Sentencia 1072 de diciembre 1º de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Ref.: Expediente 1072-01, dic. 1º/2000

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Decide la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2000 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual denegó la tutela invocada por María Magdalena Ladino Rodríguez contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad.

Antecedentes

1. Sostiene la demandante que el despacho judicial denunciado le vulnera los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y vivienda digna, y por ello reclama que se dejen sin valor las actuaciones administrativas y judiciales “adelantadas con motivo del retraso o no pago de cuotas de vivienda bajo la programación del sistema UPAC...”.

2. Para sustentar la petición referida, la demandante relata que adquirió de Colmena dos créditos hipotecarios respecto de los cuales entró en cesación de pago a partir de enero de 1998 y por ello la referida entidad instauró la correspondiente demanda ejecutiva en el mes de septiembre de ese año, para dar inició al respectivo proceso en el cual se profirió mandamiento de pago del que se notifica por conducta concluyente. Posteriormente se llevó a cabo la respectiva diligencia de secuestro y la venta en pública subasta del bien inmueble gravado con hipoteca.

A la venta en pública subasta inicial no se presentaron postores, por lo que la corporación ejecutante presentó liquidación adicional de los créditos y pidió le fuera adjudicado el inmueble tras lo cual se ordenó la entrega del mismo. En el interregno la ahora demandante manifestó su intención de acogerse a la reliquidación de los créditos, “lo que me concedía el derecho a la suspensión del mencionado proceso hasta tanto se emitiera por parte de la corporación Colmena las correspondiente reliquidaciones de los créditos en los términos de la ley y sus decretos reglamentarios”.

Contrariando la totalidad de las disposiciones legales sobre el punto y las decisiones judiciales sobre el particular, el juzgado de conocimiento continuó el trámite del proceso al que, por otra parte, la entidad ejecutante no aportó la reliquidación de la deuda, “lo cual me hubiera dado la oportunidad de una posible reestructuración de la deuda y poder continuar disfrutando de mi derecho a la propiedad”.

3. El despacho judicial demandado en tutela detalló las incidencias procesales acaecidas en el trámite referido, y finalmente indicó que “dentro de las presentes diligencias no obra escrito alguno que acredite que la demandada se haya acogido a la reliquidación de su crédito, y consecuencialmente no hubo suspensión del proceso” (fl. 237, cdno. ppal).

4. La entidad ejecutante, por su parte, hace ver que aunque en efecto la ejecutada solicitó la reliquidación de su crédito, no pidió a sí mismo, la suspensión del trámite ejecutivo, lo que en este momento no es procedente porque dicho trámite culminó con la providencia que declaró la adjudicación del inmueble.

Sentencia del tribunal

Sostiene el sentenciador que la tutela invocada es improcedente por el carácter residual de la misma y la falta de causación de perjuicio irremediable y para sustentar su aserto aduce que la accionante tuvo oportunidad procesal para ejercer los mecanismos inherentes a su defensa.

La impugnación

La demandante insiste en que se le conceda el amparo demandado y para ello hace ver que no fue representada judicialmente por un abogado durante el trámite ejecutivo seguido en su contra, “razón por la cual al no tener representación adjetiva dentro del proceso, y no ser parte dentro del mismo, nunca tuve acceso al expediente y consecuencialmente a conocer el estado en que se encontraba el proceso y las actuaciones procesales que se habían surtido”, para agregar que fue su ingenuidad y falta de conocimientos jurídicos lo que la llevó a firmar un documento que la dio por notificada por conducta concluyente.

Adicionalmente, refiere que la corporación ejecutante no le comunicó la reliquidación del crédito que en su favor se efectuó, de la cual tampoco se aportó copia al proceso ejecutivo, de donde se evidencia que “no conté a lo largo de toda la litis con la posibilidad de ejercer derecho de defensa aIguno”, siendo deber del juzgado suspender, de oficio, el trámite.

Consideraciones

1. Aunque en efecto la ahora demandante se notificó del mandamiento de pago y por ende ha debido ejercitar en el proceso respectivo las defensas inherentes a su condición de deudora ejecutada, como así lo resalta el tribunal para denegar la acción de tutela que invoca, también es cierto que el trámite relacionado con el alivio a los deudores de créditos hipotecarios en UPAC es un procedimiento realmente excepcional que exige a su vez, medidas y actuaciones que no corresponden a las que son comunes al procedimiento ordinario.

2. La anterior acotación tiene incidencia en este caso, porque al tema de la suspensión del proceso que alega la demandante en tutela, no es factible imprimir el tratamiento previsto en la ley procesal para destacar con base en ello que la interesada ha debido plantear dicha solicitud en el trámite ejecutivo, y que como así no obró, debe asumir las consecuencias propias de dicha omisión. Tampoco es de recibo, frente a dicha situación en particular, hacer ver que la ejecutada tenia la posibilidad de intervenir en el proceso para ejercitar la defensa inherente a su condición de demandada.

3. La Ley 546 de 1999, que entró a regir a partir del 23 de diciembre de esa anualidad, dispuso, entre otras materias, alivios a los deudores del sistema UPAC, y para ello reglamentó, “con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda” (art. 40), la posibilidad de hacer abonos a las obligaciones vigentes al 31 de diciembre de 1999, con el fin de reliquidar el crédito, sin ningún otro trámite cuando se encuentre al día la obligación, y mediante la solicitud respectiva a la entidad acreedora, cuando se encontrara en mora, aunque existiera proceso de ejecución en trámite. En este último caso, se le permitió, al deudor, el derecho a solicitar la suspensión del mencionado proceso, pero en todo caso se dispuso que el juez de conocimiento podría otorgar automáticamente dicha suspensión, y por ello, a partir de entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha previsto que incluso es deber del juez estar atento a que se presente la respectiva reliquidación.

4. En este caso, la ahora demandante, el 24 de enero de 2000, solicitó a la entidad ejecutante que se le reliquidarán los dos créditos en cobranza judicial, y aunque en efecto tal procedimiento lo efectuó la corporación, es evidente que no puso en conocimiento del juzgado dicho trámite, ni el juzgado se percató de requerir a las partes para vigilar la efectividad de los alivios legales, concurso de omisiones que dieron al traste con la posibilidad que tenía la demandada de suspender el proceso mientras se aplicaban las medidas financieras que le favorecían.

En esas condiciones, el juzgado fue displicente en el cumplimiento del deber que le incumbía, en el sentido, de garantizar los derechos de la demandante en un campo frente al cual no era dable imprimir la filosofía general del proceso, sino que le era imperativo e ineludible, la de velar por la protección constitucional de la usuaria del sistema UPAC que, por su parte, satisfizo los requerimientos previstos en la ley.

Por esa razón y en ese sentido esta corporación definió, en un caso por entero similar al acá planteado, que “es evidente que cuando entró en vigencia la Ley el 23 de diciembre de 1999, surgió para el accionante, deudor sobre cuya obligación recaía el proceso judicial bajo análisis, el derecho cierto e indiscutible a pedir la reliquidación del crédito dentro de los 90 días siguientes, insístese, antes de la declaración de inconstitucionalidad parcial referida, razón por la cual no podía practicarse diligencia de remate alguna ni adjudicación del inmueble hipotecado dentro de dicho lapso de tiempo, ya que se desconocía con ello el rotundo querer del legislador de otorgar una oportunidad a los deudores de créditos hipotecarios de vivienda que estuviesen en mora, para efectos de que hicieran el esfuerzo por ponerse al día y evitar la pérdida de su vivienda. De ahí que como en el sub judice, luego de haberse declarado desierta la licitación del inmueble, el juzgado accionado procedió a adjudicarlo a la entidad ejecutante, pasando por encima del derecho otorgado por la Ley 546 de 1999 al accionante, abandonó el orden jurídico para transitar por las vías de hecho, vulnerándole sin duda alguna el debido proceso” (Sent. oct. 10/2000).

5. En esas condiciones, es pertinente conceder la acción de tutela invocada, por lo cual habrá de revocarse la decisión impugnada, para en su lugar dejar sin efecto la actuación llevada a cabo en el proceso ejecutivo seguido contra la acá accionante, con posterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999, por lo que el funcionario demandado deberá retrotraer lo actuado en el proceso ejecutivo al estado anterior a la diligencia de remate que se llevó a cabo, a fin de que la accionante pueda ejercer el derecho a elevar las peticiones pertinentes, conforme señala la ley, esta vez teniendo en cuenta las decisiones de inexequibilidad parcial sobre el punto.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia proferida en la acción de tutela de la referencia, y en su lugar dispone:

CONCÉDESE el amparo constitucional solicitado por María Magdalena Ladino, como mecanismo definitivo, dejando para ello sin efecto la actuación adelantada en el citado proceso ejecutivo por el juzgado accionado a partir del 23 de diciembre de 1999, fecha de vigencia de la Ley 546 de 1999.

El mencionado funcionario retrotraerá el proceso objeto de tutela a la orden impartida para llevar a cabo la venta en pública subasta del bien hipotecado que se profirió el 14 de diciembre de 1999 (fl. 130, cdno. ppal.), a fin de que la accionante pueda ejercer cabalmente el derecho a elevar las peticiones pertinentes, conforme señala la ley, esta vez teniendo en cuenta las decisiones de inexequibilidad parcial de la Ley 546 de 1999 sobre el punto.

Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Ofíciese.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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