Sentencia 10590 de mayo 13 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

ACEPTACIÓN PARCIAL DE LOS CARGOS

EXTRACTOS: «A diferencia de lo que acontece en la audiencia especial, donde el procesado puede procurar un acuerdo sobre la tipicidad de la conducta, las circunstancias específicas de atenuación o agravación concurrentes, el grado y formas de participación, la forma de culpabilidad, o la pena, en la sentencia anticipada la formulación de los cargos se rige por el principio de intangibilidad, en la medida que al imputado no le es permitido pretender su modificación, o imponer condiciones previas a su aceptación.

La facultad consagrada en el numeral 3º del artículo 37B del estatuto procesal penal (modificado por los arts. 5º de la L. 81/93 y 12 de la L. 365/97), de poder realizar aceptaciones parciales cuando se trate de varios delitos, está exclusivamente referida al aspecto cuantitativo de la imputación, es decir, a la posibilidad de aceptar unos cargos y desestimar otros, sin discutir su contenido, para que se dicte fallo anticipado en relación con los que son objeto de asentimiento, y se continúa el procedimiento ordinario por los que no lo fueron, provocando de esta forma la ruptura de la unidad procesal.

En el presente caso, al haberle sido concedida la palabra al procesado para que dijera si aceptaba o no los cargos imputados por la fiscalía, por los delitos de hurto calificado agravado, homicidio agravado, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, contestó: “rechazo el hurto y acepto el homicidio por defensa propia porque el señor me iba a agredir a bala y acepto el porte de arma también”, manifestación que fue complementada por su defensor en los siguientes términos: “yo solicito al señor juez a quien le toque corresponder (sic) de este negocio o proceso, que no se tenga el homicidio que se viene hablando como agravado, sino como un homicidio simple, porque la prueba de (sic) la fiscalía menciona para demostrar el hurto, no existe, primero, porque...” (fls. 111 ss).

De acuerdo con el contenido de la respuesta, es claro que el procesado sólo aceptó su responsabilidad penal en el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, pues en relación con el delito de hurto expresó abiertamente su rechazo, y en cuanto al homicidio agravado, la defensa condicionó su aceptación a la exclusión de la agravante, de donde surgía nítidamente que no aceptaban la imputación en los términos formulados por el funcionario instructor.

No se discute, por tanto, que la aceptación del cargo por el delito de porte ilegal de armas quedaba a salvo, y esto, en principio, determinaba la ruptura de la unidad procesal, pero no puede perderse de vista que el procesado y su defensor jamás expresaron interés en seguir adelante con el procedimiento de la sentencia anticipada por este exclusivo ilícito, sino que siguieron insistiendo en la validez de la aceptación de los cargos por el delito de homicidio, en el equivocado entendido de que su admisión condicionada constituía aceptación parcial, y por ende, en la prosecución del trámite anticipado, pero por ambos delitos.

En las anotadas condiciones, la conclusión a la cual llegó el fiscal, en el sentido de que el trámite de la sentencia anticipada había fracasado, no es equivocada, sobre todo si se da en considerar que su adelantamiento no puede cumplirse sin contar con la aquiescencia del acusado (principio de conformidad), y que éste puede renunciar al mantenimiento del trámite, bien a través del rechazo de los cargos, o porque habiéndolos aceptado en parte, considera inconveniente provocar la ruptura de la unidad procesal en relación con los delitos aceptados, por resultar de menor gravedad y no reportarle mayores ventajas punitivas, como surge en el presente caso de la actitud adoptada por el imputado y su defensor.

Si éstos hubiesen tenido realmente interés en proseguir con el trámite de la sentencia anticipada en relación con el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal exclusivamente, con seguridad lo hubieran hecho saber en tiempo, pero no lo hicieron, habiendo sido siempre su pretensión que el trámite continuara por el porte de armas y el homicidio sin agravantes, en modo alguno que prosiguiera por el primero de estos ilícitos únicamente.

Así las cosas, debe concluirse que el fiscal ajustó el procedimiento a la voluntad de los sujetos procesales, no siendo por consiguiente de recibo los planteamientos del demandante, ni las argumentaciones del procurador delegado sobre la ilegalidad del procedimiento cumplido en relación con el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal».

(...)

•SENTENCIA ANTICIPADA

OPORTUNIDAD PARA SOLICITARLA

EXTRACTOS: «Para el procurador delegado, el trámite de sentencia anticipada adelantado en la fase del juzgamiento se cumplió por fuera de la oportunidad procesal legalmente establecida para hacerlo, como quiera que ya había sido fijada fecha para la celebración de la audiencia pública propia del procedimiento ordinario cuando tuvo lugar, con afectación del proceso debido, e incidencia en la validez de la actuación cumplida a partir de ese momento.

Cierto es que el pluricitado artículo 37 del estatuto procesal penal (modificado por los arts. 3º de la L. 81/93 y 11 de la L. 365/97), en su inciso final, al regular lo concerniente a la oportunidad dentro de la cual resulta posible acudir a sentencia anticipada en el juicio, establece como límite procesal último la fijación de fecha para la celebración de la audiencia pública, y que en el caso sub judice la petición fue presentada al juzgado después de haber tenido lugar uno de dichos señalamientos.

Sin embargo, no puede dejar de considerarse que el debate público no se realizó, y que cuando la petición fue presentada, el proceso se encontraba para señalamiento de nueva fecha, es decir, dentro del supuesto establecido en la disposición legal para la procedencia del instituto (antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública), conclusión a la cual se llega si se toma en cuenta que la norma no establece condiciones adicionales, y que la situación fáctico procesal en ella prevista se configura no sólo cuando está pendiente de ser señalada por primera vez fecha para la realización de la audiencia, sino también cuando debe ser objeto de nueva programación, por no haber logrado celebrarse.

De lo dicho se sigue que en estos casos resulta jurídicamente procedente acudir al trámite de la sentencia anticipada, pues si el supuesto establecido en la norma, como se dejó visto, se produce por virtud de la no celebración de la audiencia pública, ha de entenderse que la posibilidad de ejercitar el derecho también surge como consecuencia necesaria del cumplimiento de la condición.

Esta interpretación, además de encontrar pleno fundamento normativo, se corresponde con la teleología del instrumento, entre cuyos propósitos se encuentran los de racionalizar el ejercicio de la jurisdicción, descongestionar los despachos judiciales, y lograr mayor eficacia en la justicia, pero por sobre todo, permitir al imputado participar activamente en las decisiones judiciales que lo afecten, y obtener una rebaja de pena sustancial, lo cual se constituye en un derecho, que no puede verse afectado por interpretaciones de la ley procesal que puedan restringir su ejercicio.

Las precisiones que vienen de ser formuladas resultan suficientes para concluir que en el presente caso dicho trámite se cumplió dentro de la oportunidad procesal legalmente establecida, y que la actuación, opuestamente a lo sostenido por la delegada, resulta por tanto legítima».

(Sentencia de casación, mayo 13 de 1999. Radicación 10.590. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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