Sentencia 10690 de noviembre 22 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

IDENTIFICACIÓN DEL TESTIGO

NO ES INDISPENSABLE QUE EXHIBA SU CÉDULA DE CIUDADANÍA

EXTRACTOS: «5. La controversia se centra en la validez otorgada por el fallador a la versión del señor Bruno Jesús Méndez Medrano, a pesar de que no exhibió su cédula de ciudadanía, omisión que, desde el punto de vista del demandante, atenta contra la debida identificación del declarante, y conlleva a la inexistencia de su testimonio.

En anterior oportunidad, en vigencia del Decreto 50 de 1987, por el cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal de aquella época, esta Sala de la Corte se refrió al mismo tema en los siguientes términos:

“No dice en ninguna parte el Código de Procedimiento Penal que el testigo deba ser identificado con su cédula de ciudadanía, ni menos que deba serlo exclusivamente con ese documento, y, por consiguiente, tampoco establece por parte alguna que si no se identifica de esa forma al testigo, la declaración de éste se torne inexistente, como lo sugiere el censor. La inexistencia tiene que estar concreta y explícitamente reglada para cada caso, y su procedencia o improcedencia resulta de un cotejo de la actuación respectiva con los requisitos de su esencia: “Cuando no se observen las formalidades esenciales para la validez de un acto procesal, el funcionario lo desestimará”, dice el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal al tratar sobre la “inexistencia del acto procesal”.

De otro lado, como lo observa la delegada, el Código de Procedimiento Penal regula este punto en forma autónoma y completa, sin que por lo mismo sea dable recurrir al principio de “integración” previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. El propio objetivo de la averiguación penal impide que en aspectos de tanta trascendencia como la recolección de pruebas, se aplique el Código de Procedimiento Civil. No cabe ni pensar que un juez penal no pueda escuchar a un testigo necesario a la investigación por el solo hecho de que no tenga éste cédula de ciudadanía, o no la porte en el momento de rendir su testimonio. No; el juez dispone de muchos otros medios para hacer viable la identificación (física, real) del testigo (...).

En síntesis, como la exhibición de la cédula de ciudadanía del testigo no es requisito esencial del testimonio, el aquí rendido por (...) conserva por ese aspecto toda su validez, condiciones en las cuales es obvio que el cargo propuesto no está llamado a salir adelante”. (Sent. de feb. 12/91, rad. 4.865, M.P. Guillermo Duque Ruiz).

6. La situación reclamada por el libelista coincide con la resuelta en aquella oportunidad, puesto que, pese al repetido cambio de legislación, la reglamentación de este tema en concreto no ha variado; y porque no existe incertidumbre ni cuestionamiento alguno respecto de la individualización del señor Bruno Jesús Méndez Medrano, cuyo testimonio fue considerado en las sentencias de instancia, pero sobre cuyo contenido no se formulan observaciones críticas.

En efecto, disponía el numeral 1º del artículo 292 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), vigente al tiempo de presentación de la demanda, y ahora establece el artículo 276 del nuevo régimen de procedimiento penal (L. 600/2000), en referencia a la práctica del interrogatorio, que: “Presente e identificado el testigo, el funcionario le tomará el juramento y le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar”.

Con relación a aquel precepto, idéntico en las dos legislaciones, caben algunas precisiones:

6.1. El tema de la práctica del interrogatorio a los testigos se halla regulado expresamente en el Código de Procedimiento Penal, y por ende, en esa materia es impropio acudir, por remisión, a lo establecido en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil sobre las formalidades previas al interrogatorio, que, por demás inicia su redacción de similar manera que en materia penal: “Presente e identificado el testigo, el juez le exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento...”.

6.2. La expresión “Presente e identificado el testigo” del Código de Procedimiento Penal se refiere a la individualización de la persona que va a declarar, con los datos básicos que permiten reconocerla como única y diferenciarla de los demás, lo que incluye normalmente el aporte de su documento oficial de identidad cuando fuere posible que el testigo lo exhiba.

Sin embargo, en ausencia de aquel documento, se satisface la exigencia de identificar al testigo con la anotación en el acta de los detalles que permitan individualizarlo y reconocerlo inequívocamente como una persona determinada, distinta de las demás, pues, de lo contrario, estarían descalificados de ante mano los testimonios provenientes de personas que por alguna circunstancia no posean el documento de identidad en el instante que su declaración deba tomarse.

6.3. El Código de Procedimiento Penal no erige en requisito de validez del testimonio, la exhibición del documento de identificación oficial por parte de la persona que va a declarar. Corresponde al funcionario judicial adoptar las medidas legales que estén a su alcance, para establecer que quien comparece a rendir la versión solicitada no está suplantando a un tercero.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, en su acepción jurídica, identificar significa: “Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca” (2) . Ese es el sentido natural y obvio del verbo identificar en cuanto al testigo de un acontecimiento con trascendencia penal se refiere, sin que pueda atarse inexorablemente a la presentación de un documento específico, porque la ley no lo exige.

(2) Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Edición, Espasa-Calpe, Madrid, 1984.

6.4. En el ejercicio de la apreciación racional de la prueba testimonial, que debe hacerse en el marco de los principios que gobierna la sana crítica, el funcionario judicial discernirá, si las circunstancias lo hicieren necesario, acerca de la influencia que posibles deficiencias en la identificación del testigo pudiesen tener en la legalidad de la prueba, en el contenido material de su declaración, o en la fuerza de persuasión que de ella dimana».

(Sentencia de casación, noviembre 22 de 2001. Radicación 10.690. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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