Sentencia 10669 de agosto 17 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE APELACIÓN

SUSTENTACIÓN ANTICIPADA

EXTRACTOS: «El reparo se enuncia como violación al debido proceso consistente en haber admitido un recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria de primera instancia, interpuesto por el representante de la parte civil, a sabiendas de que la sustentación se hizo antes de que judicialmente se dispensara el término previsto para ello, de conformidad con los artículos 196A y 196B del Código de Procedimiento Penal.

Es cierto que la última notificación del fallo de primer grado se hizo por medio de edicto, que se fijó el 8 de noviembre de 1994 y fue desfijado el 10 de noviembre siguiente (fl. 513). También es exacto que el apelante disponía de cinco (5) días hábiles para sustentar el recurso, computados entre el 17 y el 23 de noviembre, pues, a partir del 24 de noviembre, comenzó a correr el término de seis (6) días para los no recurrentes, según constancia que obra a folio 516. De igual manera, se ha establecido que el apoderado de la parte civil fue notificado personalmente de la sentencia el 3 de noviembre de 1994, interpuso el recurso de apelación al día siguiente y lo sustentó el 8 de noviembre (fls. 514, 515 y 517-519).

El Código de Procedimiento Penal disciplina el recurso de apelación de tal manera que dispone diferencialmente un término para interponer la impugnación, otro para sustentarla y un tercer lapso deferido a los no impugnantes. Así, la apelación sólo puede proponerse hasta antes de que venzan los tres (3) días contados a partir de la última notificación, pero puede intentarse desde la fecha en que se haya proferido la providencia impugnada (CPP., art. 196); la sustentación por escrito de las decisiones interlocutorias y las sentencias debe hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término para recurrir; y los no recurrentes podrán pronunciarse sobre la apelación dentro de los seis (6) días siguientes a la preclusión del lapso anterior (ídem, arts. 196A y 196B).

Sin embargo, la determinación de una clara afrenta al debido proceso impugnativo sólo puede explorarse a partir del sentido de la discriminación legal en los términos indicados. En efecto, como sólo a partir de la última notificación se supone que la providencia es conocida por todos, en relación con los sujetos procesales que se integran personalmente en último lugar o que deben hacerlo fictamente por estado o edicto, en la práctica, el término de tres (3) días podría resultar insuficiente si se les exigiera cumplir simultáneamente la interposición facultativa y la sustentación obligatoria del recurso, y por ello el legislador dejó el término sólo para la primera actividad y la fundamentación se regula en un lapso separado y posterior.

Es decir, la escisión de los términos de interposición y sustentación del recurso, en principio y en el sentido antes indicado, es una garantía para el impugnante, establecida con el fin de que él pueda presentar más ampliamente los motivos y argumentos de su disenso con la decisión impugnada. De modo que el apelante, frente al mencionado privilegio procesal, voluntariamente puede renunciar a hacer la sustentación separada y puede optar por presentarla junto con la impugnación o, en cualquier caso, anticiparse al término formalmente dispuesto para ello, con tal de que lo haga después de que haya dictado la respectiva providencia y antes de que venza el lapso para fundamentar.

La posibilidad de reunir en un solo escrito la manifestación de apelar y la sustentación del recurso, o de proponer la segunda antes de que se tribute formalmente el término de ley, no es sino la consecuencia de entender que el sustento sólo es la concreción de la impugnación, por medio de la expresión de los motivos de agravio ante el órgano judicial de primera instancia, en el caso de la legislación colombiana, o ante el juez o tribunal de segunda instancia en otros ordenamientos procesales.

Desde otra perspectiva, la sustentación del recurso debe entenderse como una garantía para los sujetos procesales distintos al impugnante, en el sentido de hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades para las partes, pues sólo cuando los no recurrentes conocen previamente esas expresiones de inconformidad del primero podrán contestarlas o apoyarlas en beneficio de su interés procesal, trabándose así el verdadero contradictorio como el reflejo de pares dialécticos.

Así las cosas, desde el punto de vista del derecho de los demás sujetos procesales, ninguna ofensa se infiere con una sustentación anticipada al término formalmente dispuesto para tal menester, pues queda a salvo ampliamente la facultad que tienen los no recurrentes para discernir sobre dicha impugnación, previo conocimiento de la misma y sus motivos, dentro de un término que de todas maneras es posterior a la fundamentación del recurso.

Apenas una apreciación excesivamente formalista de la regulación del trámite procesal de los recursos, sin mirar el cumplimiento o verificar el posible riesgo de los objetivos y valores superiores que informan el ordenamiento jurídico en esa materia (igualdad, contradicción y protección razonable de garantías), podría conducir a señalar que fue extemporánea la sustentación del recurso de apelación propuesto en contra de la sentencia de primer grado, sólo por haberse intentado antes del correspondiente traslado.

Basta saber que dicha manifestación de agravios se hizo después de haberse proferido la respectiva decisión, como lo prescribe el artículo 196 del Código de Procedimiento Penal, porque si se hubiera hecho antes de dictar la providencia, ahí sí cabría la objeción de extemporaneidad por anticipación. Así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia cuando, verbigracia en relación con una resolución interlocutoria de medida de aseguramiento que está formalmente ejecutoriada, el actor posteriormente solicita la revocatoria de la decisión, conforme con el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal, pero simultáneamente interpone la apelación en caso de que el fiscal no acceda a la pretensión. En dicho evento, el sujeto procesal estaría impugnando anticipadamente una decisión futura cuyo sentido aún es incierto, pues bien puede ocurrir que el funcionario disponga la revocación o también que la niegue y, sólo cuando ya se conozca la respectiva determinación, y no antes, podrían las partes intentar los recursos ordinarios de reposición y/o apelación en contra de la misma.

No prospera el cargo examinado».

(Sentencia de casación penal, agosto 17 de 1999. Radicación 10.669. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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