Sentencia 10579 de octubre 5 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN Y SENTENCIA

CONSONANCIA EN CUANTO AL DELITO IMPUTADO

EXTRACTOS: «La causal de nulidad que invoca el impugnante es porque, según su criterio, se atentó contra el derecho a la defensa de la procesada, pues en la resolución de acusación se le imputó la comisión del delito de falsedad ideológica y “sin que obrare prueba sobreviniente en al actuación final de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal”, solicitó la condena por un delito distinto al señalado en la acusación, y el Tribunal profirió sentencia condenatoria con base en tal petición, es decir, por el delito de falsedad material.

Lo argüido por el impugnante podría entenderse como una posible incongruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, lo que a su juicio vulneró el derecho de defensa de su protegida, pues el delito imputado de falsedad ideológica riñe con el deducido en el fallo, el cual fue de falsedad material de empleado oficial en documento público.

En primer lugar se debe aclarar al impugnante que cuando la sentencia no está en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación, en principio, tal yerro constituye un quebranto de la estructura del proceso, ya que es imperioso para el mismo que exista una relación jurídica estrecha entre las imputaciones señaladas en la resolución de acusación con lo que se define en la sentencia.

Es indudable entonces que la resolución de acusación y la sentencia se encuentran en una relación causa a efecto, lo que impone que los cargos formulados en la primera pieza procesal serán el marco jurídico procesal que demarcará el fallo de instancia.

Para que se pueda predicar una inconsonancia es menester que el sentenciador, al proferir el fallo de instancia, desconozca la denominación jurídica imputada en la resolución de acusación y condene por un nomen iuris del delito distinto al señalado en esa pieza procesal.

La resolución de acusación ha de construirse con base en las previsiones legales, es decir, como decisión interlocutoria que es, deberá contener: una narración de los hechos que son objeto de averiguación, “con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar”; el señalamiento con el debido análisis de las pruebas allegadas a la investigación en legal forma; la adecuación típica de la conducta, la cual se entenderá como provisional, “con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal”, y las razones por las cuales se comparten o no los alegatos de los sujetos procesales.

En lo que hace referencia a la calificación jurídica provisional de los hechos con la enunciación del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal, como bien lo destacó el Tribunal Superior de Cali, significa que la infracción penal imputada en el pliego acusatorio no es rígida, en el sentido de que el funcionario judicial que va a proferir el fallo quede atado a ella, sino que puede variarse en la sentencia el delito imputado siempre y cuando la modificación normativa —género— no contraríe el capítulo señalado en la resolución de acusación, por tal motivo, le es dable al juzgador hacer las variaciones correspondientes en cuanto a su especie se refiere, apoyándose en los medios de convicción.

En la muy breve fundamentación de la resolución de acusación, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, en torno al tema, se limitó a afirmar:

“El acta del allanamiento practicado es un documento público en virtud de haber sido expedido con ocasión de una diligencia judicial por un funcionario que ejercía sus funciones. Al ser suprimido, este hecho típicamente encaja en la descripción que trae el artículo 223 del Código Penal, que trata de la destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, título VI, capítulo III, libro segundo, genéricamente denominado como de los delitos contra la fe pública.

Como a la supresión del citado documento introdujo otro que lo reemplazara, es decir, se colocó un acta cuyo contenido no correspondió a la realidad, este hecho se tipifica como delito de falsedad ideológica en documento público que sanciona el artículo 219 del Código Penal con pena de prisión de tres a diez años.

Además, la sustracción del acta tenía una finalidad específica y precisamente en relación con la imputación para el capturado. Con esta conducta lo que pretendió fue engañar a la autoridad judicial para que orientara la investigación hacia una falsa realidad procesal, induciendo en error al funcionario, de ahí que estamos frente a la comisión del delito de fraude procesal que define y sanciona el artículo 182 del Código Penal, incluido en el título IV, capítulo VI, libro segundo, de los delitos contra la administración de justicia.

Como quiera que el documento auténtico fue suprimido de la Fiscalía 117 con el objeto de obtener una prueba de un hecho verdadero, constituye un delito plenamente sancionado como lo dispone el artículo 228 del código de penas, el cual impone una pena de arresto de dos a tres años, punible que atenta contra la fe pública, normado en el título VI, capítulo III, libro segundo”.

Por su parte, el Tribunal Superior de Cali al proferir la sentencia concluyó que:

“c) Al emitir la calificación sumarial con resolución de acusación la Fiscalía debe temperarse a los postulados de los arts. 441 y 442 del CPP, al tenor de los cuales se amerita dicha decisión cuando se encuentra demostrada la ocurrencia del hecho y la presunta responsabilidad del imputado, la que está sujeta a unos requisitos de orden formal entre los cuales merece destacarse el consignado en el numeral tercero de la segunda disposición mencionada alusivo a una calificación jurídica provisional, donde la única exigencia formulada es el señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal, lo cual deja en evidencia la previsibilidad legislativa de hacer una adecuación típica no rígida, ni definitiva, sino “provisional”, o sea la apreciación jurídica del funcionario respecto del hecho fáctico juzgado, lo cual indica la utilización del concepto de tipicidad referido no a la disposición del Código Penal, sino al capitulo, lo que no afecta el principio de congruencia o concordancia entre la resolución de acusación y la sentencia, íntimamente vinculado al derecho de defensa y a la seguridad jurídica del procesado, y por ende no se puede aceptar la intangibilidad de aquella decisión hoy equivalente al antiguo auto de proceder, en cuya elaboración los Decretos 050 de enero 13 de 1987 y 2700 de noviembre 20 de 1991 establecieron el requisito en mención”.

El Tribunal Superior de Cali procedió luego a realizar la adecuación típica de las conductas reseñadas en el pliego acusatorio, desechando el delito de falsedad ideológica en documento público (art. 219), e imputándoles la comisión del punible de falsedad material de empleado oficial en documento público (art. 220), por cuanto advirtieron que la acción desplegada por los procesados consistió en construir un acta de allanamiento espuria, documento que tenía la finalidad de desviar la competencia del asunto.

Así las cosas, surge con nitidez que en la resolución de acusación se describieron varios comportamientos que a juicio de la fiscalía constituían infracciones a la ley penal, señalando igualmente el tipo en el cual encajaban y el capítulo y el título del Código Penal, por tal motivo, la Sala no aprecia la desarmonía entre la resolución de acusación y la sentencia que denuncia el recurrente, pues la modificación típica realizada a una de las conductas no logra desnaturalizar los aspectos objetivos de los hechos investigados inicialmente señalados en el pliego acusatorio.

En reciente decisión del 2 de agosto del año en curso, la Sala sobre este aspecto sostuvo:

“Esto significa que el fiscal no puede pretender en la etapa del juicio adicionar la acusación, ya que los cargos deben estar formulados en su totalidad en el proveído calificatorio, de manera que el enjuiciado tenga la certeza de que es exclusivamente de ellos que debe defenderse.

La dimensión de la responsabilidad asignada a los fiscales por la nueva Constitución obliga a que su cumplimiento se realice con el mayor esmero, cuidado y profundidad, y a su vez hace necesario que el Ministerio Público esté atento a interponer los recursos de ley cuando la calificación no sea correcta. A la etapa del juicio no se puede llegar con incertidumbre sobre cuáles son los cargos, ni ese es momento oportuno para tratar de concretarlos.

La elaboración de los cargos en cuanto a la tipicidad implica precisión sobre los hechos investigados, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los especifiquen, señalando los tipos penales correspondientes a la denominación jurídica y a las circunstancias agravantes y atenuantes modificadoras de la punibilidad, así como a las genéricas que deben ser advertidas desde ese momento, esto es, aquellas que requieren de una valoración o análisis previos a su deducción.

El marco dentro del cual se debe desarrollar el juicio está determinado por la resolución de acusación, en donde el Estado por conducto del fiscal le indica al incriminado cuáles son los cargos que le formula, para que él pueda proveer a su defensa con la seguridad de que no va a ser sorprendido con una condena por hechos o situaciones distintas. De igual modo, los sujetos procesales tendrán en dicha resolución un punto de referencia definido sobre las pruebas que pueden presentar y solicitar en el período probatorio de la causa, las cuales se deben limitar a las que sean conducentes y eficaces para corroborar, degradar o desvirtuar la acusación, no siendo de recibo las que pretendan dar lugar a nuevos cargos.

Desde luego que lo dicho es sin perjuicio de que el juez frente a una resolución que afecta el debido proceso, bien por inobservancia de sus requisitos formales o por error en la denominación jurídica, deba invalidarla para que el Fiscal subsane la irregularidad advertida”.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala se abstendrá de decretar la nulidad impetrada».

(Sentencia de segunda instancia, octubre 5 de 1995. Radicación 10.579. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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