Sentencia 10580 de enero 22 de 2002 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sent. 10580, ene. 22/2002

M.P. Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Aprobado acta Nº 05

Asunto

Decide la Corte sobre la impugnación interpuesta por el representante de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Cifin, contra la sentencia de una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá fechada el nueve (9) de noviembre de la pasada anualidad, por medio de la cual tuteló “el derecho constitucional de habeas data a Claudia Patricia Delgado Angarita ...”.

Fundamentos de la acción

Claudia Patricia Delgado Angarita instauró acción de tutela contra Datacrédito y Cifin por considerar que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, libre desarrollo de la personalidad y a la vivienda digna.

Refirió la demandante que en desarrollo de los trámites para adquirir una vivienda de interés social, fue informada por Conavi que no podía postularse para adquirir crédito de vivienda con ninguna entidad financiera, toda vez que se encontraba reportada en Datacrédito y Cifin como deudora morosa.

Admitió que adquirió una deuda con Credibanco Banco de Bogotá por compras hechas con tarjeta de crédito; sin embargo, adjuntó certificación de esta entidad, en la cual consta que fue su cliente desde el 16 de octubre de 1997 hasta el 29 de marzo de 2001, y que se encuentra a la fecha de expedición (oct. 2/2001) a paz y salvo “en cuanto a la tarjeta de crédito se refiere”.

Afirmó haber entregado ese mismo paz y salvo a las accionadas, con el fin de que se levantara la “sanción”, obteniendo finalmente respuesta verbal en el sentido que no se accedería a la petición “y que por el contrario debía cumplir con el tiempo de la sanción”.

La actora pretende que el juez constitucional ordene a las entidades accionadas que cancelen la información negativa que aparece a su nombre, por encontrarse a “paz y salvo por todo concepto puesto que cancelé mi deuda voluntariamente”.

El fallo impugnado

El tribunal de instancia, luego de breves consideraciones sobre el problema jurídico planteado y la procedencia de la acción de tutela en los términos del artículo 42-6 del Decreto 2591 de 1991, entró a analizar el caso en punto de los derechos de habeas data (C.P., art. 15) y vivienda digna (art. 51).

En ese sentido afirmó que la información de la central de riesgo es uno de los elementos de juicio que se debe tener en cuenta para el desarrollo de la actividad de intermediación de los recursos captados del público por las entidades financieras, y que era obligación de Conavi evaluar la información proveniente de esa central en orden a decidir sobre el otorgamiento del crédito de vivienda de interés social.

Para sostener a continuación:

“Si la información de las centrales de riesgo a más de reflejar la situación actual del interesado, da cuenta de las informaciones negativas, que conforme al término razonable fijado por la Corte Constitucional no han caducado, si bien cumple con el objetivo de satisfacer el derecho que tienen las instituciones financieras de conocer la solvencia económica actual de sus clientes, igualmente imposibilita a la accionante el ejercicio de su derecho de acceso al crédito para adquirir su vivienda de interés social, pues la entidad financiera debe evaluar el reporte negativo que de ella den las centrales de riesgo”.

Y, concluyó:

“Para la Sala, la accionante al estar al día en su obligación tiene derecho que esta situación se refleje en las bases de datos de tal forma que le permita acceder al crédito de vivienda de interés social, y con ello a su derecho a tener una vivienda digna, lo que es imposible si se mantiene la información con los datos actuales.

No se trata de desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al término de caducidad de los datos sino de la ponderación de los derechos en juego, en el que el acceso a vivienda digna de quien se encuentra al día en sus obligaciones prevalece sobre los parámetros dados por la Corte Constitucional para determinar la caducidad de los datos negativos y preservar con ello las sanas prácticas crediticias, pues quien se encuentra al día en sus obligaciones tiene derecho a que sea su situación actual la que analicen las entidades financieras, para acceder a una vivienda digna”.

Con fundamento en lo anterior, el tribunal decidió tutelar el derecho de habeas data de la accionante, ordenando a Datacrédito y Cifin que en el término de 48 horas contado a partir de la notificación del fallo, actualicen la información financiera, de manera que refleje exclusivamente la situación actual de la misma, sin datos negativos, y expidan las certificaciones correspondientes.

Razones del impugnante

Para el representante de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Cifin, la orden de eliminar los datos históricos de la accionante no contribuyen al pleno y normal desarrollo de la actividad financiera “por cuanto aumenta el grado de riesgo que normalmente asumen las entidades financieras en el aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Además, olvida que la consulta de los archivos históricos de las bases de datos es una herramienta objetiva con base en la cual ... pueden evaluar el riesgo de su potencial cliente”.

Consideró, adicionalmente, que el tribunal confundió la posibilidad de acceder a un crédito de vivienda con el derecho a una vivienda digna, que responde a una política de Estado dirigida a promover y permitir el acceso de las personas a un lugar donde vivir, mientras que aquel aspecto corresponde a una típica relación del crédito enmarcada dentro del giro normal de la actividad financiera.

Finalmente, aseguró que al a quo no podía apartarse de las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-082 de 1995 sobre la vigencia del dato negativo, no siendo cierta por tanto la vulneración del derecho de habeas data, en tanto que la información suministrada sobre la accionante refleja la situación actual de que estuvo en mora, canceló voluntariamente la obligación; registro, que por lo demás, debe permanecer por el tiempo fijado por la Corte Constitucional en la citada sentencia.

Consideraciones de la Corte

1. La acción de tutela contra particulares encargados del manejo de datos e informaciones es procedente en los términos del artículo 42-6 del Decreto 2591 de 1991, por lo que la Sala procederá a analizar si en el asunto materia de examen las entidades contra las cuales se dirige el amparo vulneraron el derecho fundamental previsto en el artículo 15 de la Constitución Política.

2. En el presente evento no se discuten los supuestos de hecho que motivaron la instauración de la acción de tutela.

Claudia Patricia Delgado Angarita fue poseedora de la tarjeta de crédito Nº 4506680010135853 expedida por Credibanco —Banco de Bogotá— el 16 de octubre de 1997.

En desarrollo de operaciones de crédito, la usuaria incurrió en mora de ciento ochenta (180) días en el pago de las cuotas, que voluntariamente canceló el 29 de marzo de 2001, encontrándose a la fecha a paz y salvo por dicho concepto, y en ese sentido le fue expedida por la entidad financiera el correspondiente certificado.

El registro histórico de esos datos fue recogido por las centrales de riesgo accionadas, de acuerdo con la información suministrada por la entidad bancaria, con un último reporte, que se mantiene vigente, en los siguientes términos:

“Tarjeta de crédito Nº 4506680010135853 expedida por el Banco de Bogotá el 16 de octubre de 1997. Aparece reportada con un pago voluntario de la obligación el día 29 de marzo de 2001, como castigada y con moras de 180 días, correspondientes a los números 6. El penúltimo comportamiento es normal (N) debido al pago efectuado, y el último significa una inconsistencia en la información enviada (X). Esta información permanecerá en nuestra base de datos hasta el 24 de marzo de 2002” (fl. 22).

3. El tribunal de instancia parte de considerar la veracidad de esos datos; sin embargo, se niega a aplicar la doctrina constitucional sobre la temporalidad del dato negativo, aduciendo que la misma debe ceder frente al derecho que asiste a la accionante a tener una vivienda digna.

De manera contradictoria, el tribunal terminó amparando el derecho de habeas data, cuando en la ponderación de los dos derechos en juego (C.P., arts. 15 y 51) decidió la prevalencia del derecho a la vivienda digna. Debió entonces así declararlo, y no registrar el amparo del derecho de habeas data, cuyo contenido esencial, al menos en lo que se refiere a la caducidad del dato negativo, desconoce abiertamente.

Por lo demás, se olvida que el derecho a la vivienda digna no constituye per se derecho fundamental, y por tanto no puede ser susceptible de protección inmediata por vía de acción de tutela; se trata de un derecho asistencial de tipo económico, que se enmarca dentro de la obligación que tiene el Estado de promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda (art. 51).

Excepcionalmente, este derecho de tipo asistencial puede ser objeto del amparo constitucional cuando se halla en conexidad con un derecho fundamental. Precisamente, en ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha juzgado que:

“El derecho constitucional a la vivienda digna no es un derecho fundamental, sólo puede ser objeto de protección o tutela judicial mediante las acciones y procedimientos judiciales que se establezcan en la ley, claro está, diferentes de la acción de tutela, cuando existan condiciones materiales y físicas que puedan hacerlo efectivo. Por excepción es posible obtener su protección judicial consecuencial en desarrollo de aquella acción, pero únicamente ante situaciones en las que se plantee su desconocimiento directo o indirecto por la violación o amenaza de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, dignidad e igualdad, siempre que éstas conlleven para su titular la concreta ofensa a aquél derecho” (1) .

(1) Sentencias T-569 de 1995 y T-626 de 2000.

En la sentencia impugnada se plantea un conflicto entre el derecho a la vivienda digna y el de información contenido en el artículo 15 de la Constitución Política, y por eso se habla de “la ponderación de los derechos en juego, en el que el acceso a vivienda digna de quien se encuentra al día en sus obligaciones prevalece sobre los parámetros dados por la Corte Constitucional para determinar la caducidad de los datos negativos”, olvidando de paso que la Constitución Política reconoce un mayor valor a los derechos y libertades de las personas, que a los derechos y libertades de contenido puramente patrimonial.

En relación con el derecho consagrado en el artículo 15 de la Carta, reiteradamente se viene en reconocer que el habeas data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

También se ha dicho que las instituciones de crédito tienen derecho a conocer la solvencia económica de los usuarios de los servicios financieros, ya que los agentes o las instituciones crediticias, precisamente por manejar el ahorro del público, ejercen una actividad de interés general, como expresamente señala el artículo 335 de la Constitución Política. De allí que no tendría sentido pretender que las entidades financieras presten sus servicios y en particular otorguen créditos a personas de las cuales no tengan información.

El uso de los datos de los clientes, sin embargo, comporta naturalmente un límite, en el sentido que únicamente se puede transmitir información veraz y completa sobre el deudor.

El contenido del habeas data se manifiesta, entonces, por tres facultades que el artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados:

1. El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren;

2. El derecho a actualizar tales informaciones, es decir a ponerlas al día, agregándole hechos nuevos, y

3. El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan. Aparejado a esos derechos aparecen el derecho a la caducidad del dato negativo, que si bien no es consagrado expresamente por la norma constitucional, se deduce del núcleo esencial del habeas data, integrado por la autodeterminación informática y la libertad, en general, y en especial económica.

En esa medida, en consecuencia, si bien el deudor se encuentra amparado constitucionalmente por esas garantías que hacen parte del derecho fundamental de habeas data, las mismas deben armonizar con la necesidad de información sobre el comportamiento comercial de los usuarios del sistema, que permita a las entidades financieras calcular los riesgos en el otorgamiento de créditos.

Es así como la jurisprudencia constitucional, a partir de la Sentencia SU-082 de 1995, fijo algunos parámetros de razonabilidad sobre la permanencia de los datos en los archivos históricos de las entidades, para permitir, de una parte, que la mala conducta pasada del deudor no pueda ser mantenida en el archivo a perpetuidad en detrimento de sus intereses, y, de otra, la guarda del derecho que tiene el sector financiero a estar informado oportunamente sobre los antecedentes próximos de sus actuales y potenciales clientes con miras al estímulo de la sana práctica del crédito.

En el presente evento, como quedó plasmado anteriormente, la accionante incurrió en mora en el pago de la tarjeta de crédito, y canceló voluntariamente su obligación el 29 de marzo de 2001, información que fue transmitida fielmente por las instituciones accionadas.

Tratándose de una mora de 180 días, esto es inferior a un (1) año, la información debía permanecer en la base de datos, siguiendo los parámetros señalados en la Sentencia SU-082 de 1995, por el doble del período de la mora (360 días), término que vence el 24 de marzo de 2002, por lo que razón le asiste en principio al impugnante en sostener que la entidad que representa no ha vulnerado el derecho al habeas data de la accionante, en tanto ha permanecido fiel al desarrollo jurisprudencial sobre la materia.

Así las cosas, es claro, de una parte, que el derecho a la vivienda digna no ha sido vulnerado, menos cuando en este caso no se evidencia ninguna conexión con otro derecho fundamental; y, de otra, que las entidades accionadas suministraron a Conavi, y mantienen en la base de datos, información completa y veraz sobre la potencial cliente, sin desconocer el criterio de caducidad del dato negativo.

No obstante lo anterior, con posterioridad al fallo de primera instancia, entro en vigencia el pasado 29 de diciembre de 2001 la Ley 716 del 24 de ese mismo mes y año, en cuyo artículo 19 se dispuso se dispuso que “las personas que se pongan al día en sus obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente”.

En principio podría pensarse que esa ley no opera para el caso que ocupa la atención de la Sala, en razón a que la accionante canceló sus obligaciones antes de entrar en vigor, esto es en el mes de marzo de 2001. Sin embargo, de aplicarse únicamente a favor de las personas que entre el 29 de diciembre de este año y el mismo día y mes del año 2002 paguen las obligaciones por cuya mora hayan sido reportadas a las centrales de riesgo, resulta claro que se estaría desconociendo, de una parte, el derecho de igualdad de las personas que antes de la vigencia de la ley se pusieron al día en sus obligaciones; y, de otra, el principio de la aplicación de la ley más favorable, en tratándose de la protección de una garantía fundamental.

Así las cosas, si bien le asiste razón al impugnante, como se dejó planteado, el fallo impugnado debe ser confirmado en virtud de la vigencia del artículo 19 de la nueva ley. En este sentido se debe aclarar la parte resolutiva de la providencia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar el fallo impugnado, con la aclaración que el amparo del derecho fundamental del habeas data procede en aplicación del artículo 19 de la Ley 716 de diciembre 24 de 2001.

2. En firme esta providencia, sométase a la eventual revisión de la Corte Constitucional.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro O. Pérez Pinzón—Fernando E. Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Herman Galán Castellanos—Carlos A. Gálvez Argote—Jorge A. Gómez Gallego—Édgar Lombana Trujillo—Carlos E. Mejía Escobar—Nilson E. Pinilla Pinilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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