Sentencia 10562 de junio 8 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Ref.: Expediente 10562 Junio 8/2000

Magiatrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Decide la Corte la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales del 12 de abril de 2000, dentro de la acción de tutela impetrada por José Alcides Salazar contra Emtelsa S.A. y otra.

Antecedentes

Buscando en concreto se le exija a las accionadas ordenen una cesación de todo procedimiento de cobro en su contra, por el incumplimiento en el pago del servicio de telecomunicaciones por parte de la suscriptora de la línea Nº 8822956, al considerar vulnerado el debido proceso, expone en síntesis el accionante que:

Una inquilina suya a sus “espaldas solicitó a... Emtelsa S.A., la instalación de una línea telefónica”, lo que hizo la entidad sin anunciarle tal propósito, lo que descubrió cuando carecía de recursos legales para resolver el contrato de arrendamiento, sin que existan mecanismos para que el propietario obligue a la empresa a la suspensión del servicio “cuando se ha efectuado la instalación sin su consentimiento”; llegándole a finales de 1999 facturas de cobro por el servicio de esa línea, lo que lo llevó a hacer uso del derecho de reclamación establecido en el artículo 132 de la Ley 142 de 1994, el 15 de septiembre de 1999, la que se le resolvió negativamente el 24 de los mismos mes y año, decisión a la que le interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación, y que fuera confirmada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien omitió responder acorde con los argumentos presentados, sin que se derrotaran sus puntos de vista, ni se demostró que estuviera equivocado, ni hubo respuestas a la solicitudes de silencios administrativos positivos “que se aprecia en algunos de los argumentos”, sabiendo que se debía tomar una posición de fondo clara y precisa.

Se pregunta ¿de qué sirve tener el derecho de pedir que se revise una facturación y se establezcan unas causales para ello, si no son estudiados, analizados y sujetos a contradicción los puntos de vista del usuario que reclama la revisión?

Manifiesta que ejerce esta acción para evitar el perjuicio irremediable de que se le inicie un proceso ejecutivo en su contra con el consecuente embargo del único inmueble que conforma su patrimonio, habiendo agotado previamente una vía gubernativa con las omisiones, extralimitaciones y defectos que anota.

Respuesta de las accionadas

Emtelsa S.A., por conducto de su representante legal, manifiesta que cada uno de los documentos cursados con el reclamante, fueron entregados y tramitados de acuerdo con las normas que orientan el procedimiento de las reclamaciones, dándose respuesta e incluso de manera amplia, permitiéndosele interponer recursos que se le resolvieron e invitándolo a concertar “acuerdo de pago, del cual hizo caso omiso”, siendo deudor solidario conforme lo indica el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, lo que se le hizo saber, sin que pueda eludir el pago, por prohibirlo el artículo 46 de la Resolución 3962 del 4 de octubre de 1989.

La Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, por medio de representante, controvirtiendo lo pretendido por el actor, encuentra que lo que se busca por esta vía es que se le resuelva favorablemente el recurso de apelación interpuesto y ya resuelto, lo que en modo alguno considera procedente, pues lo que debió fue atacar la resolución que resolvió el recurso, por medio de una acción de nulidad ante el contencioso administrativo, además, dos años después de instalada la línea acude a ejercer el derecho de petición, “con el fin de no pagar los cobros, advirtiendo su propia falta de diligencia para enterarse de la existencia” de la misma, en tanto la solidaridad la establece es la ley sin que ninguna de las accionadas tenga competencia para decir si fue o no asaltado en la buena fe en el contrato de arrendamiento, por ser esto del resorte de la jurisdicción ordinaria; por otra parte, de haberse operado un silencio administrativo, que no es cierto, sería negativo por cuanto el positivo opera es en los específicos casos que contempla la ley.

Sentencia del Tribunal

Para el a-quo lo que se busca es el ataque de la facturación, de la que no se considera responsable el peticionario, para lo que existe la acción de anulación ante el contencioso administrativo siendo vano tratar de enmendar el yerro, de existir, a través de la tutela. Además, al haberse resuelto los recursos, le quedaban dos alternativas viables; o dar por agotada la vía gubernativa y acudir ante el contencioso administrativo o asumir que no hubo respuesta en los términos que la ley previene y considerar sobreviniente el silencio administrativo positivo, lo que le permite excepcionar ante el juez de la ejecución, pero que en modo alguno compete al juez de tutela por lo que se niega ésta.

Impugnación

El quejoso señala los pasos que se deben seguir dentro del proceso reclamatorio y que constituyen el debido proceso, para reiterar que sino se analizan los puntos por él esgrimidos o no se le reconocen de oficio los silencios administrativos positivos, no se han seguido todos los pasos que se requieren para que se respete el debido proceso.

No desconoce la existencia de otros medios de defensa, pero entiende que el fin de esta acción es prevenir la infracción de los derechos fundamentales al debido proceso, ser oído y vencido en juicio, que se viola al evitar el análisis y la confrontación de los argumentos por él expuestos.

Consideraciones

1. De conformidad con el Decreto 1842 de 1991 toda persona o grupo de personas tienen derecho a solicitar y obtener los servicios públicos domiciliarios, con el único requisito de probar “la habitación”; cuestión que pueden lograr por cualquiera de los medios previstos por el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil (art. 3º, inc. 1º), sin que las empresas prestadoras puedan negarlos, salvo por razones de “carácter técnico” y/o por no encontrarse aquellos dentro del “programa de inversiones” de éstas (inc. 2º), toda vez que, adicionalmente, deberán abstenerse de exigir “los documentos que prueben la titularidad del dominio sobre el inmueble”.

Por su lado el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, dispone que son partes del contrato de servicios públicos domiciliarios, la empresa correspondiente y los usuarios; estableciendo entre estos últimos, el suscriptor y el propietario del inmueble una solidaridad “en sus obligaciones” y facultando el cobro ejecutivo de “las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos”.

2. Es de anotar sin embargo, que el Decreto 266 de 22 de febrero de 2000 en su artículo 42, modificó el inciso segundo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, que quedó así: “El propietario o poseedor a cualquier título, el suscriptor y los usuarios, serán solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos, siempre y cuando el propietario o poseedor haya dado expresa autorización para que sus arrendatarios soliciten los servicios. No operará la solidaridad entre el propietario o poseedor del inmueble y el suscriptor o usuario en caso de que la empresa omita el cumplimiento de este requisito” (resaltado de la Sala).

La norma transcrita tuvo su antecedente en el artículo 82 del Decreto 1122 de 1999, que introdujo el requisito del consentimiento previo del arrendador del inmueble para que se pudiera instalar un servicio público domiciliario, decreto que fue declarado inconstitucional como consecuencia de la inexequibilidad (Sent. C-923/99) del artículo 120 de la Ley 489 de 1998 (Ley de facultades extraordinarias).

A criterio de esta corporación, el antecedente señalado lleva a concluir que el artículo 42 del Decreto 266 de 2000 tuvo una clara finalidad interpretativa, más que modificatoria, del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, por lo que su alcance debe entenderse retrotraído al momento mismo de la promulgación del precepto interpretado, vale decir, para este caso, desde la vigencia de la Ley 142 mencionada, lo que significa que el sentido hermenéutico del artículo 130 debió ser siempre desde su comienzo el fijado por el artículo 42 del Decreto 266 de 2000; desde luego que, siendo dicho precepto auténtica norma de orden público, resulta de aplicación y efecto general inmediato en esta acción de tutela, como lo dispone para estos eventos el artículo 18 de la Ley 153 de 1887.

3. Puestas en este estado las cosas, no puede resultar menos que un acto ilegal y por ende injusto, el que sin existir vínculo contractual alguno ni mandato legal que así lo permita, se imponga por las accionadas los efectos de una solidaridad inexistente entre la suscriptora-usuaria del servicio público aquí contratado y el accionante señor José Alcides Salazar como propietario del inmueble en el que aquella lo hizo instalar; cuando éste no fue parte en dicho contrato ni autorizó ante la empresa su instalación, como lo impone el ya citado artículo 42 del Decreto 266 de 2000 para que operara tal solidaridad.

Al persistir en esa conducta con clara violación del precepto señalado, se configura una actuación ilegal o vía de hecho administrativa por parte de las accionadas, puesto que éstas deben estar obviamente sometidas a la legalidad, al adoptar los procedimientos y trámites que correspondan, y aquí según los planteamientos que se dejan expuestos, la actitud de la entidad prestadora del servicio público, en mantenerse en su posición de requerir el pago de quien no está obligado a ello, la coloca en clara arbitrariedad, y por consiguiente en una actuación censurable por estar fuera de la legalidad, resultando de ello la violación del debido proceso del accionante como derecho fundamental.

Esos mismos razonamientos son aplicables por completo a las actuaciones de autoridades administrativas o de entes jurídicos encargados de la prestación de servicios públicos domiciliarios, por cuanto igualmente deben observar la legalidad, es decir, la norma aplicable al caso específico, tener competencia para ello y seguir los procedimientos y trámites adecuados.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado, y en su lugar dispone:

1. Tutélase el derecho al debido proceso administrativo del accionante.

2. Como consecuencia de ello ordénase a las accionadas cesar todo procedimiento de cobro, por el servicio público de teléfono facturado, correspondiente a la línea número 8822956, contra el señor José Alcides Salazar.

Remítase este expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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