Sentencia 10650 de junio 17 de 1998

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

POR LA MUERTE DE PERSONAS RETENIDAS

EXTRACTOS: «El artículo 2º de la Carta consagra como uno de los fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y como funciones que determinan la razón de ser de las autoridades públicas, las de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

Ese deber de protección y garantía que constituye el fin esencial del Estado y que define el sentido de las autoridades no es absoluto en cuanto que el Estado no ve comprometida su responsabilidad frente a cada acto violatorio de los derechos y libertades de las personas, sino que el mismo se concreta en el cumplimiento eficiente de los deberes que le correspondan, pero de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, como consecuencia de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en razón de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.

Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.

En síntesis, la retención como ejercicio legítimo del poder punitivo del Estado que afecta algunos derechos de las personas, en sí misma no es una actividad que genere responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios consustanciales a la retención misma, dado que ésta es una carga que los ciudadanos deben soportar, daño jurídico y por ende no encuadrable dentro del supuesto general que consagra el artículo 90 de la Carta Política, salvo, claro está, cuando el ejercicio de dicho poder se desborda, v.gr. en los supuestos de retención injusta (arts. 68 L. 270 de 1996, 414 del C. de P.P.). Pero así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción de sus derechos, en la medida en que esa retención es una actividad que redunda en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le permiten afrontar tales riesgos.

En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicadas dentro de la medida cautelar, así como los de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado.

La Sala no comparte la perspectiva jurídica que adoptó el Tribunal en el fallo. El régimen del daño especial se aplica en forma excepcional y subsidiaria, en aquellos eventos en los que el caso examinado no logre tipificarse dentro de los otros regímenes de responsabilidad y se aprecie por el juez administrativo que los hechos materia de análisis vulneran injustificadamente los principios de equidad, solidaridad y justicia social los cuales se fundamenta el Estado social de derecho(1). En este régimen parte del funcionamiento adecuado del servicio, en el que no obstante, impone a unas personas una carga mayor que no están en el deber soportar.

(1) Sentencia del 20 de febrero de 1989, Consejo de Estado, Sección Tercera. Consejero Ponente: Antonio de Irisarri Restrepo. Expediente 4655. 

En relación con los daños sufridos por una persona retenida no es propio afirmar que hubo un daño especial sino una falla del servicio: el incumplimiento del Estado de las obligaciones de resultado que asumió al momento de retener a la persona.

Aunque en términos generales puede afirmarse que frente a toda persona que sufra un daño injusto causado por la administración se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas, este principio como fundamento de la responsabilidad lo ha relacionado la jurisprudencia al régimen del daño especial que opera, se repite, en relación con daños exceden “el sacrificio que el común de los ciudadanos deben normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos y de la actuación estatal”, pero que han sido causados por la administración “en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legales”(2).

(2) Ibídem.

(...)

En verdad nadie fue testigo presencial del homicidio cometido por fuerzas militares contra William Hernández, pero también es cierto que las últimas personas que lo vieron con vida aseguran que fue retenido por miembros del Ejército, quienes no cumplieron sus obligaciones de proteger su integridad al no ponerlo a disposición de los jueces competentes si la captura obedeció a la participación en un hecho delictivo o devolverlo a la sociedad en las mismas condiciones de salud en que fue retenido. 

Como está probado que los miembros del Ejército retuvieron a William Hernández y que su muerte se produjo durante esa retención, se presume la falla del servicio y como la administración no probó la causal de exoneración de responsabilidad que adujo (hecho exclusivo de la víctima) se impone la condena». 

(Sentencia de junio 17 de 1998. Expediente 10.650 Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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