SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

DEMOSTRACIÓN DE CALIDADES PERSONALES

INVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA

EXTRACTOS: «Procede la Sala a examinar el fondo del asunto debatido. Apunta éste a que la jurisdicción contencioso administrativa deje sin efectos el acto por el cual el concejo de La Uvita - Boyacá, en sesión del 14 de noviembre de 1992, eligió como personero principal y suplente para este municipio a los ciudadanos Guillermo Antonio Cáceres Jaime y Luis Arcenio Galvis Galvis, respectivamente.

El cargo que sirve al actor como fundamento de las pretensiones, lo hace consistir en que tanto el uno como el otro de los elegidos, no reúnen las calidades que para ejercer las funciones de personero consagra el artículo 137 del D. 1333 de 1986, en concordancia con la Ley 03 de 1990, o sea que no son abogados titulados ni estudiantes de derecho.

La primera disposición prescribe: “Para ser personero se requiere ser abogado titulado o haber terminado estudios de derecho” y la segunda, en su artículo 1º dice:

“En cada municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano, agente del Ministerio Público y defensor de los derechos humanos, llamado personero municipal, que tendrá un suplente designado por el mismo que elija al principal.

El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, mientras se provee lo conveniente por quien corresponde.

Las calidades previstas en el artículo 137 del Código del Régimen Municipal, deberán observarse así mismo para el personero suplente”.

El caso como se puede apreciar es el mismo para ambos demandados. De su supuesto fáctico se infiere claramente que se trata de una proposición indefinida, puesto que se refiere a aspectos inherentes a la persona misma, que sólo ella está en condiciones de conocer y por tanto, le permite con la suficiente propiedad desvirtuar la acusación demostrando el hecho contrario, que vendría a ser en este caso, que se ostenta la calidad de abogado titulado o en su defecto el de haber terminado estudios de derecho.

Para el actor, en cambio, el hecho es de difícil demostración por lo que, en virtud del principio consagrado en el artículo 177 del CPC, se opera el fenómeno de la inversión probatoria, mediante el cual, la prueba de la afirmación indefinida se traslada al sujeto pasivo de la acción, en el sub lite conformado por dos demandados.

Dilucidado este punto, debe la Sala examinar la posición asumida por cada uno de dichos sujetos en el proceso, frente a los hechos que soportan el cargo, para establecer, con la certeza requerida, la prosperidad o improsperidad de las pretensiones.

Se acusa el acto impugnado porque mediante él, el concejo municipal de La Uvita - Boyacá, eligió al señor Guillermo Antonio Cáceres Jaime como personero principal de la misma localidad para el período 1992-1994, siendo que este ciudadano —según el actor— no es abogado titulado ni terminó estudios de derecho, calidades que para el desempeño de esa función exige el artículo 137 del Código de Régimen Municipal.

El cargo se precisa en el hecho cuarto de la demanda. Sobre él no tuvo ningún reparo el demandado, quien por el contrario, lo aceptó en forma expresa y directa, no sólo en el escrito de contestación (fl. 49) sino también en el de apelación (fl. 82). Es decir, que en vez de proceder a desvirtuarlo, lo reafirmó mediante confesión judicial espontánea hecha en forma reiterada ante el juez del conocimiento, confesión que es válida procesalmente a la luz de lo dispuesto en el artículo 194 del C. de P.C., y permite a la Sala establecer sin más consideraciones, que el acto acusado en lo que respecta a la declaratoria de elección del ciudadano Cáceres Jaime, es violatorio del artículo 137 del D. 1333 de 1986. Por estas razones el cargo está llamado a prosperar, pues la norma, como bien lo anota el representante del Ministerio Público en su concepto, no ofrece ninguna confusión o vaguedad al precisar los requisitos para ser personero.

En lo que corresponde a la elección del personero suplente a quien igualmente se le atribuye falta de las mismas calidades que el principal para el ejercicio de esa función pública, en el examen del cargo, la Sala debe partir necesariamente de la afirmación indefinida que, como quedó oportunamente analizado, da lugar a la inversión de la carga de la prueba.

En aplicación de este principio al actor sólo le basta hacer la acusación y ante la imposibilidad de demostrar los hechos que la sustentan, la carga de la prueba se traslada al demandado.

Ahora, si éste considera que la acusación carece de fundamento, es de lógica que asuma su defensa presentando de manera regular y oportuna las pruebas idóneas para desvirtuarla. Si no lo hace, el cargo, al no recibir contradicción adquiere tal entidad en el proceso que indefectiblemente debe conducir a la prosperidad de las pretensiones que en éste se sustentan.

De autos consta que el demandado Luis Arcenio Galvis Galvis no concurrió al proceso, siendo representado por curador ad litem legalmente designado, con quien se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda (fl. 56).

El representante judicial —como es obvio— por desconocimiento de las condiciones subjetivas comprendidas en el cargo e inherentes al demandado, al contestar la demanda (fl. 57), se limitó a expresar su conformidad con lo que resultare probado.

Estima la Sala que dada la singular característica que jurídicamente presenta dicho cargo, no se puede por pasiva asumir una actitud de ausencia procesal, como ocurre en este caso, donde el demandado no actuó tal vez en la creencia de que al actor correspondía probar el supuesto de hecho alegado y al éste no presentar ni solicitar pruebas, dicho supuesto se quedaba en la simple afirmación, sin reparar en que de acuerdo con el artículo 177 del C. de P.C., esa afirmación cumplía su propósito al no ser objetada y desvirtuada mediante elementos de convicción que sólo el demandado estaba en condiciones de aportar, actuando personalmente o mediante apoderado.

La visible ausencia de pruebas respecto al caso examinado, lleva al Ministerio Público a solicitar que la sentencia recurrida en cuanto a la elección del señor Luis Arcenio Galvis Galvis debe ser revocada, posición que no encuentra respaldo en la Sala por los motivos que se dejan ampliamente analizados.

La conclusión, entonces, es la de que en el acto de elección del personero suplente, también se quebrantó el artículo 137 del D. 1333 de 1986, porque para este servidor público se exigen las mismas calidades previstas en la norma para el personero principal, así lo establece en el artículo 1º de la Ley 3ª de 1990 y por eso el cargo deberá prosperar».

(Sentencia de noviembre 25 de 1993. Expediente 1068. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

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