Sentencia 10578 de octubre 28 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN

EXTRACTOS: «No obstante que la delegada ha señalado indistintamente las protuberantes fallas técnicas y la carencia de interés para recurrir como elementos fundamentales de la desestimación de la demanda, en tratándose de la sentencia anticipada y la audiencia especial, el iter lógico del proceso penal allí diseñado nos indica que debe examinarse, en primer lugar, el tema del interés, supuesto que si bien ambos factores obstaculizan la sentencia de fondo o de mérito, la constatación del segundo ni siquiera obligaría a la Corte a examinar en detalle el contenido del libelo demandatorio propuesto por quien carece de legitimidad para hacerlo. En este orden de ideas, la presencia o la ausencia del interés para recurrir se convierte en un presupuesto del examen de los contenidos formales y materiales de la demanda, exigencia que deriva tanto de la determinación por la teoría del proceso de que es indispensable que se haya sufrido un perjuicio, como consecuencia de la sentencia atacada, como de la claridad de que el impugnante no ha contribuido con su conducta al resultado que lamenta y de que el recurso extraordinario no enmascara la retractación de lo aceptado o acordado en la terminación excepcional del proceso. A ello conduce no sólo la estructura legal de las figuras de la sentencia anticipada y la audiencia especial (arts. 37 y 37A del C. de P.P.), sino también la expresa limitación que el legislador instauró en el numeral 4º del artículo 37B idem, que si bien sólo se estipula para el recurso de apelación, esta Sala ha reconocido la extensión de sus efectos a la casación, pues, de otro modo, ésta sería la vía expedida para burlar una restricción que es correlativa al eco positivo, aunque atemperado, de la voluntad del procesado y su defensor en el resultado de la pretensión punitiva y sus consecuencias, y que tiene sentido por el matiz de proceso de partes que se vierte en aquellas instituciones procesales especiales (cfr., auto de 16 de septiembre de 1993, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz y sentencia de casación de marzo 4 de 1996, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll).

Pues bien, siendo prioritario, en materia de sentencia anticipada y audiencia especial —este proceso concluyó en las instancias por el primer medio—, el estudio del interés para recurrir, la Sala adoptará la siguiente metodología de motivación y decisión:

1. Aunque estas formas de terminación anticipada del proceso no pueden cumplirse a cualquier precio, pues el legislador patentiza que el juez aprobará ese modo especial de abreviación y finalización “siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales” (arts. 37 C. de P.P.), tal advertencia legal habrá de armonizarse con el principio de protección que rige en materia de nulidades, también de raigambre legal (art. 308-3 idem), según el cual la anulación está supeditada a que el sujeto procesal solicitante de la misma no haya contribuido con su conducta a la realización del acto irregular (nemo auditur turpitudinem suam allegans), salvo lo relacionado con la defensa técnica. De igual manera, tampoco pueden tolerarse las manifestaciones de indebida aplicación o de falta de aplicación de la ley sustancial o error en la denominación jurídica de la conducta, desconocedoras de los cargos recibidos o acordados en las respectivas audiencias de sentencia anticipada o audiencia especial, con la misma salvedad de que se haya garantizado el derecho de defensa, pues ello comportaría una retractación inadmisible de lo aceptado consciente y voluntariamente en dichas diligencias. Este último tema lo reseña y puntualiza la Corte en la referida sentencia del 4 de marzo pasado, en los siguientes términos:

“Demasiado evidente es, de otra parte, la ausencia de interés de interés de la defensa para recurrir en casación con el fin de que se varíe la denominación jurídica del delito, pues tal postura, en el fondo, implica una retractación sesgada de lo ya aceptado, de imposible admisión en cuanto tiene que ver con el instituto de la sentencia anticipada o de la audiencia especial.

Este principio de irretractabilidad está consagrado implícitamente en el numeral 4º del artículo 5º de la Ley 81 de 1993 (art. 37B, C.P.P.), en la medida que limita el objeto de la apelación de la sentencia anticipada por parte del procesado y su defensor, a aspectos que tienen que ver exclusivamente con la dosificación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, los perjuicios, y la extinción del dominio sobre bienes.

Y si la ley considera que uno y otro no tienen interés para apelar el fallo en aspectos relacionados con la aceptación o el acuerdo, tampoco lo tendrán para impugnarlos en sede de casación, puesto que implicaría utilizar el recurso extraordinario para burla la limitación anotada e introducir una retractación, como ya esta Sala, en referencia al original artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, lo había advertido (Auto de 16 de septiembre de 1993, M.P. Dr. Duque Ruiz)”.

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La estructura misma de la institución de la sentencia anticipada indica que, si el procesado se allana en ella, de antemano renuncia a la controversia de la acusación y de la prueba exhibida en su contra, como sustento de los cargos formulados por el fiscal. Es lo que se infiere diáfanamente de la dinámica legal de que a “los cargos formulados por el fiscal” sólo le puede seguir “su aceptación por parte del procesado” y la consignación de lo ocurrido en un acta que firmarán los intervinientes. Es decir, la aceptación de los cargos en la sentencia anticipada acaba con la práctica de pruebas por parte de la fiscalía y con el debate probatorio por parte del procesado y su defensa. Sólo se permite que, una vez hecha la solicitud, en todo caso antes de la formulación de los cargos, el fiscal pueda ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días, si lo considera necesario.

Nótese entonces que solamente el fiscal puede ordenar ese corto período probatorio, eso sí, antes de atreverse a formular los cargos, lo cual nos indica que la vocación del procesado cuando se apronta a la sentencia anticipada es la aceptación de la acusación de la fiscalía y de la prueba sustentatoria que se erige en su contra.

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La introducción en el proceso penal colombiano de las figuras de la sentencia anticipada y de la audiencia especial, por su evidente dimensión de proceso de partes que permiten una mayor participación de los procesados en las decisiones que los afectan (Const. Pol., art 2º), implica también una reinterpretación y aplicación diferenciada del recurso de casación a la luz de la estructura y fines de tales instituciones. No se tenían antecedentes en la legislación procesal penal de Colombia sobre sentencias fundadas en aceptaciones del procesado o en acuerdos con el mismo, sin perjuicio del control de legalidad que siempre concierne al juez, porque hasta ahora reinaba la justicia la justicia impositiva. Así entonces, como en materia de interpretación ha de seguirse lo racional y evitar el absurdo, no puede dársele pábulo en casación a aquellas presuntas irregularidades en las que participó el mismo procesado, debidamente asistido por su defensor técnico (principio de protección), ni a las que implican retractación de lo aceptado o acordado (principio de no retractación), o a las que conducen al desconocimiento del principio de renuncia a controvertir la acusación y la prueba de cargos».

(...)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

• SALA DE LA CASACIÓN PENAL

AUSENCIA DE DEFENSA TÉCNICA

NOMBRAMIENTO DE PERSONA HONORABLE COMO DEFENSOR

EXTRACTOS: «La Corte históricamente ha propugnado en su jurisprudencia por la más amplia cobertura del derecho de defensa, no solamente circunscrito a la fase del juzgamiento como se proclamaba y se toleraba en vigencia de la Constitución Política de 1886, todo porque entiende la Corporación el proceso penal como una tensión dialéctica entre la persecución penal en cabeza del Estado y los derechos de contradicción y de defensa protagonizados por el imputado y su asesor técnico, razón suficiente para comprender que, ante el refinamiento y la sistematización del poder punitivo estatal, correlativamente debe fortalecerse la defensa en todos los momentos del iter procesal. Es por ello que se recibió con entusiasmo la consagración de la garantía de defensa técnica integral (durante la investigación y el juzgamiento) en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, expresión del principio de autonomía ética o de dignidad que sustenta y permea nuestro Estado Social y democrático de derecho y que comporta una mayor participación del individuo en la suerte de la imputación penal que se le formula, aunque sin ocultar a la vez la preocupación por la inexorable aplicación de una norma constitucional a la cual no se le habían preparado las condiciones materiales de operatividad —todavía no se ha hecho— en la mayoría de los municipios del país, pues se carece de eficiencia en la defensoría pública y en la de oficio.

Es en virtud de esa realidad material, campo propicio para desprestigiar más aún los principios de acceso de los ciudadanos a la administración de justicia y de justicia rápida y eficaz —también de raigambre constitucional—, que en su momento los funcionarios judiciales no entendieron el texto del inciso 1º del artículo 148 del C. de P.P., como abiertamente contrario al artículo 29 fundamental, a pesar de las sugerencias de inexequibilidad que, en casos de constitucionalidad distintos o particulares y concretos, hizo la Corte Constitucional en las sentencias C-592/93 y SU-044/95 y, consecuentemente, lo siguieron aplicando, dentro de sus limitadas condiciones, hasta que advino el fallo de inconstitucionalidad específico C-049 del 8 de febrero del año en curso (cfr., sentencia de casación de mayo 9 de 1995, magistrados ponentes doctores Guillermo Duque Ruiz y Carlos E. Mejía Escobar).

Como las diligencias de indagatoria en este proceso se cumplieron antes del aludido fallo de inexequibilidad, en vigencia de una norma amparada en ese entonces por la presunción de constitucionalidad, la violación al derecho de defensa, por el nombramiento de una persona honorable para la sola diligencia de indagatoria, no podría verse porque ahora se dijera por este órgano jurisdiccional, en gracia de discusión, que el precepto del inciso 1º del artículo 148 del CPP era inaplicable por excepción de inconstitucionalidad (Cons. Pol. art. 4º) y que así debieron declararlo los funcionarios judiciales de las instancias, o porque en este momento ya se conoce el fallo de inexequibilidad de la Corte Constitucional. Tal forma de enjuiciar los actos de los jueces constituiría un agravio a la independencia de los mismos (Const. Pol., art. 230), porque para ellos, en el espacio propio de su jurisdicción, la norma no resultaba ab initio patéticamente violatoria de la Constitución; además, un reparo de ese jaez constituiría una afrenta al principio de la seguridad jurídica, porque así entonces el trámite procesal estaría expuesto a una permanente incertidumbre, dado que su legitimidad dependería, no de la ley que está en vigor al momento de su realización, sino de los posteriores pronunciamientos del juez constitucional.

Ahora bien, si el funcionario fiscal acudió al mecanismo excepcional de nombrar una persona honorable como defensor para la indagatoria, se presume que a ello se vio abocado después de constatar la imposibilidad material para proveer el cargo con un profesional del derecho. En otras palabras, la diligencia de indagatoria se presume formalmente realizada, así se eche de menos una constancia sobre el procedimiento previo cumplido para apelar a un cuidado como defensor, y nada se ha hecho para desvirtuar la presumida legalidad de aquélla y, en consecuencia, demostrar por dicha vía que el investigador materialmente sí disponía de abogados para nombrar en el acto y no lo hizo».

(Sentencia de casación, octubre 28 de 1996. Radicación 10.578. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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