Sentencia 10849 de febrero 19 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

OPCIÓN ENTRE HUELGA O ARBITRAMENTO

NO LA PUEDE DECIDIR UNA ASAMBLEA DE DELEGADOS

EXTRACTOS: «Los actos acusados son las resoluciones 2258 de junio 28 y 2790 de agosto 5 de 1994 expedidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La primera consideró que no era posible acceder a la petición de someter el conflicto colectivo de trabajo a un tribunal de arbitramento obligatorio porque:

“La decisión de someter el conflicto colectivo de trabajo a un tribunal de arbitramento obligatorio debió tomarse por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o por la mayoría absoluta de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen mas de la mitad de aquellos trabajadores, en los términos del artículo 444 del CST modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990 y reglamentado por el Decreto 2519 del 14 de diciembre de 1993.

En el expediente reposa el acta de la LVIII Asamblea Nacional de Delegatarios donde se optó por la Convocatoria de un Tribunal de arbitramento; de la cual se infiere que no asistió la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa y que tampoco se haya adoptado la decisión por la asamblea general de los afiliados al sindicato comprometido en el conflicto” (resalta la Sala).

Y por la segunda se precisó que si bien los sindicatos minoritarios pueden solicitar la convocatoria de un tribunal de arbitramento no es menos cierto que están obligados a cumplir con todos los requisitos de fondo y forma previstos en la ley de manera que la determinación sea adoptada democráticamente por la mayoría de las trabajadores o por la asamblea o asambleas de los sindicatos que agrupen a la mitad más uno de los trabajadores de manera secreta, personal e indelegable; que la decisión se tomó en la asamblea nacional de delegados situación que si bien está prevista en los estatutos de la agremiación sindical, desconoce el inciso 2º del artículo 444 del CST modificado por el 61 de la Ley 50 de 1990 el cual consagra una votación secreta, personal e indelegable de la mayoría de los trabajadores, y tiene aplicación preferencial dada su jerarquía.

El artículo 444 del CST modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990 prevé:

“...La huelga o solicitud de tribunal de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable por Ia mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de Ia asamblea general de afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores.

Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa, laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y el resultado final de ésta lo constituirá Ia sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas.

Antes de celebrarse la asamblea o asambleas se dará aviso a las autoridades del trabajo para que puedan presenciar y comprobar su desarrollo. Este aviso deberá darse con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles” (resalta la Sala).

A su vez el Decreto Reglamentario 2519 de 1993 en su artículo 2º dispone:

“En el aviso que debe darse a las autoridades del trabajo a que se refiere el inciso 4º del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990 se expresará con claridad el lugar, fecha y hora en que la asamblea ha de celebrarse, con el propósito de posibilitar la presencia del inspector del trabajo.

Cuando las asambleas deban realizarse en diferentes municipios, el aviso de que trata el presente artículo deberá darse a Ias autoridades del trabajo en cada uno de ellos” (resalta la Sala).

En el caso de autos, observa la Sala que la decisión de convocar el tribunal de arbitramento fue tomada por la asamblea nacional de delegados según consta en el acta 02 del 9 de mayo de 1994 (fls. 60 a 63) a la cual asistieron 33 delegados de los 37 convocados, 14 directivos nacionales de un total de 15, sumando 47 asambleistas con voz y voto. La decisión de convocar el tribunal de arbitramento quedó consignada de la siguiente manera:

“El compañero secretario general llama a lista a los asambleistas con derecho a voz y voto, respondiendo el total de 15 directivos nacionales y 34 delegados de 37 posibles, para un total de 49 votantes. Realizado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado:

Sí al tribunal de arbitramiento: 49 votos

No al tribunal de arbitramento: 0 votos

Votos en blanco: 0 votos

En consecuencia la decisión unánime de la 58 asamblea nacional de delegados extraordinaria con respecto al conflicto colectivo es sí al tribunal de arbitramento” (resalta la Sala).

Encuentra la Sala que el sindicato demandante no dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 444 del CST que determina con claridad que la decisión de convocatoria del tribunal de arbitramento debe ser tomada por la mayoría absoluta de la asamblea general de afiliados al sindicato, y no por la asamblea nacional de delegados.

En segundo lugar no resulta válida la decisión tomada por los delegados, porque la norma establece perentoriamente que el voto de los trabajadores comprometidos en el conflicto es personal e indelegable.

Y en tercer lugar se advierte que a pesar de que los afiliados al sindicato laboraban en distintos municipios, no se realizaron las asambleas en cada uno de ellos, ni se ejerció el voto en forma personal e indelegable, pues examinadas las actas que obran en el expediente a folios 71 a 104, lo que hicieron las seccionales del sindicato fue elegir delegados a la asamblea 58, pero no decidir si se convocaba o no el tribunal de arbitramento; en algunas de ellas ni siquiera se sabe cuántos afiliados asistieron, en otras quienes sesionaron y votaron fueron las miembros de la junta directiva, como lo precisó el agente del Ministerio Público, y en ningún caso se dio aviso al Inspector de Trabajo del respectivo municipio.

Además de lo anterior, la norma es clara al señalar que la decisión será la que resulte de la sumatoria de votos emitidos en cada una de las asambleas cuando los trabajadores laboren en distintos municipios, como en este caso, y no la sumatoria de los votos de los asistentes a la asamblea nacional de delegados.

De otra parte el artículo 353 numeral 2º del CST determina que los sindicatos deben ajustarse, en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas del derecho colectivo del trabajo título I, mandato corroborado por el artículo 1º de los estatutos de Sintrafec (fls. 121 y ss.) que determine que el sindicato actuará de conformidad con la Constitución Nacional y el Código Sustantivo del Trabajo.

Así entonces, aunque el artículo 23 literal ñ de los estatutos establezca como función de la Asamblea Nacional de Delegados la de declarar la huelga, y por ende también la de pedir convocatoria de tribunal de arbitramento, ello no puede admitirse por resultar contrario a lo previsto sobre la materia por el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que reglamentan la situación.

Equivocadamente el sindicato demandante entendió que la negativa de convocatoria del tribunal de arbitramento se había sustentado en la condición de sindicato minoritario, lo cual en ningún momento fue argumentado por el ministerio en los actos acusados; incluso desde el momento en que se resolvió el recurso de reposición se reconoció la facultad del sindicato minoritario a pedir la convocatoria del tribunal.

Por esa razón la Sala se abstendrá de analizar el punto relativo a si los sindicatos minoritarios tienen o no la facultad de solicitar tal convocatoria.

De todas maneras en este caso la conclusión obvia es que la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento no se ajustó a la legalidad como lo expresó el ministerio. En consecuencia, los actos acusados mantienen incólume su presunción de legalidad».

(Sentencia de febrero 19 de 1998. Expediente 10849 Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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