Sentencia 10771 de septiembre 22 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DEFENSA TÉCNICA

EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE GARANTIZARLA

EXTRACTOS: «La concepción o entendimiento del proceso penal como contradictorio hace que su desarrollo deba ser asumido dentro de una dinámica controversial, un continuo enfrentamiento de tesis, de posturas dialécticas, un permanente avanzar hacia la investigación y búsqueda de la verdad basada en el conflicto de partes contendientes. Sin oportunidades que posibiliten esta contradicción, no es posible concebir legítimo hoy día el proceso.

En un sistema como el nuestro, donde la función de acusación está en cabeza del Estado, este entrabamiento sólo es posible si al procesado se le ofrecen las garantías e instrumentos necesarios para su ejercicio, y se le brinda la oportunidad de enfrentar en condiciones de igualdad a su contraparte.

A partir de este principio, surge el derecho a la defensa técnica como garantía fundamental y presupuesto esencial de validez en la relación adversarial que a través del proceso penal se constituye, consistente en la prerrogativa que el imputado tiene de estar asistido permanentemente por un abogado que le asesore y represente, y que en términos de equilibrio e idoneidad, pueda enfrentar el órgano represivo.

Esta posibilidad de oposición y refutación de la pretensión punitiva del Estado debe ser real, continua y unitaria, características que se oponen a lo formal, lo temporal y lo soluble. No es, ni se trata, de llenar una exigencia de carácter normativo, sino de velar por que este derecho logre material y efectiva realización, obligación por cuyo cumplimiento debe propender el funcionario judicial encargado de la dirección del proceso.

El derecho a la defensa técnica o profesional es una prerrogativa intangible. El imputado no puede renunciar a ella, ni el Estado a su obligación de garantizarla. Si el procesado no quiere o no está en condiciones de designar un abogado que lo asista en el trámite procedimental, el órgano judicial tiene la obligación de proveérselo, y de estar atento a su desempeño, asegurándose que su gestión se cumpla dentro de los marcos de diligencia debida y ética profesional, propósito que por igual debe buscar en tratándose de abogados de confianza, designados a instancia del propio implicado.

No es que el órgano judicial pueda interferir en la estrategia defensiva del abogado; ni más faltaba. Mucho menos que pueda imponerle unos determinados derroteros a su gestión controversial. De lo que se trata es de evitar que el abandono de la gestión encomendada, entendida no como inactividad contenciosa, sino como ausencia absoluta de presencia procesal, desquicie la estructura básica del proceso.

En cumplimiento de su función el defensor puede, por su parte, ejercitar de manera amplia el derecho de contradicción mediante una activa controversia conceptual o probatoria, u optar por un silencio expectante dentro de los límites de la racionalidad, como estrategia defensiva, susceptible de ser determinada a través de actos procesales que permitan inequívocamente establecerla.

Esta maniobra de simple supervisión del trámite procedimental, caracterizada por la ausencia de actos positivos de gestión, debe diferenciarse de la situación de abandono de la función encomendada, que se presenta cuando el defensor, además de renunciar a los actos de contradicción probatoria e impugnación, no hace presencia procesal alguna, ni asume posturas de las cuales pueda deducirse una mínima actividad vigilante.

El cargo por violación del derecho de defensa formulado por la casacionista se funda en la circunstancia de haber estado su defendido desprovisto de asistencia técnica durante el tiempo que ofició como defensor suyo el doctor W..., quien nominalmente figuró como defensor desde la fase de los traslados para la presentación de los alegatos precalificatorios, hasta antes de la celebración de la audiencia pública, cuando el funcionario de conocimiento oficiosamente optó por reemplazarlo designando a la doctora N..., después de que hiciera expresa su voluntad de renunciar al mandato por no conocer a su poderdante, ni el contenido del proceso.

La situación fáctico procesal en que se funda este reproche es incontrovertible. Aun al margen del contenido de las explicaciones suministradas por el doctor W... en su declaración jurada sobre la forma como terminó siendo defensor del procesado Gutiérrez Ricaurte, sin tener conciencia de ello, y de la reafirmación que en tal sentido hizo el procesado, suficientes, por sí mismas, para concluir la ausencia de defensa técnica, la verdad es que durante el tiempo que ostentó la condición de defensor no adelantó gestión alguna orientada a ejercer su encargo, y el expediente no ofrece elementos de juicio que permitan calificar su actitud de estrategia defensiva.

La actividad del doctor W... se reduce, como se dejó visto, a la presentación, en una misma fecha, del memorial poder y del escrito de solicitud de copias, y a la manifestación de renuncia seis meses más tarde, después de haber sido notificado por segunda vez de la fijación de fecha para la celebración de la audiencia pública, situación que claramente indica su desatención hacia el proceso, expresada en la total ausencia de actos de contradicción probatoria, impugnatorios y de vigilancia del acaecer procesal.

De suerte que aún prescindiendo de su dicho, en el sentido de no haber tenido conciencia de las obligaciones adquiridas al suscribir el memorial poder, la conclusión frente a las actuaciones suyas en el proceso no sería distinta, pues consciente o no del compromiso contraído, la verdad es que durante el tiempo que detentó una tal condición tampoco ejecutó actividad alguna de contenido defensivo.

El doctor W... en absoluto hizo presencia procesal como para pensar que su actitud obedecía a una maniobra defensiva, y no podía ser de otra manera porque su voluntad nunca fue asumir dicho encargo, sino incursionar con no claros propósitos en un proceso cuya materia no dominaba, pretextando defender una persona que no conocía, y aduciendo un poder cuyo contenido ignoraba, todo dentro de los marcos de una actitud de irresponsabilidad profesional crasa.

Sólo intervino en el acto de la notificación del proveído de citación para audiencia, cuando había ya precluido toda oportunidad para impugnar el pliego de cargos y solicitar pruebas, sin que exista actividad procesal suya alguna que permita inferir, en términos al menos de probabilidad, que tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo al interior del proceso.

Ni siquiera a través de las citaciones judiciales que debieron efectuarse con el propósito de enterarlo de las providencias dictadas puede deducirse que haya tenido posibilidad de conocer lo que estaba aconteciendo, puesto que la única que se hizo, con el fin de imponerle el contenido de la resolución acusatoria, no logró ser entregada por falta de dirección (fls. 164 vto., 165, 178 y vto.).

En estas condiciones, mal puede su silencio calificarse de maniobra orientada a obtener resultados favorables para su defendido. Su inactividad, lejos de revelar el propósito de sustraerse a las alegaciones, impugnaciones y controversia probatoria en cumplimiento de un plan estratégico defensivo preconcebido, lo que traduce es el abandono total del asunto, pues, como viene de verse, no existe elemento de juicio alguno indicativo de que el defensor hubiera estado al menos atento o vigilante del acaecer procesal.

Es de precisarse que la contundencia de la prueba incriminatoria no es argumento que justifique la ausencia de defensa técnica sobre el entendido de su innecesariedad, pues ello equivaldría a legitimar la falta de asistencia profesional cuando aparezca prueba extrema que comprometa al procesado, con desconocimiento del carácter absoluto de esta garantía procesal, y a presumir, sin fundamento razonable alguno, que en estos casos la mejor defensa es la inactividad, desconociéndose así las características básicas del proceso, que, como tales, no admiten este tipo de diferenciaciones.

Inaceptable resulta, así mismo, entender que la determinación de investigar disciplinariamente al abogado negligente suple los vacíos defensivos de su desatención y convalida la actuación procesal, no sólo por las razones que vienen de anotarse, sino porque contraría el principio de autonomía del proceso penal.

Razón, por tanto, le asiste a la casacionista al demandar de la Corte la ineficacia de la actuación por violación del derecho de defensa, y su reposición con observancia de las garantías fundamentales, pues es claro que el acusado careció de asesoría técnica durante todo el tiempo que el doctor W... fungió como su apoderado.

El procurador delegado solicita a la Corte, en su concepto, hacer extensiva la nulidad de la actuación a la fase del sumario, a partir de la indagatoria, en razón a que la ausencia de defensa técnica fue un continuo de la actuación procesal, desde la referida diligencia, en la cual se designó defensor de oficio del procesado a una empleada de la clínica donde se hallaba hospitalizado.

La Sala comparte este planteamiento. Examinada la actuación sumarial se advierte lo siguiente:

1. En la indagatoria, la funcionaria instructora, después de dejar constancia en el sentido de que “en estas dependencias no se halla abogado inscrito”, procedió a designar la enfermera superior Teresa Wirth Conto para que asistiera al imputado Gutiérrez Ricaurte, desconociendo el mandato del entonces vigente artículo 148 del estatuto procesal, que sólo permitía esta habilitación excepcional cuando el funcionario estuviera en imposibilidad material de nombrar un abogado inscrito, debido a la ausencia de ellos en la ciudad sede del despacho judicial, situación que no podía ser predicada de la ciudad de Cali (cfr. Cas. mayo 9/95, M.P. Drs. Duque Ruiz y Mejía Escobar; Cas. mayo 19/95, M.P. Dr. Saavedra Rojas; Cas. mayo 8/96, M.P. Dr. Torres Fresneda, entre otras).

Es claro que para la época de la indagatoria la referida norma se encontraba vigente y era aplicable, pues su inexequibilidad sólo vino a ser declarada el 8 de febrero de 1996, pero también lo es que en la ciudad donde se estaba cumpliendo la diligencia concurren permanentemente abogados inscritos.

No obstante esto, la fiscal no adelantó gestión alguna encaminada a proveer de asistencia técnica al procesado, como era su obligación hacerlo, dando lugar con su comportamiento negligente a una irregularidad más, inexcusable, si se toma en cuenta que de antemano había señalado fecha para la realización de la diligencia, y que era de obviedad suma precaver que en una clínica no encontraría abogados.

Ya ha sido dicho que el derecho a la defensa técnica es garantía fundamental que el funcionario judicial está en la obligación de asegurar en todo momento de la actuación procesal, y que es él quien debe proveerla cuando el imputado no quiere o no está en condiciones de designar un abogado de confianza. De allí el deber que surgía para la funcionaria de procurar su concreción en este caso.

Hoy día esta norma no tiene aplicación, siendo obligación del funcionario judicial proveer al procesado en todos los casos de defensa técnica.

2. El día siguiente de la indagatoria (mayo 28) el instructor designó al doctor H... defensor de oficio del procesado, quien tomó posesión del cargo el 2 de junio, fecha en la cual fue notificado de la medida de aseguramiento (fls. 20 vto., 39 y 40), sin que con posterioridad se advierta intervención procesal suya de índole alguna. Y en las dos únicas oportunidades que fue requerido para que compareciera a notificarse de decisiones tomadas dentro del proceso (cuando se dispuso el cierre de la investigación y se resolvió una solicitud de libertad presentada por el propio sindicado), las comunicaciones no pudieron ser entregadas por haber cambiado de dirección (fls. 117, 127 y vto., 133 y 150).

Ni en el sumario, ni en el juicio, como puede verse, el sindicado fue asistido por los profesionales designados defensores suyos, evidenciándose con ello un total desamparo del proceso y el abandono de los compromisos adquiridos con su defendido y la administración de justicia, situación que vicia de nulidad la actuación por afectación del derecho de defensa, a partir inclusive de la diligencia de indagatoria, comprendiendo todos los actos que dependen de ella, menos los de prueba.

(...).

No puede la Corte dejar de registrar el reprobable comportamiento profesional de los doctores H... y W... en el caso sub judice, ni de censurar la falta de ética de quienes, estando llamados a asumir el encargo de defensores de oficio, aceptan este compromiso con menosprecio de la función social que deben cumplir, de las obligaciones que asumen, los intereses en conflicto y los fines de justicia.

Con el objeto de que se investigue, si hubiere lugar a ello, la conducta de los abogados doctores H... y W..., se ordenará expedir copia de la actuación procesal con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle».

(Sentencia de septiembre 22 de 1998. Radicación 10.771. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll ).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «La pasividad del apoderado no puede considerarse per se como ausencia de defensa. La falta de alegatos, no interposición de recursos, ni petición de pruebas, no necesariamente revelan negligencia, pues muchas veces la suficiencia del acopio probatorio y su fuerza de convicción llevan a asumir tal posición y dejar para el final, particularmente en la audiencia pública, la exposición de los argumentos defensivos fácticos y jurídicos, sobre todo en casos como el presente, donde hubo flagrancia y captura en tal estado y abundancia demostrativa de cargo.

Así, lo que ahora está sucediendo constituiría el insólito y más desleal engendro de un artero mecanismo de defensa para causas perdidas, en el cual después de sólo avizorar y nada exponer, se arriba a la audiencia sin posibilidades de mejorar la causa encomendada y entonces se efectúa una manifestación de extrañamiento, generando con la nulidad por la provocada apariencia de falta de defensa el más fenomenal resultado: la libertad y muy probable impunidad del encartado.

No solicitar pruebas no puede tomarse en abstracto como ausencia de defensa, es indispensable especificar cuáles dejaron de practicarse y en qué forma habrían llegado a cambiar de decisión.

(...).

No impugnar una decisión sí puede y suele obedecer a una táctica del apoderado, o a conformidad por considerarla acertada e inexorable. En el presente caso, e independientemente de que el procesado mismo haya ejercido su derecho material de defensa, interponiendo recursos y solicitando su excarcelación, no se alcanza a vislumbrar una razón sensata para que un defensor experimentado recurriera contra medidas como la resolución de la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, menos aún la de acusación, basadas en pruebas y fundamentos legales sólidos, en las cuales se omitió considerar que las tentativas de homicidio podrían registrar causales de agravación punitiva de las previstas en el artículo 324 del Código Penal (30 de la L. 40/93), particularmente en los numerales 4 (“las razones para ello según se ha dicho estriban el pago que el sindicado recibió por cometer su crimen”, se lee en el fallo de primera instancia, f. 303 ib.) y 7, por el ostensible aprovechamiento de las circunstancias de indefensión en que se encontraban las víctimas, desprevenidas en el interior de su vivienda, a donde se introdujo violentamente el actor, constituyendo aquellas causales serias probabilidades de consideración judicial, si llegare a prosperar la nulidad y el proceso tuviere que ser retrotraído a la instrucción.

Tampoco haber sido el fiscal quien “exclusivamente” realizó la investigación es una irregularidad, porque él es el director del proceso durante la instrucción y legalmente se la ha confiado la función de orientarla y diligenciarla, tanto en lo favorable como en lo desfavorable al imputado, sin que en esto se advierta desviación alguna en el caso concreto que está siendo estudiado.

No debe perderse de vista que el derecho de defensa consiste en la posibilidad de contradecir las pruebas, solicitar las consideradas convenientes al propio interés, participar en su allegamiento, presentar argumentaciones y rebatir las contrarias, impugnar las decisiones adversas, solicitar nulidades, etc., asistido de un abogado.

Éste, de acuerdo con su fuero interno, su capacidad, su estilo y la actitud ética, determina el momento y la forma de ejercer la defensa, según la táctica adoptada, la cual puede abarcar desde empleo asiduo y a veces reprochable de todas las atribuciones, o sólo de algunas, hasta únicamente ejercer control expectante sobre el proceso, con prescindencia de utilizar tales facultades si advierte que lo que pueda realizarse por su postulación llegaría a redundar en contra del asistido, e interviniendo sólo cuando es obligatorio (indagatoria y otras diligencias donde tome parte el procesado, audiencia pública).

Posibilidades aquéllas que en ningún momento de la instrucción ni del juicio fueron cercenadas al sindicado, quien contó con defensor de confianza o de oficio en las diferentes etapas procesales, sin que, se insiste, pueda la administración de justicia aceptar la argucia de que se alegue falta de defensa constitutiva de nulidad, luego de voluntaria inacción ante una carga probatoria irrefragable, o la pretendida ausencia de convenio con el asistido y el desconocimiento del poder por parte de quien lo aceptó, firmó y presentó, asumiendo la calidad de defensor en la que expresamente manifestó obrar (f. 147 ib.) y luego pretende ignorar.

Para concluir este punto y ratificar lo expuesto, cabe recordar la jurisprudencia de esta corporación, que reiteró en su pronunciamiento más reciente sobre el tema referido (agosto 11/98, rad. 13.029, M.P. doctor Ricardo Calvete Rangel):

“Para el tema concreto planteado, esto es, la presunta violación del derecho a la defensa, no es suficiente extrañar que el defensor no hubiera pedido pruebas, o que no hubiera interpuesto recursos, o que no se hubiera notificado personalmente de las decisiones. Es necesario que se demuestre que con esa actitud se dejaron de allegar elementos de juicio fundamentales para la decisión, o que no obstante ser evidente que los intereses del procesado se lesionaron no hubo una oportuna impugnación.

... es precisamente la ley procesal la que autoriza las notificaciones por estado. Igual aspaviento hace con la ausencia de recursos, desde luego sin intentar siquiera una explicación sobre por qué estima que si se hubiera recurrido el auto de detención, la resolución de acusación, o la sentencia, la situación del procesado hubiera sido mejor. ¿Acaso ante la claridad de lo sucedido era viable demostrar la no responsabilidad? O ¿se podía espera una pena más benigna...? ¿Cuáles fueron las pruebas de descargo que se dejaron de practicar, y a qué aspecto tan importante conducían, de modo que el hecho de no haberlas pedido lesionó el derecho de defensa?

... hubiera sido interesante conocer qué fue lo que no hizo el defensor que afectó de manera tan grave, como para llevar a la nulidad, la garantía de la defensa técnica.

La respuesta a los anteriores interrogantes ha debido formar parte de la sustentación del recurso, pues lo que se anotó en la demanda no es otra cosa que posibilidades procesales cuya trascendencia se ignora porque el actor no la mencionó, mucho menos intentó demostrarla...

La actitud pasiva del defensor no es en sí misma indicativa de ninguna irregularidad, pues como lo ha reiterado la jurisprudencia, hay casos, y éste podía ser uno de ellos, en donde la mejor defensa es dejar que el Estado asuma toda la carga de la prueba ante la evidencia de las que se pidan perjudican al acusado; o en donde no conviene recurrir dado el acierto indiscutible o la generosidad del fallador. Esos pueden ser también méritos de una buena defensa, y demostración de un comportamiento ético y serio de un abogado...”.

(...).

Aun cuando la indagatoria haya sido recibida en Cali, sede de gran cantidad de abogados, lo fue donde no es normal que se encuentre alguno disponible (un hospital), cuando ya el término legal para allegarla iba a vencer (la tarde del tercer día después del de la captura, mismo en que fue puesto a disposición de la fiscalía, f. 1 ib., que por ende se encontraba apremiada a recibirla, sin que la salud del aprehendido lo hubiere permitido antes).

En la fecha de la indagatoria aún regían el inciso 1º del artículo 148 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 34 del Decreto 196 de 1991, que permitían encomendar la defensa durante su recepción a cualquier ciudadano honorable que no fuere servidor público, “cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella”, que fue exactamente lo que sucedió, según hizo constar la señora fiscal, en expresión sobre la cual no existe motivo alguno para dudar, ante la respuesta del por indagar de no tener a quién nombrar y su expresa solicitud de que se le designara de oficio: “Teniendo en cuenta que en estas dependencias no se halla abogado inscrito, se procede a nombrarle como defensor para esta única diligencia a la señora... sin tacha alguna para el desempeño del cargo”. El mismo día siguiente le asignó defensor letrado de oficio, como ya se detalló.

Los citados preceptos fueron declarados inexequibles más de dos años después, el 8 de febrero de 1996, mediante sentencia C-049 de la Corte Constitucional, M.P. doctor Fabio Morón Díaz, providencia que sólo tiene efectos hacia el futuro, en virtud de que la Corte ningún pronunciamiento realizó sobre una hipotética retroactividad. Como ha señalado esta Sala (e.g. sentencias de casación de fecha junio 26/96, rad. 9280, M.P. doctor Ricardo Calvete Rangel y julio 25/96, rad. 9577, ponente quien ahora desempeña igual labor), frente a la obligación de recibir la indagatoria dentro de un término de tan inminente vencimiento, la fiscalía aplicó una disposición entonces vigente, lo cual no puede censurarse como irregularidad.

Cabe recordar, para concluir este punto, que el legislador no utilizó el término “donde”, expresión de lugar, sino “cuando”, expresión de tiempo, que por ende no debía entenderse como referida a la no existencia de abogado radicado en la localidad, sino a no ser hallado alguno disponible en el momento en que la diligencia tenía que practicarse.

(...).

5. La doctrina universal pregona que no hay nulidad sin perjuicio:

“...las nulidades han sido reducidas por el número y por el contenido, los poderes del juez ampliados y adoptado el criterio de valoración de la nulidad según la relevancia del acto nulo en relación con los fines del proceso, es decir, según la efectividad del perjuicio que de la misma pueda derivarse. Todas las nulidades son, pues, relativas...” (Eugenio Florián, “Elementos de Derecho Procesal Penal”, trad. L. Prieto Castro, Ed. Bosch, Barcelona, reimpresión 1990, pág. 126, resalté).

“En virtud del carácter no formalista del derecho procesal moderno, se ha establecido que para que exista nulidad no basta la sola infracción a la norma, si no se produce un perjuicio a la parte. La nulidad, más que satisfacer pruritos formales, tiene por objeto evitar la violación a las garantías en juicio...

Es por esta razón por lo que algunos derechos positivos modernos establecen el principio de que el acto con vicios de forma es válido, si alcanza los fines propuestos ... o si en lugar de seguirse un procedimiento se ha utilizado, equivocadamente, otro, pero con mayores garantías...”.

(Enrique Véscovi, “Teoría General del Proceso”, Ed. Temis, Bogotá, 1984, p. 304, resalté).

Esa afortunada evolución en “derechos positivos modernos” fue oportunamente asumida por el derecho procesal colombiano, tanto en materia civil (C. de P.C., art. 144.4, antiguo 156.4), como penal (P.P., art. 308.1).

6. Cabe observar, sin embargo, que esta acertada posibilidad de convalidación no es necesariamente moderna, sino que es el fruto de una juiciosa evolución jurídica, cuyos fundamentos vienen apuntalados desde los enfoques clásicos del derecho procesal universal:

“La nulidad es relativa cuando la falta de algún requisito no tiene relevancia si, no obstante, el acto es justo, esto es, ha alcanzado su finalidad. El acto es anulable cuando la nulidad no puede ser puesta de relieve sin una reacción del sujeto al cual perjudica su injusticia, y por eso, protesta su invalidez”. (Francesco Carnelutti, “Principios del Proceso Penal”, trad. Santiago Sentis M., Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, p. 296).

7. Evidentemente, la trascendental misión jurídica de procurar la eficaz, pronta y firme aplicación de la normatividad sustantiva, impone relatividad en el establecimiento de las nulidades:

“... si efectivamente queremos ser congruentes con los hechos, debemos adoptar un criterio flexible y abierto que nos conduzca a declarar, más que una inexistencia o nulidad del acto, una ineficacia de características relativas que tenga un amplio margen de juego según las consecuencias específicamente producidas o no por el acto afectado.

De este modo, podremos analizar en forma totalmente libre cuáles son las características especiales de un determinado acto irregular y, sin prejuzgar sobre la sanción resultante, observar el despliegue de sus efectos en el ámbito del derecho para decidir entonces sobre el grado de ineficacia que lo afecta. El punto de partida es pues necesariamente inverso: atiende mejor a la producción de efectos y no a un rígido esquema de causas, o de delimitación personal de impugnaciones, o de posibilidades de convalidación.

Bajo este punto de vista, la ineficacia puede entonces apreciarse directamente y en forma objetiva en tanto exista una producción anormal de efectos en el acto cuestionado, y la medida de esta anormalidad es la que regirá nuestro criterio para decidir su clasificación”. (Rene Japiot, citado por José Antonio Márquez González, “Teoría General de las Nulidades”, Ed. Porrúa, México, 1992, págs. 62 y 63).

8. Claro está que los comentarios efectuados desde el punto 5 inclusive, no tienen el propósito de desconocer el constitucional mandato, contenido en el artículo 29 de la Carta, que instituye la defensa como un derecho inalienable que, entre otras garantías, demanda que el sindicado sea asistido por un abogado, durante la instrucción y el juzgamiento. Pero es que lo importante en los derechos es que sean preservados eficazmente y no en apariencia, como se derivaría del titulado en ciencias jurídicas que, a pesar de mantenerse muy escénico en todas las actuaciones, en nada acierta a atenuar la perdición de su causa; asunto contrario a lo sentenciado en este caso, donde el procesado resultó en gran parte ganancioso, así no se le hubiera evitado la condena, ineluctable por la evidencia obrante en su contra.

Podría suceder en este proceso que, si se reactiva como debe ser, nada logre el más conspicuo profesional, más allá de la ya obtenida impunidad por el porte ilegal del arma, cuya acción tuvo que declarar prescrita la Sala a consecuencia de la nulidad, fruto de la maulería abogadil.

Por el contrario, va a afrontar la probabilidad de que el enjuiciamiento y la condena incluyan la agravación del homicidio por los factores comentados en la página 6 de este salvamento, y así la sentencia contra la persona a cuyo favor quiso preservarse la apariencia de la defensa por encima de su resultado, devenga más gravosa. Pero ya no sería encontrado sobre quién hacerla efectiva».

Nilson Elías Pinilla Pinilla

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