Sentencia 10820 de septiembre 10 de 1998

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 10820

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Actor: María Zenira Rojo Parra y otros

Demandado: Electrificadora del Atlántico S.A.

Santafé de Bogotá, D.C., diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada y la compañía aseguradora llamada en garantía contra la sentencia de enero dieciocho (18) de mil novecientos noventa y cinco (1995), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se dispuso:

“1º. Declarar probada la excepción propuesta por la Compañía de Seguros “La Previsora S.A.”

“2º. Declarar administrativamente responsable a la demandada Electrificadora del Atlántico S.A., por la muerte del señor Luis Epifanio Navas Sierra, ocurrida el 27 de junio de 1989 y por las lesiones psicofísicas sufridas por el señor Eliecer Antonio de Jesús Sierra Sosa en la misma fecha.

“3º. Como consecuencia de la declaración anterior y a manera de reparación del daño se condena en concreto a la Electrificadora del Atlántico S.A., a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales irrogados, a saber:

“a): A la señora María Zenira Rojo Parra y a los menores Luis Miguel y Jazmin María Navas Rojo, por concepto de: lucro cesante: La suma de doce millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos ($ 12.953.600) moneda corriente, debidamente actualizada, teniendo en cuenta la variación de índice de precios al consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y por perjuicios morales: el equivalente a dos mil (2.000) gramos oro, al precio que tenga el gramo oro a la fecha de ejecutoria de la sentencia, certificado por el Banco de la República, en la proposición indicada en la parte motiva de este proveído; y

“b): Al señor Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa, por concepto de: 1º): Daño emergente: La suma de ciento cincuenta y seis mil quinientos sesenta pesos ($ 156.560) moneda corriente, debidamente actualizada de acuerdo con la variación del índice de precios del consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; 2º): Lucro cesante: La suma de ciento cinco mil pesos ($ 105.000.oo) moneda corriente, debidamente actualizada, de acuerdo con la variación de índice de precios al consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y 3º): Perjuicios Morales: Lo equivalente a trescientos (300) gramos de oro, al precio del metal que certifique el Banco de la República en la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

“4º. Las cantidades liquidadas reconocidas en el punto anterior, previa actualización, devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta misma sentencia y moratorios después de este término.

“5º. Condénase a la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. a cancelar a la asegurada Electrificadora del Atlántico S.A., hasta concurrencia de la suma de ocho millones quinientos treinta mil pesos ($ 8.530.000.oo)

“6º. Denegar las súplicas de la demanda. (sic)

“7º. Esta sentencia deberá ejecutarse dentro de los términos señalados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

“Cópiese, notifíquese, cúmplase y consúltese en caso de no ser apelada.”

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones

La señora María Zenira Rojo Parra, en nombre propio y en representación de sus menores hijos Luis Miguel y Jazmin María Navas Rojo y el señor Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., el 15 de diciembre de 1.989, formularon demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para que se les indemnizara de todos los perjuicios morales y materiales ocasionados con la muerte de Luis Epifanio Navas Sierra y las lesiones recibidas por Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa el día 27 de junio de 1989 en el municipio de Baranoa (Atlántico).

2. Fundamentos de hecho

El día 27 de junio de 1989, cuando los señores Luis Epifanio Navas Sierra y Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa trataban de instalar una antena de televisión en el tercer piso del “Liceo Nuestra Señora del Carmen” del municipio de Baranoa (Atlántico), fueron electrocutados por unas redes conductoras de energía de alta tensión ubicadas sin previsión alguna a treinta centímetros del citado establecimiento escolar.

Como consecuencia de este hecho, el señor Luis Epifanio Navas Sierra falleció y el señor Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa sufrió graves lesiones.

3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la responsabilidad de la Electrificadora del Atlántico S.A. por la muerte de Luis Epifanio Navas Sierra y las lesiones recibidas por Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa bajo el régimen del riesgo excepcional “por causa de la ubicación indebida de las líneas de la red eléctrica respecto a la edificación y no porque la conducta de las citadas víctimas hubiera incluido una actuación vedada o ilícita”.

Por concepto de perjuicios morales el Tribunal de instancia reconoció, con respecto al grupo familiar Navas Rojo, la cantidad de 1000 gramos oro para la cónyuge de la víctima y 500 gramos oro ya que “por razón de la escasa edad de los menores hijos del causante para la fecha en que este falleció no puede considerarse como mayor el dolor y la aflicción que estos en ese momento padecieron”. Y para el señor Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa la cantidad de 300 gramos oro.

En relación con los perjuicios materiales, accedió a indemnizar al mencionado grupo familiar solo en la modalidad de lucro cesante y al señor SIERRA por ambos conceptos.

Y condenó a la Compañía aseguradora llamada en garantía por el total del valor asegurado.

4. Razones de la apelación

La Electrificadora del Atlántico S.A., por medio de apoderado judicial, interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, solicita su revocatoria y en su lugar negar las súplicas de la demanda si se tiene en cuenta que no es responsable de la muerte del señor Navas Sierra y las lesiones del señor Sierra Sosa al configurarse en el presente caso las causales exonerativas de hecho del tercero y culpa de la víctima.

En opinión del apoderado judicial de la parte demandada, el tribunal no tuvo en cuenta las circunstancias probatorias constitutivas de la causal exonerativa hecho del tercero consistentes en que los propietarios del “Liceo Nuestra Señora del Carmen” construyeron el tercer piso de manera imprudente y con violación de normas urbanísticas al quedar ubicado a una distancia muy escasa de las redes eléctricas cuya instalación, en cambio, sí se realizó en las condiciones técnicas requeridas.

Además considera que de acuerdo con las pruebas testimoniales obrantes en el expediente, la conducta imprudente de las víctimas consistente en pretender instalar una antena de televisión en el tercer piso del citado establecimiento educativo sin tener en cuenta que “la atracción magnética que hace la línea con el elemento hierro aluminio de la Antena hace un arco”, contribuyó a la causación del daño, configurándose de tal manera la causal denominada culpa de la víctima.

También afirma que el régimen del riesgo excepcional invocado por el a quo como fundamento de responsabilidad no es aplicable en el presente caso al no haber roto la entidad demandada la igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas.

En el evento de que se confirme la sentencia apelada, solicita su revocatoria en cuanto declara probada la excepción propuesta por la Compañía de Seguros “La Previsora S.A.” y la actualización de la condena impuesta a esta.

Por su parte la apoderada de la Compañía de Seguros “La Previsora S.A.” igualmente solicita negar las súplicas de la demanda de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico al considerar que se encuentran plenamente demostradas las causales exonerativas de hecho del tercero y culpa de la víctima, a diferencia de lo que ocurre con la vinculación laboral de la víctima que en el presente caso no está probada.

Finalmente aporta copia auténtica del anexo de aclaración Nº 4474 correspondiente a la póliza de seguros Nº RC891 en donde se limitó el amparo por persona a la suma de cinco millones ($ 5’000.000) para que sea tenido como prueba, de acuerdo con el num. 4 del art. 361 del Código de Procedimiento Civil.

5. Actuación en segunda instancia

La parte demandada presentó alegatos de conclusión. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio dentro del término concedido para el efecto.

El apoderado judicial de la Electrificadora del Atlántico S.A. reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de sustentación del recurso de apelación en cuanto considera que en el presente caso la situación de riesgo proveniente de la ubicación de las líneas y la construcción del tercer piso no fue la causa determinante del daño sino la conducta inexperta e imprudente de las víctimas, configurándose de tal manera la causal exonerativa culpa de la víctima

Agrega que está demostrado que la actividad peligrosa existente no es imputable a la Electrificadora pues la instalación de las redes eléctricas se realizó en las condiciones técnicas requeridas, sino a los propietarios del “Liceo Nuestra Señora del Carmen” que construyeron el tercer piso de manera riesgosa e imprudente con posterioridad a dicha instalación.

Manifiesta que existe ineptitud sustantiva de la demanda pues de la causa petendi se infiere que de manera contradictoria la parte actora invocó simultáneamente como fundamento de responsabilidad la falla del servicio y la actividad peligrosa y que los perjuicios materiales reconocidos por el a quo en favor de la cónyuge e hijos de la víctima no se pueden presumir y en el presente caso no se encuentran probados.

Consideraciones de la Sala

La Sala modificará la sentencia recurrida con fundamento en las razones que pasan a exponerse.

1. El régimen de responsabilidad patrimonial del estado aplicable en el caso de daños ocasionados por redes eléctricas

En primer lugar, si se tiene en cuenta que la muerte del señor Navas Sierra y las lesiones del señor Sierra Sosa se produjeron al ser electrocutados por unas redes conductoras de energía de alta tensión, es necesario precisar el fundamento de responsabilidad bajo el cual debe examinarse el asunto en estudio.

La Sala recuerda que ha sido admitida por la doctrina y la jurisprudencia(1) la aplicación del régimen de responsabilidad denominado riesgo excepcional en el caso de daños ocasionados por las redes de energía eléctrica, siempre que dadas las circunstancias de cada caso en concreto, no se esté en presencia de una falla probada del servicio. 

De igual manera, se destaca que el mencionado régimen de responsabilidad se definió en sentencia del 20 de febrero de 1989(*), expediente 4655, actor Alfonso Sierra Velásquez, C.P. Antonio José de Irisarri, en los siguientes términos:

(*) Véase J. y D., Nº 208, pág. 249 (N. del D.).

“c) Responsabilidad por el riesgo excepcional. Según esta teoría, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utilice recursos que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio.

Tiénese entonces que, según esta concepción, siempre que la actividad generadora de riesgo se cumple en provecho de la colectividad, las cargas que de aquélla puedan derivarse no deben gravar más a unos ciudadanos, que a otros. No sería lógico, en efecto, que al tiempo que la administración se lucra de un servicio público, se empobrezca paralelamente un administrado. Es la aplicación del aforismo "ubi emolumentum ibi onus esse debet", según el cual quien quiera que obtenga beneficios de una actividad generadora de riesgos, asume las cargas que de éstos se deriven. En otras palabras, es el precio que fatalmente debe pagar el Estado frente a la modernización de los servicios a su cargo y que se traduce en una protección especial y excepcional al patrimonio lesionado”.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación pareciera distinguir entre el riesgo excepcional que tal como se dejó atrás expuesto es un régimen de responsabilidad objetiva, cuya aplicación se predica, entre otros, en los eventos relacionados con los daños producidos por las redes eléctricas, y el ejercicio de las actividades peligrosas como el uso de armas de fuego o la conducción de vehículos automotores donde se ha considerado que opera una presunción de responsabilidad(2). Es decir se habla de responsabilidad objetiva cuando se aplica la teoría del riesgo excepcional y de presunción de responsabilidad si se trata de la noción de actividad peligrosa.

Sin embargo la Sala precisó en sentencia del 24 de agosto de 1992 (Exp. No. 6754) que estos conceptos son idénticos pues ambos constituyen un régimen de responsabilidad objetiva del Estado derivado del ejercicio de actividades peligrosas o riesgosas -automotores, armas de fuego, energía eléctrica-.

Actividades que siempre crean una presunción de responsabilidad contra el causante del daño (el Estado), la cual sólo se desvirtúa, en uno u otro caso, mediante la prueba de una causa extraña (fuerza mayor, hecho exclusivo de tercero o hecho exclusivo de la víctima).

En conclusión, los daños provenientes de las redes eléctricas así como del uso de armas de fuego o la conducción de vehículos automotores son conceptos que no presentan diferencia alguna pues se trata de la creación de un riesgo excepcional por el ejercicio de actividades peligrosas, en cuyo caso la responsabilidad es objetiva y el Estado sólo se exonera o se libera por medio de la prueba de una fuerza mayor, del hecho de un tercero o de culpa exclusiva de la víctima (causa extraña).

2. El caso concreto: la responsabilidad del Estado por la muerte de Luis Epifanio Navas Sierra y las lesiones recibidas por Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa 

No obstante la conclusión precedente, la Sala considera que en el asunto en estudio la responsabilidad administrativa del Estado debe manejarse bajo la perspectiva de la falla probada del servicio y no con fundamento en la teoría del riesgo excepcional como lo declaró el Tribunal de instancia, pues según con el acervo probatorio que obra en el expediente, está demostrada la inadecuada prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la Electrificadora del Atlántico S.A. 

En efecto, tanto los testimonios como el dictamen pericial (fls. 213-217) son indicativos de la responsabilidad de la entidad demandada en el hecho con fundamento en la teoría de la falla probada del servicio, tal como se pasará a demostrar.

2.1. La prueba testimonial

La manera como sucedieron los hechos es relatada por el testigo presencial Braulio Antonio Viloria Escalante en la declaración extrajuicio rendida ante el Juez Promiscuo Municipal de Baranoa (Atlántico) el 4 de agosto de 1989 y con asistencia de funcionario representante de la entidad demandada, en los siguientes términos:

“Preguntado: Diga el declarante si por su condición de vecino del Liceo Nuestra Señora del Carmen de algún modo tiene conocimiento de la ocurrencia de algunos hechos relacionados con las instalaciones eléctricas de dicho establecimiento y las cercanas al mismo, en caso afirmativo sírvase hacer un relato amplio y suficiente de todo lo que sepa y le conste en relación con esos hechos, Contesto: el día 27 de Junio a las cuatro de la tarde los señores Eliecer Sierra y Luis Navas bajaron la antena que estaba en el tercer piso del Liceo era la antena del televisor cuando el señor Luis se arquió (sic) para entregarle la antena al señor Eliecer Sierra la antena se les voltio (sic) ya que el cable que pasa cerca al colegio estaba demasiado pegado le hizo contacto y de ahí vino el accidente, yo que estava (sic) parado en la ventana de mi casa vi cuando los señores se les prendió la antena corrí a socorrer al tercer piso al señor Eliecer Sierra ya que por la peligrosidad que hay en el techo no pude prestarle auxilio al señor Luis Navas ...llevé al señor Eliecer Sierra al Hospital y al mismo tiempo llegué a la electrificadora a ver si el carro bajaba la palanca para así poder bajar al señor Luis Navas pero el carro no se encontraba en esos momentos, cuando regresé ya el señor Luis Navas lo habían bajado....” (folios 18-19).

Así mismo se cita el testimonio de la señora Margarita de la Cruz rendido en la misma diligencia atrás mencionada, quien sobre el estado que presentaba uno de los postes ubicado en el sitio de los acontecimientos al momento de ocurrir la tragedia y que con posterioridad fue remplazado por la entidad demandada, expresó:

“Preguntado: Sírvase describir el poste que fue cambiado, es decir el que fue quitado, Contesto: Tenía la parte inferior escarchada todo ya deteriorado nada más se le veían las líneas de las varillas en la parte inferior como a diez centímetros del piso hacia arriba aproximadamente un metro dañado, estaba medio inclinado, totalmente recto no estaba, inclinado, medio inclinado hacia la calle, estaba aguantado con un alambre que le colocaron, desde hace tiempo la madera de arriba ya estaba viejita y toda la madera se la cambiaron ahora” (fl. 17).

2.2. La prueba pericial

Del dictamen pericial rendido por el arquitecto Martín E. Mestre Yunez y el ingeniero eléctrico Federico R. Blanco Rodríguez (fls. 213-217) se destaca que uno de los postes que servía de base a las líneas primarias de energía presentaba una inclinación o “un ligero cambio de dirección de 2 grados” así como el cable conductor de energía eléctrica de 13.200 voltios se encontraba sin protección o “desnudo” y ubicado muy por debajo de “la distancia mínima que debe ser de 1.80 mts entre la línea y la parte más alta y próxima de la edificación” al estar separado solo 35 centímetros del balcón del tercer piso donde ocurrió el accidente y por lo tanto, como medidas mínimas de seguridad se “podría aislar el tramo de cable con aislamientos especiales usados en el mantenimiento de redes (cauchos), pero ese sistema no es duradero; por lo que se recomienda relocalizar la línea o proyectarla subterránea en el tramo de la edificación...”

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se desprende que en el presente caso la falla del servicio se manifiesta en forma clara, pues según las pruebas obrantes en el expediente y en particular tanto el informe pericial (fls. 213-217) como los diversos testimonios atrás referidos (fls. 17-19), acreditan que la muerte de Luis Epifanio Navas Sierra y las lesiones recibidas por Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa ocurrieron el día 27 de junio de 1989 en el municipio de Baranoa (Atlántico) como consecuencia de la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica por la entidad demandada al no suministrar las medidas mínimas de seguridad, pues en el sitio de los acontecimientos uno de los postes se encontraba inclinado y en malas condiciones y los cables conductores de energía estaban descubiertos sin protección alguna y sin cumplir la distancia límite que debe existir con respecto a la edificación. 

La Sala concluye que resultaba innecesario acudir a la teoría del riesgo ante la evidencia probatoria de la falla del servicio público de energía eléctrica por la inadecuada prestación del mismo y la omisión de la administración en tomar las medidas de prevención que las circunstancias particulares del caso imponían.

Por lo tanto, se impone condenar a la Electrificadora del Atlántico S.A., tal como lo efectuó el Tribunal Administrativo del Atlántico, pero con fundamento en este régimen de responsabilidad.

3. Causales de exoneración de la responsabilidad aducidas por los apoderados de la entidad demandada y de la llamada en garantía

Según los apoderados de la entidad demandada y de la llamada en garantía el hecho se debió a la culpa exclusiva de la víctima y a la actividad de terceros. Para la Sala no se configuraron las causales de exoneración alegadas, porque en primer término la entidad demandada para liberarse de responsabilidad tenía la carga de demostrar la instalación y el cumplimiento de su obligación en el mantenimiento de las redes eléctricas en condiciones que no representaran peligro para los vecinos del “Liceo Nuestra Señora del Carmen” en el municipio de Baranoa (Atlántico), o que el hecho exclusivo de la víctima o de un tercero fue la causa eficiente del daño y en el presente caso tal demostración no se hizo.

En efecto, afirman dichos apoderados que la responsabilidad no es atribuible a la entidad dado que se constituye como la causa generadora del perjuicio la actividad de terceros consistente en que los propietarios del “Liceo Nuestra Señora del Carmen” construyeron el tercer piso de manera imprudente y con violación de normas urbanísticas al quedar ubicado a una distancia muy escasa de las redes eléctricas, cuya instalación se realizó con anterioridad a dicha construcción y en las condiciones técnicas requeridas.

Sin embargo, no existe certeza probatoria de tal afirmación ya que la entidad demandada no cumplió con la carga de acreditar que efectivamente el hecho se produjo por la actividad de terceros, es decir, que los propietarios del “Liceo Nuestra Señora del Carmen” construyeron el tercer piso con posterioridad a la instalación de las redes eléctricas si se tiene en cuenta que a folio 155 obra el informe rendido el 4 de febrero de 1991 por la Jefe de la Oficina de Planeación del municipio de Baranoa (Atlántico), quien manifiesta que según el propietario del “Liceo Nuestra Señora del Carmen”, la construcción se inició en 1960 y concluyó en 1970, y que para esta fecha la Oficina de Planeación no existía pues fue creada mediante acuerdo municipal Nº 005 que entró en vigencia el 13 de diciembre de 1984.

Mientras que a folio 212 el Director de la División de Planeación de la Electrificadora del Atlántico S.A. certifica que el servicio de redes eléctricas existente en el “Liceo Nuestra Señora del Carmen”, es prestado por esta entidad desde 1962.

En consecuencia, como lo afirma el dictamen pericial rendido en el curso del proceso “...es difícil establecer cual de las dos fue construida primero, porque según informe verbal del la Electrificadora el tendido fue ejecutado en 1.961 a 1.962 y según informe verbal del propietario de la edificación se inició la construcción en 1.960, pero no existen documentos probatorios” (fls. 213-217).

Ahora bien, la entidad demandada y la compañía aseguradora llamada en garantía manifiestan que así como la actividad de terceros, la conducta imprudente de las víctimas consistente en pretender instalar una antena de televisión en el tercer piso del citado establecimiento educativo, también contribuyó a la causación del daño.

La Sala considera que tal afirmación no halla respaldo en las pruebas existentes dentro del expediente que permita configurar en el presente caso la causal exonerativa alegada, si se tiene en cuenta que en el caso sub judice entre la conducta de las víctimas consistente en que el señor Luis Navas bajó la antena del televisor que estaba en el tercer piso del “Liceo Nuestra Señora del Carmen” y se la entregó al señor Eliecer Sierra, la muerte de aquel y las lesiones recibidas por este no hay relación de causalidad, pues quedó suficientemente acreditado que la tragedia se produjo porque en el “Liceo Nuestra Señora del Carmen” uno de los postes se encontraba inclinado y en malas condiciones. Igualmente, los cables conductores de energía estaban “desnudos” sin protección alguna y sin cumplimiento de la norma mínima de distancia (1.80 metros) que deben presentar con respecto a la edificación más próxima.

En conclusión, todas las circunstancias aducidas por los apoderados de la entidad demandada y de la llamada en garantía como constitutivas de exoneración no alcanzan a romper la relación de causalidad con el daño y en consecuencia, no hubo ninguna causa extraña en el hecho atribuido a la Electrificadora del Atlántico S.A., ni por parte de la víctima ni de terceros, motivo por el cual se procederá a confirmar la sentencia recurrida.

4. Legitimación en la causa

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se tiene por demostrado que Luis Epifanio Navas Sierra y María Zenira Rojo Parra se unieron en matrimonio católico en la Parroquia de La Candelaria del municipio de Galapa (Atlántico) el 25 de agosto de 1956 (fl. 32) y de esa unión nacieron dos hijos: Luis Miguel (fl. 33) y Jazmin María Navas Rojo (fl. 55).

5. Indemnización de perjuicios

5.1. Perjuicios Materiales

5.1.1. Grupo familiar Navas Rojo

En relación con la censura realizada por el apoderado de la parte demandada en el alegato de conclusión surtido en esta instancia (fls. 363-372) en cuanto al reconocimiento del a quo de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de la cónyuge y de las hijos de la víctima, con el argumento de no haber acreditado aquellas suficientemente los vínculos de dependencia económica con respecto a estas, la Sala considera que debe confirmarse dicha decisión si se tiene en cuenta que la Jurisprudencia(3) de la Sala ha establecido que de acuerdo con el artículo 411 del Código Civil, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a cargo de los padres o el cónyuge en beneficio de los hijos y la esposa, es posible presumir la causación del daño.

Ahora bien, a pesar de que el salario base de liquidación del señor Luis Epifanio Navas correspondiente a la suma de $ 32.000 (folio 35) no fue actualizado por el tribunal de instancia en la sentencia al momento de liquidar los perjuicios materiales y tampoco fue objeto de recurso de apelación por el apoderado de la parte actora, la Sala procederá a su actualización si se tiene en cuenta que de acuerdo con el principio de la indemnización integral del daño para la víctima, dichos ingresos no se refieren al momento de la muerte ocurrida el 27 de junio de 1989 sino al momento de este fallo.

Así lo dispone hoy el artículo 16 de la ley 446 de 1998 al señalar que: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y de equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

En este orden de ideas, la Sala modificará la liquidación de los perjuicios materiales para actualizarlos hasta la fecha de esta sentencia, de acuerdo con los parámetros que fueron adoptados por el a quo.

Renta actualizada

Salario base de liquidación: $ 32.000 (folio 35)

Actualización de esa suma hasta la fecha de esta sentencia:

F108201
 

Como salario se toma este valor actualizado -$ 217.429 - del cual se tiene en cuenta solo el veinte por ciento (20%), en razón de que ese fue el porcentaje que el tribunal de instancia consideró que destinaba el occiso para su propio sostenimiento y este punto no fue objeto de apelación por los demandantes. El valor resultante ($ 173.943,2) se distribuye la mitad para la cónyuge, es decir, $ 86.971,6 y la otra mitad para las dos hijos menores, o sea, $ 43.485,8 para cada uno.

Bases para la liquidación

Occiso: Luis Epifanio Navas Sierra

Fecha muerte: Junio 27/89

Fecha nacimiento: Agosto 25/55 (fl.54)

Vida probable: 42.42 años = 509.04 meses

Cónyuge: María Zenira Rojo Parra

Indem. debida: 109.8 meses

Indem. futura: 399.24 meses

Hijo: Luis Miguel Navas Rojo

Fecha nacimiento: Marzo 30/84 (fl. 33)

Indem. debida: 109.8 meses

Indem. futura: 43.3 meses

Hija: Jazmin María Navas Rojo

Fecha nacimiento: Abril 17/87 (fl. 55)

Indem. debida: 109.8 meses

Indem. futura: 79.9 meses

Liquidación

- Indemnización debida para María Zenira Rojo Parra:

F108202
 

- Indemnización futura para María Zenira Rojo Parra:

F108203
 

- Indemnización debida para Luis Miguel y Jazmin María Navas Rojo:

F108204
 

- Indemnización futura para Luis Miguel Navas Sierra:

F108205
 

- Indemnización futura para Jazmin María Navas Sierra:

F108206
 

Resumen

BeneficiarioI. DebidaI. FuturaTotales
María Zenira Rojo$ 12’583.948,2$ 15’297.569,7$ 27’881.517,9
Luis M. Navas S.$ 6’291.974,1$ 1’694.061,8$ 7’986.035,9
Jazmín M. Navas S.$ 6’291.974,1$ 2’872.905,7$ 9’164.879,8

5.1.2. Indemnización correspondiente al señor Sierra Sosa

En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra procedente confirmar el reconocimiento efectuado por el tribunal de instancia por concepto de gastos de fisioterapia (fl. 41), curaciones (fl. 42) y de drogas (fl. 51) por un valor total de $ 156.560.oo que tuvo que asumir la víctima Sierra Sosa como consecuencia de las lesiones recibidas el día 27 de junio de 1989.

Por lo tanto, la Sala actualizará esta suma hasta la fecha de esta sentencia:

F108207
 

Y con respecto al lucro cesante la Sala considera que igualmente está acreditado que de acuerdo con la certificación médica (fl. 47) expedida por el Dr. Heriberto Vargas y posteriormente reconocida en testimonio recepcionado en el curso del proceso (fls. 145-148), al señor Eliecer Sierra Sosa se le dictaminó una incapacidad laboral por el término de tres meses contados a partir del 27 de julio de 1989, día de ocurrencia de los hechos del asunto en cuestión.

Renta actualizada

Salario base de liquidación: $ 35.000 (folio 40)

Actualización de esa suma hasta la fecha de esta sentencia:

F108208
 

Liquidación

- Indemnización debida para Eliecer Sierra Sosa:

F108209
 

Resumen

BeneficiarioDaño emergenteLucro cesante
(I. Debida)
Totales
Eliecer Sierra$1’000.567$716.917$1.717.484

5.2. Perjuicios Morales

Respecto de los perjuicios morales la Sala confirmará la condena proferida por el a-quo que ordenó el pago máximo que la jurisprudencia ha reconocido en casos similares para resarcir los perjuicios morales de la señora María Zenira Rojo Parra, esto es un mil (1000) gramos oro en favor de la cónyuge de la víctima cuando esta fallece.

Si bien la Corporación de manera reiterada(4), particularmente desde la sentencia proferida el 16 de noviembre de 1989, expediente 5606, actor: Campo Elías Martínez Grijalba y Otros, Consejero Ponente: Dr. Gustavo de Greiff Restrepo, ha ordenado la indemnización por concepto de perjuicios morales en favor de los hijos menores y póstumos en una suma equivalente a mil (1000) gramos de oro, en el presente caso la Sala confirmará la condena de quinientos (500) gramos de oro efectuada por el tribunal de instancia en favor de cada uno de los menores Luis Miguel y Jazmin María Navas Rojo, en su condición de hijos de la víctima, ya que tal aspecto no fue objeto de recurso de apelación por el apoderado de la parte actora.

Finalmente, la Sala encuentra también procedente mantener la decisión del a quo que concedió la cantidad de trescientos (300) gramos oro en favor del señor Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa, debido a la profunda aflicción que sufrió con ocasión de las graves lesiones causadas.

6. El llamamiento en garantía

La Sala considera que la excepción de “limitación de responsabilidad” propuesta por la Compañía de seguros La Previsora S.A. se encuentra probada en el expediente, tal como lo declaró el tribunal de instancia, y en consecuencia, se confirmará la condena impuesta a dicha Aseguradora de cancelar a la asegurada Electrificadora del Atlántico S.A., hasta concurrencia de la suma $ 8.530.000.oo, en razón de la existencia de un contrato de seguros celebrado entre las partes contenido en la póliza No. RC-891 (fl. 103) de noviembre 22 de 1988, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, con un valor global asegurado de $ 10.000.000.oo pero con deducciones hechas por riesgos cubiertos equivalentes a $ 1.470.000.oo, de acuerdo con las órdenes de pago Nº 86027, 79878 y 79853 (fls. 115-117).

Ahora bien, en relación con los argumentos expresados por el apoderado judicial de la parte demandada en el escrito de sustentación del recurso de apelación en el sentido de actualizar la condena impuesta a la compañía de seguros, la Sala considera improcedente dicha solicitud toda vez que en nuestra legislación en materia contractual, en principio, tiene aplicación la teoría nominalista según la cual el acreedor ha de soportar tanto las desvalorizaciones como las valorizaciones producidas con ocasión de las alteraciones del dinero y en el presente caso entre la compañía de seguros La Previsora S.A. y la asegurada Electrificadora del Atlántico S.A., existe una relación contractual contenida en la póliza No. RC-891 (fl. 103) de noviembre 22 de 1988, vigente entre el 21 de noviembre de 1988 y el 20 de noviembre de |989, y con un valor global asegurado de $ 10.000.000.oo sin que las partes hubieran acordado contemplar cláusulas de reajuste o actualización como las solicitadas por la entidad demandada.

Cosa distinta sería, como lo ha entendido la jurisprudencia civil(5), que la sentencia impusiera la obligación de restituir una suma de dinero pues en ese evento solo podrían volverse las cosas a su estado anterior ordenando su devolución actualizada y el pago de los intereses correspondientes.

En estos términos, la Sala encuentra también procedente mantener la decisión del a quo que condenó a la Compañía de seguros La Previsora S.A. a cancelar la suma de $ 8.530.000.oo, a la asegurada Electrificadora del Atlántico S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 18 de enero de 1995, la cual quedará así:

1º. Declarar probada la excepción propuesta por la Compañía de Seguros “La Previsora S.A.”

2º. Declarar administrativamente responsable a la demandada Electrificadora del Atlántico S.A., por la muerte del señor Luis Epifanio Navas Sierra, ocurrida el 27 de junio de 1989 y por las lesiones psicofísicas sufridas por el señor Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa en la misma fecha.

3º. Como consecuencia de la declaración anterior y a manera de reparación del daño se condena en concreto a la Electrificadora del Atlántico S.A., a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y morales irrogados, a saber:

a): A la señora María Zenira Rojo Parra, por concepto de: lucro cesante: La suma de veintisiete millones ochocientos ochenta y un mil quinientos diecisiete pesos con nueve centavos ($ 27’881.517,9) moneda corriente, debidamente actualizada, teniendo en cuenta la variación de índice de precios al consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y por perjuicios morales: el equivalente a mil (1.000) gramos oro, al precio que tenga el gramo oro a la fecha de ejecutoria de la sentencia, certificado por el Banco de la República, en la proposición indicada en la parte motiva de este proveído;

b): Al menor Luis Miguel Navas Rojo, por concepto de: lucro cesante: La suma de siete millones novecientos ochenta y seis mil treinta y cinco pesos con nueve centavos ($ 7’986.035,9) moneda corriente, debidamente actualizada, teniendo en cuenta la variación de índice de precios al consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y por perjuicios morales: el equivalente a quinientos (500) gramos oro, al precio que tenga el gramo oro a la fecha de ejecutoria de la sentencia, certificado por el Banco de la República, en la proposición indicada en la parte motiva de este proveído;

c): A la menor Jazmin María Navas Rojo por concepto de: lucro cesante: La suma de nueve millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos con ocho centavos ($ 9’164.879,8) moneda corriente, debidamente actualizada, teniendo en cuenta la variación de índice de precios al consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y por perjuicios morales: el equivalente a quinientos (500) gramos oro, al precio que tenga el gramo oro a la fecha de ejecutoria de la sentencia, certificado por el Banco de la República, en la proposición indicada en la parte motiva de este proveído;

d): Al señor Eliecer Antonio de Jesus Sierra Sosa, por concepto de: 1º): daño emergente: La suma de un millón quinientos sesenta y siete pesos ($ 1’000.567) moneda corriente, debidamente actualizada de acuerdo con la variación del índice de precios del consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; 2º): lucro cesante: La suma de setecientos sieciseis (sic) mil novecientos diecisiete pesos ($ 716.917) moneda corriente, debidamente actualizada, de acuerdo con la variación de índice de precios al consumidor certificado por el DANE desde el mes de Junio de 1989 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y 3º): Perjuicios Morales: Lo equivalente a trescientos (300) gramos de oro, al precio del metal que certifique el Banco de la República en la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

4º. Las cantidades liquidadas reconocidas en el punto anterior, previa actualización, devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta misma sentencia y moratorios después de este término.

5º. Condénase a la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. a cancelar a la asegurada Electrificadora del Atlántico S.A., hasta concurrencia de la suma de ocho millones quinientos treinta mil pesos ($ 8.530.000.oo)

6º. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Carrillo B.—Juan de Dios Montes H.—German Rodriguez V.—Daniel Suárez Hernández.

Lola Elisa Benavides Lopez, Secretaria Sección.

1 Entre otras, Sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Bogotá, 18 de noviembre de 1940. Magistrado Ponente: Dr. Liborio Escallón; Sentencia del 2 de febrero de 1984. Consejero Ponente: Eduardo Suescún. Expediente No. 2744. Actor: Enrique Mejía Ruiz; y Sentencia del 20 de febrero de 1989. Consejero Ponente: Antonio José de Irisarri. Expediente No. 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez.

2 A título de ejemplo, se destacan entre otras: sentencias del 24 de agosto de 1992, expediente No. 6754 y del 15 de abril de 1994, expediente No. 8536, Consejero Ponente: Doctor Carlos Betancur Jaramillo, y sentencias del 16 de junio de 1997, expediente No. 10.024 y del 30 de julio de 1998, expediente No. 10.981, con ponencia de quien proyecta este fallo.

3 Entre otras, Sentencia del 22 de octubre de 1992. Consejero Ponente: Daniel Suarez Hernández. Expediente N° 6951. Actor: Pedro Pablo Contreras.; Sentencia del 10 de noviembre de 1995. Consejero Ponente: Dr. Jesús Carrillo Ballesteros. Expediente N° 10339. Actor: Migdalia Abella Peña.; Sentencia del 6 de junio de 1996. Consejero Ponente: Daniel Suarez Hernández. Expediente N° 10631. Actor: Mercedes Rodríguez Díaz.; Sentencia del 12 de diciembre de 1996. Consejero Ponente: Dr. Jesús Carrillo Ballesteros. Expediente N° 10651. Actor: Nohora Saavedra de Ramírez y Otros.; y Sentencia del 16 de julio de 1998, expediente No. 10.916, con ponencia de quien proyecta este fallo.

4 A título de ejemplo, entre otras: Sentencia de 22 de agosto de 1990. Consejero Ponente: Clara Forero de Castro. Expediente No. S-136. Actor: Luis Francisco Rosero y Otros; Sentencias del 31 de agosto de 1990, expediente No. 5553 y del 11 de julio de 1996, expediente No. 9555, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo; y Sentencias del 31 de enero de 1997, expediente No. 9849, del 5 de marzo de 1998, expediente No. 10.303 y del 19 de marzo de 1998, expediente No. 10.817, todas con ponencia de quien proyecta este fallo.

5 Sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Bogotá, 24 de abril de 1979. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina Botero. Así mismo las sentencias del 9 de julio de 1979 y del 30 de marzo de 1984.