Sentencia 10696 de julio 18 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado Acta Nº 82

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil dos.

Vistos:

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto a nombre de Álvaro García Holguín contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 1995 por el Tribunal Superior de Buga, que confirmó la dictada en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, mediante la cual se condenó a dicho procesado a la pena principal de 16 años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, como autor del delito de homicidio agravado.

Hechos y actuación procesal

Hacia las 9 y 30 de la noche del 27 de julio de 1987, en la calle 16 A Nº 188-46 del barrio la Concordia en la ciudad de Buga, lugar donde residía la joven pareja compuesta por Amparo Escobar y Jairo Fernando Roldán Cruz, cuando la mujer se encontraba parada en la puerta de su casa despidiendo a unas amigas que la estaban visitando porque hacia pocos días se habían trasteado a vivir allí, llegaron dos sujetos jóvenes en una moto, y como uno de ellos, Álvaro García Holguín, conocido para ésta por ser amigo de su esposo, le preguntó por aquél, ella les permitió su ingreso a la casa indicándoles que él se encontraba en la habitación y continuó allí su charla. Sin embargo, como a los pocos minutos escuchó varios disparos de arma de fuego se entró a ver que pasaba y encontró a su esposo herido, al tiempo que los dos hombres salían del lugar.

De inmediato, Amparo pidió ayuda a los vecinos para trasladar a Jairo al hospital Regional San José, a donde llegó sin vida debido a las lesiones sufridas.

Practicado el levantamiento del cadáver por la Inspección Municipal de Permanencia de Buga y obtenido el informe policivo sobre lo ocurrido, el 28 de julio de 1987, el entonces Juzgado Sexto de Instrucción Criminal inició la investigación preliminar, escuchando en dos oportunidades en ampliación de declaración a Amparo Escobar, quien en la segunda de sus intervenciones suministró los apellidos completos y los nombres de los padres de quien inicialmente refirió a las autoridades como Álvaro García, datos que le sirvieron de base al instructor para establecer la identidad de dicho sindicado con la copia de la tarjeta decadactilar remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cédula de ciudadanía expedida a nombre de Álvaro García Holguín, procediendo, en consecuencia y a petición de la personería municipal, el 23 de octubre de ese año a abrir formalmente la investigación y disponer la captura del sindicado.

El 11 de mayo de 1992 García Holguín fue declarado persona ausente y ya en vigencia del entonces Decreto 2700 de 1991, esto es, el 14 de enero de 1994, la Fiscalía Seccional de Buga le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio.

Recaudada diversa prueba testimonial, el 29 de abril de 1994 se declaró cerrada la investigación y el siguiente 7 de junio del mismo año calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria por el delito de homicidio agravado.

En la etapa del juicio se decretaron varias pruebas de oficio y previo a la celebración de la audiencia pública se recibió poder otorgado por Álvaro García Holguín desde los Estados Unidos, a un abogado de su confianza. Así, rituado el debate oral, se profirió el fallo de primera instancia, el cual una vez recurrido en apelación por la defensa del procesado recibió confirmación en los términos precedentemente expuestos.

La demanda

Amparado en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, acusa el demandante el fallo impugnado de violar indirectamente y por aplicación indebida los artículos 323 y 324.7 del entonces vigente Decreto 100 de 1980, debido a errores de hecho en que incurrió el fallador en la valoración probatoria.

Para el demandante, el tribunal tergiversó la prueba al fundar la responsabilidad penal de Álvaro García en criterios de coautoría, por cuanto, como en el propio fallo se acepta, no se probó en este caso, cuál de las dos personas que ingresaron a la habitación donde se encontraba la víctima fue la que disparó puesto que no existe testigo presencial de los hechos. Por eso, no se sabe realmente qué sucedió y cuál fue el motivo de la agresión, ya que no existe un señalamiento directo en contra de su defendido, es decir, no hay certeza sobre la autoría de aquél en tales hechos.

Se refiere al contenido de la declaración de Amparo Escobar Villada, quien fue clara en manifestar que no había visibilidad en el lugar, no les vio arma a los dos sujetos que ingresaron a su casa y no vio quien disparó, es decir, dicha prueba solo indica la presencia física de García Holguín en el lugar de los hechos pero "en manera alguna que él haya realizado el tipo de homicidio predicado". Por eso, cuando el sentenciador a partir de esa declaración concluye en su responsabilidad incurre en una distorsión probatoria, lo hace sin fundamento y le da a esa versión un alcance más allá del que verdaderamente tiene.

Tampoco, se probó en el proceso que el homicidio cometido haya sido el producto de una “empresa criminal mancomunada o compartida”, o que entre Álvaro García Holguín y el otro sujeto existiera acuerdo previo, o unidad de designio criminal, si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo declarado por Álvaro Roldán Arana, al salir de dicha residencia uno de los dos sujetos le dijo al otro “la embarramos pendejo”, expresión que, dice, se la contó Amparo Escobar.

Para el demandante, el indicio “basado en la presencia de él en los Estados Unidos de Norteamérica y la no comparecencia al proceso", no permiten deducir la coautoría imputada, porque al respecto son muchas las otras explicaciones que surgen, tales como el temor, percances de orden familiar etc. Además, ninguna de las pruebas recaudadas en este asunto señala a Álvaro García Holguín como autor de los disparos, por eso, las inferencias del tribunal no son suficientes para sostener el fallo de condena y mucho menos la prueba testimonial existente.

Las otras pruebas, por su parte, no aportan nada a los hechos, pues la declaración de Harry Walter Quintero Sanclemente, es de oídas, ya que él mismo afirmó que se enteró de la muerte de Jairo Fernando por las noticias de radio; Ramón María Quintero Pizarro, tampoco estuvo presente en el lugar de los hechos. En las mismas condiciones, se encontraban Erminda Sanclemente de Quintero y Ramón Alberto Quintero Sanclemente, este último declaró 6 años después y dijo que sobre lo ocurrido no saber nada. Álvaro Roldán Arana, lo único que sabe fue por comentarios de Amparo Escobar y lo mismo sostuvo la señora Eunice Cruz. Por su parte, el agente Carlos Jair Henao, también expresó no saber nada del homicidio. En conclusión, ninguna de las pruebas relacionadas permite edificar un fallo condenatorio, pues con lo único con que se cuenta es con la presencia física del sindicado allí, aparejada de una duda no eliminable racionalmente, imponiéndose de esa manera resolverla a favor del sindicado.

Solicita, por tanto, se case el fallo impugnado y se absuelva a Álvaro García Holguín del delito de homicidio por el que fue condenado.

Concepto del procurador tercero delegado en lo penal

Comienza el Ministerio Público por transcribir el aparte del fallo impugnado en donde no obstante afirmar que no se sabe qué fue lo que sucedió en el interior de la habitación donde se encontraba la víctima “lo cierto es que cuando fue baleado el ofendido, con él se encontraban el procesado y su desconocido acompañante y uno de ellos fue quien disparó, desconociéndose igualmente los motivos de tan mortal agresión”, coparticipación que además, encontró corroborada el ad quem, con la inmediata fuga de García Holgín no solo de la ciudad, sino del país, deducción que hace del poder conferido en los Estados Unidos, concluyendo más adelante que el delito fue el resultado de una empresa criminal “en la que a falta de una explicación satisfactoria en contrario, fueron dos voluntades las que decidieron en determinado momento” causarle la muerte a Jairo Fernando. Adicionalmente, se le dio validez al testimonio de Amparo Escobar y ratificó el desconocimiento de los motivos determinantes del hecho.

A partir de ese presupuesto, para el procurador es viable el planteamiento del censor sobre el error de hecho por falso juicio de identidad por cuanto las pruebas revelan un hecho diverso al deducido por el juzgador, si se tiene en cuenta que la señora Amparo Escobar insistió en desconocer las condiciones concretas de la agresión y el móvil de la misma, y aunque ratificó la presencia de Álvaro García Holguín en su casa, también mencionó la relación previa existente entre éste y la víctima, asegurando que el otro sujeto le era por completo desconocido y ese día —el de los hechos— fue la primera vez que lo vio.

Por su parte, las otras pruebas en nada mejoran la situación porque nadie dijo tener conocimiento sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el ataque, ni de la existencia de un acuerdo previo entre el sindicado y su acompañante o la de una empresa criminal. Con lo único que se cuenta a nivel de prueba indiciaria es “con el tranquilo abandono que el procesado hizo de la escena de los hechos y su posterior salida del país, sin que al respecto se conozca dato diferente a la expresión de uno de los hombres y que indica que, por alguna razón, consideraron la comisión del delito como "una embarrada"”.

“La presencia del procesado en el lugar de los hechos, si bien permite deducir la posible participación de García Holguín en el ilícito, no es un hecho que indefectiblemente demuestre la coautoría del procesado ni su responsabilidad penal, máxime si con las escasas pruebas aportadas tampoco se demostró la forma de participación del procesado en el homicidio —coautor material, determinador, cómplice o simple testigo— y menos aún los móviles y las circunstancias de modo en la ejecución del acto criminal”.

Tergiversó, entonces, el tribunal la prueba indiciaria sobre la presencia en el lugar del hecho y la huida del país porque no son indicios graves de responsabilidad y se les dio un alcance mayor al que tienen, lo primero porque solo se demuestra al deducir una coautoría respecto de la cual el propio tribunal exteriorizó sus dudas, y de lo segundo, solo se tiene conocimiento de que el procesado no se encuentra en el país, pero se desconocen los motivos.

Frente a lo anterior, no tuvo en cuenta el ad quem un hecho que favorecía al incriminado, que el proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima no corresponde al tipo de arma de propiedad de Álvaro García Holguín. Resultan pues, equivocadas las apreciaciones del fallo porque no se sabe en realidad qué fue lo ocurrido el día en que se cometió el homicidio. Lo que existe es una insuficiencia probatoria que arroja duda a favor del procesado y en ello le asiste razón al demandante.

Así, luego de exponer su criterio sobre el principio de presunción de inocencia, concluye: “Seguramente la deficiente labor del instructor sumada a la condición del hecho homicida —sin testigos presenciales— no permitió descubrir la verdad, aspecto que no puede convertirse en factor que perjudique al procesado, pues bien es conocido que la carga de la prueba en materia penal corresponde al estado”.

Solicita, en consecuencia, se case el fallo impugnado y se dicte el de reemplazo reconociendo la duda a favor del acusado y por ende, absolverlo.

Consideraciones

1. Dando por descontado el acierto del demandante en la técnica utilizada para demostrar el error de hecho por error de identidad que acusa del fallo impugnado, el procurador considera que el cargo debe prosperar, pues evidentemente la insuficiente prueba recaudada en este asunto no ofrece certeza sobre la responsabilidad del sindicado con base en la cual se pueda predicar el grado de certeza que exige la ley para condenar.

2. Desde ningún punto de vista, la Sala comparte la posición del Ministerio Público, ya que son serios y sustanciales los desaciertos de orden técnico que ostenta el libelo al postular la mediata violación a la ley, pues la demostración del reproche llama reiteradamente errores de identidad las conclusiones probatorias del sentenciador, pero en modo alguno confronta la prueba con el contenido del fallo para acreditar de qué manera en el proceso aprehensivo y valorativo de los testimonios recopilados en este asunto fueron distorsionados en su contenido material.

3. En realidad, lo que se aprecia es un intento personal por postular como mejor y más racional frente a la expuesta en la decisión recurrida, la valoración probatoria de la defensa a partir de la cual estructura la existencia de la duda para condenar, disertación que termina por poner en evidencia lo inconsistente de la propuesta, pues sienta como punto de partida para su reclamo casacional, que no se probó en este caso cuál de las dos personas que ingresaron a la habitación de la víctima disparó, cuál fue el móvil y tampoco el acuerdo previo o la empresa criminal, yerro que por su naturaleza ha debido postular entonces por la vía del error de existencia, en cuanto ello implicaría que el tribunal supuso la prueba sobre la coautoría, concepto sobre el que se fundamentó la participación de su defendido.

4. En realidad la protesta del casacionista y el apoyo que en tal sentido le concede el delegado se basan en la inexistencia de prueba directa, situación que a juicio de estos sujetos procesales, necesariamente debe desembocar en el reconocimiento de la duda a favor del sindicado, pero dicha postura no puede tener acogida alguna por cuanto habiéndose estructurado la certeza para el juzgador en indicios, no significa que este especial medio de prueba no tenga la capacidad y autonomía suficiente para sostener la condena impartida en contra de Álvaro García Holguín.

5. Al respecto, importa recordar que lo que la ley vigente para la fecha en que se profirió el fallo recurrido (D. 2700/91, art. 247) y la actual (inciso segundo de la L. 600/2000) le exige la funcionario para condenar, es la certeza sobre la existencia de la conducta punible y la responsabilidad, lo cual implica que el fallador ha de estar en un grado de convencimiento tal, que los hechos solo pudieron ocurrir de determinada manera y entre concretas personas. Eso, desde luego, no significa que no exista la obligación para el funcionario judicial de exponer cuáles son los referentes probatorios que le reportan ese estado sicológico para decidir y cuáles las razones para que los mismos le ofrezcan esa seguridad.

6. En este estado de cosas, no es muy compleja la labor cuando existe prueba directa —la que reclaman la defensa y el Procurador—, pues en esos casos lo que corresponde es sopesarla en conjunto y decidir si es o no creíble o cuál es su capacidad demostrativa de los aspectos históricos que permiten traer al proceso la reproducción sobre los hechos.

7. Sin embargo, cuando lo que sucede es que no habiendo elementos de juicio que de manera inequívoca indiquen al juzgador qué fue lo ocurrido en el asunto sometido de decisión, pero a contrario, la investigación revela una serie de vestigios, o como lo llaman algunos autores, piezas sueltas que aisladamente no tienen mayor significación pero que a partir de un proceso de razonamiento lógico permiten inferir la ocurrencia de hechos o situaciones relevantes para construir la verdad, cobra importancia el indicio como medio indirecto válido, legal y autónomo de prueba. Y aunque en estos casos la tarea resulta de mayor complejidad, eso no quiere decir que no pueda una condena fundarse en esta clase de demostración indirecta.

8. Esa, precisamente, es la situación acontecido en el presente caso, en donde tal vez se ha confundido la pluralidad de elementos de convicción con certeza y la certeza con la prueba directa, ya que si bien, sin ningún temor se puede afirmar que evidentemente la aquí recaudada no es ni mucho menos abundante, es evidente que la aportada permite estructurar sin deficiencia demostrativa alguna, indicios capaces de servir de soporte a la condena impartida a García Holguín, sin que el problema se reduzca como lo sostienen demandante y delegado a que solo hay una testigo de cargo que no vio en qué condiciones se produjo la agresión ni cuál de los dos visitantes fue su autor.

9. Partir de un supuesto semejante, a la postre termina por desconocer lo que objetivamente revelan los distintos testimonios recopilados en este asunto, por manera que el ataque deviene en últimas equivoco porque pareciera cuestionar las inferencias lógicas en la medida en que ni para el defensor ni para el Ministerio Público los indicios de presencia y huida permiten el grado de certeza necesario para condenar y además, que apuntaran a sostener que no existe prueba sobre los hechos indicadores.

10. En cuanto a lo primero, se hace necesario tener en cuenta que el indicio de presencia, estructurado por el juez y el tribunal en el hecho de que fue Álvaro García Holguín quien junto con un sujeto desconocido se encontraban con la víctima cuando se produjeron los disparos, pues al respecto Amparo Escobar fue clara en todas sus intervenciones en sostener que encontrándose en la puerta de su casa conversando con unas amigas, en una moto llegó Álvaro García haciéndose acompañar de un desconocido y preguntó por Jairo Fernando, que por la circunstancia de no resultarse extraña su visita ni la de quien la hacía —Álvaro— le permitió su ingreso sin prevención alguna y que aquél, no solo ingresó junto con el sujeto anónimo a la residencia hasta el sitio en el que se encontraba la víctima, sino que adentro de la casa no se hallaban más personas y los disparos los escuchó dentro del recinto. Además, no transcurrió mucho tiempo entre el ingreso de los dos sujetos y la agresión mortal, siendo enfática en sostener que una vez acudió a ver qué sucedió encontró a su esposo herido y al mismo tiempo, el aquí procesado y el sujeto incógnito salían del lugar “común y corriente, caminando”, que los vecinos le dijeron haberlos visto huir en la moto, tal y como se lee en la declaración rendida el 13 de agosto de 1987, a los pocos días de ocurridos los hechos. Obsérvese, pues, la secuencia expuesta por la testigo:

“llegaron dos personas en una moto 80, ''Suzuki'', color gris, de esas nuevas de ahora, no tenía placa, uno de ellos de nombre Álvaro García, amigo de Jairo Fernando Roldán Cruz, (...) entonces estos dos señores, es decir, Álvaro García que era el que manejaba la moto y otro al cual no le se su nombre, era la primera vez que lo vela, preguntaron por Jairo Fernando, Álvaro fue el que preguntó por él y yo le dije que estaba en la pieza, entonces como era conocido le dije que entraran, y ellos dos entraron y al momentico de haber entrado ellos, yo oí tres disparos dentro de la casa, y yo entré inmediatamente a ver qué ocurría y en ese momento Álvaro García y el otro salían común y corriente de la casa, caminando y yo entré a la pieza y vi a mi esposo Jairo Fernando Roldán Cruz, acostado boca-arriba en la cama botando sangre por la boca” (fl. 9vto).

11. Además, el relato de esta declarante aparece respaldado por el informe de policía rendido el 28 de julio de 1987 en el que se consignó que una vez enterados de lo ocurrido por moradores del barrio, los agentes Carlos Jair Henao y José Francisco Caicedo se hicieron presentes en el lugar, y “los moradores de ese sector del barrio al vernos allí se acercaron y nosotros preguntamos que qué había ocurrido y los contertulios contestaron que dos individuos que se movilizaban en una moto F-Z-O Yamaha 70, color gris y blanca sin más datos y que uno de los que se movilizaba en dicho vehículo respondía al parecer al nombre de Álvaro, reconocido con ese nombre por la señora que hacía vida marital con el occiso”. Precisaron también, que localizaron a la señora Margarita María Domínguez “y ella nos manifestó que sí se encontraba con la esposa del occiso antes de que hubieran ocurrido los hechos, luego pasamos a la Cra. 5ª Nº 10-42 en donde reside la señora Ruth N. que también se encontraba con la esposa del occiso antes de que ocurrieran los hechos” (fls. 6 y 7).

12. Ese contexto en que ocurrió el delito investigado y las condiciones de observación y constatación en que se encontraba la testigo son de suyo contundentes, no solo para creerle a ella, sino para elaborar con base en esa información tenida como cierta, el indicio de presencia con la connotación de grave, concordante y convergente que exige la ley, pues la única explicación lógicamente aceptable en ese contorno es que los dos sujetos ingresaron a la citada vivienda con el definido propósito de darle muerte a Jairo Fernando y desde ese punto de vista no puede sostenerse que el tribunal supuso la prueba sobre la coautoría o que no se probó el acuerdo previo o la empresa criminal, cuando la versión de Amparo, que en tales circunstancias fue testigo de excepción permite, sin lugar a dudas afirmar lo contrario.

13. Es que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala una cosa es que no se tenga certeza sobre quién, dentro un grupo de personas, fue la que cometió el delito y otra muy distinta, es que exista seguridad de que un hecho se cometió por la acción conjunta de varios individuos (Rad. 7446, sentencia del 6 de julio de 1993, M.P., Dr. Ricardo Calvete Rangel). Además, teniendo en cuenta las circunstancias concomitantes y posteriores a la ejecución del delito, la duda probatoria que aducen demandante y procurador para solicitar la absolución del procesado no enfrenta los presupuestos jurídicos de la coparticipación criminal, concretamente de la coautoría impropia, pues es claro que si la testigo solo escuchó unos disparos momentos después de que Álvaro García y un desconocido se encontraban con su esposo en la habitación, no significa que por no existir un señalamiento directo sobre cuál de esas dos personas accionó el arma deba resolverse el asunto por la vía de la duda probatoria, ya que en tales condiciones habría de llegarse al extremo de absolverlos a ambos. No, a la postre esa verificación resulta irrelevante si se tiene en cuenta que tal y como con acierto lo analizó el tribunal la actitud asumida por García Holguín no fue precisamente la de quien se vio sorprendido por el comportamiento inesperado del acompañante no identificado, puesto que una vez producida la agresión salió con él como si nada hubiera sucedido, por eso, el fallo impugnado consideró que “si en verdad nada tuvo que ver con la ejecución del crimen y si la actuación intencional de su compañero lo tomó por sorpresa, su actuación lógica siguiente habría sido presentarse ante las autoridades a explicar su situación jurídica” (fl. 223).

14. Unido a lo anterior, y aún en el hipotético caso de que se asumiera que fue el extraño quien accionó el arma, cómo se explica entonces, que precisamente fuera Álvaro García Holguín quien personalmente lo llevara hasta la casa de la víctima, pues no solo era él quien conducía la moto en la que se transportaron para llegar y después huir, sino que, únicamente por el hecho de ser conocido de la pareja Roldán Escobar, Álvaro tuvo acceso al interior de la casa y de contera, también su acompañante. Por eso, la visita no duró más que el saludo, porque no transcurrió mucho tiempo después de su presencia para que se produjeran los disparos que le cegaron la vida a Roldán Cruz.

En ese sentido, concretamente es que discurre el tribunal al referirse a la circunstancia agravatoria de la indefensión de la víctima:

“... Aquí para sustentar la circunstancia de agravación, es preciso decir que se conjugan factores tales como la confianza que indudablemente debió merecer al ofendido la presencia en su casa de quien se suponía era su amigo, el procesado García Holguín sin pasar por alto el hecho de haber permanecido los agresores en el recinto escasos momentos pues no obstante referirse el padre de la víctima a 15 minutos, la testigo Amparo Escobar Villada, solo habla de unos instantes o ''un momentico'' en que los recién llegados resolvieron atentar contra la vida de Roldán Cruz, evidentemente con una idea preconcebida previamente” (fl. 224).

15. Ese panorama secuencial, sin lugar a dudas permitía concluir que las dos personas actuaron mancomunadamente, queriendo el mismo resultado, independientemente de quién accionara el arma, pues estaba todo dispuesto para lograr el objetivo y así no hubiera sido García quien disparó, su concurso en estos hechos lo comprometen en tal grado que permitían impartir sentencia de condena en calidad de autor dada su necesarísima contribución para que se ejecutara el mismo.

16. Ahora bien, que la expresión comentada a Álvaro Roldán por Amparo, en el sentido de que cuando salían García y el otro sujeto de su casa, el uno le decía al otro “la embarramos pendejo”, acredita, para el demandante y el procurador que no hubo acuerdo criminal, no alcanza a desquiciar los fundamentos del fallo, por cuanto muy por el contrario, la expresión los involucra a los dos en lo sucedido, por eso es que aunque el delegado toma partido por la prosperidad de la demanda al analizar esa manifestación no tiene como evitar el plural que indefectiblemente liga a los dos con el acto homicida, cuando dice que no se conoce al respecto “dato diferente a uno de los hombres y que indica que, por alguna razón consideraron la comisión del delito como una ''embarrada"'' (resalta la Corte).

17. De la misma manera, la certeza sobre su responsabilidad, viene a consolidarse tanto con la inmediata desaparición del sitio de los hechos como se anotó en precedencia, como con su total ausencia de la ciudad de Buga y después del país, ya que si se observa, los diferentes deponentes en este caso refirieron de una u otra manera, tener conocimiento que se encontraba en Cali, como se dejó anotado en el informe rendido el 14 de diciembre de 1994 por las autoridades policivas a las que se les encomendó su captura, según el cual el propio padre del sindicado afirmó que Álvaro hacía más de un mes que no iba a su casa (fl. 25); en el rendido por el DAS se preciso que dicha persona fue buscada en la dirección que se decía de su residencia pero le manifestaron que hacia varios meses se había ausentado del sector sin saber su paradero (fl. 28); según informe rendido el 10 de junio de 1994 el Auxiliar Administrativo de la Fiscalía, se trasladó hasta la calle 4 B Nº 1-14 para notificar personalmente la acusación, pero la señora Graciela de García, quien dijo ser la madre de Álvaro le manifestó que él se encontraba fuera del país desde hacía varios años, habiendo éste, efectivamente otorgado poder desde los Estados Unidos a un abogado, en la etapa final del juicio. Todo eso, indica que no es casual ni coincidente que sólo después de ocurrida la muerte de Jairo Fernando aquél no volviera a aparecerse en Buga y por el contrario, cruzara fronteras por todo el tiempo que ha permanecido en trámite este proceso. Por ello, al efecto, no aparecen como válidas las interpretaciones del procurador y el demandante, en cuanto que esa circunstancia puede tener otras explicaciones, cuando todo converge inequívocamente a mostrar que sabido de su compromiso penal, ha estado evadiendo la acción de la justicia.

18. Por lo demás, el hecho de que los otros testigos, distintos a Amparo Escobar declararan no saber como ocurrieron los hechos por la obvia razón de que no se encontraban en ese lugar cuando los mismos sucedieron, refiriendo al respecto sólo el conocimiento que tenían de lo manifestado por aquella, no significa que carezcan de valor o que nada hubieran aportado, si se tiene en cuenta que de alguna manera terminaron por corroborar aspectos de la declaración de la compañera del occiso, los cuales contribuyen a darle a ésta aún mayor credibilidad, como lo atienente al conocimiento previo que existía entre Álvaro García y Jairo Fernando de donde se desprende la confianza que tuvo aquella para permitirle su ingreso a su casa el día de los hechos. En este sentido la señora Eunice Cruz afirmó que su hijo había ido varias veces a su casa con el sindicado y habían almorzado allí; que hacía poco tiempo que vivían en la casa donde fue ultimado su esposo porque la misma era de Henry Walter Quintero, lo que apuntaría hacia el posible móvil que si bien no se dio por demostrado en las instancias, el padre de Jairo expuso en su declaración que días antes de su muerte, su hijo le comentó que Álvaro estaba disgustado porque trabajando los dos para la misma familia y llevando él más tiempo, no le habían dado vivienda, como si lo acababan de hacer con él.

19. Por último, debe referirse la Sala a la afirmación del delegado en cuanto que el tribunal pasó por alto un hecho favorable al sindicado, derivado de la falta de coincidencia entre el arma que aquél tenía amparada y la que corresponde al proyectil encontrado en la víctima, porque se trata de una circunstancia que por si sola no dice nada y mucho menos contribuye a generar duda en su favor, si se tiene en cuenta que se trata de un aspecto tangencial, equivoco, no determinante frente al cual pueden concurrir diversas hipótesis para su explicación que por lo mismo no conducen forzadamente a sostener que no tuvo participación en el hecho o que no fue él quien disparó el arma, pues de un lado supone partir de la base que si Álvaro García disparó lo hizo con su arma y de otro, que solo con esa era posible causarle la muerte a Jairo Fernando Roldán, cuando al respecto bien es válido estimar, conforme a las reglas de la lógica, que sencillamente para evitar ser relacionado con el asunto no usó el revólver que tenía amparado, que el arma con la que se produjo el disparo la consiguió el acompañante o él mismo, que al momento de cometer el delito no pudo tener acceso a la misma, etc.

El cargo, entonces, no prospera.

Finalmente, necesario se hace destacar que teniendo en cuenta la fecha en que ocurrieron los hechos investigados en este caso, la sanción impuesta en relación con el delito de homicidio, conforme a lo dispuesto en el Decreto 100 de 1980, resulta más beneficiosa al procesado frente a las disposiciones que sobre la materia contiene la Ley 599 de 2000, por manera que desde el punto de vista de la legalidad de la pena no existe ningún reparo, ni procede en este evento pronunciamiento alguno del juez de ejecución de penas por motivos de favorabilidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar el fallo impugnado.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

__________________________________