Sentencia 10684 de agosto 28 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PRÁCTICA DE PRUEBAS

ASISTENCIA DEL PROCESADO

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Radicación 10.684

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).

Vistos

Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la petición del sindicado V... y de su defensor acerca de la participación de aquel en todas las diligencias probatorias que se practiquen.

La petición de sindicado y defensor

I. En memorial recibido en la Secretaría de la Sala el sindicado V... solicita “que a todas las pruebas por practicar en las que podamos intervenir los sujetos se me noticie con la debida antelación en especial sobre la fecha y hora en que se practicará con el objeto de que sea traslado (sic) para intervenir en su práctica, así esté (sic) presente los abogados defensores”.

Advierte a renglón seguido que “el derecho de intervenir me asiste, es fundamental y no se me puede menoscabar bajo el subterfugio de que poseo defensor principal y suplente, porque el que mejor sabe y conoce mis cosas, mis actuaciones no es otra persona distinta que el suscrito”.

II. En la parte final del escrito presentado por el defensor para solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por detención domiciliaria y la ordenación de algunas pruebas, señala que “dejo desde ya sentando el precedente que quiero intervenir en la práctica de las pruebas, lo mismo que lo desea hacer mi defendido V..., cuya remisión habrá de ordenar la Corte, oficiando con la debida antelación al Inpec”.

Consideraciones

No es un problema de poca monta el que se plantea a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con la solicitud que al unísono presentan defensor y sindicado para que este último sea remitido desde su lugar de reclusión a fin de participar en la práctica de todas las pruebas.

La petición así planteada se resolverá negativamente con fundamento en las siguientes precisiones:

1. El legislador nacional históricamente ha reconocido al procesado facultades para su defensa, las que ha especificado unas veces y en otras ha generalizado, así:

El Decreto 409 de 1971, señalaba en su artículo 116 bajo la nominación de “facultades del procesado, en su defensa”, que “los procesados pueden, sin necesidad de apoderado, solicitar la práctica de pruebas, interponer recursos, desistir de los mismos, solicitar la excarcelación, la condena y libertad condicionales, actuar en las diligencias e intervenir directamente en todos los casos que autorice la ley”, detallando de tal manera todas las actuaciones en las que podía participar.

Posteriormente el Decreto 0050 de 1987, varió la fórmula para consagrar en el artículo 126, nominado de la misma forma que el atrás citado que, “el procesado para los fines de su defensa, tiene los mismos derechos de su defensor, excepto sustentar los recursos de casación y de revisión, si no fuere abogado titulado”, generalizando así la actividad que el sujeto pasivo de la acción penal puede tener dentro de la actuación, aunque privilegió la defensa técnica al afirmar que “cuando existan pretensiones contradictorias entre el procesado y su defensor, prevalecerán estas últimas”.

Finalmente, el Decreto 2700 de 1991, consagró en el artículo 137, bajo la nominación “facultades del sindicado” que “para los fines de su defensa, el sindicado tiene los mismos derechos de su defensor, excepto la sustentación del recurso de casación” manteniendo la preferencia por las solicitudes de este último al señalar que ante la existencia de “peticiones contradictorias entre el sindicado y su defensor, prevalecerán estas últimas”.

2. Se tiene entonces que las reglas sobre la participación del sindicado dentro del proceso penal han pasado desde la especificidad del Decreto 409 de 1971 a la generalidad que consagra el actual Código de Procedimiento Penal, donde se le otorgan al sujeto pasivo de la acción penal del Estado, para efectos de su defensa, los mismos derechos que a su defensor.

La fórmula de redacción del artículo 137 del actual Código de Procedimiento, que no ofrece ninguna dificultad en tratándose de sindicados no privados de la libertad, encuentra serios reparos de ejecución cuando se trata de procesados contra los que pesa alguna medida restrictiva de su derecho fundamental a la libertad, como es el caso del representante V...

En efecto, una interpretación exegética con fundamento en la técnica gramatical de la norma en comento llevaría a concluir que la petición del sindicado V... debería ser despachada favorablemente, pues al fin y al cabo la norma le señala al procesado los mismos derechos de su defensor, y éste se halla en posibilidad de asistir a la práctica de las diligencias probatorias que se lleven a efecto. Empero, una interpretación basada en tal método y técnica deviene en irracional e inconstitucional, por desnaturalizar la esencia del proceso penal y los fines primordiales del Estado en cuanto hace a la administración de justicia.

Resultaría abiertamente dilatorio de la actuación judicial la ordenación previa del traslado de los sindicados desde su lugar de reclusión para poder practicar cualquier prueba, si se tienen en cuenta todas las dificultades logísticas que tal procedimiento implica para garantizar no sólo que el encartado no se evada, sino también la seguridad del mismo, lo que devendría en directa violación del artículo 29 de la Constitución Política en cuanto le garantiza al sindicado el derecho a un proceso “sin dilaciones injustificadas”.

Y no se diga frente a este argumento de inconstitucionalidad que tal dilación está justificada, pues ninguna razón de hecho o de derecho obliga la presencia del sindicado preso en la práctica de todas las pruebas.

En efecto, frente al argumento de garantía del derecho de defensa que algunos podrían esgrimir, por el derecho que le asiste al procesado, como a su defensor, de controvertir la prueba, resulta claro contraargumentar que tal razón es en extremo reductista pues minimiza al ejercicio del derecho fundamental a la defensa a un solo acto, y más que a un solo acto, a una sola oportunidad, cuando resulta evidente que la controversia de la prueba es un derecho que puede ejercerse de bastantes más formas que con la simple participación en la aducción de la misma.

3. La interpretación exegética de la norma atrás citada también deviene en irracional, entendida la irracionalidad de la interpretación como aquella que en lugar de hacer útil la norma para el propósito que fue creada, la torna en inútil al convertirla en obstáculo para el fin al que debe servir. En este orden de ideas, no cabe duda que el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal es norma integrante del debido proceso, en cuanto garantiza el derecho de defensa del procesado, pero éste no puede ejercitarse de manera que niegue otros componentes del mismo debido proceso como el derecho que le asiste a que no hayan dilaciones injustificadas en el trámite de su asunto, o principios basilares de la administración de justicia como los de eficiencia, celeridad (ley estatutaria), eficacia y prevalencia del derecho sustancial (Constitución Política arts. 209 y 228).

¿Cómo conciliar una interpretación exegética del artículo citado con la práctica de pruebas fuera de la ciudad donde se halle detenido el sindicado? Debe acaso trasladarse el interno hasta la localidad donde vaya a realizarse la diligencia judicial; y cómo debe actuarse cuando la prueba deba ser practicada fuera del país; o es que se debe concluir en una interpretación de la norma que sea diferencial, es decir que se interprete de una manera cuando las pruebas se practiquen en la sede del centro de reclusión donde se halle el sindicado y, de otra manera, cuando sea en otra ciudad, sin contar los múltiples problemas que se generarían cuando se trate de procesos con varios sindicados. La respuesta es una sola, tal hermenéutica resulta irracional al hacer inútil la norma por tornarla en obstáculo para el logro de uno de los elementos del debido proceso, que es el de evitar una injustificada dilación del proceso.

4. En contrario a la interpretación exegética de la norma de la que parten sindicado y defensor para solicitar el traslado desde el lugar de reclusión de aquel para la práctica de las pruebas, una interpretación sistemática actualiza plenamente el precepto y lo integra como elemento de valiosa utilidad en desarrollo del derecho fundamental al debido proceso.

Partiendo de la definición del derecho fundamental al debido proceso, como la institución a la que debe integrarse la norma cuya interpretación se persigue, las facultades del sindicado para su defensa otorgadas en el artículo 137 deben entenderse que tienen como efecto útil garantizar su derecho de defensa.

La Constitución Política privilegia la defensa técnica frente a la autodefensa del sindicado, al otorgar como derecho al procesado el de nombrar un abogado que lo represente y establecer como obligación para el Estado el designarle uno de oficio, cuando aquel no quiera o no pueda postular un profesional que lo represente, derecho-deber que se explica además en el carácter técnico del proceso penal colombiano, dentro del cual es condición sine qua non la presencia de un abogado como representante legal del sindicado, para que el proceso sea considerado válido.

Ya sea que se concluya como Bentham que “en el reinado de una legislación oscura y complicada, de un modo de enjuiciar lleno de fórmulas y cargado de nulidades, es necesaria la defensa técnica de un abogado de profesión para restablecer la igualdad entre las partes respecto a la capacidad y para compensar la desventaja inherente a la inferioridad de condición del imputado”(1), o como Gimeno Sendra que el ejercicio de la institución de la defensa penal tiene un carácter dual que integran la defensa privada o material y la pública o formal(2), es lo cierto que el procedimiento penal colombiano privilegia la presencia del defensor letrado por encima incluso de la del propio sindicado, pues resulta perfectamente probable adelantar un sumario o concluir un juicio sin la presencia física del procesado, pero nunca podrán finiquitarse tales etapas procesales en ausencia de un defensor técnico.

El ejercicio del derecho de defensa que la Constitución y la ley le reconocen al sindicado, no se menoscaba por la restricción a su libertad que deriva de la imposición de una medida de aseguramiento, pues son múltiples los instrumentos que las reglas de procedimiento ofrecen al encartado para defenderse. Nótense al efecto: la audiencia pública, actuación procesal en la que es obligatoria su presencia, siempre que esté detenido, para que, primordialmente, pueda controvertir las pruebas que obran en su contra o relievar las que favorezcan su posición; la libertad que mantiene, aun estando detenido, de remitir escritos al funcionario judicial, ya sea para solicitar la práctica de pruebas, para contradecir las ya existentes o para simplemente dejar conocer su posición sobre determinado elemento probatorio; y, la posibilidad de elevar peticiones a través de sus apoderados, titular o suplente, sin dejar pasar de vista el inalienable derecho que mantiene de evaluar la gestión de sus defensores para determinar, si a su juicio, están o no defendiéndolo correctamente, pues en caso de una conclusión negativa tiene derecho a cambiarlos cuantas veces quiera.

Deviene de lo anterior concluir que la presencia física del procesado preso, en la práctica de las pruebas en la etapa del sumario no resulta evidentemente necesaria, tornándose obligatoria únicamente en aquellos casos en los que la naturaleza de la prueba así lo aconseje o la ley expresamente lo contemple así; verbigracia, la indagatoria, el reconocimiento en fila de personas, en la etapa instructiva; o la audiencia pública, aunque esté detenido por cuenta de otro proceso(3).

La decisión política de la Carta Fundamental y del Código de Procedimiento Penal de privilegiar la presencia del defensor técnico, encuentra actualización plena en tratándose de situaciones como la que enfrenta el peticionario V... que por su condición de detenido, tiene restringido su derecho fundamental de locomoción, sin que ello sea impedimento para ejercer su derecho de defensa a través de su abogado de confianza, o de uno de oficio si fuere el caso, o personalmente mediante la remisión de peticiones por correo, garantizándose de esa manera por el Estado colombiano el respeto al derecho fundamental al debido proceso y a los tratados internacionales suscritos por el país.

Por ejemplo, si lo que el sindicado quiere concretamente es contrainterrogar los testigos, tal fin lo puede alcanzar a través de la natural comunicación que debe existir con sus defensores o directamente mediante la remisión de un escrito en el que anexe el cuestionario que desea que absuelva el testigo, eso sí señalando en concreto las razones del contrainterrogatorio.

La posición que aquí adopta la Corte, en desarrollo de claros textos constitucionales y legales, es perfectamente conciliable con el ordinal 3º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(4) en el que se establece que “durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios para pagarlo”; así mismo con el ordinal 2º del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”(5) cuando señala que “durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”.

Nótese cómo los acápites de los pactos internacionales citados, imponen la obligación de permitir al reo el ejercicio del derecho de defensa a través de dos medios: personalmente “o” por un defensor, por lo que la opción nacional de preferir en el ejercicio del derecho de defensa al defensor técnico resulta mayormente protectora del derecho fundamental del sindicado, habida cuenta del carácter eminentemente técnico del proceso penal.

Similar situación se plantea, desde la perspectiva del derecho comparado, si se observa en la Comunidad Europea la “convención de salvaguardia de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales” que le impone a los Estados comunitarios la obligación de permitirle al procesado “defenderse él mismo o tener la asistencia de un defensor de su elección o poder ser asistidos gratuitamente por un abogado de oficio”(6), por lo que la presencia de los abogados titular y suplente del sindicado V... no son como él lo señala “un subterfugio” para desconocerle el derecho fundamental a la defensa, sino al contrario, los perfectos garantes de tal derecho por cuanto la ley los presume más aptos que a él para enfrentar los tecnicismos del proceso.

Tampoco puede perderse de vista, desde la perspectiva de los tratados internacionales, que el derecho a contrainterrogar, por ejemplo, como ejercicio del derecho de defensa se estructura sobre el esquema del juicio oral con inmediación de la prueba dentro de la audiencia, característica propia de los procedimientos acusatorios puros, pero en tratándose de un sistema mixto como el nacional, o inquisitivo como el que cobija al aquí procesado (Constitución Política, artículo 235-3), cuya etapa instructiva se desarrolla en diligencias no en audiencias, tal derecho no puede ser absoluto sino que debe hacerse compatible con este tipo de proceso.

En conclusión, el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal no acepta una lectura gramatical que lo desvincule del propósito para el cual sirve, garantía del debido proceso, ni entrega autorización alguna para disminuir los naturales rigores que una medida de aseguramiento conlleva, ordenando el traslado del detenido cada vez que haya de practicarse una prueba, a su favor o en su contra.

El derecho a la defensa del sindicado está debidamente garantizado mediante la probable participación de su defensor, de confianza o de oficio, en las diligencias probatorias; solo de esta manera se pueden conciliar los derechos de defensa, de celeridad del proceso, de eficacia y de eficiencia que componen, entre otros, el derecho fundamental al debido proceso y los principios de la administración de justicia, por lo que no se autorizarán las remisiones solicitadas y consecuencialmente sólo se le notificarán aquellas decisiones que la ley procesal ordena, debiéndose enterar de las demás por conducto de uno cualquiera de los abogados que lo representan.

5. En cuanto hace al deseo del defensor de participar en la práctica de las pruebas, la Corte no encuentra ninguna objeción a tal manifestación como quiera que corresponde al legítimo ejercicio del derecho de defensa que su cliente le ha encargado ejercer a su nombre.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Negar el traslado solicitado por el sindicado V... desde el centro de reclusión cada vez que haya de practicarse diligencias probatorias.

Notifíquese y cúmplase.

Fernando Arboleda Ripoll—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Córdoba Poveda—Carlos A. Galvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Carlos E. Mejía Escobar—Dídimo Páez Velandia—Juan Manuel Torres Fresneda. 

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

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