Sentencia 10848 de marzo 30 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

DOSIFICACIÓN DE LA PENA

REBAJAS POR CONFESIÓN Y SENTENCIA ANTICIPADA

EXTRACTOS: «De cara a la propuesta de interpretación errónea de los artículos 37, inciso 5º y 37B, numeral 1º del Código de Procedimiento Penal, como tema de la demanda, son imprescindibles las siguientes reflexiones:

Para la época en que el acusado se acogió a la sentencia anticipada, regía el artículo 37 con la modificación introducida por el artículo 3º de la Ley 81 de 1993 (nov. 2), después nuevamente reformado por el artículo 11 de la Ley 365 de 1997. El inciso 5º de la disposición aplicable, que es el objeto de la discusión, decía:

“El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera (1/3) parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad”. (se ha subrayado).

Es inconfundible la regla o mandato para el juez: antes de hacer la reducción de una tercera parte, por concepto de sentencia anticipada, el funcionario deberá “dosificar”, la pena. La dosificación o individualización de la pena consiste en graduarla por dosis o entregas prescritas en la ley.

Ocurre que el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, antes de la reforma prevista en el artículo 38 de la Ley 81 de 1993, consagraba una rebaja de la tercera parte de la pena en caso de confesión (ahora es de una sexta parte), precepto que se aplica por ser más favorable y era el vigente al momento de los hechos.

En la mencionada disposición, como se orienta a reducir la sanción, el legislador prescribió una de las dosis o cuotas que deben contar para graduarla, sin necesidad de establecer si se trata de un factor que hace parte de la estructura del delito o simplemente tiene naturaleza procesal. Desde luego que el instituto de la confesión participa de esta última característica, además se trata de una manifestación posdelictual, en la medida que nada tiene que ver con la acción típica, la antijuridicidad ni la culpabilidad del sujeto por el hecho criminoso.

Basta el imperativo legal, en el sentido de que cumplidas las condiciones legales de la confesión, la pena debe reducirse en una proporción determinada, que como tal hará parte de dosis o monto de la pena, sin atención a su naturaleza jurídica.

De modo que, como lo indica el precepto citado, la disminución de la tercera parte por sentencia anticipada, sólo puede hacerse sobre el monto obtenido después de la dosificación hecha con base en los demás factores concurrentes, entre los que cuenta la confesión idónea. La lectura del demandante y el procurador delegado es equivocada, además, porque la norma se refiere al “monto que determine el juez, después de dosificar la pena, no al monto previsto abstractamente en la ley, aunque obviamente aquella operación judicial debe partir de los mandatos legales.

La medición gradual o por momentos de la pena, igualmente, respeta un orden lógico dentro del sistema procesal penal colombiano, pues, dentro de un proceso normal, la confesión debe hacerse en la primera versión del imputado, mientras que la aceptación de responsabilidad sólo puede intentarse a partir de la ejecutoria de la resolución de situación jurídica.

Ahora bien, es cierto que el artículo 61 del Código Penal prevé los criterios y reglas generales para determinar la punibilidad, pero no se trata de una regulación taxativa, en la medida que otras normas especiales del ordenamiento jurídico-penal consagran otros factores de medición, tales como las que se refieren a la sentencia anticipada, la audiencia especial, la confesión y los beneficios por colaboración eficaz, entre otros (CPP, arts. 37, 37A, 37B, 299 y 369.A-J).

Por otra parte, el artículo 61 no se refiere sólo a “circunstancias del delito”, sino que alude a la expresión amplia de “circunstancias de atenuación o agravación”, entre las que incluye, si se leen atentamente los artículos 64 y 66 del Código Penal, manifestaciones de conducta anteriores, concomitantes y posteriores al hecho punible. A manera de ejemplo, el procurar voluntariamente, después de cometido el hecho, anular o disminuir sus consecuencias; o resarcir espontáneamente el daño o presentarse voluntariamente ante las autoridades, son factores cuya relación de analogía con las bases comportamentales de la confesión o de la aceptación de responsabilidad serían indiscutibles, aunque las consecuencias punitivas sean diferentes por diferenciarlo así expresamente la ley (C.Penal, arts. 64. numerales 6º, 7º y 8º, 65 y 67).

A la metodología descrita, tampoco se opone el tenor del numeral 1º del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 81 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

1. Acumulación de beneficios. El beneficio de rebaja de pena previsto en los artículos 37 y 37-A es adicional y se acumulará a todos los demás a que tenga derecho el procesado, pero en ningún caso se acumularán entre sí”.

La confusión en la lectura de este precepto se ha presentado por la utilización del verbo acumular. Sin embargo, más allá del argumento literal, teleológicamente se entiende que el legislador quiso establecer, por ejemplo, la autonomía de los beneficios y la compatibilidad de las rebajas correspondientes en caso de sentencia anticipada y confesión, a pesar de la similitud de las conductas que los propician, y por ello desde el texto original del artículo 37 se hace énfasis en que el primero “es adicional”.

Es que, si de interpretación gramatical se trata, el Diccionario de Uso del Español de María Moliner dice que una de las acepciones del verbo acumular es “juntar una cosa a otra de modo que se suma a ella o contribuye al mismo efecto” (Se ha resaltado). Frente a la disposición clara del inciso 5º del artículo 37, el más razonable entendimiento de la expresión “acumular” usada en el artículo 37B-1, ante la disyuntiva semántica ofrecida, es que la rebaja de pena por sentencia anticipada “contribuye al mismo efecto” de dosificarla, mediante una suma que se hace de cifras obtenidas a partir de distintos referentes.

El problema planteado ya ha sido definido claramente por la Sala en anteriores pronunciamientos. Así, en sentencia de casación del 20 de abril de 1999, con ponencia compartida de los magistrados Fernando Arboleda Ripoll y Ricardo Calvete Rangel, se dijo:

“No puede desconocerse que la utilización de la expresión “acumulación” en el enunciado y cuerpo de la norma (CPP., art. 37B-1) ha provocado interpretaciones disímiles, entre ellas la propuesta por la demandante, pero el contenido de la disposición, y las modificaciones que luego se le introdujeron (L. 365/97, art. 12), permiten lógicamente dejar establecido que lo pretendido por la ley no fue autorizar una suma aritmética de beneficios, entendida como conjunción de varias cantidades homogéneas en una sola, sino reconocer el carácter concursal o concurrente de la rebaja prevista en los artículos 37 y 37A, como los demás a que tuviere derechos el procesado.

Obsérvese que la norma, al negar el carácter concursal de estas rebajas entre sí (arts. 37 y 37A), utiliza la misma expresión (en ningún caso se acumularán, dice el precepto), no quedando duda del alcance que se le quiso dar a la expresión, en el sentido de compatibilidad o concurrencia.

La interpretación propuesta por la demandante, además de no resultar acorde con el texto del precepto, vendría a erigirse en factor de impunidad, en cuanto podría conducir a la exclusión total de la pena, e inclusive al absurdo de tener que reconocer saldos a cargo del Estado y en favor del procesado, haciendo que la certeza de su aplicación resulte siendo una burla, intolerable desde el punto de vista de los fundamentos y función asignados al derecho penal, o por mejor decir, al derecho de la pena en un estado de las peculiaridades del nuestro, como ya ha sido sostenido por la Corte en oportunidades anteriores, frente a pretensiones similares.

Ninguna incorrección, por tanto, se advierte en el proceso de dosificación de la pena llevado a cabo por las instancias, pues las rebajas por confesión y sentencia anticipada se hicieron sobre la pena ya individualizada, de manera gradual, con afectación de saldos que se iban obteniendo, como corresponde hacerlo en estos casos, según se dejó anotado”.

Y en sentencia de casación del 7 de octubre de 1999, cuya ponencia presentó el magistrado Carlos Eduardo Mejía Escobar, la Corte agregó:

“El casacionista insiste en el argumento de que en la regulación de las rebajas por sentencia anticipada, confesión y delación, la ley remite todas las rebajas a “la pena” y “no a un cálculo provisional o intermedio de pena ya parcialmente rebajada”. Se trata de un planteamiento sofístico, si se tiene en cuenta que por pena a imponer debe entenderse en primer lugar —en un caso como el examinado— la deducida en los términos de los artículos 61, 67 y 26 del Código Penal y, en segundo, frente a la concurrencia de varios factores que impliquen rebaja, aquella que vaya resultando a medida que sean aplicadas, siguiendo un orden lógico, las aminorantes punitivas”.

Así pues, en este caso el tribunal y el juzgado determinaron inicialmente la pena en treinta y tres (33) años de prisión por el delito básico de secuestro extorsivo y las agravantes deducidas. Para calcular la reducción de la tercera parte de pena por confesión, se partió del monto hasta ese momento establecido (33 años) y se fijó en once (11) años, con un resultado provisional de veintidós (22) años. La reducción de la tercera parte por sentencia anticipada, se hizo sobre la cantidad hasta entonces determinada (22 años), que equivalía a siete (7) años y cuatro (4) meses, y quedaba una cantidad final de catorce (14) años y ocho (8) meses de prisión.

De este modo, como lo indica el artículo 37B-1, las rebajas de pena por confesión y sentencia anticipada no son incompatibles, a pesar de la afinidad de las conductas que las sustentan, por ello se suman, pero previo cálculo a partir de los referentes de progresividad que señala el inciso 5º del artículo 37.

Así las cosas, los juzgadores interpretaron y aplicaron correctamente la ley sobre rebaja de pena en caso de sentencia anticipada y confesión, razón por la cual no ha lugar a declarar la violación que alega el recurrente».

(Sentencia de casación, marzo 30 de 2000. Radicación 10.848. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

_______________________________