Sentencia 10625 de diciembre 12 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Carlos Betancur Jaramillo

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre doce de mil novecientos noventa y seis.

Ref.: Exp. 10.625

Indemnizatorio. Actor: José Vicente Ordóñez Blanco. Demandada: La Nación-Ministerio de Justicia

EXTRACTOS: «En efecto, estando probado que el actor pagó la correspondiente notificación desde el 26 de noviembre de 1986, no se explica la Sala porqué sólo el 29 de septiembre de 1987, cuando ya únicamente quedaban cuatro meses para que prescribiera la acción, solicitó el emplazamiento por ocultamiento de los demandados; no se explica tampoco como, ante la supuesta pérdida de dicho memorial, ni siquiera reiteró su petición, sino que formuló una nueva, casi un año después, el 24 de agosto de 1988, fecha para la cual ya estaba prescrita la acción; y por último, tampoco se explica la Sala cómo no habiendo ninguna constancia acerca de que se hubiesen realizado diligencias para notificar a los demandados, con resultados infructuosos, el demandante no pidiera que ellas se realizaran, siendo estas un requisito indispensable para dar aplicación al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

4. Para la Sala resulta indudable que la atención diligente del proceso es una carga que incumbe a los apoderados judiciales, que no pueden esperar que su procesos marchen en forma adecuada sin su intervención y vigilancia, como si fueran los únicos a los cuales el juzgado debiera prestarles atención.

La congestión de los despachos judiciales, que es un hecho notorio conocido especialmente por quienes se dedican al ejercicio de la profesión, hace que circunstancias como las que se observan en el asunto subjudice, sean de común ocurrencia y obligan a los litigantes a prestar su concurso para que ellas puedan ser allanadas y salgan avante los derechos de sus clientes cuya defensa les ha sido confiada.

5. En el presente evento constituía para el abogado una especial carga realizar todas las diligencias necesarias para impedir que operara el fenómeno de la prescripción cambiaria ante el ocultamiento de los demandados, utilizando los instrumentos que el estatuto procesal le otorgaba ante tal evento.

Si no había sido posible la notificación de los demandados por su ocultamiento, el demandante no debió simplemente acompañar a la citadora como lo señaló en la demanda; debió no sólo verificar que se dejaran las correspondientes constancias en el expediente que le permitieran pedir oportunamente la aplicación del artículo 320, sino constatar que se ordenara el emplazamiento; que se rindiera el testimonio bajo la gravedad del juramento que ordena la misma disposición; que se fijara el edicto; que se enviara por correo certificado a la dirección del demandado; que transcurrido el término de diez días se designara el curador ad litem y que, finalmente, éste fuera notificado para que efectivamente se interrumpiera la prescripción.

6. La carga del apoderado no podía, entonces, limitarse a pagar la notificación el 26 de noviembre de 1986 y dejar transcurrir pasivamente casi un año (el 29 de septiembre de 1987), sin siquiera exigir el cumplimiento de las diligencias que le permitieran pedir la aplicación del artículo 320. Tampoco se compadece con esa diligencia la simple presentación de otro memorial el 24 de agosto de 1988 pidiendo nuevamente el emplazamiento por ocultamiento cuando en esa fecha ya tenía que saber que la prescripción se había producido desde el 30 de enero de ese año.

Quien obra de esa manera no puede pretender que el Estado Colombiano lo indemnice por haber recibido un daño antijurídico; el daño recibido, tal como lo entendió el tribunal de primera instancia, no tuvo causa distinta que su propia negligencia».

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