Sentencia 10422 de junio 3 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD DOCUMENTAL

FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

EXTRACTOS: «1. El contenido material de la antijuridicidad, principio rector consagrado en el Código Penal, está constituido por la lesión o puesta en peligro sin justa causa de los bienes jurídicos tutelados, de ahí que las conductas inocuas no sean punibles.

Precisamente en esa dirección apunta la censura del Procurador recurrente, quien no obstante el confuso manejo que hace de algunos conceptos elaborados por la dogmática penal, logra poner de presente que a su juicio la procesada no ha debido ser condenada porque su conducta no causó daño.

2. En orden a dar la respuesta que corresponde, se observa que la investigación estableció que la joven Cecilia Gaviria no aprobó el séptimo grado en el Colegio de la Presentación del municipio de Piedecuesta (Santander), y con la excusa de que el certificado lo entregaría después, logró matricularse en el curso octavo en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Bucaramanga. Cuando adelantaba el último año del bachillerato, las directivas del colegio le exigieron la entrega del documento pendiente, como quiera que es un requisito legal para poder otorgarle el título, ante lo cual la alumna entregó un certificado materialmente falso.

La educación es un servicio público que se presta por parte del Estado y de los particulares autorizados para ello, pero en todo caso bajo “la suprema inspección y vigilancia” del Estado, tal como aparece consagrado en las Constituciones de 1886 y 1991. En esas circunstancias, para obtener el título de bachiller por la vía escogida por Cecilia Gaviria necesitaba aprobar cada uno de los grados hasta llegar a once, y si perdía alguno de ellos debía repetirlo o validarlo como condición ineludible para pasar al siguiente curso.

Los certificados expedidos al final de cada período dan fe ante los demás colegios y ante la sociedad en general del grado de educación primaria o secundaria que una persona tiene, razón por la cual cuando la acusada fue a matricularse al Colegio Santa Teresita le exigieron que presentara el del año anterior, situación ante la que dio como excusa que estaban en trámite, y a sabiendas de que no podría cumplir, adquirió el compromiso de entregarlo después.

Así las cosas, no es cierto que la relación alumno-colegio sea ajena a la sociedad, pues si bien al establecimiento se le autoriza para que preste el servicio público de la educación y expida los títulos correspondientes, esa función está regulada legalmente, y a la comunidad en general le interesa que sólo se otorguen reconocimientos académicos a quien los haya logrado con el estricto cumplimiento de los requisitos, pues de lo contrario se generaría un completo caos en el tráfico jurídico que de allí se deriva.

No hay duda de que la falsificación y el uso de documentos que expidan los establecimientos educativos particulares para certificar situaciones académicas, en el caso en estudio para demostrar el derecho a ingresar al curso siguiente al reprobado, constituye una violación al interés jurídico de la fe pública, pues las relaciones sociales y jurídicas sobre la materia se basan en la credibilidad que los ciudadanos depositan en esos instrumentos como medios de prueba que son.

Justamente por lo anterior es que la denuncia la presentó una funcionaria de la Secretaría de Educación Pública de la Gobernación de Santander, que enterada de la situación advirtió de inmediato su gravedad, pues de ninguna manera puede aceptarse, como lo pretende el censor, que la única consecuencia que conlleva el descubrir la falsedad del certificado de estudio es que su autor repita el curso, ya que esa sería una eficaz manera de incentivar el fraude académico, o como lo dice el Tribunal, “constituiría una patente de corzo (sic) para que estas conductas que proliferan se acentúen”.

En síntesis, al falsificar el certificado de notas y entregarlo al Colegio Santa Teresita para tratar de lograr por ese medio eludir un requisito que no tenía para graduarse de bachiller, Cecilia Gaviria realizó una conducta típica de falsedad en documento privado, y antijurídica, independientemente del perjuicio económico generado a la institución, que es un concepto distinto al de antijuridicidad, y que el censor confunde en su alegato.

3. Ahora bien, es verdad que entre otras, en providencia de marzo 17 de 1981, con ponencia del doctor Luis Enrique Romero Soto, la Corte dijo:

“El delito de falsedad no es de aquellos que se llaman ordinariamente “de daño real o material” sino de los de “daño potencial” llamados también “de peligro”, porque no se necesita que produzcan una lesión efectiva en el bien jurídico tutelado sino que basta con que lo amenacen en forma directa e inmediata. Ese bien jurídico es, en nuestro derecho, primordialmente, la fe pública, o sea la confianza de la colectividad en ciertos medios de prueba, en este caso, los documentos como medios de establecer la existencia, modificación o extinción de un derecho”.

No obstante la claridad de este criterio doctrinal, el demandante erróneamente lo entiende en el sentido de que podría haber delito sin daño, pero no es eso lo que dice la jurisprudencia, todo lo contrario, el hecho de que allí se clasifique la falsedad documental como un delito de peligro es precisamente porque se advierte que se necesita que produzca un “daño” que al menos consista en poner en peligro el interés tutelado.

En otras palabras, el impugnante se equivoca al creer que desde el punto de vista jurídico la única forma de daño que existe es el “real”, con lo que deja de lado el “potencial”, e incurre en el error que le atribuye al Tribunal, pues con ese entendimiento contraría el artículo 4º del Código Penal, que establece como antijurídica la conducta que “lesiona” o pone en “peligro” sin justa causa el interés jurídico tutelado por la ley.

En el ámbito naturalístico el “daño” se identifica con la “lesión” o efectivo menoscabo, destrucción o disminución que se causa al objeto material en el cual se concreta el interés protegido, pero en el plano jurídico el “daño” que amerita la intervención del derecho penal puede manifestarse a través de la “lesión” o la puesta en “peligro”.

4. Otro concepto al que el actor le da un alcance que no tiene es al de “pluriofensivo”, pues de él deriva que para que se tipifique el delito de falsedad es necesario que se afecte además de la fe pública otro interés jurídico, como la familia o el patrimonio etc., lo cual no es cierto.

Dentro de la clasificación de los tipos penales en relación con el bien jurídico se acostumbra incluir los denominados “simples o mono ofensivos”, y los “complejos o pluriofensivos”, para distinguir los que describen conductas que afectan un solo bien jurídico, de los que regulan comportamientos que simultáneamente pueden lesionar varios bienes jurídicos, pero ello en modo alguno significa que frente a cada caso concreto se necesite establecer esa pluralidad de afectaciones para constatar la adecuación típica, o para que se pueda predicar la antijuridicidad, pues en este último evento lo importante es que se lesione o ponga en peligro el interés que el legislador quiso proteger al tipificar la acción, como lo es la fe pública tratándose de la falsedad.

Lo analizado es suficiente para concluir que el cargo endilgado a la sentencia debe ser desestimado».

(Sentencia de casación, junio 3 de 1998. Radicación 10.422. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

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