Sentencia 10661 de noviembre 10 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE

EFECTOS SOBRE LA COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA SANCIONAR

EXTRACTOS: «Controvierte la actora la competencia de la administración de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá para sancionarla por no enviar la información requerida por la Administración de Impuestos de Medellín sobre las transacciones realizadas con la sociedad Motomarina Ltda. por el año gravable de 1994, toda vez que por dicha vigencia fiscal, la sociedad demandante había declarado y tenía su domicilio en la ciudad de Medellín por lo tanto era la administración de esta jurisdicción la competente para imponer la sanción.

De la actuación que conforman los antecedentes administrativos del presente proceso, observa la Sala que el motivo que dio lugar a la imposición de la sanción fue el no haber informado en forma completa las transacciones efectuadas por la actora con la mencionada sociedad por el año gravable de 1994, según el requerimiento de la división de fiscalización de la Administración de Impuestos de Medellín de fecha 12 de agosto de 1996, oficio Nº U.A.E. DIAN 11-48-73-1-542. (fl. 4, cdno. de a.).

Se advierte igualmente que tanto el pliego de cargos, la resolución sanción y los autos inadmisorios del recurso de reconsideración y su confirmatorio, aluden a la sanción por no enviar información por concepto del impuesto de renta por el período gravable de 1994 y fueron expedidos por la administración de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá, de acuerdo a la remisión efectuada por la división de fiscalización de la administración de Medellín, de los documentos obtenidos en la investigación adelantada por la misma.

De acuerdo a lo anterior, es evidente para la Sala, la incompetencia de la administración de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá para expedir los actos administrativos demandados, pues la sanción por no enviar información impuesta en los mismos, lo fue por concepto del impuesto de renta correspondiente al año gravable de 1994, cuya declaración fue presentada por la actora en la ciudad de Medellín, hecho que no se discute en el presente proceso, por lo tanto correspondía a la administración de la mencionada jurisdicción, no solamente adelantar las investigaciones pertinentes, sino expedir los actos administrativos con fundamento en los resultados de la misma.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Decreto 2117 de 1992, citado como fundamento de los actos administrativos demandados, por medio del cual se fusionaron la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señaló el marco de competencia funcional de las Administraciones de Impuestos y Aduanas Nacionales en su artículo 87 al disponer:

“Conforme a las políticas e instrucciones del subdirector general y del administrador regional, son funciones de las administraciones de impuestos y aduanas nacionales, para ejercerlas directamente o a través de sus divisiones, las siguientes:

a) Aplicar las disposiciones que regulan las obligaciones y el procedimiento tributario, las operaciones aduaneras y cambiarias, los procesos de recaudación, fiscalización, determinación, imposición de sanciones, discusión, cobro y devoluciones de los gravámenes administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de la jurisdicción que corresponda a cada administración, de acuerdo con las normas legales vigentes; …” (subrayas de la Sala).

Sobre el punto, la parte demandada defiende la legalidad de los actos acusados, con fundamento en que, para el año gravable de 1996 la sociedad figuraba como gran contribuyente de la Administración Especial de Impuestos Nacionales de Santafé de Bogotá, por lo que para la fecha de la expedición de los actos administrativos demandados, la administración de Medellín había perdido competencia por el domicilio fiscal de la sociedad, aclarando además que la sanción impuesta había que desligarla del año gravable con respecto al cual se solicitó la información.

A juicio de la Sala, el anterior argumento, carece de respaldo legal y no puede considerarse que por el cambio de domicilio de un contribuyente, se pueda modificar la norma que sobre jurisdicción y competencia se refirió anteriormente, pues si la sanción impuesta fue por concepto de no enviar información referente al impuesto de renta de la sociedad actora por el año gravable de 1994, como se señaló previamente, y al haberse presentado la declaración por dicha anualidad en la ciudad de Medellín, legalmente le correspondía a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de la mencionada jurisdicción, adelantar todas las actuaciones relativas a dicho período gravable y no trasladarlas a la de Bogotá sin ningún fundamento legal.

En relación con este tema, es importante diferenciar entre las reglas de jurisdicción y competencia que para cada una de las administraciones se señalan, con el hecho de tener un nuevo domicilio registrado del contribuyente en la ciudad de Bogotá para la fecha de expedición de los actos acusados, toda vez que conocido este hecho, tiene como finalidad la correcta notificación de los actos administrativos, pero no el traslado de competencias entre las administraciones, cuando los actos administrativos expedidos corresponden a una determinada anualidad fiscal determinante de la competencia funcional y territorial de una específica administración.

Siendo así las cosas y por cuanto era la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín la que tenía la competencia para efectuar la investigación y en caso tal, imponer la sanción que se acusa, a la actora por el año gravable de 1994, al haberlo efectuado la administración de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá sin fundamento legal diferente a las señaladas en el pliego de cargos, y que se refieren a la competencia funcional de las distintas divisiones, la actuación demandada es nula y así se declarará de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo».

(Sentencia de noviembre 10 de 2000. Expediente 10661. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

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