Sentencia 10747 de julio 17 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Exp.: 10747

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego

Aprobado acta 106

Santafé de Bogotá, D.C, diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Consideraciones de la Corte:

La Ley 40 de 1993 no sólo se propuso instaurar una infraestructura normativa para combatir el reprobable delito de secuestro, sino que también ordenó directamente la modificación de los tipos básicos y especial del delito de homicidio, entre otras disposiciones. Esta ha sido la conclusión unánime y reiterada de la Sala en pronunciamientos tales como los del 21 de noviembre de 1995; 25 de julio y 5 de noviembre de 1996; 17 de junio, 3 de julio, 25 de septiembre, 22 de octubre y 9 de diciembre de 1997; y 4 de febrero de 1998.

Así entonces, en el fallo de casación del 5 de noviembre de 1996, cuya ponencia correspondió al magistrado Carlos Gálvez Argote, en torno a la aplicación de los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de 1993, como regulación de conductas autónomas de homicidio simple y agravado, sin sujeción a un nexo con el delito de secuestro, la Sala dijo lo siguiente:

“En sentencia del 5 de noviembre de 1995 y 25 de julio de este año, con ponencias del Dr. Juan Manuel Torres Fresneda y quien ahora cumple igual función, ha afirmado la Sala que siendo imperativo el acatamiento de la cosa juzgada constitucional, inane resulta suscitar debates sobre asuntos cuya consonancia con la Constitución ya ha sido declarada, como acontece con los incrementos punitivos para los delitos de homicidio, extorsión y secuestro, pues la Corte Constitucional en sentencia C-565 del 7 de diciembre de 1993, los declaró exequibles, considerando además, que las razones de política criminal que dieron origen a dicha normatividad, se basaron en la necesidad de una mayor drásticidad en la sanción de este tipo de delitos, catalogados dentro de los de lesa humanidad, tanto por su naturaleza como por el daño y su trascendencia dentro de la sociedad”.

En relación con la vigencia de las nuevas disposiciones, que sustituyeron los textos originales de los artículos 323 y 324 del Código Penal, la sentencia del 3 de julio de 1997, con ponencia de quien ahora ostenta la misma condición, expuso lo siguiente:

“2. La clara repartición sistemática de la Ley 40 de 1993, dividida por capítulos y artículos acompañados de la respectiva denominación, así como el objeto resumido en su encabezamiento (“por el cual se dicta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones”), indica sin duda que además de una nueva regulación más drástica del delito de secuestro, sus circunstancias y los demás hechos punibles que lo facilitan o perpetúan (capítulo I), de los asuntos procesales, de la competencia de la fiscalía y las labores de inteligencia para intervenir esta clase de delincuencia (capítulos II, III y V) y de las medidas administrativas para combatirla efizcamiento (capítulo IV), también se adoptaron “otras disposiciones” no relacionadas con el secuestro y su compleja red operacional, tales las previstas en el capítulo VI, artículos 28 a 33, que se refieren al aumento de penas tanto en sus límites y regulaciones de la parte general, como en relación con algunas figuras delictivas de la parte especial (homicidio, simple y agravado, y extorsión).

“3. El artículo 29 dice: “sobre el homicidio”...“El artículo 323 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, quedará así:

“Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años”.

“Y el artículo 30 encabeza: “modificación al artículo 324 del Código Penal. ... “El artículo 324 de Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, quedará así:

“ART. 324.—Circunstancias de agravación punitiva.

“La pena será de cuarenta (40) a sesenta (60) años de prisión, si el hecho descrito en el artículo anterior se cometiere: ...”.

“Es suficiente la invocación de la letra de las modificaciones para entender que la Ley 40 no creó otro tipo circunstanciado de homicidio, atinente a una intensificación de la pena correspondiente a dicho delito por el anterior secuestro de la víctima, sino que retomó las definiciones clásicas de la figura básica y agravada del hecho punible contra la vida, adicionó una circunstancia de agravación, y aumentó notoriamente las sanciones ya previstas en el Código Penal. La ley tampoco generó la figura delictiva especial que imagina la recurrente, como para que en el artículo 30 de hubiesen titulado, verbigracia, “homicidio antecedido de secuestro”. No el legislador fundamentalmente rediseño con aumentos las penas, pero sobre la base de una repetición de la misma actitud descriptiva del Decreto 100 de 1980.

“4. Si el legislador se hubiese propuesto intensificar la pena únicamente para el delito de homicidio precedido de secuestro, pues la opción legislativa era adicionar el artículo 324 en ese preciso sentido, mas lo que realmente hizo fue modificarlo y, para disipar cualquier duda, se tomó el trabajo de regular de nuevo todos los aspectos comportamentales reprobados, aunque básicamente con reiteración de la descripción conductal originaria del Código Penal, y a continuación los conminó con sanciones cuantitativamente diferentes. Por ello dice categóricamente cómo quedará la nueva redacción del tipo legal de los artículo 323 y 324, y en parte alguna dice cómo se concebirá el nuevo tipo penal.

“5. La derogación, de acuerdo con el diccionario enciclopédico de derecho usual de Guillermo Cabanellas, es la “abolición, anulación o revocación de una norma jurídica por otra posterior, procedente de autoridad legítima”. Esa misma derogación, conforme con los artículos 71 y 72 del Código Civil, 3º y 14 de la Ley 153 de 1887, puede ser expresa o tácita, pero también puede ser total o parcial...”.

Y así entonces, aunque podría afirmarse que los artículos 29 y 30 de la Ley 40 derogaron parcialmente los artículos 323 y 324 del Código penal, parece de mayor rigor técnico aseverar que los modificaron, en el sentido de que el legislador simplemente cambió o varió la cantidad de pena, pues ésta como tal permanece.

La identificación de la pena para el delito de homicidio no es una conducta inopinada del legislador, o una conclusión a la cual sólo puede llegarse por vía de compleja interpretación. En efecto, la claridad del propósito legislativo se relieva en el fallo del 4 de febrero de 1998, con ponencia del magistrado Fernando E. Arboleda Ripoll, en los siguientes términos:

“3. El capítulo relativo al “aumento de penas”, en donde se establecen los incrementos punitivos para los delitos de homicidio y extorsión, surgió de la necesidad de adoptar una política criminal coherente, que armonizara las nuevas penas previstas para el secuestro con el esquema punitivo básico del Código Penal, y con las establecidas para hechos punibles que, como la extorsión o al homicidio, comprometen bienes jurídicos de igual o mayor valor. Esto explica las modificaciones paralelamente introducidas a los artículos 28 y 44 del Código Penal.

“Cierto es que el proyecto inicial ingresó al Congreso sin estas reformas, pero en el curso de los debates se planteó la necesidad de incluirlas para darle coherencia, como se desprende del contenido de la ponencia en la Cámara, en donde se dijo: “En el curso de la fecunda discusión que esta iniciativa ha tenido en el Senado se planteó, no sin razón, que no podría tratarse punitivamente la conducta del secuestro con mayor severidad que la del homicidio. Ello condujo a que se adoptaran decisiones legislativas, agravando también las penas para el homicidio que mantuvieran principios universales de la dosimetría penal” (Gaceta del Congreso de nov 18/92)”.

Ahora bien, dicha expresión legislativa de equiparación punitiva de los delitos de homicidio y secuestro, según lo entiende la Sala, también es congruente con el espíritu constitucional. Así en la sentencia del 25 de septiembre de 1997, cuya ponencia correspondió al magistrado Ricardo Calvete Rangel, se explica el tema de esta manera:

“En lo que respecta a la justificación del incremento de la pena para los mencionados delitos, la corporación constitucional puntualizó lo siguiente:

“Dentro de la concepción del Estado social de derecho y con base en la importancia que a los derechos fundamentales otorga nuestro Carta Política, cuando se vulneran los derechos a la vida, a la libertad y a la dignidad a través de los delitos de homicidio y secuestro, se hace necesario por parte del Estado la imposición de una pena y ante todo un tratamiento punitivo aleccionador y ejemplarizante, atendiendo los bienes jurídicos cuyo amparo se persigue; es decir, que a tales hechos punibles se les debe aplicar las más rígidas sanciones con el objeto de que produzcan un impacto que se encuentre en consonancia con la magnitud del delito cometido y de los derechos vulnerados”.

“Como se desprende de la lectura anterior, es la importancia de los bienes jurídicos tutelados lo que hace aconsejable el incremento punitivo, pues la vida y la libertad son derechos fundamentales cuyo ataque debe ser severamente sancionado, independientemente de si el homicidio es conexo o no con el secuestro.

“y precisamente sobre la importancia de los intereses protegidos, bien hizo el legislador al aumentar la pena para el delito de homicidio, pues no sería lógico que el atentado contra la libertad individual resultara evaluado como de mayor gravedad que el dirigido contra la vida, bien supremo sin el cual los demás derechos no tienen significación alguna”.

Así entonces, como la Ley 40 de 1993 empezó a regir a la medianoche del 20 de enero del mismo año, fecha de su inserción en el diario oficial, indudablemente sus imperativos mandatos debían gobernar los hechos debatidos en este proceso, supuesto que éstos ocurrieron en la madrugada del 31 de julio de la misma anualidad. De modo que, si las instancias activaron la ley vigente al momento de los episodios delictivos, no da lugar a la indebida aplicación del artículo 29 de la precitada ley ni a la consecuente falta de aplicación del artículo 323 del Decreto Ley 100 de 1980.

Acorde con las sugerencias del procurador delegado, la demanda no puede prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO casar la sentencia de fecha, origen y procedencia indicadas en la motivación.

Cópiese, cúmplase y devuélvase.

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