus alegaciones.

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 196 y 197 del mismo ordenamiento procesal, las providencias quedan ejecutoriadas, es decir, en firme respecto de su contenido declarativo (cierre de investigación) y dispuestas para ejecutar lo que de ellas se deriva (traslado y calificación sumarial), cuando hayan transcurrido tres (3) días contados a partir de la última notificación, si no se han interpuesto recursos y no deban ser consultadas, o una vez se hayan decidido las impugnaciones. Esta disposición general se reitera en el referido artículo 438, cuando dice que el traslado a los sujetos procesales para alegar sólo “se ordenará” (sería más técnico decir “se cumplirá”), una vez “ejecutoriada la providencia de cierre de investigación”.

También el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil inmerso dentro del título del “efecto y ejecución de las providencias” dispone que sólo podrá exigirse la ejecución de las decisiones judiciales una vez ejecutoriadas.

Se concluye parcialmente que ese “antes” escrutado no se agota con la mera declaración de cierre de investigación, sino que se proyecta hasta la ejecutoria de la respectiva providencia. Aunque se pensara, en gracia de discusión, que el genuino querer de los redactores de la ley se orientaba a sellar la oportunidad con el sólo proferimiento de la resolución, lo cierto es que no fue eso lo que expresaron claramente en el texto normativo, y por ello se impone esta suerte de interpretación contextual o sistemática que, frente a la ambigüedad de la letra de la ley, es el único método que suministra seguridad jurídica, uno de los valores fundamentales del derecho —aunque no el único—, en el sentido de que fijar como punto de llegada la ejecutoria de las resoluciones es algo que, no sólo por su sentido jurídico-sistemático sino también por su ambientación en la práctica judicial para otras instituciones, resulta más fácil de prever a los destinatarios de la norma.

Pero que no culminan las razones adicionales. Se verán otras:

La racionalidad teológica de la norma del artículo 37 del CPP, enseña que la creación del instituto de la sentencia anticipada obedece al propósito racional de economizar jurisdicción en asuntos relativamente fáciles, con el fin de alistarla y concentrarla para casos difíciles o para dedicarla más ágilmente a un abundante número de procesos pendientes de solución y que significan impunidad latente. Estos objetivos sociales estarían más limitados con la interpretación que para la corte no puede prosperar, por contener una restricción del plazo que ni siquiera se aviene con el contexto legal; en cambio, aquéllos tendrían más posibilidades de desarrollo en la significación normativa que aquí se avala. Y la eficiencia de la norma, entendida como el logro de ciertos objetivos sociales, obviamente no puede ser ajena a la interpretación y aplicación del derecho.

Y si la discusión se centra desde la perspectiva del procesado que merced a su allanamiento para aceptar responsabilidad, se hace merecedor a una reducción de pena, la conclusión no podría ser distinta, pues, por obra de una interpretación segmentada de la ambivalente expresión lingüística, se le estaría negado una oportunidad de participar más activamente (como sujeto y no como objeto) en las decisiones que lo afectan (Const. Pol., art. 2º), y por la misma vía, la posibilidad de una significativa rebaja en la sanción que pueda llegar a imponérsele.

De modo que, involucrada en los anteriores niveles de interpretación, aparece la idea de la racionalidad ética, como último peldaño también favorable a la postura hermenéutica que se ha asumido, pues valores como la seguridad jurídica, la eficacia y la eficiencia social de las normas y el derecho participativo (menos impositivo), de verdad justifican los fines sociales perseguidos que se potencian mayormente si se acepta la dimensión de la oportunidad que se ha propuesto.

Pero claro, algún tropiezo aparente puede advertirse en la práctica judicial como consecuencia de la tesis respaldada, pues, según lo dispone el inciso 2º del artículo 37 examinado, “hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días”, propósito que no será posible conseguir en los casos en que ya se ha dictado la resolución de cierre de investigación, aunque no esté ejecutoriada (argumento consecuencialista). Inclusive, se explica por los mentores de la posición contraria, que esa posibilidad explícita de continuar la instrucción, después de la solicitud de sentencia anticipada, constituye una evidencia de la intención legislativa de cerrar el plazo con el sólo dictado de la resolución de cierre de investigación.

Es abstracto y formalmente, el argumento aparece correcto, pero, amén de su soledad y de la subordinación del elemento lógico subjetivo en la tarea hermenéutica, desde el punto de vista de una justificación material, todo resulta falaz porque dicha previsión legislativa que se hizo para proteger la dirección de las investigaciones potencialmente eficaces pero que aún estaban en ciernes, con el fin de evitar la manipulación de la verdad cuando las averiguaciones apenas comienzan, no entraña ningún obstáculo a la tesis interpretativa propuesta, pues tal necesidad de prueba indudablemente no se trendrá en aquellas investigaciones en las que el fiscal ya haya dictado la resolución de cierre, inequívoca señal de que cuenta con la prueba necesaria para calificar o de que ha vencido el término de instrucción, de cara a las condiciones que fija el artículo 438 para poder adoptar una decisión de tal naturaleza (prueba necesaria).

2.2. Examen de la nulidad. El segundo paso consiste en determinar si la negación de la solicitud de sentencia anticipada, cuando se introduce dentro del término legal, constituye causal de nulidad.

La sentencia anticipada y la audiencia especial son ritos alternativos especiales, que significan un abandono del procedimiento ordinario, en pro de loables fines de economía procesal, descongestión del aparato de la justicia y agilización del respectivo proceso. De modo que, como lo proclamó Carrara, sería un enorme engaño a la sociedad que el legislador se ocupara de regular todo un procedimiento especial, si, a la vez, no se prevé una consecuencia para su desconocimiento injustificado, pues, en tal caso, la eficacia del rito no depende del cumplimiento de esas imperativas reglas sino del gusto de los funcionarios judiciales. Así entonces, satisfechos por el peticionario los requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la sentencia anticipada o de la audiencia especial, el debido proceso constitucionalmente prescrito ya no será el ordinario sino el que disponen los artículos 37 y 37A del Código de Procedimiento Penal, máxime que la regulación de la primera figura fue hallada conforme con dicha garantía fundamental por la Corte Constitucional, según se decidió en la sentencia de constitucionalidad C-425 del 12 de septiembre de 1996, cuya ponencia presentó el magistrado Carlos Gaviria Díaz.

De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a un debido proceso público y “sin dilaciones injustificadas”, con más veras si el interesado lo propicia con su propia voluntad y actividad (sentencia anticipada), razón por la cual, aunque se adelante una actuación plena en etapas y formalidades, una vez cumplidos los presupuestos del rito especial, negarlo y continuar el procedimiento ordinario comporta una “dilación injustificada”. Se palpa en nuestro medio una especie de superstición judicial consistente en que a mayor dilación en el procedimiento mayor oportunidad de defensa, pero ocurre que el proceso de sentencia anticipada, si proviene de una voluntad clara del procesado (y ello hace parte del control de los funcionarios judiciales), es la mejor opción de defensa libremente escogida por él (no impuesta por el funcionario), máxime que tal actitud, si se concreta, le representa una significativa rebaja de pena.

Pretender que la mejor defensa es la que propugna a cualquier precio por la absolución, aún en contravía de la más comprometedora evidencia procesal, no es más que un mal hábito lamentablemente consolidado en el pensamiento de algunos abogados. La procuración sincera y sensata de aminorantes del juicio de reproche o de la pena, sobre todo cuando se hace oportunamente, puede dibujar mejores perfiles defensa que un empecinamiento engañoso y con ínfulas de habilidad jurídica no procedente en el caso.

Lo que en frase tradicional se conoce como “pronta y cumplida justicia”, o proceso, rápido, según la dogmática procesal, es un derecho fundamental que realizado protege no sólo a la sociedad sino también a la persona que está sub judice. Esta valor de la celeridad, lo mismo que los de la participación democrática, defensa auténtica e igualdad de oportunidades, que hacen parte del debido proceso penal en línea constitucional, se ven afectados cuando se niega injustificadamente la opción de sentencia anticipada y, en consecuencia, la decisión que así lo haga estará afectada de nulidad (Cons. Pol., art. 29; L. 74/68, art. 14; L. 16/72, art. 8º).

Mas, tal como sugiere el Ministerio Público, la prevista nulidad habrá de examinarse sin perjuicio de la solución menos traumática para los objetivos del proceso penal, pues así se desprende del variados principios que rigen la institución. Se verá lo siguiente:

de acuerdo con el postulado de la instrumentalidad de las formas (art. 308-1), no habrá lugar a la nulidad si se ha cumplido la finalidad para la cual estaba destinado el acto y, como se sabe, por obra del auto del 9 de agosto de agosto de 1994, no sólo se llevó a cabo la diligencia de sentencia anticipada antes pretendida, sino que finalmente se le reconoció al procesado la rebaja de pena que le correspondía como si el rito se hubiera cumplido en el momento en que fue solicitado por la parte afectada con la negación precedente (fl. 145).

No puede menospreciarse, además, que la fiscalía hizo una lectura integral de la resolución acusatoria en el acto de sentencia anticipada; que dejó constancia de las limitaciones que la diligencia le ponía al debate; y, si también se recuerda, que ni el procesado ni el defensor hicieron objeciones a la hora de intervenir en la diligencia de sentencia anticipada, a pesar de que a los dos se les concedió el uso de la palabra (fl. 154). De modo que, por efecto del principio de protección (art. 308-3), le está vedado a los sujetos procesales alegar nulidad respecto de actos irregulares en los cuales hayan puesto su voluntad y participación, a menos que se aluda a la falta de defensa técnica. Aquí no importa el cambio en la persona del defensor, pues el último profesional siempre asumirá el encargo en el estado en que se encuentre el proceso, conforme con la dinámica progresiva y altamente integrada del proceso penal, salvo que haya necesidad de regresarlo por la aún no demostrada causal de nulidad.

También marca su influencia en este asunto el principio de trascendencia conforme con el cual quien reivindique la nulidad tiene el deber de demostrar que la irregularidad sustancial afecta las garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (art. 308-2). En efecto, la alternatividad que ofrece el legislador no choca lógicamente con el criterio de que si el acto o la decisión que se tildan de irregulares vinculan o afectan relevantemente la situación de una sola parte (procesado y defensor, por ejemplo), siempre se genera para ésta la obligación de demostrar el perjuicio inferido, a pesar de que simultáneamente se pruebe el desajuste radical en los momentos básicos del proceso.

En este caso, la solución adoptada finalmente por el juzgado, por el contrario, fue beneficiosa para los intereses procesado y la defensa, no sólo porque se llevó a cabo el cual se había privado injustificadamente al primero y se le abrió así la posibilidad de una rebaja de pena, sino también porque ésta se tasó como si las cosas hubieran ocurrido para la ocasión en que se hizo el pedimento, oportunidad en la cual se negó la sustanciación propia del instituto, no por causa atribuible al procesado, sino del instructor que anticipó su momento preclusivo».

(Sentencia de abril 16 de 1998. Radicación 10.397 Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con todo comedimiento me permito discrepar de la posición mayoritaria de la Sala, en el sentido de que la sentencia anticipada se puede solicitar hasta cuando quede ejecutoriada la resolución de cierre de investigación, siendo nuestro criterio que la oportunidad para hacer tal pedimento precluye cuando se dicta tal proveído.

Fundamos nuestro disentimiento en lo siguiente:

Administrar justicia y, particularmente, investigar los delitos es una labor que tiene altísimos costos, no sólo en Colombia sino en todo el mundo. Además, el delincuente actual se ha refinado e incluso, han aparecido organizaciones criminales que no sólo son diestras en el arte de delinquir, sino, especialmente, en el de ocultar los rastros del delito, lo cual hace más difícil, costosa y demorada la labor requirente. Esto ha llevado a los Estados modernos a crear mecanismos que con el halago de disminuir la sanción impulsen al infractor a reconocer su responsabilidad frente a los cargos que se le formulan y a optar por un procedimiento abreviado y una sentencia inmediata.

Con lo anterior se buscan varias finalidades:

a) La economía procesal, en cuanto en vez de un dilatado y dispendioso procedimiento ordinario se cumple uno abreviado, lo cual redunda en la descongestión de los despachos judiciales.

b) Otorgarle credibilidad a la administración de justicia, pues la colectividad se percata que el delincuente ha sido rápidamente sancionado, con lo cual, así mismo, se alcanza, más eficazmente, la finalidad de prevención general, buscada por la sanción.

c) Lograr el objetivo constitucional de un debido proceso, sin dilaciones injustificadas.

d) Realizar el ideal democrático de que los ciudadanos participen en las decisiones que los afectan.

e) Pero, sobre todo, el aparato de justicia economiza ingentes recursos económicos y esfuerzo humano.

Estas o parecidas razones han llevado a que en muchos países se establezcan procedimientos semejantes, como la negociación o plea bargainig en Estados Unidos, la sentencia por conformidad del imputado en la ley de enjuiciamiento criminal de España, la aplicación de la pena por solicitud de las partes en Italia, etc.

Pero estas particulares finalidades, especialmente la atinente con el ahorro económico y de esfuerzo humano, no se alcanzarán si la inteligencia que se le da a la norma es la de que la oportunidad para acudir a este especial trámite se extiende hasta cuando la investigación ya se ha agotado y se ha desgastado el aparato jurisdiccional en la indagación del punible. Por tal razón, no tenemos duda que la sentencia anticipada hay que solicitarla antes de que se profiera la resolución que cierra la investigación, pues cuando tal ocurre es porque el Estado, con gran esfuerzo y enfrentado dialécticamente a la defensa, al fin pudo reunir la prueba suficiente para calificar.

La teleología de esta disposición está orientada en el sentido de que la terminación se haga lo más pronto posible y, de todos modos, antes de que se complete la investigación. Por eso se retribuye con una tercera parte de rebaja, en tanto que si se efectúa cuando el proceso ha avanzado más y se ha producido un mayor desgaste del aparato de justicia, la misma será apenas de una octava parte.

Dentro del criterio de que la terminación anticipada sea lo más pronto posible, la ley la autoriza desde que quede ejecutoriada la resolución que define la situación jurídica. Si no se permite antes es porque la precariedad de la investigación y de los elementos de juicio con que se cuenta impedirían formular adecuadamente la imputación y terminar el proceso.

Por otra parte existe un argumento adicional que avala el criterio de que el querer del legislador no lo fue en el sentido que propugna la mayoría, consistente en que el procesado que tenga dudas sobre si será o no llamado a juicio, no va a pedir sentencia anticipada hasta después del cierre y dentro del término de ejecutoria, pues sólo entonces estará seguro que va a ser acusado, ya que si el fiscal carece de la prueba suficiente para formular pliego de cargos, pues no cierra.

Lo anterior llevará a que se disminuya la eficacia de la norma, pues muchos sindicados no pedirán sentencia anticipada recién definida su situación jurídica, o durante la averiguación, sino que, calculadamente, esperarán que el Estado se agote en la consecución de la prueba para acusar y cierre investigación, para sólo entonces acogerse al beneficio.

En consecuencia, interpretar el precepto en el sentido de que el plazo se extiende hasta la ejecutoria de la resolución de cierre, llevará a que la norma en vez de ganar en eficacia y eficiencia, sea lo contrario.

También opinamos que premiar con una tercera parte de la rebaja a quien esperó que el Estado terminara la investigación para pedir sentencia anticipada, resulta violatorio del principio de igualdad, pues no es justo que reciba la misma retribución que aquel que la pidió antes y, por lo mismo, sin esperar a que el Estado agotara sus esfuerzos averiguatorios.

Fuera de estos argumentos, existen otros de carácter sistemático que avalan nuestra posición y que sintetizamos en que cuando el legislador quiere señalar como límite procesal la ejecutoria de un proveído y no su emisión, así lo dice, como ocurre en el inciso 2º del artículo 198, en el artículo 415-5 y en el mismo artículo 37, cuando se refiere a la ejecutoria de la resolución que define la situación jurídica, como límite mínimo para acceder al instituto. Así mismo, la norma citada dice que “Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de 8 días”, lo que implica que no se haya dictado el auto preclusivo de la investigación, pues si ya se emitió habría que revocarlo para cumplir con ese objetivo, lo cual resultaría en contravía de la rapidez y agilización buscadas con el instituto de la sentencia anticipada.

Jorge E. Córdoba Poveda

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «No comparto los razonamientos tanto de la demanda y la Procuraduría como los de la mayoría de la Sala para arribar a la necesidad de exigir la ejecutoria de la providencia que clausura el ciclo investigativo para poder sostener válidamente la preclusión de la solicitud de sentencia anticipada, por las siguientes razones:

a) Es una verdad de apuño que la figura de la sentencia anticipada fue instituida en el procedimiento como mecanismo de economía procesal en el sentido amplio de la expresión, esto es, reducción de términos, de actuaciones procesales ordinarias, de implementos materiales y de esfuerzo humano, para evitar precisamente las dilaciones innecesarias que retardan la pronta y cumplida justicia que quiere y exige la Constitución, dejando a salvo, claro está, los derechos fundamentales del procesado y a cambio de una recompensa o retribución (disminución de pena) por la oportuna y necesaria colaboración.

b) En desarrollo de dicha filosofía, cualquiera interpretación de la norma que implique dilación o entrabamiento procesal carece de fundamento legal, siempre que con ella queden a salvo las garantías fundamentales; y en el caso concreto, la interpretación que acoge la mayoría va más allá de esa filosofía y del mismo precepto regulador de la figura. En efecto, el artículo 37 referido dice: “Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada”. (Negrilla fuera de texto).

Si se observa dicho contenido en forma integral, se ve cómo emerge nítida la voluntad del legislador, pues cuando quiere que el acto condición procesal deba estar ejecutoriado así lo exige, como ocurre con la providencia definitoria de la situación jurídica en el inciso transcrito y resaltado; por lo demás, al referir el límite extremo tampoco deja duda alguna, pues habló de un momento o instante en el actuar del funcionario no del acto procesal en sí, al decir “hasta antes de que se cierre la investigación” y no “hasta antes del cierre de investigación”. Y ello es perfectamente explicable, pues si la sentencia anticipada busca el ahorro de tiempo y esfuerzo, la parte interesada no debe esperar al final del término que señala la ley para la instrucción, ni menos aún que transcurran los términos de la ejecutoria de dicha clausura. Y ello es desarrollo y no oposición al principio del oportuno acceso a la justicia.

c) La interpretación sistemática también conduce a la misma conclusión. En efecto, dice el inciso segundo de la norma mencionada: “Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho días”, lo cual presupone obviamente que no se haya cerrado la investigación, pues sabido es que solamente se pueden practicar pruebas si la investigación no está clausurada. Proferida esta medida, si se necesita practicar alguna prueba de importancia, debe reponerse dicho cierre dentro del término de su ejecutoria para que se revoque, y ese tipo de dilaciones fueron las que quiso evitar el legislador en el artículo comentado.

d) En la segunda oportunidad que señala la ley para la solicitud de sentencia anticipada, con la misma filosofía ha de afirmarse que no exige el legislador ejecutoria de ninguna de las providencias extremas, la resolución de acusación y la fijación de fecha para la celebración de la audiencia. Sostener lo contrario, es ir contra esa filosofía y contra el principio del acceso oportuno a la justicia. Obsérvese cómo la norma no habló, por ejemplo, de la etapa del juicio que implícitamente implicaría la ejecutoria de dicha resolución. La rebaja es menor aquí, porque la colaboración es mínima ya que se limita el procesado a aceptar los cargos formulados en el proveído calificatorio, mientras que en la primera oportunidad media realmente una negociación que aunque tiene como punto de partida la calificación provisional dada en la medida asegurativa, bien puede ésta variar con lo que surgiere de las nuevas pruebas».

Didimo Páez Velandia

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Pese a que los salvamentos de voto ya suscritos por los magistrados doctores Didimo Páez Velandia y Jorge Enrique Córdoba Poveda podrían relevarme de dar explicación sobre las razones que me separan de la decisión de mayoría, en cuanto en esencia son las mismas, además de remitirme por brevedad a ellas, estimo necesario agregar que como el tema de la oportunidad para solicitar la sentencia anticipada había sido ya tratado por la Sala, y aún resuelto por unanimidad pero de modo opuesto a como lo hace ahora la providencia que discrepo, a esa primera providencia paso a referirme, en cuanto ella abriga una motivación que no ha debido ser modificada.

En efecto, al resolver sobre la tutela número 3217, mediante fallo del 23 de enero de 1997, tuvo ocasión la Sala —y no por simple accidente—, de abordar el tema que aquí de nuevo controvierte, en cuanto el punto vertebral se refería a la negativa de un fiscal instructor a tramitar una solicitud de sentencia anticipada, arrimada al proceso luego de proferirse el cierre instructivo, pero antes de que esa decisión quedara en firme.

Cuando el fiscal denegó por extemporáneo el trámite del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, lo hizo sustentado como sigue:

“En sentir de ésta delegada, claro es el tenor del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal al expresar que el procesado puede solicitar que se dicte sentencia anticipada una vez se encuentra ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación.

Se cree entonces por esta agencia fiscal que fue el querer del legislador delimitar en forma precisa e intencional los dos momentos procesales en que opera el acogimiento de un sindicado a esta forma de terminación del proceso, siendo enfático en distinguir cuando se requiere la ejecutoria de una providencia y cuando el simple pronunciamiento jurisdiccional que no requiere del trámite necesario para no poder predicar su firmeza, de ahí que haya requerido en el primero de estos eventos, la ejecutoria de la resolución que defina la situación jurídica del procesado y el simple proferimiento de la resolución de acusación en la otra oportunidad procesal para solicitar el proferimiento de la sentencia anticipada.

Es nuestro sentir, para que la petición de sentencia anticipada sea atendida por la fiscalía que ésta sea presentada dentro del lapso antes indicado, pues fuera del mismo se carece de competencia para realizar actuación distinta y que no sea la de calificar el mérito del sumario” (sic).

Pues bien, frente a este razonamiento, y lejos de conformarse la sala con despachar el caso con la sola advertencia de su improcedencia por referir a decisiones judiciales, de modo expreso abordó el tema y sobre él añadió que la que daba el fiscal era la interpretación correcta del precepto.

Dicha postura se avaló en la Sala, resaltando el acierto del trámite cumplido:

“De otra parte, estima la Sala que la postura asumida por la fiscalía regional, responde a los objetivos de la solicitud de sentencia anticipada y por ende su aplicación se encuentra ajustada a derecho:

“Tal como se desprende del contenido del artículo 37 del CPP, reformado por el artículo 30 de la Ley 81 de 1993, es posible dar terminación al proceso mediante el mecanismo de la sentencia anticipada.

La institución como tal apunta a un claro objetivo de política criminal, consistente en que mediante la colaboración del sindicado se le economice tiempo y esfuerzos a la administración de justicia en la búsqueda de la verdad material que dio origen a la investigación penal.

En el marco de los anteriores presupuestos si se opta por solicitar sentencia anticipada en la etapa instructiva, es evidente que en consonancia con esa clara finalidad buscada por el legislador la solicitud debe elevarse antes de que el fiscal cierre la investigación, es decir, antes de que profiera el auto que declare perfeccionada esa etapa procesal.

Resulta evidente que si el Estado busca mediante la terminación anticipada del proceso que el organismo judicial encargado de instruirlo renuncie a la búsqueda de pruebas porque se ha suscitado la declaración voluntaria del procesado ninguna razón habría para que esa oportunidad se difiera al momento del cierre de la investigación, porque esa “voluntaria” “colaboración” del implicado perdería toda validez frente a una investigación que ya se encuentra perfeccionada máxime cuando este acto procesal supone la existencia de la prueba suficiente para dar paso a la calificación del mérito del sumario. (M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar)”. —el subrayado es fuera de texto—.

Ahora, en sede de casación varía la mayoría de la Sala rotundamente aquel criterio, sin que ello signifique que sea uno su entendimiento cuando se trate de tutela, y otro muy diferente cuando se vaya a resolver un recurso extraordinario. No. Aún cuando la providencia no lo aduce, es claro que mayoritariamente se recoge el inicial criterio, y no discuto que para ello la Sala está en todo su derecho y aún en el deber de hacerlo, siempre que la interpretación primera fuese equivocada, o que la nueva resulte más justa o más jurídica, mejor para el interés público, más coherente o conforme con la ley.

Lo que sucede es que a mi modo de ver, aquellas razones con las que unánimemente resolvió la Sala en enero de 1997 perduran como serias, ecuánimes, acertadas y fieles al texto de la ley y a su sentido, por lo que encuentro injustificado el cambio de doctrina, que de añadido, muy lamentablemente podría generar la invalidación de múltiples procesos.

Tan claro fue el primer pronunciamiento de la Sala que me he dado la licencia de reproducir ahora en lo pertinente, que con su cita me siento relevado de dar otras explicaciones marginales, bastándome con adherir a las ya dichas por mis colegas disidentes.

Honorables magistrados,

Juan Manual Torres Fresneda

ACLARACIÓN DE VOTO

Estando de acuerdo con la decisión tomada en la sentencia de CASACIÓN, en cuanto dispone no casar las de instancia, debo aclarar el voto frente al aspecto de la oportunidad para demandar sentencia anticipada.

Para mí, ésta se presenta hasta cuando se cierre la investigación. Así lo planteó y dispuso la Sala en antecedente que se rememora, y así se desprende nítidamente del texto de la norma.

Porque es así de nítido y claro, considero que la ponencia (y con ella la mayoría de la Sala) hace un esfuerzo dialéctico que no por lo extenso y meritorio resulta adecuado.

Los actos jurídicos tienen diferentes fases o momentos que no se pueden confundir. En general, uno es el instante a partir del cual existen, otro el de su adquisición de firmeza y otro el de su cumplimiento. La decisión primero que profiere, luego se ejecutoria y además se cumple o tiene eficacia. La ley, en general, se refiere a los actos desde la perspectiva de su proferimiento o existencia. Y cuando quiere excepcionar, pues excepciona: pero concreta y categóricamente, no sobreentendidamente.

La expresión lingüística utilizada por las leyes 81 de 1993 y 365 de 1997 sí es afortunada, porque el enunciado “antes de que se cierre la investigación” no puede significar sino eso: antes de que se profiera el auto o resolución de cierre, que es cuando se cierra. Igual que cuando el artículo 415 del Código (Modificado por el 55 de la L. 81/93) dispone que el procesado tendrá derecho a la libertad provisional cuando “se dicte en primera instancia preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria” o cuando vencido el término de determinados días “no se hubiere calificado el mérito de la instrucción”: en ninguno de estos casos ha aceptado la jurisprudencia que deba agotarse el recurso propio de la primera instancia (reposición) o que el calificatorio quede ejecutoriado. La “racionalidad lingüística”, entonces, parecería estar del otro lado, y no requeriría de “razones adicionales” si no fuera porque el punto de llegada para el cual se le invocó era precisamente el contrario.

Tampoco en el “sistema” veo claramente el fundamento que del alcance de la expresión “antes” realiza la decisión de mayoría. Ya expuse, como al contrario, la sistemática (en general, la teoría de los actos jurídicos) distingue sus momentos sin sobreponer unos a otros, sin confundirlos ni asimilarlos. El argumento sistemático lo construye la decisión a partir de un equívoco y termina generando una petición de principio: Porque considera que para entender el significado del “antes”, debe indagarse cuándo se cierra “jurídicamente” la investigación; y como concluye que el cierre se produce jurídicamente con la ejecutoria, necesariamente desemboca al punto de partida, que es la extensión de la oportunidad procesal de la petición más allá del proferimiento de la decisión.

Por el contrario, jurídicamente hay cierre de investigación cuando se profiere esa decisión. Cuando existe. O si no ¿de qué es de lo que se predica su ejecutoria? ¿Acaso de un suceso no jurídico? ¿De un hecho cualquiera con capacidad para producir efectos jurídicos? O, como yo lo creo, de un acto de voluntad jurídica de la administración, destinado a producir efectos jurídicos y explicable en su nacimiento sólo por causa de esa intención o voluntad.

Luego, jurídicamente, el acto existe con prescindencia de su ejecutoria, de su anulabilidad, de su posibilidad de revocatoria y de que produzca los efectos para los cuales estaba destinado. El argumento de sistematicidad, entonces, tampoco me convence. Antes bien, por esa vía, me persuado mejor de la conclusión contraria.

La racionalidad teleológica o de finalidad de la norma, tampoco me inclina y antes bien fortalece mi postura. Porque el fin de la institución no es economizar jurisdicción, sin más, sino hacerlo racionalmente, es decir útilmente. ¿Qué investigación allana o facilita una petición de éstas después del cierre? ¿Tiene sentido que el procesado espere al cierre, concebido para dar paso a la calificación del sumario como mecanismo de alerta y defensa que lo preserva de cualquier sorpresa o deslealtad, para que éste pueda —abusivamente— desencadenar el acto de formulación de cargos de manera imprevista e irracional, adelantarlo, y generar, ahí sí, dilaciones y prejuzgamientos?

Y desde la posición del procesado, la perspectiva de reducción de pena no se desconoce por someter el acto de parte a un requisito: el de oportunidad conforme a la ley. Irracional es, en cambio, que con criterios de esta “racionalidad”, el proceso se vuelva dispositivo para los sujetos, es decir, que sean ellos quienes dispongan, a su arbitrio y sin regla alguna, del trámite y de sus consecuencias. Para ello habría que renunciar al debido proceso legal y crear un procedimiento a voluntad de los sujetos. El Estado colombiano es participativo, pero de derecho y antes que eso, constitucional.

La interpretación que estimo adecuada, no hace al acusado objeto. Ni creo que la que combato sea la que lo haga “más sujeto”. Esa diferenciación, para mi, no cabe en este asunto. Es un buen argumento pero tal vez para otras cuestiones.

De modo que la idea de “racionalidad ética”, como señala la mayoría, no avala —creo yo, con todo respeto— la interpretación que hace. Valores como la “seguridad jurídica, la eficacia, y la eficiencia social de las normas y el derecho participativo” no liberan al procedimiento de las reglas diseñadas por el legislador y antes bien, más seguridad y orden en el procedimiento más eficacia y eficiencia social se logran, si se consigue que el procesado que es responsable penalmente tenga por seguro que aceptar su culpa, oportunamente para la justicia, le beneficia. Y que esperar al último momento, oportunistamente, para disponer arbitrariamente del proceso y devolverlo a etapas ya superadas, le cuesta un quantum de su beneficio.

Si por los mismos senderos argumentativos que transita la decisión, se puede acreditar que era equivocada, o por lo menos que no resultaba fatalmente determinante de variación del criterio de la Sala, creo que se demuestra, definitivamente, que lo correcto era atenerse al texto de la ley que era claro e inequívoco hasta antes proferirse esta decisión.

Carlos E. Mejía Escobar

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