Sentencia 1069 de noviembre 29 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Ref.: Expediente 110012203000200010-69-01, nov. 29/2000

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Se resuelve sobre la impugnación formulada contra el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de octubre de 2000, que negó la tutela promovida por el señor José Cuesta Novoa, contra el Ministro de Minas y Energía, Dr. Carlos Caballero Argáez.

Antecedentes

1. En escrito dirigido al tribunal antes mencionado José Cuesta Novoa interpone acción de tutela contra el señor Ministro de Minas y Energía, Dr. Carlos Caballero Argáez, por considerar que al no cumplir con sus funciones relativas a no tomar medidas preventivas en el daño de un reactor nuclear, vulnera el señor ministro los derechos fundamentales a la vida, salud y medio ambiente del accionante; en consecuencia solicita que se ordene al accionando la reparación del reactor nuclear colombiano a fin de que cese la amenaza contra su vida.

2. Los hechos y afirmaciones que sirven de fundamento a la presente acción de tutela pueden resumirse de la siguiente manera:

a) Manifiesta el accionante que el miércoles 4 de octubre de 2000 el diario El Tiempo, página 1-12, publicó una noticia bajo el título de “Nuevo informe confirma riesgos. Alerta por manejo de reactor”, en cuyo texto se aduce que el citado reactor viene siendo manipulado por profesionales que no tienen la suficiente experiencia en ese campo y que algunos instrumentos claves de medición están dañados, entre ellos el monitor de mano y pie del reactor, según el concepto de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, y que de no repararse y ser controlado por personal altamente calificado, podría ocurrir exposiciones altas de radiación, y si el daño llega a afectar el combustible nuclear, podría existir liberaciones de material radioactivo al medio ambiente.

b) Precisa que de este informe su vida, la de su familia y la de los bogotanos en general corre peligro por estar constantemente expuestos a la posibilidad de un desastre nuclear con consecuencias trágicas para los seres humanos.

Respuesta del accionado

El ministro en extenso informe dirigido al tribunal hace alusión a la situación del reactor y a las condiciones en que actualmente se encuentra.

Primeramente se refiere a las afirmaciones del artículo de prensa para negar la que se fundamentaba en que éste era “manipulado” por profesionales sin la suficiente experiencia en ese campo, ya que el mismo no está operando desde el 31 de marzo de 1998, fecha en que fue apagado (shut down), aparte de que a raíz de la visita de una misión de expertos le fueron retirados dos elementos combustibles del núcleo para llevarlo a condición subcrítica, hecho que significa que de ninguna manera el reactor puede activarse, de donde se sigue que es físicamente imposible que en esta condición se presente una reacción nuclear en cadena. De allí que las acciones de Ingeominas se hayan limitado a realizar el mantenimiento preventivo tanto del reactor como de las instalaciones que lo contienen y de ninguna manera a manipularlo.

Seguidamente se refiere a los informes de la OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica, encaminados a la evaluación del estado del reactor y sus sistemas de seguridad y a la factibilidad de puesta en operación del mismo, para afirmar que el gobierno tiene claro que un reactor nuclear, solamente puede ser operado por personal certificado como operador de reactores, a cuyo fin se adelantan gestiones para la obtención de dos capacitaciones puntales en operación de reactores, tal y como lo recomiendan los expertos en su informe, previendo que pudiera llegarse a la decisión de llevar el reactor a estado de “criticidad” (funcionamiento). Debe entenderse las recomendaciones de los expertos de la OIEA, encuanto a la necesidad de capacitación, porque las mismas se refieren a la capacitación de los operadores cuando el reactor entre en funcionamiento, por lo que no son aplicables en las condiciones actuales.

El defensor delegado para el estudio y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales dio respuesta a la solicitud del tribunal manifestando que no existe información alguna o documentos relacionados con los eventuales daños que puedan ocurrir a causa de la existencia. de un reactor nuclear.

El fallo del tribunal

Después de desestimar que la acción procedente sea la popular por violación a intereses colectivos, el tribunal niega el amparo, por considerar que la tutela es un mecanismo protector de los derechos fundamentales en los casos en los que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

El reactor nuclear adquirido por el Ministerio de Minas y Energía a cargo de Ingeominas es de la clase IAN-R 1 para fines de investigación, intrínsecamente seguro, propiedad que obedece a su alto coeficiente de reactividad por temperatura, lograda con un combustible que es una aleación U-ZrH1.6. En caso de un aumento brusco de la potencia, el reactor se apagará instantáneamente, por lo que nunca sufrirá una excursión de potencia que pueda poner en peligro la seguridad de las instalaciones del personal de operación o del público en general. Por este motivo y por otros que se explican en el informe del análisis de seguridad, SAR, la probabilidad de escape de productos de fisión y de materiales radioactivos al medio ambiente es mínima.

Indica que es comprensible que un artículo de prensa en el cual se presentan los hechos sin que el periodista se apoye en una base con suficiente seriedad, cree alarma: esta tutela es el resultado de ese estado de cosas.

Finalmente se refiere a los elementos de juicio aportados por el Ministerio de Minas y Energía, los cuales le permiten adquirir la necesaria certidumbre en el sentido que los posibles daños fueron superados, que el reactor al encontrarse apagado, no puede producir los efectos desastrosos que se han imaginado y que en su mantenimiento interviene personal altamente calificado en asuntos nucleares.

La impugnación

El accionante impugna la decisión del tribunal, sin manifestar motivo alguno.

Consideraciones

Es preciso resaltar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular, pero sólo en los casos expresamente previstos por el legislador, quien explícitamente excluyó de la acción de tutela aquellos casos en que se pretende proteger derechos colectivos mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política, salvo que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

De allí que el tribunal haya abordado de entrada el punto de la procedencia de esta acción de tutela. Y de allí que sea medular, antes de entrar al fondo del asunto, indagar si en efecto, ella es procedente, ante la clara preceptiva del numeral 3º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, atinente a la ya comentada improcedencia de esta acción cuando el derecho cuya protección se impetra sea colectivo, porque para ellos se han reglamentado las denominadas acciones populares, que tienden a proteger los derechos e intereses colectivos, como la salubridad pública, el ambiente sano, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, acciones populares cuyo fin radica en evitar un daño contingente, o hacer cesar el peligro, la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, al decir del artículo 2º de la Ley 472 de 1998.

En el caso que ocupa la atención de la Sala se aprecia que el accionante mediante el mecanismo excepcional de la tutela busca protección a sus derechos a la vida, a la salud y al ambiente sano, los dos primeros tutelables en la medida en que se halle acreditada la vulneración actual o inminente de aquellos derechos así sea como consecuencia de la violación del derecho a un ambiente sano, de rango colectivo. Para precisar más este concepto, debe indicarse que el derecho al ambiente sano que reclama el accionante sólo sería tutelable, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, cuando su violación sea fuente directa de la vulneración de otros derechos fundamentales, a saber el de la vida o el de la salud. Pero es indudable que la protección de estos derechos se puede lograr sólo en la medida en que exista una relación “de causalidad directa y eficiente” (sent.T-528) entre la vulneración del derecho colectivo con el de la vida y salud del accionante.

Sin embargo, al sustentarse esta acción de tutela con un simple recorte de prensa queda ella huérfana de toda prueba, y por tanto, sin medios que acrediten fehacientemente el nexo causal existente entre el motivo alegado por aquél para la potencial perturbación ambiental y la violación o amenaza que dice padecer.

En tales circunstancias resulta innecesario que el fallador se aventure en conocimientos técnicos y abstractos con el fin de determinar si hay o no afectación potencial o actual de intereses colectivos y de contera, individuales y concretos del accionante. Es este quien debe demostrar la vulneración o peligro, sin que pueda apoyar válidamente su pretensión de protección, en conjeturas o en recortes de prensa. Es decir, y al margen de las explicaciones y pruebas aportadas por la parte accionada, es de carga del accionante acreditar fehacientemente no sólo la vulneración actual o potencial e inminente del derecho colectivo al ambiente sano —cosa que no logró acreditar pues un simple recorte de prensa no tiene tales connotaciones— sino la relación o nexo causal que existe entre esa violación y la de los derechos fundamentales individuales y concretos del accionante.

En tales condiciones, y por razones diferentes a las técnico-científicas que adujo el tribunal, es claro que esta acción de tutela no debe concederse.

Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.

Comuníquese esta determinación a las partes por telegrama.

Oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cumpláse.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolas Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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