Sentencia 10679 de julio 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Santafé de Bogotá, D.C., diez de julio de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Expediente 10679

Autoridades nacionales

Actor: Alcides Elías Pimienta Rosado.

En grado de consulta ha venido a esta sección del Consejo de Estado la sentencia proferida el 16 de agosto de 1994 por el Tribunal Administrativo de la Guajira.

Pero no podría endilgársele en su contra ese equívoco porque obviamente el actor buscó agotar la vía gubernativa y fue inexcusable la omisión administrativa al no indicarle el recurso procedente contra la insubsistencia tácita, razón por la cual es dable admitir que el agotamiento de la vía gubernativa se dio —como lo advierte el tribunal— al configurarse el evento establecido en el inciso 3º del artículo 135 del CCA que dice:

“Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieren dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, los interesados podrán demandar directamente los correspondientes actos”.

En tal virtud, el pronunciamiento del Tribunal Superior declarando la extemporaneidad del recurso de reposición interpuesto contra el acto de insubsistencia es también nulo porque si fue interpuesto en tiempo y el término de caducidad debe contarse a partir del día de la notificación de ese proveído, es decir, del 19 de marzo de 1992. (fl. 15).

El término vencía 4 meses más tarde, el 19 de julio de 1992; pero siendo inhábiles el 19 y el 20, la conclusión obvia es que la demanda fue presentada en tiempo, sin que se operara la caducidad, el 21 de julio (fl. 11 vto).

En cuanto al restablecimiento del derecho, la sala prohíja la decisión del Tribunal pues en realidad no es posible ordenar reintegro al servicio toda vez que éste ya fue dispuesto al vincular al actor en cargo similar al que ocupaba en el momento de la desvinculación.

De otra parte, se solicitó en la demanda que las sumas cuyo pago ordenara la sentencia fueran ajustadas en su valor. Tal pretensión tiene fundamento jurídico en el artículo 178 del CCA, al tenor del cual para decretar tal ajuste, se debe tomar como base el “índice de precios al consumidor, o al por mayor”.

En sentencia del 15 de noviembre de 1995, Expediente 7760, Actor Guillermo de Jesús Calle Guerra, con ponencia del Consejero Doctor Joaquín Barreto Ruiz, la sala expresó que, respecto a casos en el que la condena se refiere al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir como consecuencia de la desvinculación ilegal del empleado, también tales valores son afectados por la devaluación, aunque ellos se reajustan periódicamente por mandato legal.

En consecuencia considera la sala que es legal, que las sumas cuyo reconocimiento ordena esta sentencia, sean ajustadas en los términos del artículo 178 del CCA, utilizando la fórmula adoptada de tiempo atrás por la Sección Tercera del Consejo de Estado, según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la correspondiente mesada salarial, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 177 del CCA, es decir, a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada salarial comenzando por la que devengaba el actor al momento del retiro y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

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