SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO

EXCESOS EN ACTUACIONES DE LA POLICÍA

EXTRACTOS: «En el presente caso, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

1. Las lesiones sufridas por el señor T..., consistente en “lesión glande, lesión prepucio, estallido testículo” fueron producidas por arma de fuego, de acuerdo con la fotocopia de la historia clínica (fls. 111 a 113 c. pruebas).

2. El autor del disparo que lesionó a T..., fue el agente de la Policía Nacional Luis Marino García Pérez, al accionar el arma de dotación oficial —revólver Smith Wesson calibre 38 largo—, según informe del comandante(e) de la subestación Las Delicias, de Palmira V y quien se encontraba en servicio conforme se lee al folio 83 c. pruebas que dice: “servicio que cubría el agente García Pérez Luis Marino... y a las 11:40 horas tiene una salida con el agente Bedoya Otálvaro a la galería auxiliar de Las Delicias a conocer un caso de riña...”. (fls. 4 y 5 c. pruebas).

3. En los mismos hechos resultó herido el transeúnte de nombre L... (fls. 6, 21, 36, 196, c. pruebas).

4. Los hechos ocurrieron cuando dos agentes de la policía, atendiendo el llamado del ciudadano G..., se trasladaron la plaza de mercado de Palmira, al puesto de expendio de carne de propiedad de T... Una vez allí T... ofendió de palabra y hecho a Garcés; mientras uno de los agentes lo requisaba el otro agente que iba armado con una peinilla le pegó un planazo en la espalda y otro en el pecho; T... cogió un hacha de partir huesos amenazado al policía de nombre García Pérez Luis Marino, quien desenfundó su revólver, causándole las heridas antes descritas. (fls. 4 a 16 y 192, a 197 c. pruebas ).

5. La víctima de las lesiones se encontraba bajo efectos de bebidas embriagantes y ante la actitud de los agentes se mostró agresivo e irrespetuoso. (fls. 11, 12, 15, 16, 52, 69, c. pruebas).

6. El fallo disciplinario proferido por el comandante del distrito de Palmira absolvió de toda responsabilidad al agente García Pérez Luis Marino (fls. 83 a 109 c. pruebas) y el Juzgado 87 de Instrucción Penal Militar donde se adelantó la investigación por el punible de lesiones personales falló, absteniéndose de proferir medida de aseguramiento, “por haberse establecido en la investigación que actuó en defensa de su propia vida” (fls. 129 a 133 c. pruebas ).

7. Se hicieron dos reconocimientos médico legales. En el primero de ellos se estableció una incapacidad provisional médico legal de 30 días a partir de fecha en que fue lesionado. El segundo fijó la anterior incapacidad como definitiva, con las siguientes consecuencias: “pérdida del testículo izquierdo, lo cual constituye perturbación funcional del órgano de la reproducción de carácter permanente” (fls. 223 y 224 c. pruebas).

De lo anterior, deduce la Sala que en el caso bajo examen se presentó una falla del servicio por parte de la Policía Nacional, como consecuencia de la cual resultó herido y con lesiones permanentes el señor T...

No desconoce la Sala que en el caso sub judice los agentes de policía cumplían funciones de control y vigilancia, al atender el llamado que les hiciera el señor G..., ciudadano que minutos antes había tenido un altercado con el lesionado T..., quien se encontraba en su puesto de expendio de carnes y ante la presencia y actitud exagerada de la policía quienes, como lo reafirman los testimonios, le propinaron dos planazos, reaccionó en forma agresiva y violenta, amenazando con el hacha de cortar huesos en su carnicería a uno de los agentes del orden; su actitud es censurable desde todo punto de vista, máxime considerando que se encontraba bajo efectos de bebidas embriagantes.

Sin embargo, en concepto de la Sala, la conducta asumida por el agente Luis Marino García Pérez, al utilizar el arma para defenderse ante el ataque de T..., fue desmedida, desproporcionada e innecesaria, sobre todo si se tiene en cuenta que este agente no se encontraba solo, pues cumplía su servicio en compañía del agente Manuel Tiberio Bedoya Otálvaro. Se presume que los agentes están preparados para esta clase de eventos, lo cual indica que entre los dos bien hubieran podido imposibilitar al agresor para luego aprehenderlo y aplicarle las medidas correctivas pertinentes.

Hecho el anterior análisis, es claro para la Sala que los agentes se olvidaron del deber constitucional que como autoridades tienen de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pues su actitud fue violatoria de postulados, así como de los consagrados en el Código Nacional de Policía, en una de cuyas normas preceptúa, “La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se deriva por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, ... en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”.

En efecto, la misma normatividad, al afianzar este principio artículo 30 dispone: “Para preservar el orden público la policía empleará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes...”, norma concordante con lo establecido en el título II que trata de las contravenciones, artículo 201, que contempla como medida policiva para quien riña o amenace a otros, “la amonestación”. Para el caso sub lite era la indicada.

Doctrinariamente se ha sostenido que tratándose de acciones policivas, aún en casos extremos como el del delincuente sorprendido en flagrancia que no obedece las intimidaciones de detenerse, la normatividad es clara al señalar que deben agotarse los medios para capturar al que huye utilizando la fuerza, es decir, que el uso de las armas para impedir la huida es excepcional.

Teniendo en cuenta las circunstancias descritas, concluye la Sala en el caso sub júdice, los agentes de policía incumplieron normas previstas tanto en la Carta Política como en el Código Nacional de Policía, pues en vez de aplicar las medidas correctivas pertinentes, uno de ellos disparó su arma de dotación oficial, causando heridas graves con consecuencias permanentes a T...

Sostiene el apelante que el fallo del tribunal fue injusto, porque condenó a la demandada al encontrar acreditado el daño y que fue ocasionado por el agente de la policía en servicio activo, sin analizar “el nexo de causalidad con el servicio, pues las razones que motivaron el actuar del agente fueron dejados de lado sin merecer el más mínimo pronunciamiento”.

Aduce que en el caso sub lite se configuró la “culpa exclusiva de la víctima”, presentándose una eximente de responsabilidad para la demandada, dado que el lesionado con su proceder dio lugar a los hechos en que se fundamenta la demanda, argumenta que “el agente tuvo que hacer uso de su arma de dotación oficial para contrarrestar la grave agresión de que era objeto, pues de no haber actuado el atacante le habría cercenado de un solo tejo alguno de sus miembros superiores incluso ocasionarle la muerte”.

La jurisprudencia de la corporación ha determinado “que la culpa de víctima solo es causal de exculpación del ente demandado, cuando sea exclusiva, vale decir cuando el hecho dañoso se produce únicamente por el accionar de la propia víctima” es decir, que frente a la administración no haya existido relación causal entre su actividad y el perjuicio que se dice sufrió la persona que reclama la indemnización.

En este caso, dicha exclusividad no se dio, ya que el agente con su actuación exagerada al propinar al lesionado “un planazo con cuchillo por la espalda y otro en el pecho” instigó la ira de T..., quien acudió a tomar el hacha para defenderse.

Por otra parte, considera la Sala que T... posiblemente se hubiera salvado de las lesiones, a no ser por su conducta irrespetuosa, agresiva y violenta, que lo llevó a exponerse a las consecuencias dañosas, de donde se concluye que los trágicos hechos fueron el resultado de la concurrencia de culpas del agente agresor y de la víctima, en cuyo caso y siguiendo las pautas jurisprudenciales de esta corporación, hay lugar a reducir la indemnización del daño.

Las consideraciones anteriores conducen a la Sala a concluir que en este caso se demostró la falla del servicio, razón más que suficiente para declarar la responsabilidad del ente administrativo demandado y, en consecuencia, la obligatoriedad que tiene de indemnizar el daño irrogado, conforme al postulado del artículo 90 de la Constitución Política, cuya norma estipula claramente la obligación que tiene el Estado de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Se demostró que los perjuicios materiales reconocidos por el a quo en favor del lesionado en la modalidad de daño emergente por la suma de $ 1.089.267, fueron causados por los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios que tuvo que sufragar la víctima para recuperarse de sus lesiones, cifra actualizará el ad quem, aplicando la siguiente fórmula:

Vp = Vh Ind. F 

Ind. l 

VP = $ 1.089.267 767.82 mayo 

419.91 feb/95 

Total suma actualizada: $ 1.991.762 - 20% (por concurrencia de culpas) = $1. 593.410

En cuanto a los perjuicios morales, en el caso de las lesiones personales la Sala presume el pretium doloris, en la proporción del dolor físico, la angustia y depresión que las lesiones pudieron producir al señor T... Extraña sí a la Sala, el reconocimiento exorbitante hecho por el a quo tanto de estos perjuicios como de los fisiológicos, los cuales se alejan en un todo de las pautas jurisprudenciales fijadas por la corporación.

En consecuencia, los perjuicios morales reconocidos en el equivalente a 2.000 gramos de oro se modificarán, por las razones ya expuestas, lo cual permiten establecerlos en el equivalente en pesos, en la cantidad de 1000 gramos de oro fino, de los cuales se descuenta un 20% dada la concurrencia de culpas ya demostrada, para fijarlos en el equivalente, en pesos, a 800 gramos de oro fino.

En el segundo reconocimiento médico legal se estableció que el lesionado sufrió “pérdida del testículo izquierdo, lo cual constituye perturbación funcional del órgano de la reproducción de carácter permanente”. Por estos hechos, Sala le reconocerá por perjuicios fisiológicos, el equivalente, en pesos, a 600 gramos de oro fino, considerados éstos como la pérdida de la posibilidad de realizar otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial hacen agradable la existencia».

(Sentencia de septiembre 17 de 1998. Expediente 10.871. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «3. Al no haberse acreditado la disminución del pleno goce de la existencia por el hecho de que la lesión sufrida hubiera afectado el deseo sexual o la capacidad para la realización del mismo, no puede hablarse de la existencia de perjuicio fisiológico.

4. Con la tesis de la Sala cualquier pérdida anatómica de un órgano, por ejemplo un riñón, comporta la existencia de perjuicio fisiológico entendida esa expresión en su alcance literal. Si por el contrario, se considera que el llamado perjuicio fisiológico en su acepción técnico jurídica es disminución o pérdida del placer de la vida, debe concluirse que no toda lesión o daño corporal implica su existencia y consiguiente indemnización.

5. En el presente caso considero que sería mucho más exacto hablar de un perjuicio sexual, especie de daño extrapatrimonial o a la vida de relación, entendido como lo define Chartier(4) como la imposibilidad o simplemente la disminución de las posibilidades de procrear».

Ricardo Hoyos Duque

(4) La reparation du prejudice dans la responsabilité civile París, 1983 en el mismo sentido, Ricardo de Angel Yaguez. Tratado de responsabilidad civil Madrid, Edit. Civitas, 1993, 3ª. Ed. pp 693 y 708.

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