Sentencia 10691 de octubre 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Exp. 10.691

Actor: Luis Eduardo González Peña y otra

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre treinta de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Sobre aspectos formales en la recepción del testimonio del declarante José Manuel Salinas Parrado, la Sala no hace suyo el enfoque del tribunal en cuanto la desestima por haber sido practicada ante el notario 27 del Círculo de Bogotá, pues sostiene que la ley no autoriza que los hechos relativos a la responsabilidad del Estado, se prueben en forma sumaria. Y no la hace suya, pues si bien es cierto lo afirmado por el tribunal desde el punto de vista formal, en la interpretación racional del acervo probatorio, la Sala considera que la fuerza de convicción del testimonio anotado, aparte de las falencias de orden formal, se origina en la veracidad, imparcialidad, y consonancia del mismo con los otros medios de convicción aportados al informativo, en especial con el de Flor María Sotelo Arévalo, que fue practicado dentro del proceso mediante el cumplimiento de las formalidades de ley, y aunque los apoderados de la entidad demandada no asistieron a la audiencia en la cual la mencionada testigo depuso, ello no resta validez al mismo.

(...)

Ahora bien, demostrado el hecho de la detención, pesaba sobre las autoridades la obligación de retomarlo al seno de la sociedad en las mismas condiciones que gozaba en el momento de ser privado de su libertad. En otros términos, el hecho de la muerte del detenido que se encontraba bajo su custodia, constreñía a los agentes que lo capturaron a explicar la causa del deceso, con el buen entendimiento de la carga dinámica de la prueba, teniendo en cuenta que resultaba más fácil para los captores, que para los aquí demandantes, explicar como terminaron alojados dos disparos en la cabeza del finado.

Quiere decir lo anterior, que en estos eventos de detención de persona y posterior muerte o desaparecimiento del detenido, se presume la responsabilidad de la entidad, la cual puede desvirtuar dicha presunción, acreditando que la muerte del detenido ocurrió por un hecho extraño a la prestación del servicio, esto es, para el caso concreto, que la víctima se suicidó, o que los disparos fueron accionados por un tercero, eventos que no se acreditaron en el presente proceso.

Aunque el juzgado 90 de instrucción penal militar, mediante providencia del día 27 de febrero de 1993, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra los agentes implicados en los hechos que se estudian, los considerandos de la mencionada providencia, lejos de acreditar algún eximente de responsabilidad en favor de la entidad demandada no hacen más que reafirmarla. En efecto, en el citado proveído, se lee:

“Durante la investigación se ha podido establecer el exceso de la fuerza por parte de algunos funcionarios policiales, para con las personas que eran conducidas por ellos.

En consecuencia estima este despacho que el proceso de la referencia adolece de una verdadera secuencia investigativa, ello ha generado una gran pérdida del potencial probatorio. Las endebles declaraciones que aparecen en el plenario han girado en torno a meras presunciones... Obsérvese que la presencia policial y por ende su actuación como representantes de la autoridad, realizando las funciones preventivas, desencadena una notoria reacción de malestar por parte de los directamente afectos (los indigentes) cabe anotar que la policía tiene como función por demás común su patrullaje como guardián social que es y para la cual fue creada.

Desde luego, el círculo inmediato de personas en el que convivían víctimas y protagonistas era modesto, opaco y rutinario, personajes humildes, sin relieve social, inmersos en un mundo circundante de una gris monotonía. Si no fuese por la gravedad de los hechos, hubiese pasado desapercibido por la Policía Nacional acantonada en ese lugar, porque como se pudo establecer en algunas diligencias evacuadas por los investigadores no aparecían informes policiales en cuanto algunas muertes allí sucedidas.

Como se ha establecido en este proceso, las muertes acaecidas en Fusa eran de mendigos, vagos y algunos otros seres de los cuales jamás se conoció su identidad, ocupación, procedencia y mucho menos se supo de sus familiares.

En este círculo social (mendigos, vagos) quienes en el transcurrir de su existencia van perdiendo contacto con la realidad por el constante uso de bazuco y pegante, no pueden ser tenidos como declarantes que ofrezcan motivos serios de credibilidad, teniendo en cuenta además que se les retribuyó de diferentes formas para que dieran información, no podemos pasar por alto que la policía para ellos es en cierta forma su enemigo porque es, como ya se anotó, la que tiene el deber de requisar y controlar a estas personas para la seguridad de la ciudadanía...” (fls. 183-185 C.1).

(...)

De la misma manera, el caso bajo estudio, permite a la Sala, hacer suyas las reflexiones contenidas, en sentencia de junio 4 de 1992, exp. 6986, en la cual con ponencia del Dr. Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:

“Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quién es útil, bueno y merece seguir con vida y quién es malo, inútil, “desechable” y debe morir. Nadie, y mucho menos la autoridad.

Cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento moral y legal, y de protectora de la vida, honra y bienes de los demás (deberes y obligaciones que justifican su existencia) se convierte en la monstruosa dueña de la vida, de la honra y de los bienes.

Es el primer paso para la anarquía social y el mundo está plagado de esos ejemplos.

La “limpieza” de un país, que conduce a los peores excesos y desviaciones, “normalmente” empieza con los llamados, por “los nuevos justos”, desechos humanos (homosexulaes, vagos, rateros, drogadictos, prostitutas) para envolver luego a los líderes agrarios, comunales, sindicales o a las personas que profesan ideología contraría al sistema y son incómodas porque la pregonan.

Esta Sala ha sido una voz solitaria de alarma. Fuera de la realidad, dirán algunos; simples poetas, dirán otros. Estamos en guerra y todo es permitido, agregarán los de más allá, justificando los holocaustos y los genocidios. Los “doctos” alegarán la prevalencia del interés general sobre el particular como sucedió en noviembre de 1985 en nota publicada en un periódico de amplia circulación, luego de la toma del Palacio de Justicia. Aunque este interés particular sea la vida misma y ese interés general sea una “institución”, a quien se le habían matado sus mejores exponentes para “salvarla”.

Está la distorsión de la moral y de la lógica que olvida el valor del hombre en el mundo y su significado.

A este respecto la Sala trae a colación la siguiente cita tomada de la obra “la dignidad de la persona”, cuyo autor es el profesor Jesús González Pérez.

“Tomas y Valiente terminaba una conferencia sobre la tortura judicial pronunciada en la Universidad de Salamanca en 1971 con estas palabras: “como decían los personajes de la antígona griega y de la antígona de Bertolt Brencht, no hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre” (subrayas fuera del texto)».

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