Sentencia 10805 de noviembre 25 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Aprobado Acta 188

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Hay que partir de la premisa de que el derecho de defensa del procesado comprende su facultad de intervenir ampliamente en el proceso penal iniciado para determinar el hecho punible y la responsabilidad de los imputados que hacen parte del objeto del procedimiento, además de realizar todas las actividades tendientes bien a inhibir la pretensión punitiva del Estado ora para aminorar sus consecuencias.

Así entonces, de manera general y conforme con el artículo 29 de la Constitución Política, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (L. 74/68, art.14), y la Convención americana de derechos humanos (L. 16/72, art.8º), las actividades de defensa pueden resumirse en: el derecho a ser oído, la facultad de controlar la prueba de cargo, la de presentar las pruebas de eximición, la de proponer una valoración de los medios probatorios producidos y exponer los argumentos, fácticos y jurídicos, encaminados a lograr una decisión favorable y, por último, el derecho irrenunciable a estar asistido por un defensor técnico.

Con todo, para que una persona pueda defenderse es necesario que exista algo de qué defenderse, porque, de manera simple pero pedagógica, el proceso penal actualmente se concibe como un pulso entre la persecución penal y la presunción de inocencia del imputado (de la cual surge lógicamente su derecho a defenderse). Es decir, se requiere la imputación o acusación por una acción u omisión como manifestaciones fácticas, que tengan relevancia jurídica, y que se atribuyan concretamente al individuo imputado o procesado. Los hechos, las circunstancias o las calificaciones jurídicas no incluidas en la imputación o acusación, no tendrán que ser inevitablemente abordados en la actividad defensiva, razón por la cual tampoco podrán ser comprendidos en la sentencia conforme con el principio de correlación entre la acusación y el fallo».

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