Sentencia 10406 de marzo 3 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

REQUISITOS FORMALES DE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA

CONSECUENCIAS DE OMITIR LA RESPUESTA A LOS ALEGATOS

EXTRACTOS: «Como quiera que el casacionista argumenta que no se tuvieron en cuenta sus alegatos precalificatorios, esto es, no se dieron las razones por las cuales no se compartían, desconociéndose el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, que trata de los requisitos formales del pliego de cargos, y quebrantándose la garantía del debido proceso y el derecho de defensa, es necesario que la Sala haga las siguientes anotaciones:

2.1. Las formalidades no son un fin en sí mismas, sino que tienen por objeto preservar la estructura del proceso y las garantías de los sujetos procesales, por lo cual no cualquier informalidad acarrea la invalidez de la actuación, sino las que son trascendentes, esto es, las que comportan desconocimiento de las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento o afectación de las garantías de los sujetos procesales.

2.2. Aunque la ley y la doctrina distinguen entre el derecho de defensa y el del debido proceso, pudiendo quebrantarse uno de ellos sin vulnerar el otro, a veces aparecen tan estrechamente relacionados que con la informalidad se afectan los dos, como eventualmente acontece al desconocer la estructura formal de algunas providencias básicas del proceso, como son la que decreta una medida de aseguramiento (CPP, art. 389), la resolución de acusación (art. 442, ibídem) y la sentencia (art.180, ibídem), o cuando no hay consonancia entre estas dos últimas decisiones, casos en los cuales no sólo se pueden comprometer con el vicio las bases fundamentales del proceso, sino las garantías de los sujetos procesales, particularmente la defensa.

Por esta razón no resulta, en principio, desacertado, que frente al desconocimiento de los requisitos formales de la providencia se aduzca, al mismo tiempo, que se incurrió en error de estructura y en error de garantía, por lo que la Sala no comparte la critica hecha por la delegada, en ese sentido, al censor.

2.3. Dar las razones por las cuales se comparten o no la alegaciones de las partes es un requisito formal que se relaciona con la debida motivación de la providencia, por lo que es necesario determinar si su omisión acarrea o no la nulidad de lo actuado.

Al respecto la Sala observa que la falta de respuesta no tiene la misma importancia en las tres clases de resoluciones mencionadas, debido a la estructura conceptual de nuestro esquema procesal y a su carácter progresivo, en forma tal que el proceso se va cerrando y haciéndose más exigente a medida que avanza.

Así, la ley no exige que se alegue por los sujetos procesales antes definir la situación jurídica ni en la fase precalificatoria, lo que lleva concluir que la falta de alegatos o su no respuesta no configura, per se, vicio esencial que conlleve la nulidad de la actuación, a diferencia de lo que acontece con respecto a la sentencia, como se analiza más adelante.

Además, y en lo que concierne a la resolución de acusación, sobre la cual versa la censura, al analizar su estructura encontramos que hay unos requisitos esenciales que, por serlo, no pueden ser soslayados sin desnaturalizar la providencia y sin desconocer la función para la que fue creada, a saber, ser un pliego completo y concreto de cargos, precisados tanto fáctica como jurídicamente, que se hacen al procesado que para que frente a ellos ejerza el derecho de defensa.

No hay duda que el cumplimiento de tales presupuestos, es necesario para conservar la estructura fundamental del proceso y para garantizar el derecho de defensa. Los mismos se relacionan con la imputación fáctica (narración sucinta de los hechos investigados, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los especifiquen), el análisis probatorio (indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación) y la imputación jurídica (calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal) y están contenidos en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 442, citado.

En cambio hay otro requisito, contenido en el numeral 4º, ibídem, atinente a la respuesta a los alegatos de las partes, cuya omisión no desnaturaliza el pliego de cargos, ni impide que éste cumpla su finalidad, ni afecta el derecho de defensa.

Como consecuencia, la falta de los primeros, como norma general, comporta la nulidad de la actuación y no así la del último.

Y es que, como lo ha sostenido la Sala, no cualquier deficiencia argumentativa en la fundamentación de una decisión judicial es de suyo suficiente para viciar de nulidad el acto procesal, la cual sólo se estructura cuando el vicio tiene la virtualidad de afectar las garantías fundamentales del debido proceso o el derecho de defensa (1) .

(1) Ver, entre otras, casación 9913, septiembre 2/98. M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

En síntesis, en tratándose de la resolución de acusación, si los sujetos procesales no alegan o si lo hacen pero no se responden esas alegaciones, no hay nulidad, como norma general. Sólo la habría si aparece que esa omisión es reveladora del abandono de la defensa, dentro del contexto de la actuación procesal.

2.4. Por el contrario, y en lo que concierne a la sentencia, el no análisis y respuesta de los alegatos de los sujetos procesales (CPP, art. 180.3.4), particularmente de los defensivos, comporta nulidad de la actuación, como también la genera que el defensor no intervenga en la audiencia de juzgamiento o que intervenga pero no defienda, pues

como lo ha sostenido la Sala:

“... no solamente por la ausencia de defensa técnica se incurre en la vulneración del derecho del sindicado a estar asistido por un abogado. Del mismo modo se desconoce el derecho a la defensa cuando el juez ignora los planteamientos oportunos del apoderado, porque de nada sirve que los profesionales en representación del acusado permanezcan atentos al desarrollo del proceso, presenten alegaciones, aporten o soliciten pruebas o hagan uso de recursos, si el juzgador se niega a oírlos.

En tal sentido no puede ser la audiencia una formalidad de más, de contenido inocuo o contingente, cuyo debate pueda pasar inadvertido. Por el contrario, con ella se integra un hito procesal sustancial y trascendente, tanto por ser la oportunidad final de aportación y controversia probatoria, como por concederle al procesado la última ocasión para explicarse, pero además por concentrar para el conocimiento del juez la suma de los argumentos culminativos de los sujetos procesales y muy en especial de la defensa que allí agota integral y definitivamente en la instancia sus esfuerzos técnicos. Por eso se comprende que cuando el sentenciador relega al olvido esos planteamientos capitales, afecta irremediablemente el derecho de defensa y desconoce su preponderante raigambre superior (C.P., art. 29), asomando su actuación a la fatalidad de la invalidación con la que insubsanablemente se sanciona en el artículo 304-3 la violación de esta garantía fundamental de juzgamiento”. (Casación Nº 8821, 6 de julio de 1995. M.P. Juan Manuel Torres Fresneda).

2.5. En el caso que ocupa la atención de la Sala, es cierto que no hubo respuesta expresa a los alegatos precalificatorios que presentó la defensa, como debe ser y lo ordena la ley, pero de los argumentos de la providencia claramente se infiere que en alguna forma se respondió, pues el pedido de la defensa fue el de que se precluyera, por considerar que había dudas y contradicciones entre los testigos de cargo, por lo cual no merecían credibilidad, que la presencia del procesado en el lugar de los hechos fue casual y que inocente y caritativamente intentó auxiliar con su vehículo a una persona herida, mientras el fiscal le otorgó credibilidad a los testigos, para concluir que su presencia no fue casual ni inocente, sino que fue un participe del delito que intentó auxiliar a otro participe, por lo cual contestó con la resolución de acusación.

Además, tan intrascendente es la falta expresa de respuesta que aun suponiendo que hubiera dado detalladamente las razones por las cuales no compartía todos y cada uno de los cuestionamientos de la defensa, la conclusión de la providencia hubiera sido la misma.

Tampoco aparece que por esta insustancial informalidad se hubiera afectado la estructura fundamental de tal proveído (que sin ser un modelo contiene una adecuada motivación lógica referida a la imputación fáctica, al análisis probatorio y a la imputación jurídica), o que hubiera dejado de cumplir su finalidad o se hubiera vulnerado el derecho de defensa.

Finalmente, el profesional que ahora invoca la nulidad apeló la resolución de acusación, invocando como primer argumento que “la providencia impugnada no tuvo en cuenta para nada mis alegaciones de instancia, y prueba de ello es que en ninguna parte se hace referencia al criterio de la defensa”, recurso del cual desistió, con lo que dio a entender que las respuestas dadas, aunque no hubieran aludido expresamente a sus alegaciones, eran suficientes y que, en su táctica defensiva, renunciaba a una respuesta complementaria y detallada, por lo que convalidaba cualquier irregularidad que hubiera podido existir».

(Sentencia de casación, marzo 3 de 2000. Radicación 10.406. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

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