Auto 10565 de agosto 3 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TRÁFICO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS

COMPETENCIA DE LOS JUECES REGIONALES

EXTRACTOS: «El artículo 71 del Código de Procedimiento, modificado por el artículo 9º de la Ley 81 de 1993, al precisar la competencia en primera instancia de los jueces regionales dispone, en su numeral 4º, que conocerán “de los delitos a que se refiere el Decreto 2266 de 1991, con la excepción del simple porte de armas de fuego de defensa personal, de la interceptación de correspondencia oficial y delitos contra el sufragio” (negrillas fuera de texto).

Ya se dijo que el Decreto 2266 de 1991 adoptó como legislación permanente, en su artículo 1º, el Decreto 3664 de 1986.

Obsérvese que la única excepción contemplada por la norma que define la competencia de los jueces regionales, en relación con las conductas descritas en el artículo 1º del Decreto 3664 de 1986, es la que se refiere al porte de armas de fuego de defensa personal, cuyo conocimiento quedó en cabeza de los juzgados del circuito.

El error de los juzgados colisionantes radica en creer que la excepción comprendía también el porte de municiones y explosivos, pero la norma es bien clara al excluir solamente el de armas de fuego de defensa personal, aparte de que estos conceptos son muy distintos, como se desprende de las definiciones que de cada uno de ellos trae el Decreto 2535 de 1993 en sus artículos 6º, 46 y 50, respectivamente, para postular una posible equiparación de los mismos. Por lo demás, la competencia no es posible establecerla, ampliarla o restringirla por vía distinta al mandato legal.

Esto quiere decir que en tratándose de municiones o explosivos, la competencia de los juzgados regionales se extiende a todas las previsiones fácticas del art. 1º del Decreto 3664 de 1986, en tanto que cuando son armas de fuego de defensa personal, se excluye de su marco de competencia el simple porte.

Resulta oportuno señalar, para prevenir futuros e innecesarios conflictos de competencia, que la munición correspondiente a la carga natural, entendida como el número de cartuchos que el tambor o proveedor está en capacidad de recibir según su diseño de fábrica, se integra al concepto o noción de arma de fuego, pero la ausencia de carga en nada modifica la modalidad delictiva, ya que el artefacto es considerado arma no porque esté dotado de proyectiles, sino porque reúna las características señaladas en el artículo 6º del Decreto 2535 de 1993.

Hechas estas precisiones, ninguna duda queda sobre la competencia del Juzgado Regional de Barranquilla para conocer del proceso, pues, por tratarse de municiones de defensa personal, su conocimiento le está asignado, indistintamente de la modalidad comportamental que desde el punto de vista puramente objetivo, o en razón del fin que se hubiera propuesto, le sea atribuible al procesado».

(Auto de agosto 3 de 1995. Radicación 10.565. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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