Sentencia 10479 de julio 27 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO

SECCIÓN CUARTA

FACULTADES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

SU INEXEQUIBILIDAD LE HIZO PERDER FUERZA EJECUTORIADA A LA RESOLUCIÓN 187 DE 2000

EXTRACTOS: «Luis Felipe Marín Charris en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, demanda la nulidad de algunos apartes de la Resolución 187 del 3 de febrero de 2000, expedida por la Superintendencia Bancaria.

(...).

Consideraciones de la Sección

Observa la Sala que la Resolución 187 del 3 de febrero de 2000, que se acusa, fue expedida en ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia Bancaria en el parágrafo único del artículo 146 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 51 de la Ley 510 de 1999, que señalaba:

“ART 51.—El artículo 146 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

ART. 146.—Atribución excepcional de competencia a la Superintendencia Bancaria. En aplicación del artículo 116 de la Constitución Política, los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria podrán a su elección someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las instituciones financieras y entidades aseguradoras sobre las materias a que se refiere el presente artículo para que sean fallados en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez.

En desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta ley, la Superintendencia Bancaria podrá conocer de las controversias que surjan entre los clientes y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional.

Sin perjuicio de lo anterior, sólo podrán someterse a dicha competencia jurisdiccional los asuntos sin cuantía determinable y aquellos cuyo valor no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes mensuales.

Con todo, la Superintendencia Bancaria no podrá conocer de ningún asunto que por virtud de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al proceso de carácter ejecutivo. Tampoco podrán ser sometidas a su competencia acciones de carácter penal, sin perjuicio de la obligación de informar y dar traslado a la jurisdicción competente de eventuales hechos punibles de los cuales tenga conocimiento, en cuyo caso el trámite ante la superintendencia quedará sujeto a prejudicialidad.

PAR.—La anterior atribución de funciones jurisdiccionales comenzará a regir seis (6) meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. Para tal efecto, el Gobierno Nacional tendrá la facultad de incorporar al estatuto orgánico del sistema financiero las disposiciones previstas en esta ley relativas a la Superintendencia Bancaria y podrá modificar la estructura y funciones de la misma, con el exclusivo propósito de efectuar las adecuaciones necesarias para darle eficaz cumplimiento. Así mismo, la Superintendencia Bancaria podrá instruir sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan esta facultad, para lo cual deberá establecer un procedimiento sencillo y claro de acceso a su competencia”. (Subraya la Sala)

Al momento de la presentación de la demanda, la norma transcrita se encontraba vigente, sin embargo, el 29 de noviembre de 2000, la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad, mediante sentencia C-1641 de 2000.

Consideró la Corte que “la función de inspección, control y vigilancia permite a las superintendencias dar instrucciones que comprometen un criterio de imparcialidad para juzgar posteriormente los asuntos previstos en el artículo 51 de la Ley 510 de 1999 porque (...) su actuación estará sujeta a esos pronunciamientos anteriores, lo cual (...) vulnera los artículos 228 y 229 de la Constitución, en consonancia con el artículo 29 ídem”.

Por lo que resolvió:

“Declarar INEXEQUIBLE el artículo 51 de la Ley 510 de 1999 que modificó el artículo 146 de la Ley 446 de 1998”.

La declaratoria de inconstitucionalidad de una norma que subroga otra puede revivir la disposición inicial, siempre que aquélla no adolezca de los vicios que ocasionaron la inexequibilidad.

“Considera la Corte Constitucional que con la declaratoria de inexequibilidad se restauran ipso jure, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento constitucional” (1) .

(1) Corte Constitucional, sentencia C-145 de marzo 23 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero

En el presente caso, el artículo 51 de la Ley 510 de 1999 señalaba: “El artículo 146 de la Ley 446 de 1998 quedará así...”.

El artículo 146 de la Ley 446 de 1998 contiene la “Atribución excepcional de competencia de la Superintendencia Bancaria” y por lo tanto incurre en el mismo vicio de la norma que la subrogó y que fue excluida del régimen jurídico, en consecuencia, no puede considerarse que haya revivido.

Por este motivo, desde este fallo, la Resolución 187 de 2000 ha decaído y perdido su fuerza ejecutoria por haber desaparecido el fundamento de derecho que lo sustentaba, de conformidad con el numeral 2º del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que dispone:

“ART. 66.—Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: (...).

2.Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho (...)”.

Lo anterior resulta evidente, por cuanto en la parte considerativa de la resolución acusada se hace referencia expresa al artículo 146 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 51 de la Ley 510 de 1999, así como también en el artículo primero del acápite resolutivo, se establece el procedimiento “para efectos del acceso a la competencia de la Superintendencia Bancaria en relación con la facultad jurisdiccional que a la misma se atribuye en los términos de la Ley 446 de 1998”.

Adicionalmente, en el encabezamiento de la Resolución demandada se indica:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 187 DEL 2000

Por la cual se establece el procedimiento para acceder a la competencia de la Superintendencia Bancaria en relación con los asuntos de que trata la Ley 446 de 1998.

El Superintendente Bancario

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el parágrafo único del artículo 146 de la Ley 446 de 1998 (…)”.

Como el acto demandado instruía sobre la aplicación de la facultad jurisdiccional excepcional que se otorgaba a la Superintendencia Bancaria, ha perdido su fuerza ejecutoria, en forma independiente de los posibles vicios de ilegalidad que le imputan, por tener que seguir la suerte de la ley que lo sustentaba en razón de los efectos erga omnes del fallo de inexequibilidad.

Por lo expuesto, la Sala se declarará inhibida para fallar, porque carece de objeto cualquier pronunciamiento sobre las pretensiones, por haber desaparecido del mundo jurídico la resolución acusada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

DECLÁRARSE inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de julio 27 de 2001. Radicación 10.479. Consejera Ponente: Dra. Ligia López Díaz).

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