Sentencia 10.683 de 1998 junio 4 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES

COMO CAUSA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

EXTRACTOS:«La ley erige como justa causa de terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador “Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al patrono, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos” (D. 2351/65, art. 7º, lit. b, num. 8º).

Por su parte el artículo 57-5 del Código Sustantivo del Trabajo dice que son obligaciones especiales del patrono “Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos”.

Aunque la expresión “remuneración pactada”, por su literalidad bien puede asociarse con el salario, dentro del contexto de la norma en cuestión no puede pensarse que se estén excluyendo otros pagos impuestos por la ley al empleador, porque la disposición hace parte del conjunto de los deberes básicos de quien se beneficia del trabajo humano y porque sería equivocado pensar que el legislador haya pretendido considerar como obligación especial exclusivamente el pago del salario sin hacer lo propio con el de las prestaciones sociales. Imposible suponer, también, que frente a éstas el legislador hubiese equivocado el orden de los conceptos para sustraer las prestaciones sociales de la categoría de los deberes contractuales del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo para ubicarlas, en cambio, en la categoría de las prohibiciones a los patronos, que es el tema que maneja el código en su artículo 59.

Con este entendimiento de la ley (“remuneración” en sentido amplio pero cabal y pertinente), se evitaría forzar el alcance del artículo 59-1 del Código Sustantivo del Trabajo para ubicar, en un caso como el presente, la “falta de pago” de prestaciones sociales, como la cesantía parcial o la jubilación, en la regulación de las deducciones, retenciones y compensaciones, pues de hecho en las relaciones obrero patronales esas figuras tienen una connotación específica, hasta el punto que los literales a, b y c de la norma jurídica contemplan los casos concretos en que es lícita la autorización escrita y específica del trabajador para que operen lícitamente la deducción, retención o compensación.

El recurrente dedujo la violación de la ley precisamente de plantear la falta de pago de la cesantía y de la jubilación como una deducción, aunque razonó de manera diferente para imputarle al Tribunal una transgresión de la ley con un concepto de violación que pudiera o no compartirse, pero que se estudia dada la presentación de los otros cargos en los que plantea los otros modos de violación de la ley.

Para la Corte la solución del caso está en un punto distinto:

1. El trabajador puede terminar unilateralmente su contrato de trabajo si el empleador viola de manera grave la obligación de pagar la remuneración convenida (entendiendo por tal los salarios y las prestaciones). Es grave incumplir ese deber cuando se trata de la cesantía del trabajador. Pero en este caso específico ocurre que el pago parcial de la cesantía fue autorizado en el mes de febrero 1994 y ese hecho sólo vino a invocarse por el demandante como justa causa de terminación del contrato en enero de 1995, de manera que si en su momento ese incumplimiento no fue suficiente obstáculo para la continuidad del contrato, como lo revela la conducta del trabajador, no puede serlo para tenerlo en cuenta como justa causa para la ruptura del vínculo laboral.

2. No es consecuente con el orden legal utilizar la prerrogativa de terminar unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa aduciendo la falta de pago (que no su retención, en sentido estricto) de la pensión de jubilación (convencional o legal), porque este hecho tiene una consecuencia específica contemplada en el artículo 8º de la Ley 10 de 1972. La protección constitucional a la jubilación se desarrolla legislativamente con la indemnización moratoria, mas no con la indemnización de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato de trabajo.

De acuerdo con lo anterior, a pesar de que hubo un error jurídico en la decisión del tribunal, en sede de instancia la Corte llegaría a la misma definición judicial, de modo que la anulación de la sentencia impugnada sería inocua».

(Sentencia de casación, junio 4 de 1998. Radicación 10.683 Magistrado Ponente: Dr. Germán Valdés Sánchez).

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