Sentencia 10553 de octubre 15 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Ref.: Exp. 10.553

Actor: Enrique de Jesús Rendón Carvajal

Demandado: Ministerio de Salud, servicio seccional de salud de Risaralda y Hospital Santa Ana de Guática.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre quince de mil novecientos noventa y siete.

La Sala da por probada la relación de conexidad que existió entre el hecho de su muerte, acaecida en las horas de la noche del 11 de noviembre de 1992, y la ampolleta que minutos antes le fuera aplicada a la señora Cenelia Grajales. Aquello significa que la actora satisfizo su carga probatoria, dejando en manos de las entidades administrativas aportar prueba orientada a producir certeza sobre la presencia de otros elementos en la causación del deceso y sin embargo aquí se ha visto que sus abogados no actuaron en tal sentido.

La falla del servicio. Definido el extremo anterior, resulta oportuno examinar enseguida si el actuar de la auxiliar de enfermería (aplicar la ampolleta de allerpen sin la prueba de sensibilidad), merece ser tenido como un error de conducta que comprometa la responsabilidad administrativa.

Pero antes es preciso reconocer dos fundamentales al momento de adoptar cualquier decisión en este caso. De un lado, la falta de elementos necesarios para la prueba de sensibilidad y de otro, la insistencia del paciente en querer recibir el medicamento sin someterse a la prueba.

Aunque para la Sala es comprensible que en las anteriores circunstancias la auxiliar de enfermería ... debió poner en práctica toda su idoneidad para prevenir los riesgos de la inyección, nada justifica su inconsulto proceder, menos aún si ya existía la advertencia de no inyectar sin la prueba. Para el juez administrativo aquélla funcionara del servicio de salud procedió contra instrucción expresa del médico tratante. Con todo y la justificación de haber obrado impulsada bajo un supuesto de necesidad porque la paciente lo rogaba o porque dijo que no era alérgica, estima la Sala que una persona prudente y diligente colocada en las mismas circunstancias externas no habría expuesto al paciente al grave riesgo de morir.

Aquí conviene reseñar que la auxiliar ... observó la necesidad de practicar la prueba de sensibilidad. Y que por no contar con los elementos del caso, en principio se negó a inyectar a Cenelia Grajales. Es entonces cuando con suficiente acierto el procurador delegado conceptuó que en buena medida la falla del servicio radicó allí, es decir, en la falta de elementos mínimos indispensables para garantizar a los pacientes la seguridad en el tratamiento. Y no poca razón le asiste al delegado, quien así se expresó:

“No pretente exigir esta agencia del Ministerio Público que en un establecimiento que pertenece al primer nivel dentro de la clasificación de los centros de asistencia se cuente con equipos médicos sofisticados como resucitadores y otros aparatos de similar naturaleza, que se entiende deben ser manejados por profesional más capacitado; se exige si la presencia o el suministro a dichos centros de los mínimos elementos necesarios para ejecutar los tratamientos con un cierto grado de seguridad para los pacientes. La penicilina cristalina diluida es el reactivo utilizado para practicar la PPS la cual en el mercado tiene un valor que oscila entre $700 y $1.000. El bajo costo de dicho elemento hace más grave su ausencia en el puesto de salud” (f237 C2).

Y tampoco es de recibo que por la falta del químico se deba someter al paciente a la contingencia del riesgo. Así, para preservar la vida de Cenelia Grajales lo aconsejable hubiese sido o remitirla a otro centro de salud, o aplazar la aplicación de la ampolleta. El no contar un puesto de salud veredal con elementos de tanta utilidad práctica como el componente reactivo para la prueba de sensibilidad significó para la Sala una grave omisión administrativa. Más aún si se sabe que las personas que habitan el sector rural también adquieren tendencia a ser curadas con base en antibióticos, omisión de transcendencia en el ámbito jurídico de la responsabilidad.

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