Sentencia 1080 de agosto 12 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

DEMANDA PRESENTADA EN OTRA SECCIÓN

EXTRACTOS: «Sentado, como está, que se trata de una acción pública de nulidad de carácter electoral, interpuesta contra el acto administrativo de nombramiento de un alcalde, que se tramita por la Sección Quinta de la Corporación, se procede a analizar la demanda en relación con la oportunidad:

El artículo 136 del CCA, subrogado por el art. 28 de la Ley 78 de 1986, subrogado a su vez por el 7º de la Ley 14 de 1988 establece:

“La acción electoral caducará en 20 días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata”.

En el presente caso, la demanda con solicitud de suspensión provisional fue presentada personalmente y radicada en la Sección Segunda de la Corporación el 20 de octubre de 1993.

Ahora bien, recibida la demanda en la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala Unitaria observó que se trataba de un proceso electoral relacionado con un nombramiento por lo cual, en obedecimiento del Acuerdo 39 de 1990, por auto de dicha Sala Unitaria del 9 de noviembre de 1993, ordena su envío por competencia a la Sección Quinta de esta misma corporación.

Recibida el 24 de noviembre de 1993 en el despacho, fue registrado el proyecto el 1º de diciembre y el 6 de diciembre de 1993 se dictó un auto por el cual se admitía la demanda y se denegaba la suspensión provisional.

De la reseña anterior, se deduce que el artículo 142 del CCA no es aplicable al presente caso como sugiere la parte impugnadora. En efecto, dice el citado art. 142:

“Toda demanda deberá ser presentada por quien la suscribe ante el secretario del Tribunal a quien se dirija.

El signatario que se halle en lugar distinto podrá remitirla previa autenticación ante juez o notario de su residencia caso en el cual se considerará presentada al recibo en el despacho judicial de destino”.

La norma regula el trámite que debe seguir el actor que está en un lugar distinto al de destino del libelo y hace su presentación personal en el primero con el fin de remitirlo al despacho que considera competente. En este caso la fecha en la cual se suspende la caducidad de la acción es la de llegada al despacho judicial de destino, porque el envío corre por cuenta del actor.

En el presente caso, el signatario no se encuentra en lugar distinto al de destino, Consejo de Estado, al que va dirigida la demanda y ante el cual fue presentada personalmente.

La demanda es recibida por la secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado y radicada en la misma, no presentada perso-nalmente ante el Consejo y devuelta al interesado para que la remitiera a una corporación distinta.

En realidad en el presente caso se trata de un trámite interno entre secciones de una misma corporación, más cercano en el aspecto fáctico al regulado por el art. 143 del CCA, tal como fue subrogado por el art. 16 del Decreto 2304 de 1989, que establece:

“En caso de falta de competencia se ordenará enviar el expediente al competente a la mayor brevedad. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación que ordena la remisión”.

La norma anterior es aplicable para los casos de remisión de procesos entre corporaciones, por falta de competencia de la remitente; en tal caso la caducidad se interrumpe desde la fecha de la presentación inicial. Si trata de aplicarse la disposición a una remisión entre distintas secciones de una misma corporación, cuya división hace relación a especialidades y a distribución de trabajo por ley o reglamento, y no a la competencia, en este caso del Consejo de Estado, se resalta, la consecuencia de remitir el expediente de una Sección a otra está en que tal remisión no puede incidir en la caducidad de la acción, caducidad que se considera interrumpida desde la fecha de la presentación inicial.

En atención a lo expuesto, el término de caducidad en el presente caso debe contarse desde la expedición del acto acusado hasta la fecha en que se presentó la demanda en la secretaría de la Sección Segunda.

Nótese que en el manterior análisis se cuenta el término corrido entre el acto de nombramiento acusado y la presentación de la demanda sin tomar en cuenta el decreto mediante el cual se denegó el recurso de reposición.

La razón está en que el acto de nombramiento discutido, tiene la naturaleza de un acto condición y no implica finalización de una actuación administrativa; con su expedición y perfeccionamiento se agota la vía gubernativa y, en consecuencia, se debe acudir directamente ante los tribunales para ejercitar la acción correspondiente, sin que recursos improcedentes tengan la virtualidad de revivir los términos para accionar.

Como entre la fecha de expedición del acto acusado (sep. 22/93) y la presentación de la demanda (20 de octubre de 1993) no se venció el término de caducidad, debe concluirse que la acción fue incoada oportunamente y, por lo mismo, por este aspecto debe conocerse del fondo del negocio».

(...)

CONSEJO DE ESTADO