Sentencia 10809 febrero 24 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN

CONTROL DE LEGALIDAD POR EL JUEZ

EXTRACTOS: «1. Es necesario partir de la premisa de que en el proceso penal colombiano la calificación de la investigación es una función que con exclusividad corresponde a la Fiscalía General de la Nación, como lo dispone el artículo 250 de la Constitución Política, precepto que de tal manera deja sentada la separación funcional entre fiscal y juez, como garantía de imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desarrollo de tareas procesales implicadas pero a la vez independientes. Tal misión calificadora que corresponde a la fiscalía tampoco sufre interferencias en el procedimiento abreviado de sentencia anticipada o audiencia especial, pues, como lo prevé el artículo 37B-2 del Código de Procedimiento Penal, las respectivas actas de cargos son equivalentes a la resolución de acusación.

2. Así entonces, cuando la valoración ofrece la posibilidad de varias hipótesis explicativas del hecho delictivo o de la responsabilidad del imputado, para el momento de la calificación sumarial se impone la que razonablemente define el fiscal, así el juez en su posterior intervención llegue a discrepar de ella con argumentos igualmente razonables.

3. Por otra parte, tal definición fiscal será el inexorable punto de partida para la fase del juzgamiento, entre otras cosas, porque también constitucionalmente dicha calificación es preclusiva, en el sentido de que se ha agotado la etapa procesal de la instrucción y no puede el instructor ni el juez (éste, por lo menos antes de la sentencia) volver sobre ella con el pretexto de una mejor o más atinada decisión calificatoria.

4. Desde luego que el poder de calificar radicado en la fiscalía, como lo advierte el procurador delegado, no puede ser arbitrario sino que debe sujetarse a la prueba recaudada y una ley preexistente (principio de legalidad), como el quehacer de cualquier autoridad en un Estado del derecho. Por tal razón, si el fiscal en el proceso de subsunción de los hechos en el referente legal, se aleja radicalmente de las reglas de la lógica y la comprensión jurídica del caso, de tal manera que dicho error lo desvía a títulos o capítulos que tutelan bienes jurídicos completamente extraños a la información procesal obtenido, sin duda se impone el remedio de la nulidad por error en la calificación jurídica.

5. Una especie de control de legalidad dentro del proceso, circunscrita a errores de dicha envergadura, obviamente corresponde al juez de la causa, porque, no obstante que el fiscal y el juzgador tienen funciones separadas, el proceso penal desarrollado por etapas no deja de ser unitario y solamente se define con la sentencia que es el momento final dentro de los pasos integrados, armónicos y cualitativamente superiores que comporta su dinámica.

6. Pero si la actividad del fiscal encuentra un límite obvio en la legalidad de sus actos procesales, también el control del juez sobre los momentos precedentes del proceso está morigerado por el respeto que le debe al aceptable marco de valoración que aquél despliega en su función investigadora y calificadora, así el controlador judicial piense en una calificación que supone más acertada, pues no se trata de que el juez se erija en superior funcional del fiscal, sino que simultáneamente se pretende evitar un quebrantamiento a los principios de acto legal, separación funcional, preclusión del calificatorio e imparcialidad de los funcionarios judiciales.

Sobre el tema ha dicho la Sala:

“En efecto, si la nulidad es la sanción que establece la ley para el acto jurídico que en su realización haya violado u omitido las formas preordenadas por ella misma, en principio, no podrán decretarse nulidades por razones de mérito (in iudicando), sino de regularidad del procedimiento (in procedendo). Se trata de irregularidades en los elementos esenciales de composición de los actos del proceso, que por tener tal entidad desvirtúan en el hecho procesal su aptitud para cumplir el fin a que estaban destinados.

En este orden de ideas, en lo que atañe a la nulidad de la resolución acusatoria por falta al debido proceso, sólo la justifican los vicios que impedirían proveer de fondo y dictar sentencia. Así entonces, si el fiscal exhibe la motivación básica, fundada en una apreciación racional de las pruebas que obran en el proceso y en una argumentación jurídica propia de su facultad de interpretación, no puede ser motivo de nulidad, por el prurito de que el juez razona más elevadamente o de manera diferente, el hecho de que el calificador por antonomasia en ese momento haya descartado una circunstancia de agravación, o reconocido la atenuante por ira o intenso dolor, o admitido la complicidad como título de participación —en lugar de la autoría que piensa el juez—, o determinado la culpa o la preterintención, en vez del dolo, como componentes del aspecto subjetivo del tipo.

Estas discrepancias entre los funcionarios judiciales, en verdad, no obstaculizan la decisión de fondo, a menos que, como se dijo antes, la alternativa calificatoria propuesta por el juez comporte un cambio de competencia y haya lugar entonces a la respectiva colisión negativa, pues, en otras circunstancias, sería un desbordamiento de su poder que acudiera a una especiosa nulidad por falta al debido proceso, con el fin de imponer arbitrariamente la calificación que él concibe. Cosa distinta ocurre si en la pieza acusatoria falta la motivación sobre el hecho constitutivo del gravamen o la degradación, o la misma es ambigua o contradictoria, o el funcionario imagina soportes empíricos o racionales que no existen o que lógicamente no pueden inferirse dentro del proceso (absurdo), pues en tal caso la sentencia no puede dictarse porque carecería del apoyo acusatorio necesario para su congruencia.

La Corte ha sostenido reiteradamente que solamente el error en la denominación jurídica de la infracción constituye causal de nulidad, como vulneración del debido proceso, porque en tal evento el fiscal se aparta drásticamente de las reglas de lógica y comprensión jurídica que rigen el proceso de adecuación típica del comportamiento, dado que trasciende el capítulo o el título correspondiente, pues en tal evento la calificación jurídica ignorada por el fiscal y vista por el juez, se soporta sobre los mismos hechos que el instructor declaró probados, con lo cual el juzgador que decreta la invalidez no invade la órbita de las funciones propias del acusador” (Sent. de casación. Rad. 10.918, feb. 4/99. M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

Es oportuno agregar que también procede la discrepancia del juez con la calificación hecha por la fiscalía, cuando el delito que aquél aprecia probado e ignorado flagrantemente por ésta, daría lugar a una competencia diferente, caso en el cual la solución inicial no sería la nulidad sino la proposición del respectivo conflicto de competencias.

7. Como se ve, es posible entonces que la providencia calificatoria (o el acta de cargos equivalente a ella) sea nula porque carece completamente de motivación sobre un elemento del delito o la responsabilidad del acusado o en relación con una circunstancia específica de agravación, o la misma sea ambigua o contradictoria o se soporta en datos empíricos o racionales inexistentes o se disponga sin la más elemental lógica, pues por tal vertiente la acusación no podría ser fundamento razonable y legal para adoptar la sentencia. Ello siempre dentro de los principios que gobiernan las nulidades, particularmente el de trascendencia».

(Sentencia de casación, febrero 24 de 2000. Radicación 10.809. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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