Sentencia 10499 de diciembre 11 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado Acta Nº 194

Bogotá, D. C., once de diciembre de dos mil uno

Hechos

Sucedieron el sábado 23 de octubre de 1993 en la vereda, “Hoya Grande” del municipio de Icononzo (Tolima), en el establecimiento de propiedad de Hernán Pérez Collazos, donde estuvieron departiendo y tomando licor desde tempranas horas de la tarde, el citado Pérez Collazos, Elicinio Pérez C., Alejandro Pérez, Luis Alberto Collazos, Ramón Díaz, Alberto Lautero Rojas, José Sanabria, José Arnulfo Rincón, Octavino González, Gerardo Márquez, Alberto Bernal y Gerardo Pinto. Aproximadamente a las 8.00 p.m. se presentó una riña entre Alberto Bernal y Hernán Pérez, que generó en una trifulca de todos contra todos, en el curso de la cual Luis Alberto Collazos disparó su revólver contra Isidro Montenegro y José Alberto Lautero Rojas, causándoles la muerte.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Primera.

Sobre la petición de casación oficiosa.

El Ministerio Público ha pedido la anulación del proceso por violación del derecho de defensa. Dada la prioridad del planteamiento, como que se trata de solicitud que contestada positivamente cobijaría una amplia cobertura pues que se impondría desde la indagatoria, de ella se ocupa la Sala en primer lugar. Respóndese negativamente al señor procurador, por las siguientes razones:

1. Evidentemente, como el día de la indagatoria —11 de febrero de 1994—, tres días después de la aprehensión, el señor Collazos manifestó que no tenía apoderado, la fiscalía, tras empaparlo del contenido del artículo 358 del Código de Procedimiento Penal y en cumplimiento del mismo, le designó como defensor de oficio al doctor Gamaliel Martínez Orozco, quien se identificó con su cédula de ciudadanía e informó que no tenía tarjeta profesional.

2. El 22 de febrero del mismo año, el señor Collazos solicitó le fuera ampliada la injurada, que lo fue el 24 de marzo de 1994, para el desarrollo de la cual fue designado como apoderado de oficio un ciudadano, previa constancia de la fiscalía en el sentido de que el imputado no tenía defensor dentro del sumario, no nombraba a ninguno para la diligencia, y en “ausencia de un abogado titulado”, de donde se desprende que no hubo capricho alguno del instructor. Simplemente, no lo asistió un letrado, porque no lo había contratado y porque para el momento no se contaba con él.

3. El 19 de abril, Collazos solicitó le permitieran “vista del expediente” para conocer el estado del proceso y pedir pruebas, memorial en el cual agregó que carecía de defensor, razón por la cual al día siguiente la fiscalía autorizó la revisión pedida y el siguiente 2 de mayo le designó defensora de oficio que se posesionó el 5 del mismo mes, luego de que el procesado le otorgara poder.

4. El mismo 5 de mayo, en escrito firmado por el sindicado y por su defensora, Collazos hizo la petición ya reseñada de aplicación de los artículos 369 A y 37 del Código de Procedimiento Penal, audiencia en la que estuvo acompañado de su defensora.

5. La Corte no discute que durante un tiempo, entre el 11 de febrero y el 1º de mayo, Collazos hubiera carecido de defensa técnica, si por ésta se entendiera la actividad positiva y materialmente ostensible de un togado. Pero también percibe lo siguiente:

a) Toda la prueba que se tuvo en cuenta para resolver la situación jurídica fue recopilada con antelación a la indagatoria, es decir, antes de que Collazos fuera vinculado a la investigación, que no lo había sido antes porque no había comparecido a la justicia;

b) Durante el tiempo transcurrido entre la indagatoria y su ampliación, no se practicó ninguna diligencia que comprometiera a Collazos;

c) Entre la ampliación de la injurada y la designación de la defensora tampoco; al contrario, se realizó lo relacionado con el arma aportada por la esposa del sindicado, por insinuación de éste, y la vista del expediente. Se recepcionó, sí, la declaración de la señora María Alix Rincón, cuñada del procesado, quien no percibió las muertes, dice que según los rumores Collazos fue el autor, pero que nada le consta sobre ello.

Es claro, entonces, que durante el lapso mencionado nada sucedió probatoriamente que ahondara más la responsabilidad del imputado y que, por razones de dialéctica procesal, implicara una atenta actitud defensiva;

d) Collazos, sabedor de lo sucedido, luego de revisar el expediente y ya acompañado de defensora, optó por el “acuerdo” a que se alude en el expediente, de todo lo cual emana algo indudable: miró la prueba, conversó con su defensora y se decidió por la estimada por ellos como mejor vía, dadas las circunstancias del proceso. Es que, recuérdese, la solicitud de beneficios que, presentara también iba firmada por su apoderada, primero nombrada de oficio y, casi simultáneamente, contratada por Collazos.

Si Collazos conocía los hechos, si estudió el expediente para “pedir pruebas” y ya con defensa perceptible quiso acogerse a los beneficios, cuando pudo solicitar la práctica de diligencias, cosa que también podía haber hecho la letrada que le acompañaba, no hay incertidumbre sobre que sí contó con defensa que en tiempo y espacio pudo buscar alternativas en pro del procesado;

e) Otro detalle aparentemente insignificante acude a la Corte para su afirmación de que sí hubo defensa. En efecto: cuando rindió indagatoria, Collazos dio sus explicaciones, entre otras las referentes al porqué de su desaparición. Fíjese la atención: “Preguntado: ¿Usted tiene algo más que agregar o corregir a esta diligencia? Contestó: el motivo por el cual huí no fue por huirle a la justicia, sino porque mi vida allá corría peligro, por el cual fue que hice una llamada a la fiscalía o le pedí al doctor Gamaliel que hiciera una llamada para ver si el expediente había llegado para presentarme” (destaca la Sala).

Surge de sus propias palabras que antes de concurrir al despacho judicial, estaba al tanto o atento a lo que sucedía, muy probablemente asesorado por el doctor Gamaliel quien luego resultó como apoderado suyo en la injurada, según designación que se le hiciera de oficio. Y si bien el doctor Gamaliel dijo a la fiscalía el día de la indagatoria que no poseía tarjeta profesional, no hay dudas en cuanto a su calidad si se tienen en cuenta tanto las palabras de la entidad investigadora como las del procesado, quienes en el expediente se refieren a él —repítese— como el “doctor Gamaliel”.

Y la asesoría se comprueba con otros detalles: Collazos fue notificado de la resolución detentiva y no impugnó, en contra de aquello que suele hacer la mayoría de los sindicados, especialmente cuando se trata de personas que trabajan en el campo, jornaleros que se dedican a la agricultura, que tienen pocos recursos y poca preparación y que no superan el segundo año de primaria; prefirió pedir ampliación de indagatoria con base en los artículos 23 de la Constitución Política y 137 y 361 del Código de Procedimiento Penal; en desarrollo de ésta dio nuevas explicaciones, se refirió al pasado de los finados, les imputó vínculos con la guerrilla y dijo que estaba arrepentido de lo hecho; y luego, tras el estudio del expediente, optó por la selección de la alternativa ya mencionada.

Es claro, entonces, que sí tuvo asistencia, es decir, que no careció de defensa y, por tanto, no prospera la solicitud de casación oficiosa formulada por el procurador delegado en lo penal.

Segunda.

Sobre la demanda de casación.

Atendiendo en parte el primer cargo propuesto por el Ministerio Público, y fundamentalmente con apoyo en el artículo 229-1 del Código de Procedimiento Penal de 1991 —subrogado por el artículo 13 de la Ley 553 de 2000—, la Sala casará la sentencia con base en los siguientes motivos:

1. Producida la sentencia de 2ª instancia, la procuradora en lo judicial penal interpuso recurso de casación acudiendo en primer lugar a la propuesta de nulidad, que acompañada de la diversidad de organismo respecto de la personería de Melgar —a pesar del despliegue común de algunas actividades—, le otorga interés para impugnar extraordinariamente.

2. Como emana del artículo 369 A del Código de Procedimiento Penal de 1991 —artículo 44 de la Ley 81 de 1993—, las ventajas inherentes a la colaboración eficaz están supeditadas a un acuerdo que involucra al Fiscal General de la Nación, o al fiscal que éste designe, y al procesado o condenado, previo concepto del Procurador General de la Nación.

Estos presupuestos, como es obvio, también son requisitos imprescindibles cuando, conforme con el artículo 369-C-6 del mismo estatuto, se solicita simultáneamente sentencia anticipada o audiencia especial y beneficio por auxilio eficaz, pues no obstante la remisión que el inciso hace a los artículos 37 ó 37 A del Código de Procedimiento Penal, resulta lógico y elemental que la pluralidad de peticiones no significa desconocimiento de las exigencias de uno de los institutos.

Dicho de otra manera, si se solicita sentencia anticipada o audiencia especial y, a la vez, reconocimiento por ayuda importante conforme con el artículo 369 A, cada uno de estos, fenómenos jurídicos se debe tramitar, aún cuando de consuno, con el cumplimiento de sus respectivas condiciones. Tal es el alcance de la normatividad, si se la mira sistemáticamente, como varios aspectos conformantes de un todo, vale decir, integrando los diversos literales y numerales que constituyen el artículo 369 y siguientes del estatuto procesal. No tiene soporte creer que con base en una lectura singular y aislada de las disposiciones se pueda concluir que en el artículo 369 A se exija la concurrencia de los presupuestos mencionados y que en el artículo 369-C-6 aquellos puedan ser omitidos.

Obediente a lo anterior, en alguna oportunidad la Sala calificó de “inexorable” la participación del Fiscal General de la Nación y del Procurador General de la misma en el desarrollo regulado en el artículo 369 A del código ritual (Auto del 19 de marzo de 1996, M.P. Fernando Arboleda Ripoll, radicación 9662), adjetivo que si bien fue referido exclusivamente a esa norma, no por ello puede desaparecer frente al 369-C-6. Sería imposible pensar —porque transgrede la naturaleza de las cosas— que la exigencia fuera “inexorable” en relación con “una” petición —búsqueda de beneficios por colaboración eficaz— y “exorable” respecto de “dos” peticiones que deben transitar el proceso conjuntamente.

3. Como quedó claro de la reseña hecha anteriormente, la fiscalía adelantó el trámite e hizo alusión en el acta correspondiente a la disminución de pena por colaboración eficaz, sin la concurrencia del Fiscal General de la Nación o de su delegado —a quien ni siquiera comentó sobre la petición— y sin la opinión anterior del Procurador General de la Nación o de su representante —a quien tampoco tuvo en cuenta para nada.

Y a ello siguió la flagrante equivocación de los señores jueces, quienes en vez de ejercer control legal sobre la diligencia practicada por la fiscalía, siguieron la ruta del yerro: mientras el funcionario de primera instancia redujo la pena por una hipotética colaboración eficaz, el tribunal ratificó el fallo previa modificación parcial del mismo para atemperar aún más la sanción.

4. Como se percibe con facilidad, la irregularidad nació desde el inicio del trámite para responder a la petición hecha por la defensa y el procesado, y se prolongó hasta la primera instancia y, luego, prosiguió hacia la segunda, con efectos sustanciales trascendentes en la sentencia. Por ello se trata de un error in iudicando que sólo afecta la decisión final pues que es precisamente allí, y no antes, donde se materializa la finalidad de los mecanismos alternativos que en últimas tienen que ver con la calidad y cantidad punitivas. Como es claro, la importancia no es predicable del y desde el “acta de sentencia anticipada” porque lo mencionado en esta no constituye más que un anhelo que sustancializa o no el juez cuando profiere la sentencia. Por esta razón, reitérase, la irregularidad ha sido severa, mas en la sentencia, no en la audiencia celebrada.

5. Por estos motivos, en alguna medida otorgando razón a la demandante, la Sala casará la sentencia pero con tres precisiones: Una. No sólo desde el punto de vista formal, es decir, relacionado con el trámite, sino en cuanto al fondo del asunto, la obtención de beneficios por, colaboración eficaz era absolutamente improcedente pues que, sobre el segundo tema, es claro que hablar de la devolución de un arma y presentarse voluntariamente a las autoridades luego de haber huido el día de los hechos, no constituye ningún mérito que pueda permitir una considerable reducción de la sanción frente al contenido del artículo 369 A y siguientes del Código de Procedimiento Penal, tal como lo entiende la Sala por unanimidad. Dos. La decisión que tomará la Corte tiene que ver exclusivamente con la sentencia, pues la irregularidad se predica de ella. Por eso, y con base en el artículo 229-1 del Código de Procedimiento Penal, dictará el fallo que deba reemplazarla; y tres. Se refiere únicamente al beneficio por colaboración eficaz, de donde se desprende que lo relacionado con la “sentencia anticipada” mantiene su vigencia.

6. Lo anterior comporta fundamentalmente dos consecuencias que serán puntualizadas posteriormente. En primer lugar, adicionar a la pena deducida por el ad quem la cantidad que éste —como el juzgador de la instancia— le restara al señor Collazos a título de beneficio por colaboración eficaz (1/6); y, en segundo lugar, fijar nuevamente la sanción, siguiendo la dosificación hecha por el tribunal y teniendo presente, además, el principio de favorabilidad.

Tercera.

Sobre una acción penal prescrita.

Como la audiencia de “sentencia anticipada” fue celebrada el 9 de mayo de 1994, la acción penal por el delito de porte de armas de fuego de defensa personal se halla prescrita pues que el artículo 201 del Código Penal, modificado por el artículo 1º del Decreto 3664 de 1986, prevé como pena máxima de prisión la de cuatro (4) años, cantidad punitiva igual a la establecida en el artículo 365 del estatuto actualmente vigente. Así, es claro que los 5 años posteriores a la “acusación” se cumplieron el 9 de mayo de 1999.

Cuarta.

Sobre la redosificación de la pena.

1. El tribunal fijó al procesado 15 años y 6 meses de prisión como pena final, teniendo en cuenta lo siguiente: 25 años, mínimo previsto en la Ley 40 de 1993; más 5 años por el otro homicidio; más un año, por el porte de armas, para un total de 31 años. A esta cantidad, le restó la sexta parte y a la misma —indebidamente pues que la reducción por sentencia anticipada se debe hacer sobre el “saldo” total—, la tercera parte, para concluir en 15 años 6 meses.

2. Si se tiene en cuenta lo anteriormente expuesto, se sigue el procedimiento correcto y se parte del mínimo de 13 años establecido en el artículo 103 de la nueva ley sustancial, más favorable, la situación es la siguiente:

a) 13 años como base por un homicidio;

b) Acatando los lineamientos del tribunal, 5 años más por el otro homicidio;

c) No se aumenta nada por el porte ilegal de armas toda vez que la acción se halla prescrita;

d) Se suprime la disminución de la sexta parte, por las razones ya conocidas, y

e) A los 18 años que resultarían, se resta la tercera parte por la sentencia anticipada, para un total de 12 años.

La pena, así, será de doce (12) años de prisión.

Quinta.

Sobre la libertad provisional.

Sería viable que la Sala se ocupara del tema libertad provisional. Sin embargo, se abstiene de hacerlo porque, como se ha establecido, el Juzgado Penal del Circuito de Melgar ya se la otorgó al procesado, en decisión del 1º de noviembre del año 2000.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar la prescripción de la acción penal respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal y, por tanto, cesar todo procedimiento en relación con el mismo.

2. Casar parcialmente la sentencia impugnada en el sentido de que no hay lugar al reconocimiento de beneficios por colaboración eficaz.

3. Con fundamento en el principio de favorabilidad y en las reflexiones hechas en la cuarta parte de las consideraciones de este fallo, redosificar la sanción y fijar como pena privativa de la libertad prisión de doce (12) años.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el asunto al tribunal de origen».

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