Sentencia 10561 de septiembre 4 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 10.561

Consejero Ponente:

Ricardo Hoyos Duque

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre cuatro de mil novecientos noventa y siete.

Actor: G.P. Gerencia de Proyectos Ltda.

Demandada: Municipio de Arauca

EXTRACTOS: «1. La jurisprudencia reiterada de la Sala(1) ha señalado como requisitos para la procedibilidad de la llamada acción in rem verso o por enriquecimiento sin causa los siguientes: a) un enriquecimiento de la administración, b) un correlativo empobrecimiento de la parte afectada, c) una relación de causalidad y e) subsidiariedad de la actio in rem verso.

(1) Entre otra puede verse la sentencia del 5 de septiembre de 1991. Actor: Sociedad Olivetti de Colombia S.A., Consejero ponente: Daniel Suárez Hernández.

2. Se encuentra acreditado en el expediente que entre el municipio de Arauca y la empresa G.P. Gerencia de Proyectos Ltda., se suscribió el 18 de diciembre de 1989 el contrato de prestación de servicios Nº 130, el cual tenía como objeto la gerencia del proyecto sobre las siguientes obras que adelantaba el municipio: a) palacio municipal, b) manga de coleo, c) velódromo, d) parque recreacional, e) estadio de fútbol, f) coliseo cubierto, y g) colegio General Santander. El valor del contrato fue la suma de treinta y dos millones ochocientos mil pesos ($ 32.800.000) con una duración de seis meses contados a partir de su perfeccionamiento, el cual de acuerdo con la cláusula décimo séptima estaba condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) disponibilidad y registro presupuestal, b) pago de impuesto de timbre nacional, c) publicación en el Diario Oficial que se entiende cumplida con el pago de los correspondientes derechos, d) constitución y aprobación de fianzas y e) paz y salvo municipal (cfr. fl. 470 y ss. del cuaderno 2 de pruebas).

La primera deficiencia que advierte la Sala para la prosperidad de las pretensiones de la demanda tiene que ver con la prueba de este último extremo, toda vez que si no existe certeza sobre el cómputo del plazo inicial del contrato, tampoco puede existirla al momento de precisar cuáles fueron los servicios adicionales prestados por el contratista y que el municipio demandado no canceló, hecho en el cual estriba la sociedad demandante su pretensión de declarar el enriquecimiento sin causa de este último.

No obstante lo anterior, del acta de ampliación de plazo y valor que obra en copia autenticada al fl. 474 del cuaderno 2 puede deducirse que el vencimiento del plazo inicial del contrato ocurrió el 26 de mayo de 1989, fecha a partir de la cual se prorrogaría seis (6) meses más y se adicionaría su valor en la suma de veintidós millones ochocientos mil pesos ($ 22.800.000).

Dicha acta fue suscrita por el secretario de obras públicas del municipio de Arauca en su calidad de interventor del contrato y el representante legal de la firma contratista y lleva a su vez el visto bueno del alcalde municipal, quien fue el mismo que suscribió el contrato inicial.

Debe precisarse que ninguna incidencia tiene que esta acta haya sido suscrita o no por el alcalde municipal de Arauca ya que lo que interesa para la prosperidad de este tipo de pretensiones según se anotó antes, es que se haya dado un enriquecimiento de la entidad pública y un correlativo empobrecimiento del particular, sin una causa que le sirva de justificación como sería por ejemplo la existencia de un contrato o de la adición de su valor.

Ese documento, haya sido firmado por el secretario municipal de obras públicas en su calidad de interventor o por el alcalde del municipio de Arauca, apenas sí tiene el valor de un indicio en cuanto prueba que existió la intención de ampliar el plazo y el valor del contrato inicial.

3. Al folio 202 del cuaderno de pruebas obra un oficio dirigido el 30 de julio de 1990 por el señor Julio E. Torres Peñuela, gerente de la sociedad Desarrollo Institucional y Gestión de Proyectos a la empresa Gerencia de Proyectos en el que señala que recibirá toda la documentación relacionada con dicha empresa en Arauca, lo cual hace suponer que la primera se habría de ocupar de esas gestiones en el futuro.

(...).

Al no haberse acreditado que el municipio de Arauca se hubiere enriquecido en forma injustificada y que a su vez, la sociedad demandante se hubiere empobrecido de manera correlativa, hizo bien el a-quo al negar las pretensiones de la demanda y por esa razón la sentencia impugnada será confirmada.

(...)».

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