Sentencia de homologación 10630 de agosto 18 de 1998

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

REGÍMENES CONVENCIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL

ARMONIZACIÓN CON LA LEY 100 DE 1993

EXTRACTOS: «Como lo ha sostenido esta Sala, la Ley 100 de 1993, si bien no permite que las convenciones colectivas de trabajo afecten la columna vertebral de la misma, sí posibilita la existencia de regímenes complementarios de beneficios respecto de los acuerdos colectivos celebrados antes de su vigencia, y también después de ella siempre que cuenten con los recursos económicos respectivos que garanticen que la entidad que se compromete a ese beneficio complementario puede pagarlos en condiciones de estabilidad actuarial y financiera.

Así, la extinta sección primera de esta Sala en sentencia del 4 de diciembre de 1995 (rad. 7964), consideró:

“Desde luego, dentro de este contexto, mal puede entenderse abolida la posibilidad de los trabajadores de mejoramiento de su situación jurídica mediante la negociación colectiva o individual, con relación a los temas regulados por la Ley 100 de 1993 y las normas reglamentarias, lo que ocurre es que cualquier derecho, garantía o prerrogativa que se convenga sólo es admisible en tanto resulte paralelo o complementario de las de la ley, pero de ninguna manera, si pretenden en alguna medida ser derogatorios de ésta.

Por consiguiente, si por cualquier motivo los empleadores tienen a su cargo regímenes convencionales que cubran en forma total o parcial los mismos riesgos que asume el sistema de seguridad social, con la entrada en vigor de la Ley 100 surge para estos empresarios y sus trabajadores, la necesidad imperiosa de adaptar los respectivos convenios al sistema obligatorio y se explica, entonces, la disposición del artículo 11 de la ley y la del artículo 48 del [Decreto] Reglamentario 692 de 1994, textos que recuerdan la facultad, que tienen las partes interesadas, de denunciar los convenios colectivos y someter el punto al arbitramento, incluso por iniciativa de una sola de ellas.

Ahora bien, importa aclarar que ni la Ley 100 de 1993 ni sus [decretos] reglamentarios obligan a suprimir los regímenes convencionales relativos a los temas propios de la seguridad social, sino que reconocen que la introducción de un sistema obligatorio e ineluctable puede afectar, en sentido jurídico o por sus repercusiones económicas, las estipulaciones elaboradas para determinadas empresas, en tanto fueron concebidas sin considerar las obligaciones y prestaciones que impuso el sistema de seguridad social integral”.

Ya unificadas las dos secciones de la Sala Laboral, ese mismo pensamiento central sobre la viabilidad de beneficios convencionales complementarios en esta materia fue corroborada en fallo de homologación del 8 de julio de 1996 (rad. 8989), en el que expuso:

“Por manera que dado el carácter de orden público de estas disposiciones, fuera de las excepciones previstas por el propio legislador, los destinatarios del nuevo sistema integral de seguridad social, unilateralmente o por convenio entre ellos, no pueden sustraerse de la aplicabilidad general de las normaciones que conforman la estructura o lineamientos básicos del mismo, sin perjuicio de los regímenes complementarios de beneficios que establezcan o acuerden.

No concibió ni cohonestó, entonces, el legislador un régimen anárquico o contradictorio de beneficios, por lo que no es dable sostener que exista un divorcio entre la negociación colectiva y la seguridad social. Ninguna de las dos excluye a la otra porque dados sus cometidos les incumbe actuar de manera armónica y complementaria.

Constituyen un cabal desarrollo de ese designio los artículos 11 y 283 de la Ley 100 de 1993 y el 48 del Decreto 692 de 1994. Este último establece:

“Modificación de convenciones colectivas. Con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, aun cuando la denuncia sólo hubiere sido presentada por una de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley”.

Viene de lo dicho que si bien no es dable desconocer las situaciones individuales concretas consolidadas en favor de los beneficiarios de los diversos regímenes, porque constituyen derechos adquiridos, es menester la adecuada articulación del sistema convencional con el contenido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la desarrollan. Así surge del artículo 283 precitado —que mientras esté vigente debe aplicarse— ...”.

Y más adelante concluyó la Corte:

“Así las cosas, no podía el Tribunal negarse a estimar el punto cualquiera fuera su decisión, en virtud de que la normativa vigente lo obligaba a ‘armonizar’ las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales que se encontraban denunciados por una de las partes con aquellas que sobre la materia contempla la Ley 100 de 1993, con arreglo, desde luego, a los principios y garantías allí previstos.

Como se puede apreciar, se trata de una “potestad” que el legislador confiere a los árbitros para efectos de articular en cada caso concreto un régimen de aplicación de la norma básica de seguridad social que garantiza el sistema, con la contratación colectiva, pero siempre con criterio armónico, sin perjuicio de ser mejorado por esta última ya que el mismo sistema de seguridad social es permeable a ser superado mediante planes complementarios de tipo asistencial o económico (D.R. 1485/94, arts. 83 y 14; D. 1485/86, art. 94, entre otros). De suerte que la ley de seguridad social antes que limitar la negociación colectiva innovó y amplió su contenido y alcances”.

Posteriormente en sentencia de homologación del 27 de mayo de 1997 (rad. 9687) se reiteró este criterio, con el siguiente planteamiento:

“El laudo arbitral decidió adicionar el artículo 25 de la convención colectiva vigente en Isagen S.A. —ESP— en el sentido de disponer que la norma convencional seguiría rigiendo para los trabajadores beneficiarios de ese régimen y que “los trabajadores que se beneficien del laudo y se vinculen a ella (la empresa) a partir de la ejecutoria del mismo, estarán sometidos a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993”.

Como puede advertirse, la decisión arbitral respeta la situación jurídica de los trabajadores actualmente vinculados con la empresa que les permitirá acceder a la pensión convencional cuando cumplan los requerimientos allí previstos y armoniza la situación que tendrán los “nuevos” trabajadores con los mandatos de la Ley 100 de 1993. Esta decisión arbitral no vulnera ni desconoce mandato alguno constitucional, legal o convencional, pues precisamente la Ley 100 está orientada a establecer un sistema integral de seguridad social con instituciones, normas y procedimientos para las personas y la comunidad.

No puede admitirse que la introducción del régimen de la Ley 100 de 1993 para los trabajadores que se contraten después de la vigencia del laudo rompa el principio de igualdad porque habrá en la empresa unos trabajadores con un régimen pensional convencional y otros con un régimen pensional legal...”.

Conviene recordar que ni aun en el proyecto que dio origen a la Ley 100 de 1993 se propuso restar eficacia jurídica total a las convenciones colectivas pactadas con antelación a la ley. El artículo 101 de la iniciativa gubernamental decía:

“ART. 101.—Prestaciones pensionales extralegales en el sector público. A partir de la vigencia de la presente ley, cualquier prestación pensional que se pacte o haya pactado en empresas o entidades del sector público que asuman directamente el pago de prestaciones pensionales, contractualmente o mediante pacto o convención colectiva de trabajo, o que se otorgue unilateralmente por el empleador, excediendo los beneficios que sobre el particular otorgue el Instituto de Seguros Sociales, deberá ser cubierta con cargo a los recursos de los propios trabajadores y empleadores, sin que respecto de los mismos exista ningún tipo de garantía pensional estatal.

Cuando dichas prestaciones excedan las proporciones de los activos que para el efecto se establezcan, deberán constituirse patrimonios autónomos, manejados por el encargo fiduciario, para atender los excesos de obligaciones pensionales”.

El recuento jurisprudencial anteriormente reproducido deja claramente demostrado que si bien la Ley 100 de 1993 no puede considerarse como un simple estatuto que garantice derechos mínimos pensionales, puesto que no es susceptible de todo tipo de modificaciones a través de la contratación colectiva, tampoco es acertado afirmar que los aspectos regulados por esta ley hayan quedado sustraídos del campo de la autonomía de voluntad colectiva, pues ya se vio que el pacto de beneficios complementarios está revestido de fundamento jurídico, además de no existir ninguna norma en la referida ley que prohíba tales acuerdos. La claridad de tal aserto está avalada por el artículo 283, inciso 3, de la citada ley. Basta leerlo:

“Aquellas convenciones que hacia el futuro se llegaren a pactar en condiciones diferentes a las establecidas en la presente ley, deberán contar con los recursos respectivos para su garantía, en la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores”.

Siendo el transcrito un texto legal claro, no es dable desconocer su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu. En consecuencia, si aún para después de la vigencia de la ley (“para el futuro”) está prevista la validez de avenimientos en tal sentido, es lógico que con mayor razón, si contiene beneficios complementarios, continúan siendo eficaces, con las precisiones hechas, los celebrados anteriormente. Por tanto, concordando lo dicho con el sentido de los artículos 11 de la Ley 100 de 1993 y 48 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, sobre armonización, no cabe duda de la procedencia de convenios colectivos de beneficios complementarios, debidamente soportados económica y financieramente.

No sobra agregar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no tiene nada que ver con los pactos de pensiones en convenios colectivos, ya que tal disposición se limita a prescribir quiénes quedan exceptuados del campo de aplicación de dicha ley, sin que dicho precepto contradiga el artículo 283 ejusdem, que como se observó faculta a empleadores y trabajadores para pactar regímenes pensionales complementarios.

Mas, tratándose de un simple aditamento de la estructura legal básica, cuando los árbitros no han efectuado la debida articulación entre lo legal y lo convencional, para dirimir real y correctamente el conflicto, no es dable entender que los beneficios extralegales puedan subsistir indefinidamente en el tiempo en la misma forma y cuantía a cargo de una entidad territorial en este caso y a manera de pensión independiente al margen de la seguridad social. Entonces, hizo bien el tribunal al no dejar incólume la cláusula del acuerdo colectivo de 1978 que asignaba una carga pensional indefinida y exclusiva a cargo del departamento de Santander, y sustituirla por el régimen compartido con el Instituto de Seguros Sociales prescrito en la nueva cláusula identificada como 2.4.4 relativa a “subrogación pensional”, aplicable (según lo atrás anotado por la Corte) a la generalidad de trabajadores oficiales con contrato de trabajo vigente a la ejecutoria de la presente decisión. Así queda en concordancia con las bases que orientan el régimen legal, sin que éste se convierta en exclusivo. Y precisamente porque no se trata de desmontar de un tajo las conquistas adquiridas por los trabajadores antes de la Ley 100 de 1993, es exequible la armonización mediante el sistema compartido, complementado con los aportes adicionales para pensiones previstos en el punto 2.4.5 del laudo complementario.

No obstante lo anterior, los actuales trabajadores oficiales del departamento, sin excepción alguna, deben estar afiliados y cotizar obligatoriamente a una de las administradoras del régimen de prima media con prestación definida porque así lo mandan perentoriamente los artículos 4º, 13, 15, 17 y 32 de la Ley 100 de 1993; y cuando dichos trabajadores reúnan los requisitos previstos en la convención colectiva para obtener la pensión de jubilación y se retiren del servicio, la otorgará el departamento de Santander y una vez cumplan las condiciones de pensión del régimen legal de beneficio definido, la entidad que los gestiona les otorgará la pensión de vejez, continuando a cargo del departamento solamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión original de jubilación y la de vejez, como lo dispuso el laudo complementario.

Importa insistir en que, como se dijo en sentencia de homologación del 4 de julio de 1997, no es posible extender los beneficios de convenciones colectivas de trabajo en materia de pensiones a los nuevos trabajadores del departamento porque para ellos no nació ningún derecho hasta la fecha. En consecuencia, es efecto natural de la anulación parcial del laudo que se examina, que esos nuevos trabajadores no serán cobijados por la complementariedad de beneficios convencionales anteriormente precisada, sino que quedan sujetos al régimen legal de prima media con prestación definida, por lo que respecto de ellos lo resuelto por el tribunal se anulará».

(Sentencia de homologación, agosto 18 de 1998. Radicación 10630. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Como en el pasado lo sostuve, basta leer la Ley 100 de 1993 para concluir que el legislador al dictarla le dio un vuelco radical a todo el régimen de pensiones, pues por razón de la reglamentación tan detallada y exhaustiva que hizo de la materia, se impone concluir que la sustrajo del campo de la autonomía de la voluntad para regular con exclusividad e imperatividad lo concerniente a las pensiones que hacen parte del sistema de seguridad social integral.

Es por ello que, partiendo de esta premisa, opino que debe concluirse en la inexequibilidad de las decisiones del laudo por medio de las cuales el tribunal especial de arbitramento, excediendo su actual competencia legal, estableció que los trabajadores del departamento de Santander al pensionarse recibirán una “jubilación plena con un 75% del promedio del salario devengado en el año inmediatamente anterior a la fecha en que le sea autorizada”, cualquiera sea su edad y con el único requisito de cumplir 20 años de servicios, continuos o discontinuos, con la gobernación de ese departamento o en cualquiera de las “entidades directamente dependientes de ella”; e igualmente al disponer una pensión proporcional al tiempo servido por razón del despido sin justa causa; o conservar de manera indefinida hacia el futuro una “pensión de viudez”; o crear a cargo del departamento la obligación de subrogarse en el valor de todas las pensiones convencionales hasta cuando la correspondiente entidad de seguridad social la asumiera; o cuando determinó factores adicionales para la liquidación de las pensiones.

Este acto de voluntad soberana del legislador aparece claramente manifestado en varias de las normas adoptadas por la Ley 100 de 1993 (arts. 6º, 10, 11, 12, etc.), pero en donde resulta indiscutiblemente expresado es en el artículo 279, en el cual puntualiza las únicas excepciones al sistema integral de seguridad social, y aun aparece más nítida en el artículo 283 al disponer que con cargo a las cotizaciones que prevé la ley se pagan “exclusivamente las prestaciones consagradas en la misma”, y que en caso de que hayan de pagarse “prestaciones diferentes a las consagradas en la presente ley para el sector público”, los recursos destinados para ello “se constituirán como patrimonios autónomos administrados por encargo fiduciario, cuando las reservas requeridas para dichas prestaciones, excedan las proporciones de activos que para el efecto establezca el Gobierno Nacional”.

Dicho artículo 283 de manera explícita establece que la ley “no vulnera derechos adquiridos mediante convenciones colectivas del sector privado o público” —manteniéndose así dentro de la garantía fundamental de intangibilidad de los derechos adquiridos que consagra el artículo 58 de la Constitución Política—, pero paladinamente determina que hacia el futuro si se pactan en las convenciones “condiciones diferentes a las establecidas en la presente ley”, es necesario que se cuente “con los recursos respectivos para su garantía”, todo lo cual debe hacerse “en la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores”. Además, no pueden pasarse por alto las restricciones que a la negociación colectiva en el sector público señalan los artículos 3º de la Ley 60 de 1990, 9º y 10 de la Ley 4ª de 1992.

Significa ello que si bien, en principio y como esta Sala lo ha reconocido, los arbitradores designados para resolver un conflicto colectivo de trabajo tienen las mismas facultades que las partes enfrentadas en el diferendo, existen, sin embargo, algunos aspectos en los cuales únicamente las partes directamente pueden acordar la solución, y uno de tales aspectos vendría a ser ahora precisamente el relacionado con los pactos “sobre condiciones diferentes” a las establecidas en la Ley 100 de 1993 respecto de los beneficios pensionales distintos a los consagrados en ella, pactos éstos que por deber contar “con los recursos respectivos para su garantía” deben ser forzosa y necesariamente objeto de acuerdo directo entre empleadores y trabajadores; y además, si se trata de trabajadores del sector público, los recursos que se destinen al pago de “las prestaciones diferentes a las consagradas en la presente ley” se deben constituir —y en este punto conviene insistir— “como patrimonios autónomos administrados por encargo fiduciario, cuando las reservas requeridas para dichas prestaciones, excedan las proporciones de activos que para el efecto establezca el Gobierno Nacional”.

Lo anterior quiere decir que lo referente a las pensiones del sistema de seguridad social integral no puede ser materia de convenios particulares tendientes a modificarlas o alterarlas pues este tema se sustrajo a la autonomía de la voluntad; y en lo que hace a los nuevos derechos que se creen por fuera de la Ley 100 de 1993, solamente pueden serlo mediante “convenciones” —y no por laudos— en los que se podrán pactar “condiciones diferentes” a las legales, pero siempre que se cuente “con los recursos respectivos para su garantía, en la forma que lo acuerden empleadores y trabajadores” (subrayo).

Desde la expedición de la ley, y respetando los derechos adquiridos con anterioridad a la misma —o como también lo dice el artículo 146 de ella refiriéndose específicamente a los servidores públicos, situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad por disposiciones municipales o departamentales—, en Colombia funcionarán dos regímenes en lo que hace relación con las pensiones: el “régimen solidario de prima media con prestación definida” y el “régimen de ahorro individual con solidaridad”.

Como no es el objetivo de este salvamento de voto ni el momento para un estudio más detallado de la ley, estimo suficientes las anteriores precisiones en orden a mostrar como la Ley 100 de 1993, no obstante permitir ni beneficiario optar entre uno y otro régimen, no le confiere autonomía a los empleadores y trabajadores para que a voluntad alteren los esquemas diseñados por el legislador. Esquemas rígidos de la ley que se muestran acordes con el mandato que la Constitución Política dio al legislador para que defina los medios enderezados a que “los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”, y para que al mismo tiempo el Estado, al que compete la dirección, coordinación y control del servicio público de la seguridad social, pueda desarrollar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad a los que debe sujetarse dicho servicio público. Únicamente mediante la adopción de estos regímenes invariables por la voluntad de los empleadores y trabajadores se puede ampliar la cobertura de la seguridad social y garantizar a todos los habitantes del territorio el derecho irrenunciable a la misma. Mandatos todos estos contenidos en el artículo 48 de la Constitución Política.

Considero que debe tenerse en cuenta que el artículo 6º del Decreto 692 de 1994 en su parágrafo expresamente prohíbe la creación de “nuevas cajas, fondos o entidades de previsión del sector público, de cualquier orden nacional o territorial, para el manejo de pensiones”, por lo que si no le es dado a la administración pública crear entidades para el manejo de pensiones, menos le será posible entonces a los tribunales de arbitramento crear mediante laudos arbitrales, entidades o fondos que manejen las pensiones.

Por ello pienso que debió acogerse en este aspecto la solicitud del departamento de Santander para que se anulara el laudo en cuanto, excediendo la competencia legal que desde la expedición de la Ley 100 de 1993 tienen los tribunales de arbitramento, so pretexto de armonizar las convenciones colectivas de trabajo denunciadas con las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en lo referente el régimen pensional propio de la seguridad social integral, mantuvo a cargo exclusivo del empleador un régimen de pensiones convencionalmente establecido que resulta inarmónico con el creado por dicha ley».

Rafael Méndez Arango. 

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