Sentencia 10665 de octubre 20 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN POR ERRORES EN INFORMACIÓN A LA DIAN

NO SE PRESUME LA MALA FE DEL ADMINISTRADO

EXTRACTOS: «Se procederá al estudio del fondo del asunto, teniendo en cuenta que el expediente da cuenta de los siguientes hechos:

La sociedad contribuyente presentó ante la administración en medio magnético la información correspondiente al año 1995, de conformidad con lo previsto en el artículo 631 del estatuto tributario y la Resolución 138 de 1996.

A través del pliego de cargos Nº 20 de marzo 26 de 1998 (fl. 5), con base en el listado de reporte de validación, la entidad oficial señaló que la sociedad había incurrido en error en la información, pues de 358 registros leídos, 176 presentaban error (que corresponden al 49.16%). Al efecto, luego de citar los artículos 651 literal a inciso 1º estatuto tributario y 2º literal c de la Resolución 2004 de octubre 31 de 1997, indicó que la base de la sanción era la “sumatoria del formato de entrega” por $ 11.957.529.000 y la tarifa del 3% por tratarse de errores en más de un 30% (Res. 2004/97). De acuerdo con lo anterior, el valor de la sanción ascendía a $ 358.725.870, pero la propuso en la suma de $ 113.800.000, que corresponde al valor máximo para el año “1996”, según el Decreto 2324 de diciembre 29 de 1995.

En su respuesta (fl. 91), la sociedad manifestó que verificada la información del disquete de copia que poseía respecto del año 1995, se encontraron dos (2) errores (una cédula reportada como A, siendo C, y la sumatoria de registros informada de $ 11.957.529.000 era de $ 9.143.821.000); que antes de entregar los disquetes, los mismos habían sido revisados por la división de grandes contribuyentes, sin que se hubiera encontrado error, y manifestó que había solicitado copia del medio magnético a la DIAN pero que como le respondieron que no se había podido copiar por estar dañado, aportaba una copia del disquete que conservaba respecto del citado año.

Mediante la Resolución 277 de septiembre 22 de 1998 (fl. 14), la administración acogió lo expuesto en el pliego de cargos y sancionó a la sociedad en la suma de $ 113.800.000 de conformidad con lo previsto en el literal a del artículo 651 del estatuto tributario.

Al respecto adujo que a su juicio, los argumentos expuestos en la respuesta al pliego de cargos no habían desvirtuado la sanción propuesta, pues se había aceptado que la información inicialmente presentada contenía errores, que no se corrigieron.

La sociedad interpuso recurso de reconsideración (fls. 115 y 157) que luego de su inadmisión por no cumplir los requisitos para su procedencia, posteriormente fue admitido. En dicho recurso la contribuyente reiteró lo expuesto en el pliego de cargos, señaló que había enviado en medio magnético la información del año 1995 con una impresión de la misma y los movimientos contables, destacó que cuestionaba la cuantía de la sanción y manifestó su interés de acogerse a la sanción reducida, por lo que dijo estar gestionando una facilidad de pago, aceptada por la administración mediante fax de enero 15 de 1999 (fls. 33 y 197), fijándose una cuota inicial del 35% de la deuda ($ 7.966.000), suma que la sociedad pagó, según recibo oficial de pago de enero 29 de 1999, que obra a folios 34 y 198.

El anterior acto sancionatorio fue confirmado a través de la Resolución 90021 de mayo 20 de 1999 (fl. 20), quedando así agotada la vía gubernativa.

En dicha resolución la administración indicó que no se había dado cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 651 del estatuto tributario para el beneficio de la reducción de la sanción porque no se presentó memorial de aceptación de la sanción ni se acreditó el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida, pues sólo hasta el 8 de enero de 1999 se solicitó la facilidad de pago, cuando ya había precluido el término para acreditar los requisitos en cuestión.

El a quo accedió a las súplicas de la demanda por considerar, luego de referirse a la sentencia de la Corte Constitucional C-160 de 1998, que de la documentación allegada al expediente se observaba que la administración se limitó a verificar la existencia de la infracción a que se refiere el artículo 651 del estatuto tributario y a imponer la respectiva sanción, sin constatar que la sociedad hubiera actuado de mala fe ni demostrar el que se hubiera causado daño alguno al Estado o reportado beneficio a la demandante, sino que por el contrario la compañía obró de buena fe, a punto que producida la resolución sancionatoria le hizo entrega a la demandada de una copia del disquete que se había dañado al; parecer en poder de la administración y de la impresión de la citada información (fl. 115) aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada.

Por su parte la entidad apelante dijo no compartir la decisión de instancia aduciendo que la administración realizó la verificación para determinar que se había cometido un error, como lo establece el artículo 651 del estatuto tributario y que si bien la carga de la prueba la tiene la administración, también lo es que si se suministra en forma errónea la información la carga de la prueba se traslada al administrado quien debe demostrar que no existió mala fe y que del error no se generó un beneficio para éste o un daño para un tercero, pues el principio de la buena fe no es absoluto en esta materia; que además la contribuyente aceptó la ocurrencia del error y que el artículo 723 del estatuto tributario dispone que en la vía gubernativa no se pueden objetar los hechos aceptados por el recurrente expresamente en la respuesta al requerimiento especial o su ampliación.

Al respecto se observa lo siguiente:

En primer término se destaca que de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Constitución la buena fe se presume. Igualmente, el legislador dispuso en el artículo 769 del Código Civil que “la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria” y que “en todos los otros (casos), la mala fe deberá probarse” (cfr. C. Co., art. 835).

De acuerdo con lo anterior es claro que, contrario a lo afirmado por la entidad apelante, la actora no tenía que probar que no había actuado de mala fe al incurrir en el error respecto de algunos registros, toda vez que “la ley” no estableció dicha presunción respecto de los errores en que se puede incurrir en el suministro de informaciones, y por lo demás, las negaciones indefinidas no requieren prueba.

En consecuencia, no le asiste razón a la parte recurrente en cuanto a que el suministro de información errónea determina inexorablemente que la carga de la prueba se traslade al administrado y tener que demostrar que no existió mala fe, pues como ya se dijo, la Constitución y la ley establecieron la presunción contraria, esto es, la de la buena fe.

Y en cuanto a la Sentencia C-160 de abril 29 de 1998, invocada al efecto por la recurrente, la Corte Constitucional en torno a este punto señaló que:

“La carga de la prueba, en general, la tiene la administración. Pero si existió mala fe por parte del administrado al suministrar un dato erróneo, o una información que no correspondía a la solicitada, la carga de la prueba se trasladará a éste, quien deberá demostrar que no existió mala fe, y que del error suministrado, no se generó para él un beneficio no establecido en la ley, o daño a un tercero” (se destaca).

Del aparte transcrito tampoco surge la conclusión que del mismo pretendió obtener la entidad recurrente, relativo a que el suministro de información errónea implicaría de suyo que el administrado tuviera que demostrar la ausencia de mala fe, pues la citada sentencia parte del supuesto de la existencia de mala fe, esto es, que la misma se encuentre demostrada, lo que no ocurre en el caso de autos, pues por el contrario, como se reseñó en los antecedentes y lo señaló el a quo el Ministerio Público, la sociedad obró de buena fe, ya que desde la respuesta al pliego de cargos y luego con ocasión del recurso gubernativo, teniendo en cuenta que no obtuvo respuesta de la administración en relación con la solicitud de una copia del medio magnético, aportó copia del disquete que conservaba sobre la información del año 1995 con la impresión de la misma y de los movimientos contables.

En cuanto a los cuestionamientos de la recurrente relativos a la no discusión de la obligación de informar, por haber aceptado el error y gestionado una facilidad para el pago de la sanción, se observa que la actora no discutió su obligación de informar, y si bien aceptó que había incurrido en dos errores, como se dijo en los antecedentes, desde la etapa gubernativa controvirtió la sanción en general y específicamente su monto y el número de registros errados, aspectos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad oficial al expedir los actos acusados, desconociendo así el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta y el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. Además se pone de presente en torno a este punto, que como consecuencia de lo expuesto no es posible predicar la pretendida aceptación absoluta por parte de la compañía en relación con la sanción discutida, pues se reitera que la sociedad controvirtió la sanción.

Adicionalmente se advierte que en la sentencia C-160 de 1998 la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 651 del estatuto tributario (relativas a los errores en el suministro de las informaciones) a que “los errores generaran daño”, precisando al efecto que “no todo error cometido en la información que se remite a la administración puede generar las sanciones consagradas en la norma acusada”, que los errores “requieren ser analizados y evaluados por la administración, antes de imponer la correspondiente sanción” y que “la administración está obligada a demostrar que el error lesiona sus intereses o los de un tercero“, por lo que al respecto destacó que “los errores que, a pesar de haberse consignado en la información suministrada, no perjudiquen los intereses de la administración, no pueden ser sancionados”. Y en el caso de autos, en torno a este aspecto se destaca que la entidad demandada y apelante ni en la vía gubernativa ni ante la jurisdicción manifestó que los aducidos errores le hubieron ocasionado daño, ni siquiera se refirió a que se hubiera impedido su labor de fiscalización y control para efectuar los cruces de información con terceros, que en últimas constituye el fundamento del suministro de las informaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 631 del estatuto tributario.

Finalmente tampoco es de recibo el último punto planteado por la recurrente, relativo a que en la vía gubernativa no se pueden objetar los hechos aceptados por el recurrente expresamente en la respuesta al requerimiento especial de acuerdo con lo previsto en el artículo 723 del estatuto tributario, ya que como lo establece la norma invocada y lo afirma la misma apelante, dicha norma es aplicable en relación con el acto previo a la liquidación oficial de revisión denominado “requerimiento especial”, respecto de los hechos aceptados en la respuesta al mismo o su ampliación, por lo que es evidente que no resulta aplicable al sub lite donde lo controvertido es una sanción por no enviar información (cuyo acto previo es el pliego de cargos), y además en el caso, como ya se dijo, la actora no aceptó en forma absoluta los aducidos errores, sino que desde la vía gubernativa cuestionó el número de registros errados y la sanción.

De conformidad con las razones expuestas la Sala concluye la ilegalidad de los actos acusados por infracción de las normas que dijeron fundarse contenidas en los artículos 631 y 651 del estatuto tributario y desconocimiento del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, por lo que se procederá a confirmar la sentencia apelada, sin que esté llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada».

(Sentencia de octubre 20 de 2000. Radicación 10.665. Consejero Ponente: Dr. Daniel Manrique Guzmán).

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