Sentencia de homologación 10841 de marzo 17 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

APLICACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

NO SE CONDICIONA A LA EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EXTRACTOS: «La decisión del tribunal, en síntesis, se circunscribió a ordenar el cumplimiento de las mismas estipulaciones del acuerdo a que habían llegado las partes en un conflicto colectivo anterior, plasmado en una disposición convencional de cuyo tenor pretendió sustraerse el servicio seccional de salud de Norte de Santander, alegando la carencia de disponibilidad presupuestal para el efecto. Así, en la motivación del laudo, el tribunal de arbitramento se refirió a este punto en los siguientes términos:

“...Ha sido objeto de intensa controversia lo relacionado con la disponibilidad, ya que para los sindicatos ya mencionados la ley no exige, para su cumplimiento, que haya disponibilidad de recursos, y para el procurador judicial del servicio de salud en cambio es requisito sine qua non.

Para el tribunal esta divergencia de criterios se resuelve de la manera más sencilla teniendo en cuenta que lo convenido en las convenciones colectivas de trabajo puede ir más allá de la ley sustancial y generalmente así lo es porque en caso contrario no tendría razón la existencia misma de la convenciones.

Obsérvese...que, en dichas disposiciones, no se hace referencia alguna a la disponibilidad que así menciona el decreto... luego para el tribunal resulta incuestionable que lo acordado en dichas convenciones es lo que debe tenerse en cuenta, lo que significa que para la resolución de este asunto no debe mediar consideración de que (sic) si existía o no la disponibilidad”.

Los conflictos colectivos laborales tienen como una de sus finalidades esenciales el mejoramiento de derechos, frecuentemente de naturaleza económica. El mecanismo ordinario para lograr ese derrotero es la negociación colectiva, ya bien a través de los acuerdos colectivos de trabajo ora mediante los laudos arbitrales proferidos por los tribunales de arbitramento en los casos en que la ley los faculta para dirimir los conflictos de intereses.

Las únicas limitaciones que tienen los árbitros en los conflictos colectivos de trabajo de naturaleza obligatoria son las que expresamente señala el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, entre las cuales no se encuentra ni expresa ni tácitamente la restricción planteada por la entidad recurrente.

A su turno, respecto de las cuestiones de orden económico en el recurso de homologación, es función de la Corte Suprema de Justicia verificar la regularidad del laudo, que los árbitros no hayan incurrido en ninguna extralimitación de sus potestades, por lo que sí la decisión fue en equidad no le es dable a ésta corporación anularla, a menos que hubiese sido manifestamente inequitativa, lo que no ocurre en el caso presente en el que el laudo se limitó a estatuir unos derechos iguales a los contemplados normativamente para otros servidores públicos.

En este orden de ideas, aceptar que so pretexto de la “disponibilidad” puedan anularse decisiones de tribunales de arbitramento obligatorio, equivale a permitir que se lesione la razón ser y los propósitos de la negociación colectiva.

Se muestra así que la determinación del tribunal arbitral de disponer el reconocimiento y pago del incremento salarial acordado convencionalmente fue una decisión adoptada en equidad y, en este orden de ideas, no le es dado a la Corte, conforme reiterada jurisprudencia sobre el punto, modificar o anular lo resuelto por el tribunal, porque no es posible predicar en el presente asunto que el fallo haya sido manifiestamente inequitativo o ilegal.

En consecuencia, la argumentación de la entidad recurrente en el sentido de condicionar la aplicación de la nivelación salarial a la existencia de disponibilidad presupuestal y a la apropiación y situado fiscal de los recursos no es de recibo para acceder a la inexequibilidad de la decisión adoptada por el tribunal toda vez que esa circunstancia no es una exigencia indispensable para la aplicación de beneficios convencionales, so pena de que por esa vía se pueda incurrir en el desconocimiento del derecho a la negociación colectiva.

De tal modo, y habida consideración de que la determinación de los árbitros se ajusta a la competencia y facultades a ellos reconocidos por el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, se homologará lo decidido por el tribunal».

(Sentencia de homologación, marzo 17 de 1998. Radicación 10.841. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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