•Sentencia 1072 de mayo 21 de 1992

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

EXTRACTOS: «En lo tocante a la excepción de caducidad de la acción promovida, esta corporación reitera su criterio, según el cual la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio es una típica acción de nulidad, o si se quiere, una modalidad de acción de nulidad prevista hoy en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo —antes artículo 66 de la Ley 167 de 1941—, pues lo que se busca fundamentalmente es la preservación de la norma positiva de derecho, ya que el contencioso se desenvuelve en torno a dos extremos únicamente: la norma transgredida y el acto transgresor, “sin que las posibles situaciones jurídicas —particulares, habría que agregar—, que se interpongan jueguen papel alguno en la litis”. Algo igual, se observa en la acción de nulidad que cualquier persona, inclusive el afectado por el propio acto o decisión administrativa puede promover contra la resolución por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, como administrador de las tierras baldías de la Nación, adjudica un terreno a quien demuestra que lo ha venido explotando económicamente.

Sólo que, en uno y otro caso, la ley ha establecido una excepción a la regla general, según la cual la acción de nulidad no caduca —como igualmente se prevé para la acción de nulidad de carácter o contenido electoral—, consagrando un término para el ejercicio de la acción contenciosa: corto (20 días hábiles como acontece en la electoral), o largo (dos o cinco años, como acontece en la acción que persiga la nulidad de un acto relacionado con baldíos o marcas) y sin que tenga incidencia alguna la circunstancia de que quien la promueva tenga o no un interés directo en los resultados del proceso, o que de la declaratoria de nulidad del acto surja un restablecimiento automático del derecho.

Es, en síntesis, como se dijo en sentencia de junio 8 de 1990 de esta sección: una acción pública especial (exp. 523, actor: Pan Integral Vida Ltda, Ponente: doctor Libardo Rodríguez R.), por cuanto la puede promover “cualquier persona”, incluso quien haya recibido un agravio por el acto jurídico acusado, que, por excepción a la regla general de que la acción de nulidad no caduca, tiene un término exhaustivo para su ejercicio: el de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita.

Y, es que, en materia de propiedad industrial, el acto administrativo que ordena o concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular, que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación y procedimiento administrativo previos a la decisión. Es un acto administrativo sui generis, de contenido jurídico dual, pues por un lado confiere al particular solicitante de la marca el uso sobre ella, y por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla para distinguir iguales o similares productos; de ello se desprende la reglamentación que en lo tocante a acción y término para su ejercicio, el legislador nacional —incluso el comunitario— ha querido darle de manera especial: la titularidad de la acción en cabeza de cualquier persona, incluida la afectada por la decisión administrativa, haya intervenido en la actuación administrativa o en la vía gubernativa, o no, y un término especial de caducidad, de cinco años, preséntese o no, como consecuencia del decreto de nulidad del acto, un restablecimiento automático de un derecho o situación jurídica individual, como resultado del restablecimiento del orden jurídico objetivo.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el registro de la marca ordenado en la resolución acusada, según obra al folio 50, se efectuó el 22 de noviembre de 1983, y, la demanda presentada lo es de fecha 1º de noviembre de 1988 (fl. 68), conforme lo estatuye el artículo 596 del Código de Comercio, no había transcurrido el término de cinco años señalado para el ejercicio oportuno de la acción, y por lo mismo no operó el fenómeno de la caducidad».

(Sentencia de mayo 21 de 1992. Expediente 1072. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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